Sentencia Civil 222/2026 Tribunal de Instancia. Sección Civil plaza nº 12 de Bilbao, Rec. 97/2026 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO.- Del allanamiento

El art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.

2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso. Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los arts. 517 y siguientes de esta Ley".

En el presente caso, resulta evidente - a la vista de la lectura del escrito presentado por la representación procesal de CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER - que nos encontramos ante un allanamiento total de la pretensión principal formulada contenida en la demanda presentada de adverso, tal y como se consagra en la Parte Dispositiva de la presente resolución.

No se trata, en ningún caso, de un allanamiento parcial por el simple hecho de solicitar la parte demandada que no fuera condenada respecto del pago de las costas procesales ni, menos aún, por haber formulado una oposición respecto de la concreta cuantificación del objeto del procedimiento.

En todo caso, a este último extremo resulta evidente que no procede efectuar pronunciamiento alguno. por un lado, nos encontramos ante un procedimiento cuya tramitación se sustancia a través de los cauces del juicio verbal por razón de la materia (Vid. Art. 250.1.14 LEC, a raíz de la reforma introducida por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo).

Por otro lado, como resulta sobradamente conocido, no encontrándonos ante un óbice de naturaleza procesal que determine la sustanciación de las actuaciones, no constituyen las presentes actuaciones el momento procesal necesariamente oportuno a los efectos de establecer una cuantificación del objeto en atención al cálculo de las costas procesales que puedan devengarse.

En este sentido nos remitimos al contenido de la Sentencia 581/2025, de 16 de abril, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra al establecer que "En este sentido, hemos reiterado que "La cuantía del proceso únicamente puede ser objeto de impugnación en la fase declarativa del juicio y por lo tanto objeto de decisión en la primera instancia, y objeto eventual de apelación ( arts. 255 y 422 LEC ), cuando tenga relevancia para la adecuación del procedimientoo para la procedencia del recurso de casación. Y ninguna de dichas circunstancias concurre en este caso. Es decir, la fijación de la cuantía del pleito no es una cuestión que corresponda al objeto procesal declarativo salvo que comprometa el tipo de procedimiento o la posibilidad de recurso, lo que no es el caso. La cuestión planteada sólo resulta relevante, en su caso, en una eventual tasación de costas y, además, de manera relativa ya que las normas de honorarios de los Colegios de Abogados son meramente orientativas, lo mismo que el dictamen colegial, y a su vez, la cuantía, tanto se trate de determinada como indeterminada, no resulta vinculante porque una cosa es la cuantía del proceso, a la que se ha de hacer referencia en la demanda obligatoriamente, y otra cosa la forma de determinar el interés del proceso a los efectos de fijar los honorarios [ SSTS 16 marzo 1981 ( RJ 1981, 917), 18 febrero 1999 ( RJ 1999, 600), 15 febrero (RJ 2001, 2052 ) y 5 octubre 2001 ( RJ 2001, 7545), 21 enero 2002 (RJ 2002, 681)]" (entre otras muchas, SSAP Navarra 360/2021 ; 308/2021 ; ó 237/2021 )".".

En idéntica dirección la Sentencia 109/2025, de 14 de marzo, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid al disponer que "(...) Por otra parte, la fijación de la cuantía del procedimiento no integra propiamente el objeto principal de la tutela judicial solicitada en una demanda, sino que tiene un carácter meramente instrumental en cuanto que no constituye un fin en sí mismo, sino una premisa para el examen de otros presupuestos procesales. Por tal razón, la cuantía del procedimiento no es objeto propio de un pronunciamiento de la sentencia y no puede constituir el de un recurso de apelación, salvo que afecte al procedimiento a seguir o al régimen de recursos, que no es el caso.".

SEGUNDO.- De las costas

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 395 de la L.E.C. "1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su conducta o abuso del servicio público de Justicia.

Se entenderá que existe mala fe a estos efectos cuando, antes de presentada la demanda, se hubiese requerido al demandado para el cumplimiento de la obligación de forma fehaciente y justificada, o cuando hubiese rechazado el acuerdo ofrecido o la participación en un medio adecuado de solución de controversias.

(...)

3. Si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un medio adecuado de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el juez, la jueza o el tribunal o el letrado o la letrada de la Administración de Justicia durante el proceso y luego se allanare a la demanda, se le condenará en costas, salvo que el tribunal, en decisión debidamente motivada, aprecie circunstancias excepcionales para no imponérselas".

En el presente caso, la demandada se ha allanado en el primer trámite procesal en que ha participado. Sin embargo, respecto de las costas procesales resulta determinante que, con anterioridad a la interposición de la demanda, la parte actora ya requirió a la demandada a fin de que atendiese al requerimiento efectuado, tal y como se deduce de la documentación obrante en el procedimiento (Vid. Doc. 4 de la parte actora mediante la formulación de una oferta vinculante confidencial) obligando a ésta a la iniciación de un proceso de reclamación judicial.

Dicho extremo, no solo no es negado por la parte demandada, sino que, sin perjuicio de la concurrencia de otras solicitudes contenidas en la reclamación extrajudicial, advertimos que CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER desatendió a la petición que da origen a las presentes actuaciones - tal y como lo acredita el contenido del documento 5 del escrito de demanda -, lo que determinado que la parte actora se viera obligada a la iniciación de un procedimiento judicial en lo que a la reclamación de nueva documentación se refiere.

Así, al existir un requerimiento anterior justificado y haberse obligado a la parte actora a la iniciación del presente procedimiento para la resolución de la controversia, cabe apreciar la mala fe de la parte demandada imponiéndole las costas causadas en este procedimiento.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Del allanamiento

El art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.

2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso. Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los arts. 517 y siguientes de esta Ley".

En el presente caso, resulta evidente - a la vista de la lectura del escrito presentado por la representación procesal de CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER - que nos encontramos ante un allanamiento total de la pretensión principal formulada contenida en la demanda presentada de adverso, tal y como se consagra en la Parte Dispositiva de la presente resolución.

No se trata, en ningún caso, de un allanamiento parcial por el simple hecho de solicitar la parte demandada que no fuera condenada respecto del pago de las costas procesales ni, menos aún, por haber formulado una oposición respecto de la concreta cuantificación del objeto del procedimiento.

En todo caso, a este último extremo resulta evidente que no procede efectuar pronunciamiento alguno. por un lado, nos encontramos ante un procedimiento cuya tramitación se sustancia a través de los cauces del juicio verbal por razón de la materia (Vid. Art. 250.1.14 LEC, a raíz de la reforma introducida por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo).

Por otro lado, como resulta sobradamente conocido, no encontrándonos ante un óbice de naturaleza procesal que determine la sustanciación de las actuaciones, no constituyen las presentes actuaciones el momento procesal necesariamente oportuno a los efectos de establecer una cuantificación del objeto en atención al cálculo de las costas procesales que puedan devengarse.

En este sentido nos remitimos al contenido de la Sentencia 581/2025, de 16 de abril, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra al establecer que "En este sentido, hemos reiterado que "La cuantía del proceso únicamente puede ser objeto de impugnación en la fase declarativa del juicio y por lo tanto objeto de decisión en la primera instancia, y objeto eventual de apelación ( arts. 255 y 422 LEC ), cuando tenga relevancia para la adecuación del procedimientoo para la procedencia del recurso de casación. Y ninguna de dichas circunstancias concurre en este caso. Es decir, la fijación de la cuantía del pleito no es una cuestión que corresponda al objeto procesal declarativo salvo que comprometa el tipo de procedimiento o la posibilidad de recurso, lo que no es el caso. La cuestión planteada sólo resulta relevante, en su caso, en una eventual tasación de costas y, además, de manera relativa ya que las normas de honorarios de los Colegios de Abogados son meramente orientativas, lo mismo que el dictamen colegial, y a su vez, la cuantía, tanto se trate de determinada como indeterminada, no resulta vinculante porque una cosa es la cuantía del proceso, a la que se ha de hacer referencia en la demanda obligatoriamente, y otra cosa la forma de determinar el interés del proceso a los efectos de fijar los honorarios [ SSTS 16 marzo 1981 ( RJ 1981, 917), 18 febrero 1999 ( RJ 1999, 600), 15 febrero (RJ 2001, 2052 ) y 5 octubre 2001 ( RJ 2001, 7545), 21 enero 2002 (RJ 2002, 681)]" (entre otras muchas, SSAP Navarra 360/2021 ; 308/2021 ; ó 237/2021 )".".

En idéntica dirección la Sentencia 109/2025, de 14 de marzo, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid al disponer que "(...) Por otra parte, la fijación de la cuantía del procedimiento no integra propiamente el objeto principal de la tutela judicial solicitada en una demanda, sino que tiene un carácter meramente instrumental en cuanto que no constituye un fin en sí mismo, sino una premisa para el examen de otros presupuestos procesales. Por tal razón, la cuantía del procedimiento no es objeto propio de un pronunciamiento de la sentencia y no puede constituir el de un recurso de apelación, salvo que afecte al procedimiento a seguir o al régimen de recursos, que no es el caso.".

SEGUNDO.- De las costas

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 395 de la L.E.C. "1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su conducta o abuso del servicio público de Justicia.

Se entenderá que existe mala fe a estos efectos cuando, antes de presentada la demanda, se hubiese requerido al demandado para el cumplimiento de la obligación de forma fehaciente y justificada, o cuando hubiese rechazado el acuerdo ofrecido o la participación en un medio adecuado de solución de controversias.

(...)

3. Si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un medio adecuado de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el juez, la jueza o el tribunal o el letrado o la letrada de la Administración de Justicia durante el proceso y luego se allanare a la demanda, se le condenará en costas, salvo que el tribunal, en decisión debidamente motivada, aprecie circunstancias excepcionales para no imponérselas".

En el presente caso, la demandada se ha allanado en el primer trámite procesal en que ha participado. Sin embargo, respecto de las costas procesales resulta determinante que, con anterioridad a la interposición de la demanda, la parte actora ya requirió a la demandada a fin de que atendiese al requerimiento efectuado, tal y como se deduce de la documentación obrante en el procedimiento (Vid. Doc. 4 de la parte actora mediante la formulación de una oferta vinculante confidencial) obligando a ésta a la iniciación de un proceso de reclamación judicial.

Dicho extremo, no solo no es negado por la parte demandada, sino que, sin perjuicio de la concurrencia de otras solicitudes contenidas en la reclamación extrajudicial, advertimos que CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER desatendió a la petición que da origen a las presentes actuaciones - tal y como lo acredita el contenido del documento 5 del escrito de demanda -, lo que determinado que la parte actora se viera obligada a la iniciación de un procedimiento judicial en lo que a la reclamación de nueva documentación se refiere.

Así, al existir un requerimiento anterior justificado y haberse obligado a la parte actora a la iniciación del presente procedimiento para la resolución de la controversia, cabe apreciar la mala fe de la parte demandada imponiéndole las costas causadas en este procedimiento.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Del allanamiento

El art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.

2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso. Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los arts. 517 y siguientes de esta Ley".

En el presente caso, resulta evidente - a la vista de la lectura del escrito presentado por la representación procesal de CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER - que nos encontramos ante un allanamiento total de la pretensión principal formulada contenida en la demanda presentada de adverso, tal y como se consagra en la Parte Dispositiva de la presente resolución.

No se trata, en ningún caso, de un allanamiento parcial por el simple hecho de solicitar la parte demandada que no fuera condenada respecto del pago de las costas procesales ni, menos aún, por haber formulado una oposición respecto de la concreta cuantificación del objeto del procedimiento.

En todo caso, a este último extremo resulta evidente que no procede efectuar pronunciamiento alguno. por un lado, nos encontramos ante un procedimiento cuya tramitación se sustancia a través de los cauces del juicio verbal por razón de la materia (Vid. Art. 250.1.14 LEC, a raíz de la reforma introducida por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo).

Por otro lado, como resulta sobradamente conocido, no encontrándonos ante un óbice de naturaleza procesal que determine la sustanciación de las actuaciones, no constituyen las presentes actuaciones el momento procesal necesariamente oportuno a los efectos de establecer una cuantificación del objeto en atención al cálculo de las costas procesales que puedan devengarse.

En este sentido nos remitimos al contenido de la Sentencia 581/2025, de 16 de abril, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra al establecer que "En este sentido, hemos reiterado que "La cuantía del proceso únicamente puede ser objeto de impugnación en la fase declarativa del juicio y por lo tanto objeto de decisión en la primera instancia, y objeto eventual de apelación ( arts. 255 y 422 LEC ), cuando tenga relevancia para la adecuación del procedimientoo para la procedencia del recurso de casación. Y ninguna de dichas circunstancias concurre en este caso. Es decir, la fijación de la cuantía del pleito no es una cuestión que corresponda al objeto procesal declarativo salvo que comprometa el tipo de procedimiento o la posibilidad de recurso, lo que no es el caso. La cuestión planteada sólo resulta relevante, en su caso, en una eventual tasación de costas y, además, de manera relativa ya que las normas de honorarios de los Colegios de Abogados son meramente orientativas, lo mismo que el dictamen colegial, y a su vez, la cuantía, tanto se trate de determinada como indeterminada, no resulta vinculante porque una cosa es la cuantía del proceso, a la que se ha de hacer referencia en la demanda obligatoriamente, y otra cosa la forma de determinar el interés del proceso a los efectos de fijar los honorarios [ SSTS 16 marzo 1981 ( RJ 1981, 917), 18 febrero 1999 ( RJ 1999, 600), 15 febrero (RJ 2001, 2052 ) y 5 octubre 2001 ( RJ 2001, 7545), 21 enero 2002 (RJ 2002, 681)]" (entre otras muchas, SSAP Navarra 360/2021 ; 308/2021 ; ó 237/2021 )".".

En idéntica dirección la Sentencia 109/2025, de 14 de marzo, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid al disponer que "(...) Por otra parte, la fijación de la cuantía del procedimiento no integra propiamente el objeto principal de la tutela judicial solicitada en una demanda, sino que tiene un carácter meramente instrumental en cuanto que no constituye un fin en sí mismo, sino una premisa para el examen de otros presupuestos procesales. Por tal razón, la cuantía del procedimiento no es objeto propio de un pronunciamiento de la sentencia y no puede constituir el de un recurso de apelación, salvo que afecte al procedimiento a seguir o al régimen de recursos, que no es el caso.".

SEGUNDO.- De las costas

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 395 de la L.E.C. "1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su conducta o abuso del servicio público de Justicia.

Se entenderá que existe mala fe a estos efectos cuando, antes de presentada la demanda, se hubiese requerido al demandado para el cumplimiento de la obligación de forma fehaciente y justificada, o cuando hubiese rechazado el acuerdo ofrecido o la participación en un medio adecuado de solución de controversias.

(...)

3. Si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un medio adecuado de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el juez, la jueza o el tribunal o el letrado o la letrada de la Administración de Justicia durante el proceso y luego se allanare a la demanda, se le condenará en costas, salvo que el tribunal, en decisión debidamente motivada, aprecie circunstancias excepcionales para no imponérselas".

En el presente caso, la demandada se ha allanado en el primer trámite procesal en que ha participado. Sin embargo, respecto de las costas procesales resulta determinante que, con anterioridad a la interposición de la demanda, la parte actora ya requirió a la demandada a fin de que atendiese al requerimiento efectuado, tal y como se deduce de la documentación obrante en el procedimiento (Vid. Doc. 4 de la parte actora mediante la formulación de una oferta vinculante confidencial) obligando a ésta a la iniciación de un proceso de reclamación judicial.

Dicho extremo, no solo no es negado por la parte demandada, sino que, sin perjuicio de la concurrencia de otras solicitudes contenidas en la reclamación extrajudicial, advertimos que CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER desatendió a la petición que da origen a las presentes actuaciones - tal y como lo acredita el contenido del documento 5 del escrito de demanda -, lo que determinado que la parte actora se viera obligada a la iniciación de un procedimiento judicial en lo que a la reclamación de nueva documentación se refiere.

Así, al existir un requerimiento anterior justificado y haberse obligado a la parte actora a la iniciación del presente procedimiento para la resolución de la controversia, cabe apreciar la mala fe de la parte demandada imponiéndole las costas causadas en este procedimiento.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,