Sentencia Civil 112/2026 Tribunal de Instancia. Sección Civil plaza nº 16 de Murcia, Rec. 1268/2023 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO.- Condiciones generales de la contratación y cláusula abusiva.

Antes de analizar la validez o nulidad de las cláusulas insertas en el préstamo hipotecario objeto de autos y a la vista de la documentación aportada por la parte actora, se debe concluir, en primer lugar, que estamos ante las condiciones generales de la contratación que define el art. 1 de la Ley 7/1998 de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación, pues la entidad demandada no ha acreditado que las cláusulas controvertidas fueron negociadas por las partes, ni que efectivamente la hoy parte actora pudiera intervenir en la determinación del contenido, ni de los efectos jurídicos y económicos del clausulado cuya nulidad se pretende.

En este caso no se discute por la demandada que la parte actora ostenta la condición de consumidora, por lo que resulta aplicable la Directiva 93/13 CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que, en el art. 3 define el concepto de cláusula abusiva y en el art. 4 aporta los criterios para apreciar el carácter abusivo de una cláusula.

En nuestro ordenamiento jurídico el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias dispone en el artículo 82 que:

"Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

"El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa".

SEGUNDO.- Sobre la cláusula de VENCIMIENTO ANTICIPADO. Allanamiento.

En cuanto a la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado a la que se allana la parte demandada, establece el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por este, a excepción de que el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero en cuyos supuestos se dictará auto rechazándolo y se seguirá el proceso adelante. En el caso que nos ocupa, no apreciándose estar en presencia de ninguna de las excepciones al pronunciamiento de condena de conformidad con la pretensión actora, la demanda ha de ser estimada con respecto a dicha cláusula.

TERCERO.- Sobre la cláusula de GASTOS.

3.1.- Estipulación QUINTA de la escritura de 22 de mayo de 2018 (protocolo nº 1203 de la Notaria Sra. Berral Casas). Satisfacción extraprocesal y subsidiariamente, allanamiento a declaración de nulidad.

En cuanto a la nulidad de la cláusula de gastos lo cierto es que ya fue acogida por la demandada en fecha 9 de febrero de 2023, por lo que no cabe la estimación de dicha pretensión por satisfacción extraprocesal.

3.2.- Oposición a la restitución de cantidad por falta de acreditación.

De conformidad con los criterios ya expuestos y a la vista de las facturas de notaría, registro, gestoría y tasación aportadas con la demanda (doc. 2 a 5), estimo la reclamación de la parte actora y fijo la condena en la suma de 1119,96 eurosconforme al siguiente desglose: 321,94 € de notaría, 307,97 € de registro, 151,25 € de gestoría y 338,80 € de tasación.

La total indemnidad de la parte demandante exige también la condena de la parte demandada a pagar el interés legal de la cantidad debida desde la fecha del pago, por analogía con lo dispuesto en los artículos 1303 y 1896 del Código Civil ( STS 725/18 de 19 de diciembre).

CUARTO.- Sobre la cláusula de COMISIÓN DE APERTURA.

4.1.- Doctrina jurisprudencial.

La OM de 5 de mayo de 1994 la define como aquella que cubre "cualesquiera gastos de estudio del préstamo, de concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo..."(apartado 4.1 del anexo II de dicha OM relativo a las cláusulas financieras de los contratos de préstamo). En las normas posteriores, la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios dispone en su art. 5 B) que "en los préstamos o créditos hipotecarios sobre viviendas, la comisión de apertura, que se devengará una sola vez, englobará cualesquiera gastos de estudio, de concesión o tramitación del préstamo o crédito hipotecario u otros similares inherentes a la actividad del prestamista ocasionada por la concesión del préstamo (...)". En el mismo sentido la define el art. 14.4 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Siguiendo el criterio marcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su STJUE de 16 de marzo de 2023 (asunto C-565/21) en la que no deja lugar a dudas de que la comisión de apertura no forma parte del precio del contrato, el Tribunal Supremo ha dictado la STS 816/2023, de 29 de mayo de 2023 en la que modifica su Jurisprudencia anterior, admitiendo a partir de ahora que la cláusula de comisión de apertura debe quedar sometida al control de abusividad (de contenido) como cualquier como cualquier otra cláusula no esencial del contrato.

Por tanto, esta estipulación, para ser válida en un contrato celebrado con consumidores, deberá superar el doble control de transparencia (control formal o de incorporación y control material o de comprensibilidad real) al que ya se refirió el Tribunal Supremo desde su sentencia de cláusulas suelo, STS de 9 de mayo de 2013, así como el control de abusividad.

La reciente STJUE de 16 de marzo de 2023 impone al juez nacional el deber de realizar dicho control de transparencia recordando que:

2) El artículo 5 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, para valorar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que estipula el pago por el prestatario de una comisión de apertura, el juez competente deberá comprobar, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, que el prestatario está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se derivan para él de dicha cláusula, entender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en ella y verificar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos en el contrato o entre los servicios que estos retribuyen".

El Tribunal Supremo, en su STS 816/2023 (FJ SEPTIMO), analiza la STJUE de 16 de marzo de 2023 y fija los criterios que han de seguirse para realizar tal comprobación, destacando que resulta fundamental valorar no solo la redacción gramatical de la cláusula, su ubicación y estructura dentro del contrato, sino también cuál ha sido la información recibida por el prestatario, tanto con carácter previo a la formalización del préstamo, como en el momento de su suscripción.

Por tanto, es preciso realizar en cada caso la valoración de la prueba practicada a fin de determinar si en el supuesto concreto la comisión de apertura supera o no el filtro de transparencia.

En cuanto al control de abusividad o de contenido, también se exige un análisis individualizado, pues la STJUE de 16 de marzo de 2023, en su tercera respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el TS, considera que la comisión de apertura no es necesariamente abusiva en todo caso, de modo que:

"El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional que considera que una cláusula contractual que, de acuerdo con la normativa nacional pertinente, estipula el pago por el prestatario de una comisión de apertura, cuyo destino es remunerar los servicios relacionados con el estudio, el diseño y la tramitación singularizada de una solicitud de préstamo o crédito hipotecario, puede, en su caso, no causar, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que derivan del contrato, con la condición de que la posible existencia de dicho desequilibrio sea objeto de un control efectivo por el juez competente de conformidad con los criterios emanados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia".

Por tanto, partiendo de todo lo expuesto y tal como concluye el Tribunal Supremo en su STS 816/23, no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura y/o de novación de condiciones, pues una misma comisión podrá ser o no abusiva en atención, fundamentalmente, al tipo de información facilitada al consumidor y al cumplimiento de los requisitos fijados por la legislación bancaria, según resulte o no de ella un desequilibrio en la posición del consumidor dentro del contrato.

Ciertamente que el TJUE ha dictado recientemente dos sentencias de fecha 30 de abril de 2025 en relación a cuestiones prejudiciales planteadas en sede de comisiones de apertura (C-699/23 y C-39/24). Según dichas sentencias, el Tribunal declara lo siguiente:

1) El artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a una jurisprudencia nacional que, a la vista de la normativa nacional que preceptúa que la comisión de apertura de un préstamo hipotecario retribuye los servicios relacionados con el estudio, la concesión o la tramitación del préstamo o crédito hipotecario u otros servicios similares, considera que la cláusula que impone tal comisión al consumidor satisface la exigencia de transparencia derivada del citado artículo 5, sin que dicha cláusula especifique detalladamente todos los servicios prestados a cambio de esa comisión al comunicarse el tipo de interés propuesto ni indique una tarifa horaria y sin que la entidad bancaria facilite al consumidor facturas detalladas en las que figure el desglose de esos servicios y los impuestos correspondientes, siempre que el consumidor esté en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se deriven para él, de comprender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos por la referida cláusula y de comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos por el contrato ni entre los servicios que dichos gastos retribuyen.

2) Los artículos 3 a 5 de la Directiva 93/13

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a que el precio de los servicios cubiertos por una cláusula contractual que estipula una comisión de apertura, definida por la normativa nacional como la retribución de los servicios relacionados con el estudio, la concesión o la tramitación de un préstamo o crédito hipotecario u otros servicios similares, se exprese en forma de un porcentaje aplicado al importe del préstamo concedido, siempre que el consumidor esté en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que para él se deriven de esa cláusula, de comprender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos por dicha cláusula y de comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos por el contrato. En dicho supuesto, tal cláusula no debe crear, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

3) Los artículos 3 y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a una jurisprudencia nacional que considera que una cláusula contractual que, de acuerdo con la normativa nacional, estipula el pago por el consumidor de una comisión de apertura, cuyo destino es remunerar los servicios relacionados con el estudio, la concesión y la tramitación singularizada de una solicitud de préstamo o crédito hipotecario, puede no causar, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, y ello sin que el profesional esté obligado a detallar la naturaleza de los servicios remunerados por esa comisión ni el coste de cada uno de ellos, siempre que la posible existencia de tal desequilibrio pueda ser objeto de un control efectivo por el juez competente de acuerdo con los criterios que emanan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, comparando, si es necesario, el importe de una comisión de apertura impuesta a un prestatario y el coste medio de las comisiones de apertura identificadas en un período reciente.

Por otro lado, también declara el TJUE que:

El artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a una jurisprudencia nacional que considera que satisface la exigencia de transparencia una cláusula contractual que, de acuerdo con la normativa nacional, estipula el pago por el consumidor de una comisión de apertura, cuyo destino es remunerar los servicios relacionados con el estudio, la concesión o la tramitación de un préstamo o crédito hipotecario u otros servicios similares, que no contiene la descripción detallada de la naturaleza de esos servicios ni la indicación del tiempo dedicado a prestarlos, siempre que el consumidor esté en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se deriven para él, de comprender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos por la referida cláusula y de comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos por el contrato o entre los servicios que dichos gastos retribuyen.

Por su parte, el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de junio de 2025 comienza con el análisis de la jurisprudencia inicial, nacional y comunitaria sobre la comisión de apertura, para referirse, a continuación, a la STJUE de 16 de marzo de 2023 (asunto C-565/21), cuya recepción se produjo mediante la sentencia 816/2023, de 29 de mayo, en la que advirtió que no cabía una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso, conforme la prueba practicada. Respecto de los requisitos de transparencia que exigía la normativa bancaria que regía en la fecha del contrato, recordó que la Orden de 5 de mayo de 1994, en el apartado 4.1 de su anexo II, establecía respecto de la comisión de apertura que: (i) debía comprender todos («cualesquiera») los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo; (ii) debía integrarse obligatoriamente en una única comisión, que tenía que denominarse necesariamente «comisión de apertura»; (iii) dicha comisión se devengaría de una sola vez; y (iv) su importe y su forma y fecha de liquidación debían estar especificados en la propia cláusula. En las dos sentencias del TJUE de 30 de abril de 2025 se indica expresa y terminantemente que la jurisprudencia española en materia de comisión de apertura es plenamente concorde con la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores. En el caso concreto, la cláusula que impuso el pago de la comisión de apertura fue transparente y no abusiva, lo que determina la estimación del recurso.

4.2- Análisis de la comisión de apertura incorporada a la escritura de fecha 22 de mayo de 2018 (protocolo nº 1203 de la Notaria Sra. Berral Casas).

En el caso presente la estipulación CUARTA A de la escritura establece una comisión de apertura cifrada 180 euros.

Como ya se ha avanzado, respecto a la información relacionada con la normativa nacional, los requisitos de transparencia de la comisión de apertura que exigía la normativa bancaria que regía en la fecha de los contratos (apartado 4.1 del anexo II de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios) eran los siguientes: (i) la comisión debía comprender todos («cualesquiera») los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo; (ii) debía integrarse obligatoriamente en una única comisión, que tenía que denominarse necesariamente « comisión de apertura»; (iii) dicha comisión se devengaría de una sola vez; y (iv) su importe y su forma y fecha de liquidación debían estar especificados en la propia cláusula.

Ahora bien, aunque de la jurisprudencia comunitaria no se desprende que el prestamista esté obligado a precisar en el contrato la naturaleza de los servicios proporcionados, sí que es necesario que "...la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que estos retribuyen"(parágrafo 32). Es decir, el consumidor debe de tener conocimiento de los motivos que justifican la retribución correspondiente a esta comisión, lo que le permitirá valorar el alcance de su compromiso y, en particular, el coste total de dicho contrato. Por ello la información legal obligatoria que debe facilitar la entidad financiera de acuerdo con la normativa nacional y la información dada por el prestamista en el contexto de la negociación contractual son parámetros a valorar sobre la comprensibilidad de la comisión de apertura (parágrafo 42).

Pues bien, teniendo en cuenta que la comisión de apertura no es un servicio que redunde en beneficio del prestatario, ya que no recibe ninguna prestación adicional o extra que vaya más allá de la concesión del préstamo, no se acierta a entender qué servicio adicional lleva consigo que deba ser remunerado de forma paralela o añadida al propio devengo del interés nominal. Por el contrario, al ser una comisión de tramitación que se configura como accesoria al propio préstamo y que se va a devengar por voluntad unilateral del banco, es decir, sin ser solicitada por el prestatario, imponiéndosele desde el mismo momento en que pide el préstamo, sin ser susceptible de ser rechazada por el cliente, es necesario que exista una efectiva y real negociación al respecto y que se pruebe en el procedimiento. En tal sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 1ª, en sentencia de fecha 14 de octubre de 2025. En resumen, la traslación de costes del banco, típicos de su negocio, al cliente requiere una negociación individualizada atendiendo a las circunstancias del caso.

Lo primero que ha de destacarse es que la carga de la prueba del cumplimiento de las exigencias de información y del efectivo conocimiento por parte del consumidor de la existencia de esta comisión, del alcance de los servicios que se remuneran en el mismo, así como de la posibilidad de negociación individual de dicha cláusula para la asunción voluntaria y consciente por el consumidor de la misma, corresponde a la entidad de crédito tanto por la expresa previsión legal ( artículo 8 de la Ley 2/2009) , como por el principio de facilidad probatoria del artículo 217 LEC.

Así, lo importante es constatar la documentación que se ha aportado a la causa a tales efectos. En el caso sometido a enjuiciamiento, contamos con la escritura la FIPER, pero se desconoce la negociación que se llevó a cabo entre las partes acerca de la comisión de apertura.

Además, en la información contractual, la mención a dicha comisión se limita a lo señalado sin que en ningún caso incluya referencia, genérica o específica, ni a la legislación aplicable ni a los servicios remunerados por la misma, sin que tampoco se pueda considerar que un consumidor medio suficientemente informado esté obligado a buscar en una abundante normativa bancaria el concepto de la comisión de apertura.

Finalmente, no se aporta documento alguno en el que la entidad de crédito justifique haber negociado el pago con el consumidor de dicha comisión y la asunción voluntaria por este de importe correspondiente a servicios de obligatorio cumplimiento, como tampoco se acredita la proporcionalidad en relación a los servicios prestados. Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia a la que se viene haciendo referencia "Es un hecho notorio que las comisiones de apertura varían de una entidad de crédito a otra, que incluso hay entidades de crédito que no las cobraban, que a veces se fijaba una cantidad mínima para los préstamos de menor cuantía, que unas veces es un porcentaje sobre el capital y otros una cantidad fija. También es notorio que los gastos de estudio y tramitación son semejantes para un préstamo de mayor o menor cuantía, pues todos ellos tienen la garantía hipotecaria como principal garantía a favor de la entidad de crédito para la devolución del capital".

Pero, es más, en este caso podemos constatar incluso un solapamiento de comisiones. Véase que la propia escritura recoge una comisión de estudio además de la comisión de apertura, por más que se cuantifique en 0 euros, lo que va en contra de lo dispuesto en la doctrina jurisprudencial ya citada. Porque si no remunera la comisión de apertura los gastos de estudio qué remunera.

En definitiva, por considerarse que la comisión de apertura objeto de enjuiciamiento no supera el control de transparencia, se condena a la parte demandada a que satisfaga a la actora la suma de 180 euros,más intereses legales desde el momento de su abono. En cuanto a la prueba de su pago basta con la propia escritura que constituye eficaz carta de pago.

QUINTO.- Sobre la cláusula de COMISIÓN POR RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS.

5.1.- Doctrina Jurisprudencial.

En relación con la cláusula que permite al acreedor el cargo de una comisión por la gestión de reclamación de posiciones deudoras, la normativa bancaria sobre comisiones está constituida básicamente por la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010 de 14 de junio sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009 de 13 de noviembre de servicios de pago.

Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes, deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

La cláusula resulta abusiva cuando: la comisión puede reiterarse, no discrimina periodos de mora de modo que basta el impago de una cuota para solaparse con los intereses moratorios o no identifica las gestiones que dan lugar a su aplicación, pues no es lo mismo requerir in situal cliente que se persona en la oficina, que hacer una simple llamada de teléfono, enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial. Esta indeterminación es la que genera la abusividad pues la comisión se añade a los intereses moratorios a modo de sanción por el mismo concepto ( STS 566/19 de 25 de octubre).

Además, la cláusula contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero con la cláusula se traslada al consumidor la obligación de probar, o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias, lo que también puede incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

Finalmente, el Tribunal Supremo estima que esta comisión no es una cláusula penal porque ni contiene un pacto de liquidación previa de los daños y perjuicios, ni sustituye su indemnización, que viene constituida por el pago de los intereses moratorios pactados, y si tuviera una finalidad puramente punitiva, contravendría el art. 85.6 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios ( STS 566/19 de 25 de octubre; 530/16 de 13 de septiembre).

5.2.- Estipulación CUARTA D de la escritura de fecha 22 de mayo de 2018 (protocolo nº 1203 de la Notaria Sra. Berral Casas).

La citada estipulación establece una comisión de reclamaciones de cuotas por un importe de 35 euros por cada importe o cuota vencida e impagada.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, procede declarar la nulidad de la cláusula pues la comisión puede reiterarse, no discrimina periodos de mora, no identifica las gestiones que dan lugar a su aplicación y no puede considerarse cláusula penal.

Dicha comisión adolece de nulidad de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo pues: no se modula el posible incumplimiento, está asociada a cualquier incumplimiento, surgiendo, aunque se regularice la situación de manera inmediata, la comisión puede reiterarse, no discrimina periodos de mora, no identifica las gestiones que dan lugar a su aplicación y se une a la sanción surgida de los correspondientes intereses de demora, produciendo un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor adherente y en contra de las exigencias de la buena fe, respecto de los derechos y obligaciones que dimanan del contrato.

5.3.- Consecuencias de la nulidad.

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 10.1 de la LCGC y el art. 83 del TRLGDCU la cláusula se eliminará del contrato, pese a lo cual subsistirá éste.

El principio "quod nullum est nullum effectum producit", en relación con el art. 1303 CC, obliga a la parte demandada a restituir las cantidades indebidamente satisfechas en aplicación de esta cláusula.

En este caso, no obstante, no se fija la indemnización a favor de la parte actora en tanto en cuanto solo se ejercita la acción de declaración de nulidad.

SEXTO.- Sobre las COSTAS.

En aplicación del art. 394 LEC y por las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, se imponen a la parte demandada, sin que a ello obste el allanamiento respecto a la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. Téngase en cuenta que la parte actora realizó una reclamación previa que no fue atendida íntegramente por la demandada, lo que la obligó a interponer la demanda a los fines de ver satisfecho su derecho para inmediatamente allanarse a la nulidad de ciertas cláusulas controvertidas, con los consiguientes gastos con los que no debe pechar, apreciándose mala fe en la parte demandada.

Como ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de junio de 2025:

"DÉCIMO.-Recurso de casación. Motivo tercero. El pronunciamiento sobre las costas de primera instancia.

1.- Formulación del motivo. Finalmente, al amparo del art. 477.2 LEC ,se denuncia la infracción del art. 6.1 de la Directiva 93/13 ,en relación con los arts. 394 y 397 LEC ,en cuanto a la condena en costas derivada en un procedimiento donde se han declarado nulas por abusivas determinadas condiciones generales incluidas en un contrato celebrado con un consumidor.

En esencia, la demandante, hoy recurrente, impugna la decisión de no imponer las costas de primera instancia, argumentando que no estamos ante una estimación parcial, sino sustancial, y que, en todo caso, tratándose de un contrato celebrado con un consumidor, los principios de efectividad del Derecho de la Unión y de no vinculación de las cláusulas abusivas, justifican la condena en costas de la demandada.

2.- Decisión de la Sala. El motivo ha de ser estimado, de conformidad con la jurisprudencia europea y nacional recaída sobre la materia.

En materia de costas, tratándose de acciones sobre nulidad de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, la jurisprudencia ha señalado la necesidad de una interpretación del art. 394 LEC respetuosa con la primacía de los principios de no vinculación de las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la Unión sobre la normativa nacional. Así, la STS 419/2017, de 4 de julio ,razonaba la inoponibilidad al consumidor del criterio de la existencia de serias dudas de derecho como presupuesto excluyente del principio del vencimiento, en aplicación de los principios de efectividad del Derecho de la Unión y no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 , va más allá y declara que « el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13 , a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.».

Con fundamento en esta doctrina, la Sala venía interpretando, primero, que la existencia de serias dudas de hecho o de derecho no justificaban excepcionar el principio objetivo del vencimiento, y, segundo, que la estimación parcial de la acción resarcitoria acumulada a la acción de nulidad tampoco constituía óbice para la imposición de las costas al empresario/profesional, en aplicación del principio de efectividad (a título de ejemplo, las sentencias 472/2020, de 17 de septiembre , 510/2020, de 6 de octubre ,y 35/2021, de 27 de enero ).

La sentencia de Pleno 418/2023, de 28 de marzo ,da un paso más allá y disipa cualquier duda que pudiera restar sobre la necesidad de extender esta doctrina no solo a los supuestos de estimación parcial de la acción resarcitoria acumulada a la de nulidad, sino, en general, a la no estimación de la nulidad de todas las cláusulas impugnadas, lo que se reitera en la sentencia 1305/2023, de 26 de septiembre ,que proclama:

«Las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por nuestras sentencias, en especial la nº 35/2021, de 27 de enero , o la más reciente de pleno 418/2023 de 28 de marzo , conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula de gastos, aunque no se estime la totalidad de las acciones de nulidad o se declaren nulas todas las cláusulas impugnadas, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , CaixaBank y BBVA.

Por tal razón, debemos revocar el pronunciamiento sobre costas de primera instancia de la sentencia de la Audiencia Provincial y sustituirlo por el de la condena a la entidad demandada al pago de tales costas procesales, siendo de aplicación necesaria en los recursos de apelación y casación el artículo 398.2 LEC , sentencias 18/2021 de 19 de enero y 653/2020 de 3 de diciembre .»

Con posterioridad, se pronuncian en los mismos términos, entre otras, las sentencias 43/2024, de 16 de enero ,y 1123/2024, de 23 de septiembre, que recuerda que pacífica y extensa doctrina tiene declarado que, estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula de gastos, multidivisa, vencimiento anticipado, e intereses moratorios, aunque no se estimen la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , CaixaBank y BBVA.

Las consideraciones expuestas nos llevan a revocar la decisión de no imponer las costas de primera instancia, puesto que, si bien se desestima la pretensión de nulidad respecto de la cláusula que prevé la comisión de apertura y se reduce la cantidad reclamada a raíz de la nulidad de la cláusula de gastos al excluir los relativos al IAJD y conceder solo el 50% de los derechos notariales, lo cierto es que se estima la nulidad de la cláusula de gastos y se condena a la demandada a reintegrar al demandante las sumas indebidamente satisfechas por los conceptos de derechos notariales (50%), arancel registral y gastos de gestoría (100%), lo que nos sitúa en el supuesto examinado y resuelto por la jurisprudencia".

Además, la doctrina jurisprudencial más reciente, aplicando la normativa europea, requiere una actitud proactiva a los profesionales en sus relaciones con los consumidores, pues «el comportamiento de la entidad financiera a tener en cuenta, no es tanto un deber de reacción al requerimiento, como un deber propio, proactivo, ante el conocimiento de la jurisprudencia reiterada que declara la nulidad de la cláusula que nos ocupa, sin tomar la iniciativa para eliminar la cláusula abusiva y reparar el daño patrimonial causado a los prestatarios»,cuando no existía duda en este caso sobre la obligación de resarcir al actor; «cuando ya exista una jurisprudencia reiterada y consolidada respecto de la abusividad de una cláusula o una práctica, la conducta procesal de la entidad demandada es de menor relevancia para poder eximirla de las costas, una vez que no tomó la iniciativa de dirigirse al consumidor para reparar las consecuencias de su conducta abusiva»[ SSTS 1545/2024, de 19 de noviembre ( Roj: STS 5692/2024,recurso 7765/2022); 1345/2024, de 18 de octubre ( Roj: STS 5061/2024 ,recurso 3957/2022); 1189/2024, de 24 de septiembre ( Roj: STS 4652/2024 ,recurso 3090/2022); 1185/2024, de 24 de septiembre ( Roj: STS 4650/2024 ,recurso 2882/2022); 565/2024, de 25 de abril ( Roj: STS 2040/2024 ,recurso 7481/2021) de Pleno; 978/2024, de 9 de julio ( Roj: STS 4057/2024 ,recurso 1226/2022); 1054/2024 ( Roj: STS 4129/2024 ,recurso 1489/2022)]. Incluso se impone que sea el profesional quien tome la iniciativa, ya que «Contravendría la Directiva 93/13 que se llegara al resultado de que el profesional saque provecho de su pasividad ante esa ilegalidad declarada por el tribunal supremo nacional. En unas circunstancias como las del asunto principal, el profesional, en cuanto entidad bancaria, dispone, en principio, de un departamento jurídico, especializado en la materia, que redactó el contrato controvertido en ese asunto y que tiene capacidad para seguir la evolución de la jurisprudencia de dicho tribunal y extraer de ella las conclusiones que se impongan para los contratos que dicha entidad bancaria haya celebrado. También cuenta, en principio, con un servicio de atención al cliente que posee toda la información necesaria para ponerse fácilmente en contacto con los clientes afectados» [ STJUE 25 de abril de 2024, asunto C-561/2021 ].

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación al caso,