Sentencia Civil 602/2026 Tribunal de Instancia. Sección Civil plaza nº 3 de Lleida, Rec. 1067/2025 de 03 de julio del 2026

PRIMERO.- Planteamiento de las partes

Por la actora se interpuso demanda en reclamación de la cantidad de 300,0 euros, más intereses legales y costas, fundamentando su petición en el impago de las cantidades devengadas en virtud del contrato de préstamo concertado entre la mercantil TRIVE CREDIT SPAIN, SL, y la parte demandada, cuya titularidad del crédito ostenta la demandante por virtud de contrato de cesión celebrado el día 20 de marzo de 2025.

La actora, aporta en defensa de su pretensión la siguiente documental: contrato de préstamo, justificante de transferencia bancaria, certificado de deuda y certificado de su cuenta bancaria y contrato de cesión del crédito.

La parte demandada fue declarada en situación de rebeldía conforme lo regulado en el artículo 496 y siguientes de la LEC.

SEGUNDO.- Normativa y Jurisprudencia aplicable

Se ejercita en el presente, una acción de reclamación de cantidad con fundamento en los artículos reguladores de las obligaciones y contratos del Código Civil, su cumplimiento, los requisitos para su validez, y la mora del deudor. Se trata de un contrato con condiciones generales de la contratación concertado entre una mercantil y un consumidor, debiendo de acudir, por lo tanto, a la normativa sectorial de obligada aplicación y la nutrida Jurisprudencia que, respecto de este tipo contratos de préstamo en particular y en el marco de relaciones entre empresarios y consumidores, ha venido desarrollándose en los últimos años.

Y en este sentido, la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, así como la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, disponen una serie de requisitos respecto de la información que ha de suministrársele al consumidor que pretende concertar un contrato de préstamo al consumo, recayendo la carga de la prueba, respecto del cumplimiento de dicha información, sobre el empresario prestamista. Así pues, el artículo 7 de la precitada Ley 16/2011, en sus apartados 1 y 2 regula que: "1. La información que con arreglo a esta Ley se ha de proporcionar al consumidor, ya sea con carácter previo al contrato, durante su vigencia o para su extinción, constará en papel o en cualquier otro soporte duradero. Por soporte duradero se entiende todo instrumento que permita al consumidor conservar la información que se le transmita personalmente de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adaptado a los fines de dicha información, y que permita la reproducción idéntica de la información almacenada. 2. El incumplimiento de los requisitos relativos a la información previa y al suministro de la misma que se establecen en los artículos 10 y 12, dará lugar a la anulabilidad del contrato. En caso de que se mantenga la eficacia del contrato, éste se integrará conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y demás normas aplicables.".En relación con ello, el artículo 10 del mismo texto legal, enumera la información precisa que ha de proporcionarse al consumidor, mediante la información normalizada europea.

Por su parte, la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación, dispone en su artículo 5 los requisitos de incorporación de las condiciones generales dela contratación contenidas en los contratos celebrados con consumidores, considerando que: "No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.".Y el artículo 7 de dicho cuerpo legal regula: "No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo.".

Por su parte el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, exige en su artículo 63.1 la entrega de recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación.

El artículo 217 de la LEC, dispone en sus apartados 1 y 2, que: "1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensi ones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda,según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención".

TERCERO.- Valoración de la prueba practicada

Del análisis de la documentación aportada junto al escrito de demanda no consta acreditada, en la forma exigida por la normativa expuesta protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, que el demandado obtuviera la información debida y aceptara las condiciones contractuales que obran en la documentación que adjunta la demandante.

El contrato que se aporta, no puede ser considerado como válido a los efectos jurídicos explicados pues en el mismo no se puede comprobar ninguna firma que acredite la aceptación de sus términos por la demandada. Por lo tanto, las cantidades reclamadas por el demandante en virtud de dicho clausulado no pueden ser acogidas, toda vez que, a pesar de que renuncie a cualquier cantidad que pudiera devengarse por virtud de cláusulas distinta a aquella que fija el interés remuneratorio, sin la acreditación de la aceptación de los términos del contrato, tampoco se acredita que fuese tal interés y no otro, en su caso, el pactado entre los litigantes.

Del resto de la documental aportada con la demanda, concretamente del justificante de transferencia bancaria portado, sí queda acreditada la cantidad objeto del préstamo por importe total de 100,0 euros, transferida a la parte demandada.

En atención a lo anterior, procede acoger parcialmente la demanda, debiendo condenar a la demandada al pago a la demandante de la cuantía de 100,0 euros, como cantidad que le fue transferida, y que no consta probado haber sido devuelta. Cantidad a la que le son de aplicación los intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda ( artículo 1108 del CC).

CUARTO.- Costas.

De conformidad con el artículo 394.2 de la LEC, y siendo parcial la estimación de la demanda, no procede especial pronunciamiento en materia de costas.

Vistos los artículos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

PRIMERO.- Planteamiento de las partes

Por la actora se interpuso demanda en reclamación de la cantidad de 300,0 euros, más intereses legales y costas, fundamentando su petición en el impago de las cantidades devengadas en virtud del contrato de préstamo concertado entre la mercantil TRIVE CREDIT SPAIN, SL, y la parte demandada, cuya titularidad del crédito ostenta la demandante por virtud de contrato de cesión celebrado el día 20 de marzo de 2025.

La actora, aporta en defensa de su pretensión la siguiente documental: contrato de préstamo, justificante de transferencia bancaria, certificado de deuda y certificado de su cuenta bancaria y contrato de cesión del crédito.

La parte demandada fue declarada en situación de rebeldía conforme lo regulado en el artículo 496 y siguientes de la LEC.

SEGUNDO.- Normativa y Jurisprudencia aplicable

Se ejercita en el presente, una acción de reclamación de cantidad con fundamento en los artículos reguladores de las obligaciones y contratos del Código Civil, su cumplimiento, los requisitos para su validez, y la mora del deudor. Se trata de un contrato con condiciones generales de la contratación concertado entre una mercantil y un consumidor, debiendo de acudir, por lo tanto, a la normativa sectorial de obligada aplicación y la nutrida Jurisprudencia que, respecto de este tipo contratos de préstamo en particular y en el marco de relaciones entre empresarios y consumidores, ha venido desarrollándose en los últimos años.

Y en este sentido, la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, así como la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, disponen una serie de requisitos respecto de la información que ha de suministrársele al consumidor que pretende concertar un contrato de préstamo al consumo, recayendo la carga de la prueba, respecto del cumplimiento de dicha información, sobre el empresario prestamista. Así pues, el artículo 7 de la precitada Ley 16/2011, en sus apartados 1 y 2 regula que: "1. La información que con arreglo a esta Ley se ha de proporcionar al consumidor, ya sea con carácter previo al contrato, durante su vigencia o para su extinción, constará en papel o en cualquier otro soporte duradero. Por soporte duradero se entiende todo instrumento que permita al consumidor conservar la información que se le transmita personalmente de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adaptado a los fines de dicha información, y que permita la reproducción idéntica de la información almacenada. 2. El incumplimiento de los requisitos relativos a la información previa y al suministro de la misma que se establecen en los artículos 10 y 12, dará lugar a la anulabilidad del contrato. En caso de que se mantenga la eficacia del contrato, éste se integrará conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y demás normas aplicables.".En relación con ello, el artículo 10 del mismo texto legal, enumera la información precisa que ha de proporcionarse al consumidor, mediante la información normalizada europea.

Por su parte, la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación, dispone en su artículo 5 los requisitos de incorporación de las condiciones generales dela contratación contenidas en los contratos celebrados con consumidores, considerando que: "No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.".Y el artículo 7 de dicho cuerpo legal regula: "No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo.".

Por su parte el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, exige en su artículo 63.1 la entrega de recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación.

El artículo 217 de la LEC, dispone en sus apartados 1 y 2, que: "1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensi ones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda,según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención".

TERCERO.- Valoración de la prueba practicada

Del análisis de la documentación aportada junto al escrito de demanda no consta acreditada, en la forma exigida por la normativa expuesta protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, que el demandado obtuviera la información debida y aceptara las condiciones contractuales que obran en la documentación que adjunta la demandante.

El contrato que se aporta, no puede ser considerado como válido a los efectos jurídicos explicados pues en el mismo no se puede comprobar ninguna firma que acredite la aceptación de sus términos por la demandada. Por lo tanto, las cantidades reclamadas por el demandante en virtud de dicho clausulado no pueden ser acogidas, toda vez que, a pesar de que renuncie a cualquier cantidad que pudiera devengarse por virtud de cláusulas distinta a aquella que fija el interés remuneratorio, sin la acreditación de la aceptación de los términos del contrato, tampoco se acredita que fuese tal interés y no otro, en su caso, el pactado entre los litigantes.

Del resto de la documental aportada con la demanda, concretamente del justificante de transferencia bancaria portado, sí queda acreditada la cantidad objeto del préstamo por importe total de 100,0 euros, transferida a la parte demandada.

En atención a lo anterior, procede acoger parcialmente la demanda, debiendo condenar a la demandada al pago a la demandante de la cuantía de 100,0 euros, como cantidad que le fue transferida, y que no consta probado haber sido devuelta. Cantidad a la que le son de aplicación los intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda ( artículo 1108 del CC).

CUARTO.- Costas.

De conformidad con el artículo 394.2 de la LEC, y siendo parcial la estimación de la demanda, no procede especial pronunciamiento en materia de costas.

Vistos los artículos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

PRIMERO.- Planteamiento de las partes

Por la actora se interpuso demanda en reclamación de la cantidad de 300,0 euros, más intereses legales y costas, fundamentando su petición en el impago de las cantidades devengadas en virtud del contrato de préstamo concertado entre la mercantil TRIVE CREDIT SPAIN, SL, y la parte demandada, cuya titularidad del crédito ostenta la demandante por virtud de contrato de cesión celebrado el día 20 de marzo de 2025.

La actora, aporta en defensa de su pretensión la siguiente documental: contrato de préstamo, justificante de transferencia bancaria, certificado de deuda y certificado de su cuenta bancaria y contrato de cesión del crédito.

La parte demandada fue declarada en situación de rebeldía conforme lo regulado en el artículo 496 y siguientes de la LEC.

SEGUNDO.- Normativa y Jurisprudencia aplicable

Se ejercita en el presente, una acción de reclamación de cantidad con fundamento en los artículos reguladores de las obligaciones y contratos del Código Civil, su cumplimiento, los requisitos para su validez, y la mora del deudor. Se trata de un contrato con condiciones generales de la contratación concertado entre una mercantil y un consumidor, debiendo de acudir, por lo tanto, a la normativa sectorial de obligada aplicación y la nutrida Jurisprudencia que, respecto de este tipo contratos de préstamo en particular y en el marco de relaciones entre empresarios y consumidores, ha venido desarrollándose en los últimos años.

Y en este sentido, la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, así como la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, disponen una serie de requisitos respecto de la información que ha de suministrársele al consumidor que pretende concertar un contrato de préstamo al consumo, recayendo la carga de la prueba, respecto del cumplimiento de dicha información, sobre el empresario prestamista. Así pues, el artículo 7 de la precitada Ley 16/2011, en sus apartados 1 y 2 regula que: "1. La información que con arreglo a esta Ley se ha de proporcionar al consumidor, ya sea con carácter previo al contrato, durante su vigencia o para su extinción, constará en papel o en cualquier otro soporte duradero. Por soporte duradero se entiende todo instrumento que permita al consumidor conservar la información que se le transmita personalmente de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adaptado a los fines de dicha información, y que permita la reproducción idéntica de la información almacenada. 2. El incumplimiento de los requisitos relativos a la información previa y al suministro de la misma que se establecen en los artículos 10 y 12, dará lugar a la anulabilidad del contrato. En caso de que se mantenga la eficacia del contrato, éste se integrará conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y demás normas aplicables.".En relación con ello, el artículo 10 del mismo texto legal, enumera la información precisa que ha de proporcionarse al consumidor, mediante la información normalizada europea.

Por su parte, la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación, dispone en su artículo 5 los requisitos de incorporación de las condiciones generales dela contratación contenidas en los contratos celebrados con consumidores, considerando que: "No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.".Y el artículo 7 de dicho cuerpo legal regula: "No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo.".

Por su parte el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, exige en su artículo 63.1 la entrega de recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación.

El artículo 217 de la LEC, dispone en sus apartados 1 y 2, que: "1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensi ones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda,según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención".

TERCERO.- Valoración de la prueba practicada

Del análisis de la documentación aportada junto al escrito de demanda no consta acreditada, en la forma exigida por la normativa expuesta protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, que el demandado obtuviera la información debida y aceptara las condiciones contractuales que obran en la documentación que adjunta la demandante.

El contrato que se aporta, no puede ser considerado como válido a los efectos jurídicos explicados pues en el mismo no se puede comprobar ninguna firma que acredite la aceptación de sus términos por la demandada. Por lo tanto, las cantidades reclamadas por el demandante en virtud de dicho clausulado no pueden ser acogidas, toda vez que, a pesar de que renuncie a cualquier cantidad que pudiera devengarse por virtud de cláusulas distinta a aquella que fija el interés remuneratorio, sin la acreditación de la aceptación de los términos del contrato, tampoco se acredita que fuese tal interés y no otro, en su caso, el pactado entre los litigantes.

Del resto de la documental aportada con la demanda, concretamente del justificante de transferencia bancaria portado, sí queda acreditada la cantidad objeto del préstamo por importe total de 100,0 euros, transferida a la parte demandada.

En atención a lo anterior, procede acoger parcialmente la demanda, debiendo condenar a la demandada al pago a la demandante de la cuantía de 100,0 euros, como cantidad que le fue transferida, y que no consta probado haber sido devuelta. Cantidad a la que le son de aplicación los intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda ( artículo 1108 del CC).

CUARTO.- Costas.

De conformidad con el artículo 394.2 de la LEC, y siendo parcial la estimación de la demanda, no procede especial pronunciamiento en materia de costas.

Vistos los artículos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,