Sentencia Civil 200/2026 Tribunal de Instancia. Sección Civil plaza nº 56 de Barcelona, Rec. 1462/2024 de 16 de junio del 2026

PRIMERO.-La parte actora solicita que se dicte sentencia condenando a la demandada al pago de la cantidad de 104.435,31 euros, más los intereses legales y costas y por el impago de las cantidades adeudadas en virtud del contrato de préstamo, y reconocimiento de deuda suscritos entre las partes así como por el impago de diversas facturas.

Alega la actora que el sistema adoptado por ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. a través del cual comercializaba sus productos, no supone la existencia de un previo contrato mercantil de compraventa firmado entre compradora y vendedora, desplegándose la relación comercial entre las partes a través de la habitual operativa de comercio, consistente en la formulación de pedidos por la compradora (concretamente, de todo tipo de específicos y productos de venta en farmacias) y la entrega de productos por parte de la actora, para su ulterior reventa por parte de la primera. La gestión de dichos pedidos se efectuó a través de un programa informático de gestión integral del negocio de la oficina de farmacia, que facilitaba a las partes una conexión permanente. Por lo demás, la necesaria introducción por la compradora de su cabecera y clave de cliente para la formulación y remisión de cada pedido permitía a la actora cerciorar en todo momento la certeza y existencia de cada pedido, así como de la precisa identidad de quien lo formulaba. Este método de facturación, pactado con la demandada e implementado de común acuerdo entre las partes (y de práctica unánime en el sector de la distribución farmacéutica), consiente prescindir de la utilización de albaranes de entrega firmados por los farmacéuticos.

Con la finalidad de financiar la adquisición de su oficina de farmacia, el 6/7/22, las partes suscribieron un contrato de préstamo a favor de la demandada, por un capital de 50.000 €, intereses por importe de 291,67 € y vencimiento el 28/2/2023; el 26/7/2023, la actora accedió a conceder dos nuevos aplazamientos para las cantidades pendientes de saldar concretamente 5172,08 euros con vencimiento el 28/7/23 y 5202,22 euros con venimiento el 28/8/23; la demandada no ha procedido al pago de los intereses correspondientes a la primera cuota (172,08 €), así como tampoco ha satisfecho el pago correspondiente a la segunda cuota (5.202,22 €). En consecuencia, la cantidad adeudada por la demandada en concepto de préstamo, asciende a 5.374,30 €; el 1/11/2022, habiéndose acumulado una deuda de 80.850,70 € consecuencia del impago de diversas facturas giradas durante los meses de julio y octubre de 2022, las partes suscribieron un contrato de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pago, por cuya virtud la demandada se comprometía a la cancelación de dicha deuda, mediante la satisfacción de 84 cuotas mensuales de importe 962,50 €, más ocho cuotas reversibles (con posibilidad de amortización anticipada o remisibles en función del volumen de compras alcanzado, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato) en concepto de intereses financieros liquidados al tipo del 5,00%; después de atender las primeras cuotas convenidas, la demandada encadenó diversos impagos, ascendiendo la cantidad debida en concepto de cuotas comprensivas de capital del contrato, a 68.338,20 €, más 16.278,56 €, en concepto de cuotas por intereses.

En el pacto cuarto del contrato de reconocimiento de deuda, se estableció la previsión de resolución contractual con efecto de vencimiento anticipado de la totalidad de los efectos aplazados, para el supuesto de verificarse tanto el impago de cualquiera de las cuotas adheridas al contrato, como de cualesquiera factura girada con posterioridad a la firma del contrato; la actora, además de las cuotas impagadas y vencidas (6.737,50 € por cuotas nº 12 y 15 a 20), también reclama la cuantía resultante de los efectos pendientes de vencimiento a día de hoy, cuyo importe suma 61.600,70 € (cuotas nº 21 a nº 84).

El importe total reclamado en concepto del total de cuotas derivadas del contrato de reconocimiento de deuda asciende a 68.338,20 €, resultado de adicionar al sumatorio de los efectos impagados y vencidos (6.737,50 €, por las cuotas nº 12 y 15 a 20), el saldo correspondiente a las cuotas pendientes de vencimiento (61.600,70 €, por las cuotas nº 21 a nº 84).

Además la demandada también desatendió las facturas giradas con posterioridad a la rúbrica del contrato de reconocimiento de deuda y que ascienden a 26.738,20 euros.

Reclama también los intereses devengados al amparo de la Ley 3/2004 que ascienden a 3.664,61 €.

El importe total adeudado, resultado de adicionar al principal de 100.450,70 € (5.374,30 €, en concepto de préstamo pendiente de amortización; 68.338,20 € por cuotas derivadas de contrato de reconocimiento de deuda y 26.738,20 € por facturas impagadas), el importe de los intereses, 3.664,61 € y los gastos, 320,00 €, asciende a 104.435,31 €.

Por la demandada se opone alegando que si bien es cierto que la relación comercial existente entre las partes consistía en que la demandante era proveedora de la demandada, no reconoce la deuda reclamada en concepto de préstamo ya que este importe está totalmente satisfecho; si bien la actora indica que el capital del préstamo era de 50000 euros y que los intereses ascendían a 291,67 €, la cantidad que debía devolverse el 28/2/2.023 era de 60.291,67 € y no de 50.291,67 € como se pactó; es por ello que la demandante indica que se adeudaban 10.000 € a fecha de vencimiento, pero esto no es cierto por cuanto la demandada había abonado toda la cantidad pactada en el contrato de préstamo; es decir, los 50.291,67 €; los 10.000 € no se corresponden con el contenido de los pactos del contrato de préstamo con un capital de 50.000 € más un interés anual del 7% y que en modo alguno arrojan un resultado de 60.291,67; la demandante ha venido reclamando conceptos mezclados y con distinto origen y que han llevado a la Sra. Eloisa a la confusión de la toda cuanta deuda se le reclamaba habiendo pagado la cantidad de 5.251,46 € y no de 5.000 €; respecto al reconocimiento de deuda, el importe de 80.850,70 € no obedece a facturas pendientes por cuanto en las mismas ya se habían cargado otros conceptos como intereses y que después se vuelven a cargar; se niega tanto la solicitud como la entrega de los pedidos que se recogen en las facturas que se reclaman y que ascienden a la cantidad de 26.738,20 € habiendo pagado 10.625,76 €, cantidad que sería procedente descontar; respecto a los intereses de la Ley 3/2004 no son exigibles judicialmente hasta que se proceda a la oportuna condena.

SEGUNDO.-Se ejercita una acción en reclamación de las cantidades reconocidas adeudar por la demandada, según la actora, en un documento de reconocimiento de deuda que se acompaña como documento nº 3 de la demanda.

La STS, Civil sección 1 del 08 de Marzo del 2010 ( ROJ: STS 1120/2010) Recurso: 612/2006 en la que fue Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA, establece que en cualquier caso, el reconocimiento de deuda vincula a quien lo realiza y, en atención a lo prevenido en el artículo 1277 del Código Civil ha de presumirse que su causa existe y es lícita, en tanto el deudor (con inversión de la norma general sobre carga de la prueba) no demuestre lo contrario; siendo por lo demás evidente que este reconocimiento contenido en el documento suscrito por la actora y el representante legal de la demandada, de fecha 25 de septiembre de 2005, expresa que la deuda obedece a "la prestación de varios servicios", es decir, se expresa causa del mismo. Como dice la sentencia de 23 de febrero de 1998, citada en la de 28 de septiembre de 2001 , le convierte más que en un contrato de causa inexpresada y de abstracción procesal, en un contrato causal atípico, alcanzando el reconocimiento de deuda efectos constitutivos, que conlleva no sólo el facilitar a la actora un medio de prueba sino el dar por existente una situación de débito contra el demandado ( sentencias del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1991, 27 de noviembre de 1991, 30 de septiembre de 1993 y 24 de octubre de 1994 ).

STS núm. 555/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 24 junio dispone:

a) El reconocimiento de deuda, tal como pretende configurarlo el recurso, no tiene acogida en la legislación de Derecho Privado común, si no es, con ciertas peculiaridades, y muy limitadamente, como documento de reconocimiento de lo acordado en contrato anterior, en el art. 1224 CC ( LEG 1889, 27) , del que la jurisprudencia ha deducido el llamado «contrato reproductivo» o el de «fijación jurídica» (vid., SS de esta Sala, para aquella denominación, de 6-VI-69 [ RJ 1969, 3281] , y para la última, de 19-XI-74 [ RJ 1974, 4267] , 5-II-81 [ RJ 1981, 350] , 23-VI-83 [ RJ 1983, 3654] y 30-IV-99 [ RJ 1999, 2619] ), destacando siempre, lo que no ocurre aquí, la duplicidad o repetición múltiple de declaraciones contractuales, a modo de conjunto conexo, con fines aclaratorios, complementadores o resolutorios de dudas, pero que exigen un contrato inicial y otros que lo complementen.

b) Aunque la regulación del llamado «reconocimiento de deuda», no aparece expresamente contemplada en el Código Civil ( LEG 1889, 27) común, una jurisprudencia consolidada de esta Sala ha tenido buen cuidado en admitirlo y dotarlo de los requisitos que sean exigibles para su aplicación, pudiendo, al efecto, señalarse, las SS de la misma, de 30-V-92 ( RJ 1992, 4830) , 20-XI-92 ( RJ 1992, 9421) , 11-III-93 ( RJ 1993, 1790) , 30-IX-93 ( RJ 1993, 6660) , 27-VII-94, 24-X-94 ( RJ 1994, 7681) , 22-VII-96 ( RJ 1996, 5566) , 5-V-98 ( RJ 1998, 3232) , 29-VI-98, 28-IX-98 ( RJ 1998, 7287) , 8-VI-99 ( RJ 1999, 4731) y 23-XII-99 ( RJ 1999, 9362) . Cabe destacar al efecto, el contenido de la S. de 28 de septiembre de 1998, la que cita y repite, resumiéndolos, los argumentos esgrimidos en otras muchas Sentencias anteriores, diciendo así que el «reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida; contiene, pues, la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia de causa del art. 1277 CC ( LEG 1889, 27) y el autor, autores, o causahabiente en el presente caso, queda obligado a cumplir la obligación cuya deuda ha reconocido...; a su vez, al reconocimiento de deuda se le atribuye una abstracción procesal, que dispensa de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido...; en nuestro Derecho no se admite el negocio jurídico abstracto. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, al reconocimiento de deuda, negocio jurídico unilateral que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligtoria preexistente, se le ha admitido por doctrina y jurisprudencia el efecto material de quedar obligado al cumplimiento, por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente».

Como resumen clarificador de esta doctrina jurisprudencial, podría citarse, en definitiva, la S. de la Sala, de 29 de junio de 1998 ( RJ 1998, 5283), al decir la misma, más sucintamente, que la jurisprudencia admite que mediante el acto unilateral, el o los que lo hacen, «reconocen la existencia de una deuda previamente constituida y que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente; al reconocimiento de deuda se le aplica la presunción de existencia de la causa, que proclama el art. 1277 CC, y que no es preciso expresarla en el documento; el deudor o deudores que han reconocido la deuda, están obligados a cumplirla; se le atribuye una abstracción procesal, y así, el acreedor no tiene que probar la relación obligacional preexistente, ni el hecho o negocio jurídico que ha dado nacimiento a la misma».En fin, las SS de 30 de mayo de 1992 ( RJ 1992, 4830) y de 30 de septiembre de 1993 ( RJ 1993, 6660) , destacan, en todo caso, que tal negocio jurídico unilateral, en cuanto documentado por escrito, se instrumenta así, «a efectos de que el acreedor cuente con un medio idóneo de prueba o se patentice y advere la existencia efectiva de una deuda pendiente respecto al que la aprueba, de manera que viene a adquirir fuerza vinculativa», y que «los estados negociales de reconocimiento de deuda, son válidos y lícitos tanto en su aspecto de facilitar a la otra parte un medio de prueba, como a dar por existente una situación de débito contra el que la reconoce, quedando vinculado a la misma, que alcanza efectos constitutivos si se expresa su causa justificativa».

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo de 2006 distingue entre el reconocimiento de deuda abstracto y el causalizado, al declarar: "no se trata de un reconocimiento de deuda meramente abstracto o formal, sino que constituye un reconocimiento causalizado que no solo produce efectos probatorios respecto de la existencia de la obligación y del importe de la deuda, sino que también cabe reconocer en él efectos constitutivos, tal y como se expresa la doctrina de esta Sala contenida, entre otras, en las sentencias de 28 de septiembre de 2001 y de 1 de marzo de 2002 ; lo cual, en términos de la primera de las resoluciones citadas -que a su vez menciona otras de fecha anterior, conlleva no sólo facilitar a la actora un medio de prueba, sino dar por existente una situación de débito contra el demandado".

Como recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 1 de marzo de 2002 "en nuestro Derecho todo reconocimiento de deuda ha de ser causal, en el sentido de que ha de tener causa porque, como regla general, no se admite el negocio abstracto, pero puede ocurrir que la causa no está indicada o lo esté solamente de forma genérica; o bien que se halle plenamente expresada, en cuyo caso resulta perfectamente conocida la fuente u origen de la obligación y la función negocial a que responde. En la primera hipótesis, a la que se le suele denominar reconocimiento de deuda abstracto o formal, es de aplicación el art. 1277 CC , con arreglo al que se presume que la causa existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe no contrario, y la doctrina jurisprudencial consistente en que, en virtud de una abstracción procesal, se dispensa de probar al titular del derecho de crédito objeto de reconocimiento y se hace recaer el onus probandi sobre el obligado. En la técnica procesal se razona que se produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal(de naturaleza iuris tantum), aunque un sector doctrinal prefiere hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción. En el segundo caso, cuando la causa se halla plenamente expresada (lo que es independiente de si es o no verdadera -real-), y en el que se alude al reconocimiento de deuda como causal, no es de aplicación el art. 1277 CC porque la presunción o regla que éste contiene resulta innecesaria".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 julio 1996 (RJ 1996\5566), que se remite a la 28 marzo 1983 (RJ 1983\1648), establece que «con independencia de la cuestión referente a la naturaleza jurídica del reconocimiento de deuda, bien se le conceptúe como un negocio de fijación o se le califique de verdadero contrato, parece claro que, si la declaración recognoscitiva se contiene en un pacto dirigido a establecer una situación de deuda, revestirá índole contractual, con las legales consecuencias en orden a su nulidad en los casos de inexistencia o de ilicitud de causa...».

De igual manera en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 noviembre 1992 (RJ 1992\9421) se señala que «con la aceptación se presume que el reconocimiento de deuda, como propio negocio jurídico contractual, se rige: por lo dispuesto en el art. 1277 del CC , traduciéndose en una abstracción meramente procesal de la causa, cuyo efecto consiste en la inversión de la carga probatoria, para destruir por cualquier medio de prueba la presunción que dicho art. 1277 establece...».

La STS núm. 1143/1999 (Sala de lo Civil), de 23 diciembre en su FF. DD TERCERO dispone que el segundo motivo del recurso lo fundamenta al amparo del núm. 4 del art. 1692 de la LECiv por haber incurrido el juzgador de segunda instancia en infracción de normas del ordenamiento jurídico o la Jurisprudencia que le fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate; enunciación del recurso, que se hace sin citar las normas del ordenamiento jurídico ni la Jurisprudencia que ha sido infringida como impone para su admisión el párrafo primero del art. 1707 de la Ley Procesal, circunstancia esta que hace inestimar el motivo que no debió ser admitido; pero aún suponiendo que, se puede entender que la parte recurrente entiende como infringidos los artículos 1261, 1275 y 1277 del Código Civil y la Sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 1983 ( RJ 1983\1648) , y ello porque la Sentencia recurrida en su fundamento de derecho primero, acepta y tiene por reproducidos los de la Sentencia dictada por el Juez de 1ª Instancia, y éste en el fundamento de derecho sexto manifiesta que: «en cuanto al fondo del asunto nos encontramos con el documento fundamental de la pretensión actora que es un reconocimiento de deuda, negocio jurídico admitido en nuestro derecho constituyendo un contrato abstracto cuya validez no está subordinado a la existencia de causa»,argumentación esta, que entiende la parte recurrente, es asumida por la Sala de la Audiencia Provincial, y que está en contradicción con la Jurisprudencia que, al decir del recurrente, no admite para esta clase de negocios jurídicos, la consideración de ser un negocio abstracto, en particular la Sentencia de 28 de marzo de 1983. Ahora bien, también en este motivo la parte recurrente hace un estudio parcial de los razonamientos de la Sentencia recurrida, porque aun refieriéndose a la Sentencia de primera instancia, la parte recurrente al motivar su recurso, no concluye el razonamiento del fundamento de derecho sexto de la Sentencia del Juzgado que concluye de la siguiente forma: «y que encuentra acomodo en nuestro derecho positivo al amparo del art. 1277 del Código Civil ( SSTS 8 de marzo de 1956 [ RJ 1956, 1148], 13 de junio de 1959 [ RJ 1959, 2505], 26 de octubre de 1962 [ RJ 1962\4075] y 15 de febrero de 1989 [ RJ 1989\967]) norma esta que establece una presunción legal en favor de la existencia y licitud de causa que exonera a los favorecidos por ella de la carga de la prueba», que es ni más ni menos, lo que admite para la validez del reconocimiento de deuda,la Sentencia citada por la parte recurrente, la de 28 de marzo de 1983, que habla de «una abstracción meramente procesal -no material- de la causa, cuyo efecto consiste en la inversión de la carga probatoria», por lo que además de no existir contradicción alguna, en la fundamentación de las Sentencias recurridas, las dos mantienen la doctrina dominante respecto a los reconocimientos de deudas, pues a pesar de que en la declaración unilateral de voluntad en que consiste la misma, no figure la causa, hay que tenerla como existente y lícita (salvo prueba en contrario),a tenor de lo preceptuado en el art. 1277 del Código Civil, precepto que presume la existencia de la causa y su licitud. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, lo que se produce en este supuesto, es únicamente una inversión de la carga de la prueba, en cuanto corresponde al oponente demandado probar la inexistencia de la causa o su ilicitud, principios estos mantenidos en la Sentencia recurrida, por lo que no se han infringido los arts. 1261, 1275 ni el 1277 del Código Civil. Sentencias de 13 de noviembre de 1991 (análoga a RJ 1991\8497); 20 de noviembre de 1992 (RJ 1992\9421) y 30 de septiembre de 1993 (RJ 1993\6660); y ello tanto cuando se realiza en forma abstracta como cuando se expresa la causa que determina su otorgamiento. Ahora bien, tal y como mantienen las Sentencias de 10 de abril de 1986 (RJ 1986\1847), 22 mayo 1989 (RJ 1989\3875), 11 marzo 1993 (RJ 1993\1790), 24 octubre 1994 (RJ 1994\7681) y 28 septiembre de 1998 (RJ 1998\7287), el reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, sino que es un negocio jurídico unilateral, por el que el autor declara, o lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida, contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente.

TERCERO.-En el caso de autos, de la prueba practicada resulta lo siguiente:

-El 6/7/22 la actora ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., concedió a la demandada Dª. Eloisa un préstamo por importe de 50.000 euros, fijando un interés anual del 7% y estableciendo un sistema de amortización conjunta con la devolución del principal a través del sistema francés de amortización y mediante una única cuota a su vencimiento; así mismo se estableció un período de carencia de seis meses; la prestataria se obligaba a la devolución del capital e intereses pactados mediante la liquidación de una única cuota mensual cuyo importe se determinaría en el cuadro de amortización, donde se dispuso lo siguiente "Nº de cuota: carencia 1 Capital pendiente: 0 50.000 euros Intereses: 0 291,67 euros Cuota: 0 60.291,67 euros vencimiento: 1/2/23 28/2/23"; se estableció la posibilidad de que la prestataria pudiera realizar el pago anticipado de las cantidades aplazadas lo que determinará el recálculo de los intereses y cuotas ; el impago de cualquiera de las cuotas devengará un tipo de interés del 8%(documento nº 1 de la demanda).

-El 1/11/22 las partes suscribieron un contrato de reconocimiento de deuda y pago aplazado en virtud del cual la demandada reconoce adeudar a ALLIANCE HEALTHCARE, la cantidad de 80.850,70 €, en concepto de facturas pendientes y 16.278,55 €, en concepto de financiación de los aplazamientos convenidos comprometiéndose a atender el pago de 92 cuotas señalando que las cuotas nº 85 (2.034,82 €), 86 (2.034,82 €), 87 (2.034,82€), 88 (2.034,82 €), 89 (2.034,82 €), 90 (2.034,82 €), 91 (2.034,82 €) y 92 (2.034,82 €), del cuadro de amortización, contienen los intereses derivados de la financiación de la deuda, calculados al tipo del 5% anual, mediante el sistema francés de amortización, con fraccionamiento del importe total de los mismos en partes iguales para cada periodo anual; así mismo se estableció un Compromiso de compras del siguiente tenor literal ..."3.1 Si la FARMACIA efectuara durante 96 meses desde el 01/11/2022 hasta el 31/10/2030 unas compras superiores a 26.000 € mensuales a la distribución, incluyendo 200 Euros mensuales de Marcas Propias (Almus y Alvita), no se devengará la cuota por intereses correspondiente al periodo anual en que se hayan cumplido dichas condiciones comerciales y, en coherencia, ALLIANCE HEALTHCARE, no presentará al cobro la correlativa cuota prevista en concepto de financiación correspondiente el periodo anual en que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos dispuestos en este apartado.3.2. La FARMACIA disfrutará igualmente del citado beneficio de condonación de la cuota de intereses, si durante cada año de duración del contrato (periodo anual), alcanzase un nivel de compras a la distribución igual o superior al 90% del volumen exigido en el punto que antecede (26.000 €, incluyendo 200 € (x 0,9) Euros mensuales de Marcas Propias (Almus y Alvita) ....3.4. De no cumplirse el compromiso de compra en los términos y condiciones referidos en los párrafos que preceden, las cuotas en concepto de intereses devengados por la financiación concedida, serán giradas a la fecha de vencimiento que corresponda, por cada periodo anual no cumplido..... CUARTO. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO El incumplimiento de la FARMACIA, manifestado en la falta de pago a su vencimiento de cualquiera de los efectos relacionados en el Anexo 2 o de cualquiera de los recibos que se giren correspondientes a las facturas emitidas con posterioridad a la firma de este CRDA, comportará, sin necesidad de requerimiento ni previo aviso, el bloqueo de pedidos y la resolución del presente CRDA, facultando a ALLIANCE HEALTHCARE a dar por vencida la totalidad de la deuda y a exigir a la FARMACIA la totalidad de la deuda pendiente de pago en ese momento más la totalidad de intereses referidos en los pactos que anteceden, así como los intereses moratorios que se devenguen.".(documento nº 3 de la demanda).

-La demandada ha realizado los siguientes pagos en concepto de devolución del préstamo: el 26/1/23, 25.000 euros, el 30/5/23, 5000 euros, el 31/5/23, 5.000 euros y el 6/7/23, 5000 euros, en total 40.000 euros (documento MD 1D aportado en la audiencia previa).

-El 26/7/23 la actora remite correo a la demandada en el que se le indica «vuelvo a poner el giro devuelto para el 05/08/23, con sus correspondientes gastos (cuadro 1).Asimismo, le informo que de los 10.000 € que faltan por pagar de préstamo anticipo se le han puesto en 2 giros bancarios de 5.000 € cada uno: - Para el 28/07/2023 5.000 € más los gastos correspondientes por la demora del pago al 7% (cuadro 2).- Para el 28/08/2023 5.000 € más los gastos correspondientes por la demora del pago al 7% (cuadro 3)".Adeudando por el primer concepto la cantidad de 7814,66 eurs, y por los restantes la cantidad de 5172,08 euros y 5202,22 euros (documento nº 2 de la demanda).

Al acto de juicio ha comparecido la demandada Dª. Eloisa quien ha manifestado que "....inició la relación comercial con la actora en 2022; pasaban un lector con la entrega de los productos y no firmaban albaranes; el volumen de los albaranes no era cuantioso; se hacía un albarán por pedido; hacían las facturas en función de los albaranes; no punteaba los albaranes a la entrega de los productos; al principio la actora era la única proveedora de la demandada hasta el ataque informático que tuvo que coger a otro proveedor porqué la actora no le servía; durante un tiempo dependió de la actora; firmó un préstamo por importe de 50.000 euros, no 60.000 euros; canceló el préstamo inicial; los números del negocio no los llevaba ella, lo hacía su marido; los mayoristas cuando se empieza con el negocio de una farmacia dan un préstamo para iniciar el negocio; los documentos que firmó con la actora los redactó la actora; firmó el reconocimiento de deuda porqué le dijeron que si no lo hacía, le cortaban el suministro; no comprobó que se debían facturas; lo llevaba todo su marido...".

Al acto de juicio ha comparecido el testigo D. Artemio, quien ha manifestado que ..."trabaja para una compañía de la actora; firmó el préstamo con la demandad en nombre de la actora el 6/7/22; el importe del préstamo cree que es de 50.000 euros; no recuerda si se pusieron erróneamente 60.000 euros; el departamento de créditos trabaja en la creación del préstamo; lo firman y continúa como documento soporte para seguimiento del préstamo con el cliente; el préstamo se debía devolver en cuotas mensuales; las reclamaciones las lleva el departamento de créditos que hace el seguimiento contable; el sistema de facturación y entrega de productos por la actora se realiza sin previa suscripción de albaranes; es práctica habitual por un tema de volumen de transacciones diarias; el préstamo inicial es para ayudar a iniciar el negocio de farmacia...".

La primera de las cuestiones que opone la demandada es que la actora indica que se adeudaban 10.000 € a fecha de vencimiento, lo que no es así ya que había abonado toda la cantidad pactada en el contrato de préstamo, es decir, 50.291,67 €; la cantidad de 10.000 € no se corresponde con el contenido de los pactos del contrato de préstamo con un capital de 50.000 € más un interés anual del 7% y que en modo alguno arrojan un resultado de 60.291,67 €.

Conviene en primer lugar, traer a colación el reconocimiento realizado en el acto de juicio por la representación de la actora que ha manifestado que si bien en un apartado del contrato de préstamo se hizo constar que la cantidad era de 60.291,67 €, no es así y ello corresponde a un error, reconociendo expresamente que la cantidad prestada fué de 50.000 euros tal y como consta en la cláusula primera del contrato, y así ha sido reconocido por la Sra. Eloisa en su interrogatorio y por el testigo Sr. Artemio. Que se trata de un error material es evidente por cuanto en el apartado capital se hace constar la cantidad 50.000 euros y en el aprtado inetereses la cantidad de 291,67 euros que corresponde con el tipo de interés anual pactado del 7%.

La alegación de que la demandada había pagado 50.291,67 euros correspondientes a la devolución del préstamo, se halla huérfana de toda prueba, pues tal manifestación obedece a una interpretación de la parte que carece de sustento probatorio.

De hecho de la documental aportada resulta que se le concedió un préstamo por importe de 50.0000 euros en concepto de principal y 291,67 euros en concepto de intereses que debía ser devuelto el 28/2/23; el 26/7/23 restaban pendientes de pago dos cuotas de 5000 euros cada una, más los intereses por importe de 172,08 euros y 202,22 euros; de dichas cantidades la actora indica que la demandada no pagó los intereses correspondientes a la primera cuota (172,08 €), así como tampoco ha satisfecho el pago correspondiente a la segunda cuota (5.202,22 €); constan acreditados mediante transferencias bancarias realizadas por la demandada el 31/5/23, 4/7/23, 26/1/23 y 30/5/23 por importe total de 40.000 euros los pagos en concepto de devolución del préstamo (documento MD 1D aportado en la audiencia previa). Por tanto, existe una cantidad pendiente de pago correspondiente a la devolución del préstamo por importe de 5374,30 euros.

El 1/11/22 las partes suscribieron un documento de reconocimiento de deuda en el que la demandada reconocía adeudar la cantidad de 80.850,70 euros en concepto de facturas pendientes correspondientes a los meses de julio y octubre de 2022 y 16.278,55 €, en concepto de financiación de los aplazamientos convenidos, por cuya virtud la demandada se comprometía a la cancelación de dicha deuda acumulada, mediante la satisfacción 84 cuotas mensuales de importe 962,50 €, más ocho cuotas reversibles (con posibilidad de amortización anticipada o remisibles en función del volumen de compras alcanzado, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato) en concepto de intereses financieros liquidados al tipo del 5,00%.

La demandada dejó de pagar las cuotas 12, 15 a 20 por importe de 962,50 euros cada una, en total, 6.737,50 € contrato, y las cuotas nº 21 a nº 84 pendientes de vencimiento cuyo importe suma 61.600,70 € lo que arroja un total de a 68.338,20 €, más las cuotas números 85 a 92 por importe de 16.278,56 €, en concepto de cuotas por intereses.

La demandada aporta como documento nº 1 de la contestación a la demanda justificante de pago de fecha 13/9/23 por importe de de 5251,46 euros que ha sido imputado a parte de las cuotas mensuales 1 a 11 (5/2/23 a 5/12/23) recogidas en el contrato de reconocimiento de deuda.

Además de impago de las cuotas del contrato de reconocimiento de deuda, la demandada también desatendió las facturas giradas con posterioridad y que se acompañan como como documentos nº 7 a 13 de la demanda, por importe de 26.738,20 €.

La demandada niega adeudar a la demanda las cantidades que se reclaman y manifiesta que la actora no acredita la entrega de los productos que manifiesta haber suministrado, toda vez no aporta albaran alguno que acredite su entrega.

Respecto a la práctica habitual entre ambas empresas, la Sra. Eloisa ha manifestado en su interrogatorio que no firmaba los albaranes, que normalmente pasaban un lector y que no punteaba los albaranes.

Por su parte el testigo Sr. Artemio, que trabaja para una de las compañías de la actora, ha manifestado que el sistema de facturación y entrega de productos por parte de la actora se realiza sin la previa entrega de albaranes, tratándose de una práctica habitual en el sector habida cuenta el volumen de las transacciones diarias.

Las manifestaciones de la demandada no hacen más que ratificar la versión ofrecida por la actora y cuál era el modo en que se entrega el producto y se procedía a su facturación, no realizando entrega de albaranes si no por medio de un lector que permitía identificar la entrega de los productos.

Por tanto, las alegaciones opuestas por la demandada de la falta de recepción de los productos al no constar albaranes, carecen de la virtualidad pretendida.

CUARTO.-Respecto a los intereses que se reclaman, el art. 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones Comerciales dispone lo siguiente ...."Interés de demora.1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior...";por tanto, de acuerdo con el precitado precepto legal los intereses de la Ley 3/2004 únicamente pueden ser aplicables a las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas, es decir únicamente será aplicable a la reclamación de las facturas por parte de la actora, no así a la devolución de las cuotas del préstamo, ni a las cantidades debidas y que se han hecho constar en el documento de reconocimiento de deuda donde las partes ya han pactado el tipo de interés aplicable.

Por tanto, la demandada deberá pagar la cantidad de 5.374,30.-€, más el interés legal en concepto de deuda derivada de contrato de préstamo de fecha de 6 de julio 2022; la cantidad de 68.338,20.-€, más los intereses legales, en concepto de cuotas impagadas y vencidas contenidas en el contrato de reconocimiento y aplazamiento de deuda de fecha de 1 de noviembre de 2022; 26.738,20.-€ más el interés del art. 7 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en concepto de facturas impagadas; 320 €, en concepto de indemnización por gastos más el interés legal .

QUINTO.-Con relación a las costas y siguiendo el criterio del artículo 394 de la LEC, cada parte asumirá las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados, demás de general y pertinente aplicación y, en atención a lo expuesto,

PRIMERO.-La parte actora solicita que se dicte sentencia condenando a la demandada al pago de la cantidad de 104.435,31 euros, más los intereses legales y costas y por el impago de las cantidades adeudadas en virtud del contrato de préstamo, y reconocimiento de deuda suscritos entre las partes así como por el impago de diversas facturas.

Alega la actora que el sistema adoptado por ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. a través del cual comercializaba sus productos, no supone la existencia de un previo contrato mercantil de compraventa firmado entre compradora y vendedora, desplegándose la relación comercial entre las partes a través de la habitual operativa de comercio, consistente en la formulación de pedidos por la compradora (concretamente, de todo tipo de específicos y productos de venta en farmacias) y la entrega de productos por parte de la actora, para su ulterior reventa por parte de la primera. La gestión de dichos pedidos se efectuó a través de un programa informático de gestión integral del negocio de la oficina de farmacia, que facilitaba a las partes una conexión permanente. Por lo demás, la necesaria introducción por la compradora de su cabecera y clave de cliente para la formulación y remisión de cada pedido permitía a la actora cerciorar en todo momento la certeza y existencia de cada pedido, así como de la precisa identidad de quien lo formulaba. Este método de facturación, pactado con la demandada e implementado de común acuerdo entre las partes (y de práctica unánime en el sector de la distribución farmacéutica), consiente prescindir de la utilización de albaranes de entrega firmados por los farmacéuticos.

Con la finalidad de financiar la adquisición de su oficina de farmacia, el 6/7/22, las partes suscribieron un contrato de préstamo a favor de la demandada, por un capital de 50.000 €, intereses por importe de 291,67 € y vencimiento el 28/2/2023; el 26/7/2023, la actora accedió a conceder dos nuevos aplazamientos para las cantidades pendientes de saldar concretamente 5172,08 euros con vencimiento el 28/7/23 y 5202,22 euros con venimiento el 28/8/23; la demandada no ha procedido al pago de los intereses correspondientes a la primera cuota (172,08 €), así como tampoco ha satisfecho el pago correspondiente a la segunda cuota (5.202,22 €). En consecuencia, la cantidad adeudada por la demandada en concepto de préstamo, asciende a 5.374,30 €; el 1/11/2022, habiéndose acumulado una deuda de 80.850,70 € consecuencia del impago de diversas facturas giradas durante los meses de julio y octubre de 2022, las partes suscribieron un contrato de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pago, por cuya virtud la demandada se comprometía a la cancelación de dicha deuda, mediante la satisfacción de 84 cuotas mensuales de importe 962,50 €, más ocho cuotas reversibles (con posibilidad de amortización anticipada o remisibles en función del volumen de compras alcanzado, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato) en concepto de intereses financieros liquidados al tipo del 5,00%; después de atender las primeras cuotas convenidas, la demandada encadenó diversos impagos, ascendiendo la cantidad debida en concepto de cuotas comprensivas de capital del contrato, a 68.338,20 €, más 16.278,56 €, en concepto de cuotas por intereses.

En el pacto cuarto del contrato de reconocimiento de deuda, se estableció la previsión de resolución contractual con efecto de vencimiento anticipado de la totalidad de los efectos aplazados, para el supuesto de verificarse tanto el impago de cualquiera de las cuotas adheridas al contrato, como de cualesquiera factura girada con posterioridad a la firma del contrato; la actora, además de las cuotas impagadas y vencidas (6.737,50 € por cuotas nº 12 y 15 a 20), también reclama la cuantía resultante de los efectos pendientes de vencimiento a día de hoy, cuyo importe suma 61.600,70 € (cuotas nº 21 a nº 84).

El importe total reclamado en concepto del total de cuotas derivadas del contrato de reconocimiento de deuda asciende a 68.338,20 €, resultado de adicionar al sumatorio de los efectos impagados y vencidos (6.737,50 €, por las cuotas nº 12 y 15 a 20), el saldo correspondiente a las cuotas pendientes de vencimiento (61.600,70 €, por las cuotas nº 21 a nº 84).

Además la demandada también desatendió las facturas giradas con posterioridad a la rúbrica del contrato de reconocimiento de deuda y que ascienden a 26.738,20 euros.

Reclama también los intereses devengados al amparo de la Ley 3/2004 que ascienden a 3.664,61 €.

El importe total adeudado, resultado de adicionar al principal de 100.450,70 € (5.374,30 €, en concepto de préstamo pendiente de amortización; 68.338,20 € por cuotas derivadas de contrato de reconocimiento de deuda y 26.738,20 € por facturas impagadas), el importe de los intereses, 3.664,61 € y los gastos, 320,00 €, asciende a 104.435,31 €.

Por la demandada se opone alegando que si bien es cierto que la relación comercial existente entre las partes consistía en que la demandante era proveedora de la demandada, no reconoce la deuda reclamada en concepto de préstamo ya que este importe está totalmente satisfecho; si bien la actora indica que el capital del préstamo era de 50000 euros y que los intereses ascendían a 291,67 €, la cantidad que debía devolverse el 28/2/2.023 era de 60.291,67 € y no de 50.291,67 € como se pactó; es por ello que la demandante indica que se adeudaban 10.000 € a fecha de vencimiento, pero esto no es cierto por cuanto la demandada había abonado toda la cantidad pactada en el contrato de préstamo; es decir, los 50.291,67 €; los 10.000 € no se corresponden con el contenido de los pactos del contrato de préstamo con un capital de 50.000 € más un interés anual del 7% y que en modo alguno arrojan un resultado de 60.291,67; la demandante ha venido reclamando conceptos mezclados y con distinto origen y que han llevado a la Sra. Eloisa a la confusión de la toda cuanta deuda se le reclamaba habiendo pagado la cantidad de 5.251,46 € y no de 5.000 €; respecto al reconocimiento de deuda, el importe de 80.850,70 € no obedece a facturas pendientes por cuanto en las mismas ya se habían cargado otros conceptos como intereses y que después se vuelven a cargar; se niega tanto la solicitud como la entrega de los pedidos que se recogen en las facturas que se reclaman y que ascienden a la cantidad de 26.738,20 € habiendo pagado 10.625,76 €, cantidad que sería procedente descontar; respecto a los intereses de la Ley 3/2004 no son exigibles judicialmente hasta que se proceda a la oportuna condena.

SEGUNDO.-Se ejercita una acción en reclamación de las cantidades reconocidas adeudar por la demandada, según la actora, en un documento de reconocimiento de deuda que se acompaña como documento nº 3 de la demanda.

La STS, Civil sección 1 del 08 de Marzo del 2010 ( ROJ: STS 1120/2010) Recurso: 612/2006 en la que fue Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA, establece que en cualquier caso, el reconocimiento de deuda vincula a quien lo realiza y, en atención a lo prevenido en el artículo 1277 del Código Civil ha de presumirse que su causa existe y es lícita, en tanto el deudor (con inversión de la norma general sobre carga de la prueba) no demuestre lo contrario; siendo por lo demás evidente que este reconocimiento contenido en el documento suscrito por la actora y el representante legal de la demandada, de fecha 25 de septiembre de 2005, expresa que la deuda obedece a "la prestación de varios servicios", es decir, se expresa causa del mismo. Como dice la sentencia de 23 de febrero de 1998, citada en la de 28 de septiembre de 2001 , le convierte más que en un contrato de causa inexpresada y de abstracción procesal, en un contrato causal atípico, alcanzando el reconocimiento de deuda efectos constitutivos, que conlleva no sólo el facilitar a la actora un medio de prueba sino el dar por existente una situación de débito contra el demandado ( sentencias del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1991, 27 de noviembre de 1991, 30 de septiembre de 1993 y 24 de octubre de 1994 ).

STS núm. 555/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 24 junio dispone:

a) El reconocimiento de deuda, tal como pretende configurarlo el recurso, no tiene acogida en la legislación de Derecho Privado común, si no es, con ciertas peculiaridades, y muy limitadamente, como documento de reconocimiento de lo acordado en contrato anterior, en el art. 1224 CC ( LEG 1889, 27) , del que la jurisprudencia ha deducido el llamado «contrato reproductivo» o el de «fijación jurídica» (vid., SS de esta Sala, para aquella denominación, de 6-VI-69 [ RJ 1969, 3281] , y para la última, de 19-XI-74 [ RJ 1974, 4267] , 5-II-81 [ RJ 1981, 350] , 23-VI-83 [ RJ 1983, 3654] y 30-IV-99 [ RJ 1999, 2619] ), destacando siempre, lo que no ocurre aquí, la duplicidad o repetición múltiple de declaraciones contractuales, a modo de conjunto conexo, con fines aclaratorios, complementadores o resolutorios de dudas, pero que exigen un contrato inicial y otros que lo complementen.

b) Aunque la regulación del llamado «reconocimiento de deuda», no aparece expresamente contemplada en el Código Civil ( LEG 1889, 27) común, una jurisprudencia consolidada de esta Sala ha tenido buen cuidado en admitirlo y dotarlo de los requisitos que sean exigibles para su aplicación, pudiendo, al efecto, señalarse, las SS de la misma, de 30-V-92 ( RJ 1992, 4830) , 20-XI-92 ( RJ 1992, 9421) , 11-III-93 ( RJ 1993, 1790) , 30-IX-93 ( RJ 1993, 6660) , 27-VII-94, 24-X-94 ( RJ 1994, 7681) , 22-VII-96 ( RJ 1996, 5566) , 5-V-98 ( RJ 1998, 3232) , 29-VI-98, 28-IX-98 ( RJ 1998, 7287) , 8-VI-99 ( RJ 1999, 4731) y 23-XII-99 ( RJ 1999, 9362) . Cabe destacar al efecto, el contenido de la S. de 28 de septiembre de 1998, la que cita y repite, resumiéndolos, los argumentos esgrimidos en otras muchas Sentencias anteriores, diciendo así que el «reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida; contiene, pues, la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia de causa del art. 1277 CC ( LEG 1889, 27) y el autor, autores, o causahabiente en el presente caso, queda obligado a cumplir la obligación cuya deuda ha reconocido...; a su vez, al reconocimiento de deuda se le atribuye una abstracción procesal, que dispensa de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido...; en nuestro Derecho no se admite el negocio jurídico abstracto. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, al reconocimiento de deuda, negocio jurídico unilateral que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligtoria preexistente, se le ha admitido por doctrina y jurisprudencia el efecto material de quedar obligado al cumplimiento, por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente».

Como resumen clarificador de esta doctrina jurisprudencial, podría citarse, en definitiva, la S. de la Sala, de 29 de junio de 1998 ( RJ 1998, 5283), al decir la misma, más sucintamente, que la jurisprudencia admite que mediante el acto unilateral, el o los que lo hacen, «reconocen la existencia de una deuda previamente constituida y que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente; al reconocimiento de deuda se le aplica la presunción de existencia de la causa, que proclama el art. 1277 CC, y que no es preciso expresarla en el documento; el deudor o deudores que han reconocido la deuda, están obligados a cumplirla; se le atribuye una abstracción procesal, y así, el acreedor no tiene que probar la relación obligacional preexistente, ni el hecho o negocio jurídico que ha dado nacimiento a la misma».En fin, las SS de 30 de mayo de 1992 ( RJ 1992, 4830) y de 30 de septiembre de 1993 ( RJ 1993, 6660) , destacan, en todo caso, que tal negocio jurídico unilateral, en cuanto documentado por escrito, se instrumenta así, «a efectos de que el acreedor cuente con un medio idóneo de prueba o se patentice y advere la existencia efectiva de una deuda pendiente respecto al que la aprueba, de manera que viene a adquirir fuerza vinculativa», y que «los estados negociales de reconocimiento de deuda, son válidos y lícitos tanto en su aspecto de facilitar a la otra parte un medio de prueba, como a dar por existente una situación de débito contra el que la reconoce, quedando vinculado a la misma, que alcanza efectos constitutivos si se expresa su causa justificativa».

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo de 2006 distingue entre el reconocimiento de deuda abstracto y el causalizado, al declarar: "no se trata de un reconocimiento de deuda meramente abstracto o formal, sino que constituye un reconocimiento causalizado que no solo produce efectos probatorios respecto de la existencia de la obligación y del importe de la deuda, sino que también cabe reconocer en él efectos constitutivos, tal y como se expresa la doctrina de esta Sala contenida, entre otras, en las sentencias de 28 de septiembre de 2001 y de 1 de marzo de 2002 ; lo cual, en términos de la primera de las resoluciones citadas -que a su vez menciona otras de fecha anterior, conlleva no sólo facilitar a la actora un medio de prueba, sino dar por existente una situación de débito contra el demandado".

Como recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 1 de marzo de 2002 "en nuestro Derecho todo reconocimiento de deuda ha de ser causal, en el sentido de que ha de tener causa porque, como regla general, no se admite el negocio abstracto, pero puede ocurrir que la causa no está indicada o lo esté solamente de forma genérica; o bien que se halle plenamente expresada, en cuyo caso resulta perfectamente conocida la fuente u origen de la obligación y la función negocial a que responde. En la primera hipótesis, a la que se le suele denominar reconocimiento de deuda abstracto o formal, es de aplicación el art. 1277 CC , con arreglo al que se presume que la causa existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe no contrario, y la doctrina jurisprudencial consistente en que, en virtud de una abstracción procesal, se dispensa de probar al titular del derecho de crédito objeto de reconocimiento y se hace recaer el onus probandi sobre el obligado. En la técnica procesal se razona que se produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal(de naturaleza iuris tantum), aunque un sector doctrinal prefiere hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción. En el segundo caso, cuando la causa se halla plenamente expresada (lo que es independiente de si es o no verdadera -real-), y en el que se alude al reconocimiento de deuda como causal, no es de aplicación el art. 1277 CC porque la presunción o regla que éste contiene resulta innecesaria".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 julio 1996 (RJ 1996\5566), que se remite a la 28 marzo 1983 (RJ 1983\1648), establece que «con independencia de la cuestión referente a la naturaleza jurídica del reconocimiento de deuda, bien se le conceptúe como un negocio de fijación o se le califique de verdadero contrato, parece claro que, si la declaración recognoscitiva se contiene en un pacto dirigido a establecer una situación de deuda, revestirá índole contractual, con las legales consecuencias en orden a su nulidad en los casos de inexistencia o de ilicitud de causa...».

De igual manera en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 noviembre 1992 (RJ 1992\9421) se señala que «con la aceptación se presume que el reconocimiento de deuda, como propio negocio jurídico contractual, se rige: por lo dispuesto en el art. 1277 del CC , traduciéndose en una abstracción meramente procesal de la causa, cuyo efecto consiste en la inversión de la carga probatoria, para destruir por cualquier medio de prueba la presunción que dicho art. 1277 establece...».

La STS núm. 1143/1999 (Sala de lo Civil), de 23 diciembre en su FF. DD TERCERO dispone que el segundo motivo del recurso lo fundamenta al amparo del núm. 4 del art. 1692 de la LECiv por haber incurrido el juzgador de segunda instancia en infracción de normas del ordenamiento jurídico o la Jurisprudencia que le fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate; enunciación del recurso, que se hace sin citar las normas del ordenamiento jurídico ni la Jurisprudencia que ha sido infringida como impone para su admisión el párrafo primero del art. 1707 de la Ley Procesal, circunstancia esta que hace inestimar el motivo que no debió ser admitido; pero aún suponiendo que, se puede entender que la parte recurrente entiende como infringidos los artículos 1261, 1275 y 1277 del Código Civil y la Sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 1983 ( RJ 1983\1648) , y ello porque la Sentencia recurrida en su fundamento de derecho primero, acepta y tiene por reproducidos los de la Sentencia dictada por el Juez de 1ª Instancia, y éste en el fundamento de derecho sexto manifiesta que: «en cuanto al fondo del asunto nos encontramos con el documento fundamental de la pretensión actora que es un reconocimiento de deuda, negocio jurídico admitido en nuestro derecho constituyendo un contrato abstracto cuya validez no está subordinado a la existencia de causa»,argumentación esta, que entiende la parte recurrente, es asumida por la Sala de la Audiencia Provincial, y que está en contradicción con la Jurisprudencia que, al decir del recurrente, no admite para esta clase de negocios jurídicos, la consideración de ser un negocio abstracto, en particular la Sentencia de 28 de marzo de 1983. Ahora bien, también en este motivo la parte recurrente hace un estudio parcial de los razonamientos de la Sentencia recurrida, porque aun refieriéndose a la Sentencia de primera instancia, la parte recurrente al motivar su recurso, no concluye el razonamiento del fundamento de derecho sexto de la Sentencia del Juzgado que concluye de la siguiente forma: «y que encuentra acomodo en nuestro derecho positivo al amparo del art. 1277 del Código Civil ( SSTS 8 de marzo de 1956 [ RJ 1956, 1148], 13 de junio de 1959 [ RJ 1959, 2505], 26 de octubre de 1962 [ RJ 1962\4075] y 15 de febrero de 1989 [ RJ 1989\967]) norma esta que establece una presunción legal en favor de la existencia y licitud de causa que exonera a los favorecidos por ella de la carga de la prueba», que es ni más ni menos, lo que admite para la validez del reconocimiento de deuda,la Sentencia citada por la parte recurrente, la de 28 de marzo de 1983, que habla de «una abstracción meramente procesal -no material- de la causa, cuyo efecto consiste en la inversión de la carga probatoria», por lo que además de no existir contradicción alguna, en la fundamentación de las Sentencias recurridas, las dos mantienen la doctrina dominante respecto a los reconocimientos de deudas, pues a pesar de que en la declaración unilateral de voluntad en que consiste la misma, no figure la causa, hay que tenerla como existente y lícita (salvo prueba en contrario),a tenor de lo preceptuado en el art. 1277 del Código Civil, precepto que presume la existencia de la causa y su licitud. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, lo que se produce en este supuesto, es únicamente una inversión de la carga de la prueba, en cuanto corresponde al oponente demandado probar la inexistencia de la causa o su ilicitud, principios estos mantenidos en la Sentencia recurrida, por lo que no se han infringido los arts. 1261, 1275 ni el 1277 del Código Civil. Sentencias de 13 de noviembre de 1991 (análoga a RJ 1991\8497); 20 de noviembre de 1992 (RJ 1992\9421) y 30 de septiembre de 1993 (RJ 1993\6660); y ello tanto cuando se realiza en forma abstracta como cuando se expresa la causa que determina su otorgamiento. Ahora bien, tal y como mantienen las Sentencias de 10 de abril de 1986 (RJ 1986\1847), 22 mayo 1989 (RJ 1989\3875), 11 marzo 1993 (RJ 1993\1790), 24 octubre 1994 (RJ 1994\7681) y 28 septiembre de 1998 (RJ 1998\7287), el reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, sino que es un negocio jurídico unilateral, por el que el autor declara, o lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida, contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente.

TERCERO.-En el caso de autos, de la prueba practicada resulta lo siguiente:

-El 6/7/22 la actora ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., concedió a la demandada Dª. Eloisa un préstamo por importe de 50.000 euros, fijando un interés anual del 7% y estableciendo un sistema de amortización conjunta con la devolución del principal a través del sistema francés de amortización y mediante una única cuota a su vencimiento; así mismo se estableció un período de carencia de seis meses; la prestataria se obligaba a la devolución del capital e intereses pactados mediante la liquidación de una única cuota mensual cuyo importe se determinaría en el cuadro de amortización, donde se dispuso lo siguiente "Nº de cuota: carencia 1 Capital pendiente: 0 50.000 euros Intereses: 0 291,67 euros Cuota: 0 60.291,67 euros vencimiento: 1/2/23 28/2/23"; se estableció la posibilidad de que la prestataria pudiera realizar el pago anticipado de las cantidades aplazadas lo que determinará el recálculo de los intereses y cuotas ; el impago de cualquiera de las cuotas devengará un tipo de interés del 8%(documento nº 1 de la demanda).

-El 1/11/22 las partes suscribieron un contrato de reconocimiento de deuda y pago aplazado en virtud del cual la demandada reconoce adeudar a ALLIANCE HEALTHCARE, la cantidad de 80.850,70 €, en concepto de facturas pendientes y 16.278,55 €, en concepto de financiación de los aplazamientos convenidos comprometiéndose a atender el pago de 92 cuotas señalando que las cuotas nº 85 (2.034,82 €), 86 (2.034,82 €), 87 (2.034,82€), 88 (2.034,82 €), 89 (2.034,82 €), 90 (2.034,82 €), 91 (2.034,82 €) y 92 (2.034,82 €), del cuadro de amortización, contienen los intereses derivados de la financiación de la deuda, calculados al tipo del 5% anual, mediante el sistema francés de amortización, con fraccionamiento del importe total de los mismos en partes iguales para cada periodo anual; así mismo se estableció un Compromiso de compras del siguiente tenor literal ..."3.1 Si la FARMACIA efectuara durante 96 meses desde el 01/11/2022 hasta el 31/10/2030 unas compras superiores a 26.000 € mensuales a la distribución, incluyendo 200 Euros mensuales de Marcas Propias (Almus y Alvita), no se devengará la cuota por intereses correspondiente al periodo anual en que se hayan cumplido dichas condiciones comerciales y, en coherencia, ALLIANCE HEALTHCARE, no presentará al cobro la correlativa cuota prevista en concepto de financiación correspondiente el periodo anual en que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos dispuestos en este apartado.3.2. La FARMACIA disfrutará igualmente del citado beneficio de condonación de la cuota de intereses, si durante cada año de duración del contrato (periodo anual), alcanzase un nivel de compras a la distribución igual o superior al 90% del volumen exigido en el punto que antecede (26.000 €, incluyendo 200 € (x 0,9) Euros mensuales de Marcas Propias (Almus y Alvita) ....3.4. De no cumplirse el compromiso de compra en los términos y condiciones referidos en los párrafos que preceden, las cuotas en concepto de intereses devengados por la financiación concedida, serán giradas a la fecha de vencimiento que corresponda, por cada periodo anual no cumplido..... CUARTO. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO El incumplimiento de la FARMACIA, manifestado en la falta de pago a su vencimiento de cualquiera de los efectos relacionados en el Anexo 2 o de cualquiera de los recibos que se giren correspondientes a las facturas emitidas con posterioridad a la firma de este CRDA, comportará, sin necesidad de requerimiento ni previo aviso, el bloqueo de pedidos y la resolución del presente CRDA, facultando a ALLIANCE HEALTHCARE a dar por vencida la totalidad de la deuda y a exigir a la FARMACIA la totalidad de la deuda pendiente de pago en ese momento más la totalidad de intereses referidos en los pactos que anteceden, así como los intereses moratorios que se devenguen.".(documento nº 3 de la demanda).

-La demandada ha realizado los siguientes pagos en concepto de devolución del préstamo: el 26/1/23, 25.000 euros, el 30/5/23, 5000 euros, el 31/5/23, 5.000 euros y el 6/7/23, 5000 euros, en total 40.000 euros (documento MD 1D aportado en la audiencia previa).

-El 26/7/23 la actora remite correo a la demandada en el que se le indica «vuelvo a poner el giro devuelto para el 05/08/23, con sus correspondientes gastos (cuadro 1).Asimismo, le informo que de los 10.000 € que faltan por pagar de préstamo anticipo se le han puesto en 2 giros bancarios de 5.000 € cada uno: - Para el 28/07/2023 5.000 € más los gastos correspondientes por la demora del pago al 7% (cuadro 2).- Para el 28/08/2023 5.000 € más los gastos correspondientes por la demora del pago al 7% (cuadro 3)".Adeudando por el primer concepto la cantidad de 7814,66 eurs, y por los restantes la cantidad de 5172,08 euros y 5202,22 euros (documento nº 2 de la demanda).

Al acto de juicio ha comparecido la demandada Dª. Eloisa quien ha manifestado que "....inició la relación comercial con la actora en 2022; pasaban un lector con la entrega de los productos y no firmaban albaranes; el volumen de los albaranes no era cuantioso; se hacía un albarán por pedido; hacían las facturas en función de los albaranes; no punteaba los albaranes a la entrega de los productos; al principio la actora era la única proveedora de la demandada hasta el ataque informático que tuvo que coger a otro proveedor porqué la actora no le servía; durante un tiempo dependió de la actora; firmó un préstamo por importe de 50.000 euros, no 60.000 euros; canceló el préstamo inicial; los números del negocio no los llevaba ella, lo hacía su marido; los mayoristas cuando se empieza con el negocio de una farmacia dan un préstamo para iniciar el negocio; los documentos que firmó con la actora los redactó la actora; firmó el reconocimiento de deuda porqué le dijeron que si no lo hacía, le cortaban el suministro; no comprobó que se debían facturas; lo llevaba todo su marido...".

Al acto de juicio ha comparecido el testigo D. Artemio, quien ha manifestado que ..."trabaja para una compañía de la actora; firmó el préstamo con la demandad en nombre de la actora el 6/7/22; el importe del préstamo cree que es de 50.000 euros; no recuerda si se pusieron erróneamente 60.000 euros; el departamento de créditos trabaja en la creación del préstamo; lo firman y continúa como documento soporte para seguimiento del préstamo con el cliente; el préstamo se debía devolver en cuotas mensuales; las reclamaciones las lleva el departamento de créditos que hace el seguimiento contable; el sistema de facturación y entrega de productos por la actora se realiza sin previa suscripción de albaranes; es práctica habitual por un tema de volumen de transacciones diarias; el préstamo inicial es para ayudar a iniciar el negocio de farmacia...".

La primera de las cuestiones que opone la demandada es que la actora indica que se adeudaban 10.000 € a fecha de vencimiento, lo que no es así ya que había abonado toda la cantidad pactada en el contrato de préstamo, es decir, 50.291,67 €; la cantidad de 10.000 € no se corresponde con el contenido de los pactos del contrato de préstamo con un capital de 50.000 € más un interés anual del 7% y que en modo alguno arrojan un resultado de 60.291,67 €.

Conviene en primer lugar, traer a colación el reconocimiento realizado en el acto de juicio por la representación de la actora que ha manifestado que si bien en un apartado del contrato de préstamo se hizo constar que la cantidad era de 60.291,67 €, no es así y ello corresponde a un error, reconociendo expresamente que la cantidad prestada fué de 50.000 euros tal y como consta en la cláusula primera del contrato, y así ha sido reconocido por la Sra. Eloisa en su interrogatorio y por el testigo Sr. Artemio. Que se trata de un error material es evidente por cuanto en el apartado capital se hace constar la cantidad 50.000 euros y en el aprtado inetereses la cantidad de 291,67 euros que corresponde con el tipo de interés anual pactado del 7%.

La alegación de que la demandada había pagado 50.291,67 euros correspondientes a la devolución del préstamo, se halla huérfana de toda prueba, pues tal manifestación obedece a una interpretación de la parte que carece de sustento probatorio.

De hecho de la documental aportada resulta que se le concedió un préstamo por importe de 50.0000 euros en concepto de principal y 291,67 euros en concepto de intereses que debía ser devuelto el 28/2/23; el 26/7/23 restaban pendientes de pago dos cuotas de 5000 euros cada una, más los intereses por importe de 172,08 euros y 202,22 euros; de dichas cantidades la actora indica que la demandada no pagó los intereses correspondientes a la primera cuota (172,08 €), así como tampoco ha satisfecho el pago correspondiente a la segunda cuota (5.202,22 €); constan acreditados mediante transferencias bancarias realizadas por la demandada el 31/5/23, 4/7/23, 26/1/23 y 30/5/23 por importe total de 40.000 euros los pagos en concepto de devolución del préstamo (documento MD 1D aportado en la audiencia previa). Por tanto, existe una cantidad pendiente de pago correspondiente a la devolución del préstamo por importe de 5374,30 euros.

El 1/11/22 las partes suscribieron un documento de reconocimiento de deuda en el que la demandada reconocía adeudar la cantidad de 80.850,70 euros en concepto de facturas pendientes correspondientes a los meses de julio y octubre de 2022 y 16.278,55 €, en concepto de financiación de los aplazamientos convenidos, por cuya virtud la demandada se comprometía a la cancelación de dicha deuda acumulada, mediante la satisfacción 84 cuotas mensuales de importe 962,50 €, más ocho cuotas reversibles (con posibilidad de amortización anticipada o remisibles en función del volumen de compras alcanzado, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato) en concepto de intereses financieros liquidados al tipo del 5,00%.

La demandada dejó de pagar las cuotas 12, 15 a 20 por importe de 962,50 euros cada una, en total, 6.737,50 € contrato, y las cuotas nº 21 a nº 84 pendientes de vencimiento cuyo importe suma 61.600,70 € lo que arroja un total de a 68.338,20 €, más las cuotas números 85 a 92 por importe de 16.278,56 €, en concepto de cuotas por intereses.

La demandada aporta como documento nº 1 de la contestación a la demanda justificante de pago de fecha 13/9/23 por importe de de 5251,46 euros que ha sido imputado a parte de las cuotas mensuales 1 a 11 (5/2/23 a 5/12/23) recogidas en el contrato de reconocimiento de deuda.

Además de impago de las cuotas del contrato de reconocimiento de deuda, la demandada también desatendió las facturas giradas con posterioridad y que se acompañan como como documentos nº 7 a 13 de la demanda, por importe de 26.738,20 €.

La demandada niega adeudar a la demanda las cantidades que se reclaman y manifiesta que la actora no acredita la entrega de los productos que manifiesta haber suministrado, toda vez no aporta albaran alguno que acredite su entrega.

Respecto a la práctica habitual entre ambas empresas, la Sra. Eloisa ha manifestado en su interrogatorio que no firmaba los albaranes, que normalmente pasaban un lector y que no punteaba los albaranes.

Por su parte el testigo Sr. Artemio, que trabaja para una de las compañías de la actora, ha manifestado que el sistema de facturación y entrega de productos por parte de la actora se realiza sin la previa entrega de albaranes, tratándose de una práctica habitual en el sector habida cuenta el volumen de las transacciones diarias.

Las manifestaciones de la demandada no hacen más que ratificar la versión ofrecida por la actora y cuál era el modo en que se entrega el producto y se procedía a su facturación, no realizando entrega de albaranes si no por medio de un lector que permitía identificar la entrega de los productos.

Por tanto, las alegaciones opuestas por la demandada de la falta de recepción de los productos al no constar albaranes, carecen de la virtualidad pretendida.

CUARTO.-Respecto a los intereses que se reclaman, el art. 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones Comerciales dispone lo siguiente ...."Interés de demora.1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior...";por tanto, de acuerdo con el precitado precepto legal los intereses de la Ley 3/2004 únicamente pueden ser aplicables a las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas, es decir únicamente será aplicable a la reclamación de las facturas por parte de la actora, no así a la devolución de las cuotas del préstamo, ni a las cantidades debidas y que se han hecho constar en el documento de reconocimiento de deuda donde las partes ya han pactado el tipo de interés aplicable.

Por tanto, la demandada deberá pagar la cantidad de 5.374,30.-€, más el interés legal en concepto de deuda derivada de contrato de préstamo de fecha de 6 de julio 2022; la cantidad de 68.338,20.-€, más los intereses legales, en concepto de cuotas impagadas y vencidas contenidas en el contrato de reconocimiento y aplazamiento de deuda de fecha de 1 de noviembre de 2022; 26.738,20.-€ más el interés del art. 7 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en concepto de facturas impagadas; 320 €, en concepto de indemnización por gastos más el interés legal .

QUINTO.-Con relación a las costas y siguiendo el criterio del artículo 394 de la LEC, cada parte asumirá las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados, demás de general y pertinente aplicación y, en atención a lo expuesto,

PRIMERO.-La parte actora solicita que se dicte sentencia condenando a la demandada al pago de la cantidad de 104.435,31 euros, más los intereses legales y costas y por el impago de las cantidades adeudadas en virtud del contrato de préstamo, y reconocimiento de deuda suscritos entre las partes así como por el impago de diversas facturas.

Alega la actora que el sistema adoptado por ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. a través del cual comercializaba sus productos, no supone la existencia de un previo contrato mercantil de compraventa firmado entre compradora y vendedora, desplegándose la relación comercial entre las partes a través de la habitual operativa de comercio, consistente en la formulación de pedidos por la compradora (concretamente, de todo tipo de específicos y productos de venta en farmacias) y la entrega de productos por parte de la actora, para su ulterior reventa por parte de la primera. La gestión de dichos pedidos se efectuó a través de un programa informático de gestión integral del negocio de la oficina de farmacia, que facilitaba a las partes una conexión permanente. Por lo demás, la necesaria introducción por la compradora de su cabecera y clave de cliente para la formulación y remisión de cada pedido permitía a la actora cerciorar en todo momento la certeza y existencia de cada pedido, así como de la precisa identidad de quien lo formulaba. Este método de facturación, pactado con la demandada e implementado de común acuerdo entre las partes (y de práctica unánime en el sector de la distribución farmacéutica), consiente prescindir de la utilización de albaranes de entrega firmados por los farmacéuticos.

Con la finalidad de financiar la adquisición de su oficina de farmacia, el 6/7/22, las partes suscribieron un contrato de préstamo a favor de la demandada, por un capital de 50.000 €, intereses por importe de 291,67 € y vencimiento el 28/2/2023; el 26/7/2023, la actora accedió a conceder dos nuevos aplazamientos para las cantidades pendientes de saldar concretamente 5172,08 euros con vencimiento el 28/7/23 y 5202,22 euros con venimiento el 28/8/23; la demandada no ha procedido al pago de los intereses correspondientes a la primera cuota (172,08 €), así como tampoco ha satisfecho el pago correspondiente a la segunda cuota (5.202,22 €). En consecuencia, la cantidad adeudada por la demandada en concepto de préstamo, asciende a 5.374,30 €; el 1/11/2022, habiéndose acumulado una deuda de 80.850,70 € consecuencia del impago de diversas facturas giradas durante los meses de julio y octubre de 2022, las partes suscribieron un contrato de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pago, por cuya virtud la demandada se comprometía a la cancelación de dicha deuda, mediante la satisfacción de 84 cuotas mensuales de importe 962,50 €, más ocho cuotas reversibles (con posibilidad de amortización anticipada o remisibles en función del volumen de compras alcanzado, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato) en concepto de intereses financieros liquidados al tipo del 5,00%; después de atender las primeras cuotas convenidas, la demandada encadenó diversos impagos, ascendiendo la cantidad debida en concepto de cuotas comprensivas de capital del contrato, a 68.338,20 €, más 16.278,56 €, en concepto de cuotas por intereses.

En el pacto cuarto del contrato de reconocimiento de deuda, se estableció la previsión de resolución contractual con efecto de vencimiento anticipado de la totalidad de los efectos aplazados, para el supuesto de verificarse tanto el impago de cualquiera de las cuotas adheridas al contrato, como de cualesquiera factura girada con posterioridad a la firma del contrato; la actora, además de las cuotas impagadas y vencidas (6.737,50 € por cuotas nº 12 y 15 a 20), también reclama la cuantía resultante de los efectos pendientes de vencimiento a día de hoy, cuyo importe suma 61.600,70 € (cuotas nº 21 a nº 84).

El importe total reclamado en concepto del total de cuotas derivadas del contrato de reconocimiento de deuda asciende a 68.338,20 €, resultado de adicionar al sumatorio de los efectos impagados y vencidos (6.737,50 €, por las cuotas nº 12 y 15 a 20), el saldo correspondiente a las cuotas pendientes de vencimiento (61.600,70 €, por las cuotas nº 21 a nº 84).

Además la demandada también desatendió las facturas giradas con posterioridad a la rúbrica del contrato de reconocimiento de deuda y que ascienden a 26.738,20 euros.

Reclama también los intereses devengados al amparo de la Ley 3/2004 que ascienden a 3.664,61 €.

El importe total adeudado, resultado de adicionar al principal de 100.450,70 € (5.374,30 €, en concepto de préstamo pendiente de amortización; 68.338,20 € por cuotas derivadas de contrato de reconocimiento de deuda y 26.738,20 € por facturas impagadas), el importe de los intereses, 3.664,61 € y los gastos, 320,00 €, asciende a 104.435,31 €.

Por la demandada se opone alegando que si bien es cierto que la relación comercial existente entre las partes consistía en que la demandante era proveedora de la demandada, no reconoce la deuda reclamada en concepto de préstamo ya que este importe está totalmente satisfecho; si bien la actora indica que el capital del préstamo era de 50000 euros y que los intereses ascendían a 291,67 €, la cantidad que debía devolverse el 28/2/2.023 era de 60.291,67 € y no de 50.291,67 € como se pactó; es por ello que la demandante indica que se adeudaban 10.000 € a fecha de vencimiento, pero esto no es cierto por cuanto la demandada había abonado toda la cantidad pactada en el contrato de préstamo; es decir, los 50.291,67 €; los 10.000 € no se corresponden con el contenido de los pactos del contrato de préstamo con un capital de 50.000 € más un interés anual del 7% y que en modo alguno arrojan un resultado de 60.291,67; la demandante ha venido reclamando conceptos mezclados y con distinto origen y que han llevado a la Sra. Eloisa a la confusión de la toda cuanta deuda se le reclamaba habiendo pagado la cantidad de 5.251,46 € y no de 5.000 €; respecto al reconocimiento de deuda, el importe de 80.850,70 € no obedece a facturas pendientes por cuanto en las mismas ya se habían cargado otros conceptos como intereses y que después se vuelven a cargar; se niega tanto la solicitud como la entrega de los pedidos que se recogen en las facturas que se reclaman y que ascienden a la cantidad de 26.738,20 € habiendo pagado 10.625,76 €, cantidad que sería procedente descontar; respecto a los intereses de la Ley 3/2004 no son exigibles judicialmente hasta que se proceda a la oportuna condena.

SEGUNDO.-Se ejercita una acción en reclamación de las cantidades reconocidas adeudar por la demandada, según la actora, en un documento de reconocimiento de deuda que se acompaña como documento nº 3 de la demanda.

La STS, Civil sección 1 del 08 de Marzo del 2010 ( ROJ: STS 1120/2010) Recurso: 612/2006 en la que fue Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA, establece que en cualquier caso, el reconocimiento de deuda vincula a quien lo realiza y, en atención a lo prevenido en el artículo 1277 del Código Civil ha de presumirse que su causa existe y es lícita, en tanto el deudor (con inversión de la norma general sobre carga de la prueba) no demuestre lo contrario; siendo por lo demás evidente que este reconocimiento contenido en el documento suscrito por la actora y el representante legal de la demandada, de fecha 25 de septiembre de 2005, expresa que la deuda obedece a "la prestación de varios servicios", es decir, se expresa causa del mismo. Como dice la sentencia de 23 de febrero de 1998, citada en la de 28 de septiembre de 2001 , le convierte más que en un contrato de causa inexpresada y de abstracción procesal, en un contrato causal atípico, alcanzando el reconocimiento de deuda efectos constitutivos, que conlleva no sólo el facilitar a la actora un medio de prueba sino el dar por existente una situación de débito contra el demandado ( sentencias del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1991, 27 de noviembre de 1991, 30 de septiembre de 1993 y 24 de octubre de 1994 ).

STS núm. 555/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 24 junio dispone:

a) El reconocimiento de deuda, tal como pretende configurarlo el recurso, no tiene acogida en la legislación de Derecho Privado común, si no es, con ciertas peculiaridades, y muy limitadamente, como documento de reconocimiento de lo acordado en contrato anterior, en el art. 1224 CC ( LEG 1889, 27) , del que la jurisprudencia ha deducido el llamado «contrato reproductivo» o el de «fijación jurídica» (vid., SS de esta Sala, para aquella denominación, de 6-VI-69 [ RJ 1969, 3281] , y para la última, de 19-XI-74 [ RJ 1974, 4267] , 5-II-81 [ RJ 1981, 350] , 23-VI-83 [ RJ 1983, 3654] y 30-IV-99 [ RJ 1999, 2619] ), destacando siempre, lo que no ocurre aquí, la duplicidad o repetición múltiple de declaraciones contractuales, a modo de conjunto conexo, con fines aclaratorios, complementadores o resolutorios de dudas, pero que exigen un contrato inicial y otros que lo complementen.

b) Aunque la regulación del llamado «reconocimiento de deuda», no aparece expresamente contemplada en el Código Civil ( LEG 1889, 27) común, una jurisprudencia consolidada de esta Sala ha tenido buen cuidado en admitirlo y dotarlo de los requisitos que sean exigibles para su aplicación, pudiendo, al efecto, señalarse, las SS de la misma, de 30-V-92 ( RJ 1992, 4830) , 20-XI-92 ( RJ 1992, 9421) , 11-III-93 ( RJ 1993, 1790) , 30-IX-93 ( RJ 1993, 6660) , 27-VII-94, 24-X-94 ( RJ 1994, 7681) , 22-VII-96 ( RJ 1996, 5566) , 5-V-98 ( RJ 1998, 3232) , 29-VI-98, 28-IX-98 ( RJ 1998, 7287) , 8-VI-99 ( RJ 1999, 4731) y 23-XII-99 ( RJ 1999, 9362) . Cabe destacar al efecto, el contenido de la S. de 28 de septiembre de 1998, la que cita y repite, resumiéndolos, los argumentos esgrimidos en otras muchas Sentencias anteriores, diciendo así que el «reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida; contiene, pues, la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia de causa del art. 1277 CC ( LEG 1889, 27) y el autor, autores, o causahabiente en el presente caso, queda obligado a cumplir la obligación cuya deuda ha reconocido...; a su vez, al reconocimiento de deuda se le atribuye una abstracción procesal, que dispensa de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido...; en nuestro Derecho no se admite el negocio jurídico abstracto. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, al reconocimiento de deuda, negocio jurídico unilateral que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligtoria preexistente, se le ha admitido por doctrina y jurisprudencia el efecto material de quedar obligado al cumplimiento, por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente».

Como resumen clarificador de esta doctrina jurisprudencial, podría citarse, en definitiva, la S. de la Sala, de 29 de junio de 1998 ( RJ 1998, 5283), al decir la misma, más sucintamente, que la jurisprudencia admite que mediante el acto unilateral, el o los que lo hacen, «reconocen la existencia de una deuda previamente constituida y que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente; al reconocimiento de deuda se le aplica la presunción de existencia de la causa, que proclama el art. 1277 CC, y que no es preciso expresarla en el documento; el deudor o deudores que han reconocido la deuda, están obligados a cumplirla; se le atribuye una abstracción procesal, y así, el acreedor no tiene que probar la relación obligacional preexistente, ni el hecho o negocio jurídico que ha dado nacimiento a la misma».En fin, las SS de 30 de mayo de 1992 ( RJ 1992, 4830) y de 30 de septiembre de 1993 ( RJ 1993, 6660) , destacan, en todo caso, que tal negocio jurídico unilateral, en cuanto documentado por escrito, se instrumenta así, «a efectos de que el acreedor cuente con un medio idóneo de prueba o se patentice y advere la existencia efectiva de una deuda pendiente respecto al que la aprueba, de manera que viene a adquirir fuerza vinculativa», y que «los estados negociales de reconocimiento de deuda, son válidos y lícitos tanto en su aspecto de facilitar a la otra parte un medio de prueba, como a dar por existente una situación de débito contra el que la reconoce, quedando vinculado a la misma, que alcanza efectos constitutivos si se expresa su causa justificativa».

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo de 2006 distingue entre el reconocimiento de deuda abstracto y el causalizado, al declarar: "no se trata de un reconocimiento de deuda meramente abstracto o formal, sino que constituye un reconocimiento causalizado que no solo produce efectos probatorios respecto de la existencia de la obligación y del importe de la deuda, sino que también cabe reconocer en él efectos constitutivos, tal y como se expresa la doctrina de esta Sala contenida, entre otras, en las sentencias de 28 de septiembre de 2001 y de 1 de marzo de 2002 ; lo cual, en términos de la primera de las resoluciones citadas -que a su vez menciona otras de fecha anterior, conlleva no sólo facilitar a la actora un medio de prueba, sino dar por existente una situación de débito contra el demandado".

Como recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 1 de marzo de 2002 "en nuestro Derecho todo reconocimiento de deuda ha de ser causal, en el sentido de que ha de tener causa porque, como regla general, no se admite el negocio abstracto, pero puede ocurrir que la causa no está indicada o lo esté solamente de forma genérica; o bien que se halle plenamente expresada, en cuyo caso resulta perfectamente conocida la fuente u origen de la obligación y la función negocial a que responde. En la primera hipótesis, a la que se le suele denominar reconocimiento de deuda abstracto o formal, es de aplicación el art. 1277 CC , con arreglo al que se presume que la causa existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe no contrario, y la doctrina jurisprudencial consistente en que, en virtud de una abstracción procesal, se dispensa de probar al titular del derecho de crédito objeto de reconocimiento y se hace recaer el onus probandi sobre el obligado. En la técnica procesal se razona que se produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal(de naturaleza iuris tantum), aunque un sector doctrinal prefiere hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción. En el segundo caso, cuando la causa se halla plenamente expresada (lo que es independiente de si es o no verdadera -real-), y en el que se alude al reconocimiento de deuda como causal, no es de aplicación el art. 1277 CC porque la presunción o regla que éste contiene resulta innecesaria".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 julio 1996 (RJ 1996\5566), que se remite a la 28 marzo 1983 (RJ 1983\1648), establece que «con independencia de la cuestión referente a la naturaleza jurídica del reconocimiento de deuda, bien se le conceptúe como un negocio de fijación o se le califique de verdadero contrato, parece claro que, si la declaración recognoscitiva se contiene en un pacto dirigido a establecer una situación de deuda, revestirá índole contractual, con las legales consecuencias en orden a su nulidad en los casos de inexistencia o de ilicitud de causa...».

De igual manera en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 noviembre 1992 (RJ 1992\9421) se señala que «con la aceptación se presume que el reconocimiento de deuda, como propio negocio jurídico contractual, se rige: por lo dispuesto en el art. 1277 del CC , traduciéndose en una abstracción meramente procesal de la causa, cuyo efecto consiste en la inversión de la carga probatoria, para destruir por cualquier medio de prueba la presunción que dicho art. 1277 establece...».

La STS núm. 1143/1999 (Sala de lo Civil), de 23 diciembre en su FF. DD TERCERO dispone que el segundo motivo del recurso lo fundamenta al amparo del núm. 4 del art. 1692 de la LECiv por haber incurrido el juzgador de segunda instancia en infracción de normas del ordenamiento jurídico o la Jurisprudencia que le fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate; enunciación del recurso, que se hace sin citar las normas del ordenamiento jurídico ni la Jurisprudencia que ha sido infringida como impone para su admisión el párrafo primero del art. 1707 de la Ley Procesal, circunstancia esta que hace inestimar el motivo que no debió ser admitido; pero aún suponiendo que, se puede entender que la parte recurrente entiende como infringidos los artículos 1261, 1275 y 1277 del Código Civil y la Sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 1983 ( RJ 1983\1648) , y ello porque la Sentencia recurrida en su fundamento de derecho primero, acepta y tiene por reproducidos los de la Sentencia dictada por el Juez de 1ª Instancia, y éste en el fundamento de derecho sexto manifiesta que: «en cuanto al fondo del asunto nos encontramos con el documento fundamental de la pretensión actora que es un reconocimiento de deuda, negocio jurídico admitido en nuestro derecho constituyendo un contrato abstracto cuya validez no está subordinado a la existencia de causa»,argumentación esta, que entiende la parte recurrente, es asumida por la Sala de la Audiencia Provincial, y que está en contradicción con la Jurisprudencia que, al decir del recurrente, no admite para esta clase de negocios jurídicos, la consideración de ser un negocio abstracto, en particular la Sentencia de 28 de marzo de 1983. Ahora bien, también en este motivo la parte recurrente hace un estudio parcial de los razonamientos de la Sentencia recurrida, porque aun refieriéndose a la Sentencia de primera instancia, la parte recurrente al motivar su recurso, no concluye el razonamiento del fundamento de derecho sexto de la Sentencia del Juzgado que concluye de la siguiente forma: «y que encuentra acomodo en nuestro derecho positivo al amparo del art. 1277 del Código Civil ( SSTS 8 de marzo de 1956 [ RJ 1956, 1148], 13 de junio de 1959 [ RJ 1959, 2505], 26 de octubre de 1962 [ RJ 1962\4075] y 15 de febrero de 1989 [ RJ 1989\967]) norma esta que establece una presunción legal en favor de la existencia y licitud de causa que exonera a los favorecidos por ella de la carga de la prueba», que es ni más ni menos, lo que admite para la validez del reconocimiento de deuda,la Sentencia citada por la parte recurrente, la de 28 de marzo de 1983, que habla de «una abstracción meramente procesal -no material- de la causa, cuyo efecto consiste en la inversión de la carga probatoria», por lo que además de no existir contradicción alguna, en la fundamentación de las Sentencias recurridas, las dos mantienen la doctrina dominante respecto a los reconocimientos de deudas, pues a pesar de que en la declaración unilateral de voluntad en que consiste la misma, no figure la causa, hay que tenerla como existente y lícita (salvo prueba en contrario),a tenor de lo preceptuado en el art. 1277 del Código Civil, precepto que presume la existencia de la causa y su licitud. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, lo que se produce en este supuesto, es únicamente una inversión de la carga de la prueba, en cuanto corresponde al oponente demandado probar la inexistencia de la causa o su ilicitud, principios estos mantenidos en la Sentencia recurrida, por lo que no se han infringido los arts. 1261, 1275 ni el 1277 del Código Civil. Sentencias de 13 de noviembre de 1991 (análoga a RJ 1991\8497); 20 de noviembre de 1992 (RJ 1992\9421) y 30 de septiembre de 1993 (RJ 1993\6660); y ello tanto cuando se realiza en forma abstracta como cuando se expresa la causa que determina su otorgamiento. Ahora bien, tal y como mantienen las Sentencias de 10 de abril de 1986 (RJ 1986\1847), 22 mayo 1989 (RJ 1989\3875), 11 marzo 1993 (RJ 1993\1790), 24 octubre 1994 (RJ 1994\7681) y 28 septiembre de 1998 (RJ 1998\7287), el reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, sino que es un negocio jurídico unilateral, por el que el autor declara, o lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida, contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente.

TERCERO.-En el caso de autos, de la prueba practicada resulta lo siguiente:

-El 6/7/22 la actora ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., concedió a la demandada Dª. Eloisa un préstamo por importe de 50.000 euros, fijando un interés anual del 7% y estableciendo un sistema de amortización conjunta con la devolución del principal a través del sistema francés de amortización y mediante una única cuota a su vencimiento; así mismo se estableció un período de carencia de seis meses; la prestataria se obligaba a la devolución del capital e intereses pactados mediante la liquidación de una única cuota mensual cuyo importe se determinaría en el cuadro de amortización, donde se dispuso lo siguiente "Nº de cuota: carencia 1 Capital pendiente: 0 50.000 euros Intereses: 0 291,67 euros Cuota: 0 60.291,67 euros vencimiento: 1/2/23 28/2/23"; se estableció la posibilidad de que la prestataria pudiera realizar el pago anticipado de las cantidades aplazadas lo que determinará el recálculo de los intereses y cuotas ; el impago de cualquiera de las cuotas devengará un tipo de interés del 8%(documento nº 1 de la demanda).

-El 1/11/22 las partes suscribieron un contrato de reconocimiento de deuda y pago aplazado en virtud del cual la demandada reconoce adeudar a ALLIANCE HEALTHCARE, la cantidad de 80.850,70 €, en concepto de facturas pendientes y 16.278,55 €, en concepto de financiación de los aplazamientos convenidos comprometiéndose a atender el pago de 92 cuotas señalando que las cuotas nº 85 (2.034,82 €), 86 (2.034,82 €), 87 (2.034,82€), 88 (2.034,82 €), 89 (2.034,82 €), 90 (2.034,82 €), 91 (2.034,82 €) y 92 (2.034,82 €), del cuadro de amortización, contienen los intereses derivados de la financiación de la deuda, calculados al tipo del 5% anual, mediante el sistema francés de amortización, con fraccionamiento del importe total de los mismos en partes iguales para cada periodo anual; así mismo se estableció un Compromiso de compras del siguiente tenor literal ..."3.1 Si la FARMACIA efectuara durante 96 meses desde el 01/11/2022 hasta el 31/10/2030 unas compras superiores a 26.000 € mensuales a la distribución, incluyendo 200 Euros mensuales de Marcas Propias (Almus y Alvita), no se devengará la cuota por intereses correspondiente al periodo anual en que se hayan cumplido dichas condiciones comerciales y, en coherencia, ALLIANCE HEALTHCARE, no presentará al cobro la correlativa cuota prevista en concepto de financiación correspondiente el periodo anual en que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos dispuestos en este apartado.3.2. La FARMACIA disfrutará igualmente del citado beneficio de condonación de la cuota de intereses, si durante cada año de duración del contrato (periodo anual), alcanzase un nivel de compras a la distribución igual o superior al 90% del volumen exigido en el punto que antecede (26.000 €, incluyendo 200 € (x 0,9) Euros mensuales de Marcas Propias (Almus y Alvita) ....3.4. De no cumplirse el compromiso de compra en los términos y condiciones referidos en los párrafos que preceden, las cuotas en concepto de intereses devengados por la financiación concedida, serán giradas a la fecha de vencimiento que corresponda, por cada periodo anual no cumplido..... CUARTO. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO El incumplimiento de la FARMACIA, manifestado en la falta de pago a su vencimiento de cualquiera de los efectos relacionados en el Anexo 2 o de cualquiera de los recibos que se giren correspondientes a las facturas emitidas con posterioridad a la firma de este CRDA, comportará, sin necesidad de requerimiento ni previo aviso, el bloqueo de pedidos y la resolución del presente CRDA, facultando a ALLIANCE HEALTHCARE a dar por vencida la totalidad de la deuda y a exigir a la FARMACIA la totalidad de la deuda pendiente de pago en ese momento más la totalidad de intereses referidos en los pactos que anteceden, así como los intereses moratorios que se devenguen.".(documento nº 3 de la demanda).

-La demandada ha realizado los siguientes pagos en concepto de devolución del préstamo: el 26/1/23, 25.000 euros, el 30/5/23, 5000 euros, el 31/5/23, 5.000 euros y el 6/7/23, 5000 euros, en total 40.000 euros (documento MD 1D aportado en la audiencia previa).

-El 26/7/23 la actora remite correo a la demandada en el que se le indica «vuelvo a poner el giro devuelto para el 05/08/23, con sus correspondientes gastos (cuadro 1).Asimismo, le informo que de los 10.000 € que faltan por pagar de préstamo anticipo se le han puesto en 2 giros bancarios de 5.000 € cada uno: - Para el 28/07/2023 5.000 € más los gastos correspondientes por la demora del pago al 7% (cuadro 2).- Para el 28/08/2023 5.000 € más los gastos correspondientes por la demora del pago al 7% (cuadro 3)".Adeudando por el primer concepto la cantidad de 7814,66 eurs, y por los restantes la cantidad de 5172,08 euros y 5202,22 euros (documento nº 2 de la demanda).

Al acto de juicio ha comparecido la demandada Dª. Eloisa quien ha manifestado que "....inició la relación comercial con la actora en 2022; pasaban un lector con la entrega de los productos y no firmaban albaranes; el volumen de los albaranes no era cuantioso; se hacía un albarán por pedido; hacían las facturas en función de los albaranes; no punteaba los albaranes a la entrega de los productos; al principio la actora era la única proveedora de la demandada hasta el ataque informático que tuvo que coger a otro proveedor porqué la actora no le servía; durante un tiempo dependió de la actora; firmó un préstamo por importe de 50.000 euros, no 60.000 euros; canceló el préstamo inicial; los números del negocio no los llevaba ella, lo hacía su marido; los mayoristas cuando se empieza con el negocio de una farmacia dan un préstamo para iniciar el negocio; los documentos que firmó con la actora los redactó la actora; firmó el reconocimiento de deuda porqué le dijeron que si no lo hacía, le cortaban el suministro; no comprobó que se debían facturas; lo llevaba todo su marido...".

Al acto de juicio ha comparecido el testigo D. Artemio, quien ha manifestado que ..."trabaja para una compañía de la actora; firmó el préstamo con la demandad en nombre de la actora el 6/7/22; el importe del préstamo cree que es de 50.000 euros; no recuerda si se pusieron erróneamente 60.000 euros; el departamento de créditos trabaja en la creación del préstamo; lo firman y continúa como documento soporte para seguimiento del préstamo con el cliente; el préstamo se debía devolver en cuotas mensuales; las reclamaciones las lleva el departamento de créditos que hace el seguimiento contable; el sistema de facturación y entrega de productos por la actora se realiza sin previa suscripción de albaranes; es práctica habitual por un tema de volumen de transacciones diarias; el préstamo inicial es para ayudar a iniciar el negocio de farmacia...".

La primera de las cuestiones que opone la demandada es que la actora indica que se adeudaban 10.000 € a fecha de vencimiento, lo que no es así ya que había abonado toda la cantidad pactada en el contrato de préstamo, es decir, 50.291,67 €; la cantidad de 10.000 € no se corresponde con el contenido de los pactos del contrato de préstamo con un capital de 50.000 € más un interés anual del 7% y que en modo alguno arrojan un resultado de 60.291,67 €.

Conviene en primer lugar, traer a colación el reconocimiento realizado en el acto de juicio por la representación de la actora que ha manifestado que si bien en un apartado del contrato de préstamo se hizo constar que la cantidad era de 60.291,67 €, no es así y ello corresponde a un error, reconociendo expresamente que la cantidad prestada fué de 50.000 euros tal y como consta en la cláusula primera del contrato, y así ha sido reconocido por la Sra. Eloisa en su interrogatorio y por el testigo Sr. Artemio. Que se trata de un error material es evidente por cuanto en el apartado capital se hace constar la cantidad 50.000 euros y en el aprtado inetereses la cantidad de 291,67 euros que corresponde con el tipo de interés anual pactado del 7%.

La alegación de que la demandada había pagado 50.291,67 euros correspondientes a la devolución del préstamo, se halla huérfana de toda prueba, pues tal manifestación obedece a una interpretación de la parte que carece de sustento probatorio.

De hecho de la documental aportada resulta que se le concedió un préstamo por importe de 50.0000 euros en concepto de principal y 291,67 euros en concepto de intereses que debía ser devuelto el 28/2/23; el 26/7/23 restaban pendientes de pago dos cuotas de 5000 euros cada una, más los intereses por importe de 172,08 euros y 202,22 euros; de dichas cantidades la actora indica que la demandada no pagó los intereses correspondientes a la primera cuota (172,08 €), así como tampoco ha satisfecho el pago correspondiente a la segunda cuota (5.202,22 €); constan acreditados mediante transferencias bancarias realizadas por la demandada el 31/5/23, 4/7/23, 26/1/23 y 30/5/23 por importe total de 40.000 euros los pagos en concepto de devolución del préstamo (documento MD 1D aportado en la audiencia previa). Por tanto, existe una cantidad pendiente de pago correspondiente a la devolución del préstamo por importe de 5374,30 euros.

El 1/11/22 las partes suscribieron un documento de reconocimiento de deuda en el que la demandada reconocía adeudar la cantidad de 80.850,70 euros en concepto de facturas pendientes correspondientes a los meses de julio y octubre de 2022 y 16.278,55 €, en concepto de financiación de los aplazamientos convenidos, por cuya virtud la demandada se comprometía a la cancelación de dicha deuda acumulada, mediante la satisfacción 84 cuotas mensuales de importe 962,50 €, más ocho cuotas reversibles (con posibilidad de amortización anticipada o remisibles en función del volumen de compras alcanzado, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato) en concepto de intereses financieros liquidados al tipo del 5,00%.

La demandada dejó de pagar las cuotas 12, 15 a 20 por importe de 962,50 euros cada una, en total, 6.737,50 € contrato, y las cuotas nº 21 a nº 84 pendientes de vencimiento cuyo importe suma 61.600,70 € lo que arroja un total de a 68.338,20 €, más las cuotas números 85 a 92 por importe de 16.278,56 €, en concepto de cuotas por intereses.

La demandada aporta como documento nº 1 de la contestación a la demanda justificante de pago de fecha 13/9/23 por importe de de 5251,46 euros que ha sido imputado a parte de las cuotas mensuales 1 a 11 (5/2/23 a 5/12/23) recogidas en el contrato de reconocimiento de deuda.

Además de impago de las cuotas del contrato de reconocimiento de deuda, la demandada también desatendió las facturas giradas con posterioridad y que se acompañan como como documentos nº 7 a 13 de la demanda, por importe de 26.738,20 €.

La demandada niega adeudar a la demanda las cantidades que se reclaman y manifiesta que la actora no acredita la entrega de los productos que manifiesta haber suministrado, toda vez no aporta albaran alguno que acredite su entrega.

Respecto a la práctica habitual entre ambas empresas, la Sra. Eloisa ha manifestado en su interrogatorio que no firmaba los albaranes, que normalmente pasaban un lector y que no punteaba los albaranes.

Por su parte el testigo Sr. Artemio, que trabaja para una de las compañías de la actora, ha manifestado que el sistema de facturación y entrega de productos por parte de la actora se realiza sin la previa entrega de albaranes, tratándose de una práctica habitual en el sector habida cuenta el volumen de las transacciones diarias.

Las manifestaciones de la demandada no hacen más que ratificar la versión ofrecida por la actora y cuál era el modo en que se entrega el producto y se procedía a su facturación, no realizando entrega de albaranes si no por medio de un lector que permitía identificar la entrega de los productos.

Por tanto, las alegaciones opuestas por la demandada de la falta de recepción de los productos al no constar albaranes, carecen de la virtualidad pretendida.

CUARTO.-Respecto a los intereses que se reclaman, el art. 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones Comerciales dispone lo siguiente ...."Interés de demora.1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior...";por tanto, de acuerdo con el precitado precepto legal los intereses de la Ley 3/2004 únicamente pueden ser aplicables a las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas, es decir únicamente será aplicable a la reclamación de las facturas por parte de la actora, no así a la devolución de las cuotas del préstamo, ni a las cantidades debidas y que se han hecho constar en el documento de reconocimiento de deuda donde las partes ya han pactado el tipo de interés aplicable.

Por tanto, la demandada deberá pagar la cantidad de 5.374,30.-€, más el interés legal en concepto de deuda derivada de contrato de préstamo de fecha de 6 de julio 2022; la cantidad de 68.338,20.-€, más los intereses legales, en concepto de cuotas impagadas y vencidas contenidas en el contrato de reconocimiento y aplazamiento de deuda de fecha de 1 de noviembre de 2022; 26.738,20.-€ más el interés del art. 7 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en concepto de facturas impagadas; 320 €, en concepto de indemnización por gastos más el interés legal .

QUINTO.-Con relación a las costas y siguiendo el criterio del artículo 394 de la LEC, cada parte asumirá las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados, demás de general y pertinente aplicación y, en atención a lo expuesto,