Sentencia Civil 45/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 65/2024 de 10 de octubre del 2024

PRIMERO.- Planteamiento

1. Frente a la sentencia de la Audiencia provincial recaída en autos de oposición a resolución administrativa relativa a una menor en situación legal de desamparo, según la cual no es preceptivo en estos procedimientos la audiencia del menor ante el juez, aunque tenga más de 12 años de edad, se alza la defensa del progenitor demandante interponiendo recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por interés casacional.

2. En ambos casos se invoca el interés superior del menor y en relación con el recurso de casación la existencia de dos sentencias del TSJC, la 36/2023 de 12 de junio y la 18/2023 de 16 de marzo, cuya doctrina vulneraría la sentencia de apelación.

3. Estima el recurrente que la audiencia de los menores por el propio juez que debe resolver sobre una situación que les afecta personalmente, es preceptiva, tanto si se trata de procedimientos matrimoniales ( art. 770.4 de la Lec) como si el procedimiento se refiere a la impugnación de resoluciones administrativas dictadas por la Administración competente en materia de protección de menores ( art. 780.1 de la Lec) .

4. La Sala mediante auto de fecha 6 de junio de 2024 admitió ambos recursos, aun cuando hubiese sido ya derogado el recurso extraordinario por infracción procesal en el momento de su interposición, por estimar que la cuestión afectaba al superior interés del menor, lo que flexibiliza, según constante doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala, los requisitos de admisión el recurso (STC 26/2024 (FJ5), con cita de las SSTC 187/1996 (FJ2); 141/2000 (FJ5); 77/2018 (FJ2); 106/2022 (FJ2C); 130/2022 (FJ5); 131/2022 (FJ3), entre otras y STSJC de 17 de junio de 2024 ( ROJ: STSJ CAT 6394/2024 - ECLI:ES:TSJCAT:2024:6394 ).

5. Ambos motivos se resolverán conjuntamente teniendo en cuenta que la cuestión jurídica debatida es determinar si en el procedimiento judicial en el que se impugna una resolución administrativa que restringe el derecho de relaciones personales entre el progenitor actor y su hija, nacida en el año 2010, declarada en situación de desamparo y acogida por la propia Administración en centro adecuado, resultaba o no obligada la audiencia de la menor.

6. En el caso, el progenitor solicitó la audiencia de la niña tanto en primera instancia como en segunda, siendo denegada en ambos casos.

7. La Audiencia sostiene que en esta clase de procedimiento no resulta preceptiva la audiencia del menor por parte de la autoridad judicial a diferencia de lo que debe acordarse en los procedimientos matrimoniales, analizando la diferente redacción de los arts. 770.4 y 780.1 de la Lec, así como el 12. 1 de la Convención de Nueva York sobre los derechos del niño y el art. 2.5 de la LO 1/1996, concluyendo en que;

"Por tanto, es posible respetar sus derechos a través de las manifestaciones de sus representantes (uno de los progenitores o ambos, un abogado u otra persona, por ejemplo, un trabajador social). En caso de desamparo, persiste la titularidad de la potestad parental de los progenitores, aunque se suspende el ejercicio, y confluye la tutela automática de la Administración y por tanto al oír a ambas partes puede quedar constancia suficiente de la postura del niño, niña o adolescente sin necesidad de que declare (como también puede venir referida su postura de forma indirecta en sus declaraciones ante servicios técnicos independientes, o profesionales de la salud). También puede hacer llegar el posicionamiento del menor el Ministerio Fiscal (sobre la base de que se haya entrevistado con é)."

SEGUNDO.- Antecedentes

Para una mejor comprensión del objeto del recurso conviene sentar los siguientes antecedentes.

1.El Sr. Narciso interpuso demanda judicial frente a la DGAIA, impugnando las resoluciones administrativas que restringían las visitas con su hija menor, Lucía, nacida el NUM000 de 2010, a una hora al mes, con supervisión.

2.Ya en la primera instancia solicitó que antes de resolver sobre su pretensión de ampliación de las visitas se escuchara por el órgano judicial a la niña.

3.Esta petición fue denegada por el Juzgado de primera instancia con el argumento de que la menor ya había sido oída por los técnicos de la DGAIA. La vista tuvo lugar en el dia 11 de mayo de 2023 cuando la menor ya contaba con 12 años de edad. La decisión fue recurrida en reposición siendo igualmente desestimada por los mismos razonamientos.

4.La Sentencia de primera instancia teniendo en cuenta los hechos que estimó acreditados, confirmó la decisión de la Administración demandada y no amplió las visitas de Lucía con su padre.

5.Los hechos de los que partió son los siguientes:

1- El informe de EAIA Sabadell de 9-7-20 recomienda que no se establezcan visitas del padre con la menor debido al tiempo que lleva sin contacto con la misma y debido a que los técnicos no pueden trabajar con él ni establecer pautas para visitas o un plan de trabajo.

2- Por resolución de 1-9-20 se acuerda que el padre no tenga visitas con la menor pero sí llamadas quincenales.

3- El informe de EAIA Sabadell de 9-10-20 se vuelve a poner de manifiesto la poca colaboración del padre con los servicios y cuando se le propone que haya una visita al mes supervisada el mismo la acepta en ese momento.

4- Por resolución de 21-10-20 se fijan visitas del padre con la menor supervisadas una vez al mes, la cual es corregida por defectos de redacción por resolución de fecha 23-11-20.

5- En el informe de EAIA Sabadell de 22-7-21 se pone de manifiesto que las visitas para la menor con el padre no son beneficiosas para Lucía, siendo las incidencias contínuas, y la propia menor ha manifestado que no quiere hacerlas.

6- En fecha 27-7-21 se le comunica al padre la suspensión de las visitas y el mismo manifiesta no estar de acuerdo.

7- En el informe de la EAIA DIRECCION000 de fecha 20-4-22 se hace constar que la menor quiere tener visitas con su padre y se valora efectuarlas de forma puntual para valorar su desarrollo.

8- En el comunicado de EAIA DIRECCION001 de fecha 19-5-22 se pone de manifiesto que las visitas se realizan con el padre bajo demanda de la menor ya que el padre no ha llevado ninguna actuación ni colaboración con los servicios. Y que las visitas con el padre son de carácter puntual.

9- En el informe propuesta de EAIA DIRECCION001 de fecha 20-2-23 se hace constar que el padre solo puede mantener visitas una vez al mes con la menor y que las mismas tienen un contenido muy empobrecido. Se propone mantener las visitas del padre una vez al mes supervisadas y seguir valorando su evolución.

10- Por resolución de 3-3-23 se mantienen las visitas del padre de una hora al mes.

11- En el informe del EATAF de fecha 8-2-23 se hace constar que en las visitas con su hija el padre "En aquestes trobades el Sr. Narciso acostuma a centrar-se en ell mateix i no en com està la seva filla. L' Lucía és conscient de les particularitats de la personalitat del seu progenitor i malgrat no li agraden, les comprén i accepta la freqüència de visites establertes en l'actualitat".

Además se valora que "es detecta que en els espais de relació paternofilials, el progenitor aporta missatges inapropiats a la filla, atenent el context en el que es donen, els quals podien afectar emocionalmente a la nena, així com que tendeix a prioritzar els interessos propis en detriment del que pugui precisar l' Lucía".

Y concluye que "Altrament, atenent la situación de la noia i tot allò referit amb el pare, no es valora pertinent un augment dels contactes paternofilials, ja que aquest fet a hores d'ara no revertiria positivament en la nena".

6. En el informe del EATAF obrante en las actuaciones y pese a que el Juzgado había ordenado al equipo técnico pericial que entrevistase a la menor, tampoco lo hizo, decidiendo por sí que siempre que fuese posible debía evitarse la audiencia "per l'efecte iatrogènic i la victimització secundaria".

7. La Sentencia fue recurrida en apelación por el demandante esgrimiendo como único motivo del recurso la falta de audiencia de la menor y su derecho a ser oída en el procedimiento judicial, interesando la nulidad de la Sentencia de primera instancia, que se acordara dar audiencia a la menor y una vez escuchada se resolviera sobre lo planteado.

8. La Sentencia de la Audiencia rechaza dicha petición por las consideraciones expuestas en el anterior FJ in fine.

9. En el recurso de casación formulado contra la Sentencia de la Audiencia se insiste en que la menor debe ser oída por cuanto le consta que desea la ampliación de las visitas y que esta omisión constituye una infracción del art. 24 de la CE según la doctrina del TC.

TERCERO.- Relaciones personales entre los progenitores y sus hijos.

1. No se discute en esta litis que, a pesar del desamparo de la menor, tanto ésta como los progenitores suspendidos de la potestad parental tienen derecho a relacionarse entre sí.

2. Así viene establecido en los artículos 228-8 del CCC y 134 f) de la LDOIA y lo ha declarado esta Sala en diferentes sentencias.

3. En la STSJC 60/2023 de 25 de octubre de 2023 ( ROJ: STSJ CAT 11191/2023 - ECLI:ES:TSJCAT:2023:11191) advertimos que a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, deben tenerse en cuenta -entre otros- criterios tales como (Art. 2.2): a) la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas; b) la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor.

4. Y en la STSJC 03 de mayo de 2023 ( ROJ: STSJ CAT 5260/2023 - ECLI:ES:TSJCAT:2023:5260 ) puede leerse que:

"Téngase en cuenta que en tales circunstancias -las propias del acogimiento simple- el establecimiento de un régimen de relaciones personales entre la madre y su hija menor resultaba obligado en virtud de lo dispuesto al respecto en los arts. 228-8 y 236-4 CCCat y en los arts. 38.2 y 116.2 LDOIA, así como por las instrucciones que resultan de la Directriz de la DGAIA núm. 6/2016, de 28 diciembre (Anexo I), en la que se dispone que " el dret de relació i visites entre els infants i adolescents i els seus progenitors i familiars és un dret garantit pel dret internacional -article 9.3 de la Convenció sobre els drets de l'infant-, estatal i català, el contingut basic del qual esta recollit per l'article 38 de la Llei catalana 14/2010, de 27 de maig [LDOIA]"; y que " cal garantir el dret de relació i visites de l'infant i l'adolescent amb els seus familiars i persones de l'entorn, com una necessitat bàsica de creixement, tant a nivell afectiu com d'aprenentatge; el manteniment deis contactes familiars és imprescindible per a la continuïtat i el foment dels vincles afectius, i afavoreix la reintegració familiar ".

5. Este derecho solo puede ser suspendido o limitado cuando convenga al superior interés del menor, debiendo motivarse específicamente porqué en el caso concreto no resulta adecuado a su interés el mantenimiento de dichas relaciones, ponderando todos los intereses en juego.

CUARTO.- Necesidad de audiencia de los menores en todos los procedimientos judiciales cuando el objeto del proceso afecte a sus intereses y tengan más de 12 años o suficiente madurez

1.Esta Sala se ha pronunciado ya sobre la cuestión que aquí se debate en las STSJC 18 y 36 del año 2023, citadas por el recurrente.

2. Es cierto que el art. 770.4 de la Lec, que mantiene su originaria redacción desde el año 2000, en cuando a los procedimientos matrimoniales, dispone que si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o de los propios hijos, podrán ser oídos cuando tengan menos de doce años, debiendo ser oídos en todo caso si hubieran alcanzado dicha edad,mientras que el art. 780.1 en sede de procedimientos de oposición a las resoluciones administrativas dictadas en protección de los menores, que fue modificado en el año 2015 y en el año 2023, dice que los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchadosen el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

3. Sin embargo interpretados ambos preceptos a la luz tanto de la Ley Orgánica de Protección jurídica del menor -art. 2 y 9- como en función de los preceptos sustantivos relacionados, en Cataluña el art. 211-6.2 [El menor de edad, de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su esfera personal o patrimonial....]y art. 7,1 de la LDOIA [Los niños y los adolescentes, de acuerdo con sus capacidades evolutivas y con las competencias alcanzadas, y en cualquier caso a partir de los doce años, deben ser escuchados tanto en el ámbito familiar, escolar y social como en los procedimientos administrativos o judiciales en los que se encuentren directamente implicados y que conduzcan a una decisión que afecte a su entorno personal, familiar, social o patrimonial...],no pueden establecerse las diferencias que percibe la Audiencia provincial para concluir que en el caso de los procedimientos matrimoniales la audiencia es preceptiva pero no en los procedimientos de oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

Se trata en ambos casos de procedimientos judiciales, de situaciones de controversia y en ambos casos sus intereses y derechos se hallan afectados.

4. El art. 211-6.2 CCC no distingue entre procedimientos y el art. 7.1 de la LDOIA se enmarca en la legislación específica de protección de los menores, lo cual resulta razonable en la medida en que la Administración es precisamente la parte demandada en estos procedimientos por lo que la audiencia del menor para ser escuchado por el juez que debe resolver sobre la validez de las decisiones administrativas en relación con los aspectos que afectan a su esfera personal, se revela tan necesaria como en los procedimientos matrimoniales cuando existe controversia o posiciones contrapuestas, como sucede en el caso. Existe, en suma, la misma identidad de razón.

El menor puede ser escuchado directamente o a través de la persona que designe y también puede mostrarse parte en el procedimiento, en cuyo caso deberá hacerlo a través de sus representantes legales siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos o a través de la persona que designen como defensor para que les represente.

5. La STC de 20/02/2023 remarca la importancia del establecimiento en la Ley Orgánica 1/1996, tras la reforma realizada por la Ley Orgánica 8/2015 como consecuencia del Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, de un conjunto de garantías procesales que deberán ser respetadas al adoptar cualquier medida en interés superior de la persona menor de edad (art. 2.5 ), en particular interesa destacar, como garantía procesal, "[l]os derechos del menor a ser informado, oído y escuchado" [ art. 2.5 a)].

Este derecho a ser "oído y escuchado", alcanza su mayor dimensión tras el Convenio y la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/2015, al establecerse en términos absolutos en el art. 9 de la Ley 1/1996 que el " menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad [...] en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez", añadiendo que en "los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente" (art. 9.1).

Concluye la sentencia del TC, antes citada que:

".. el derecho del menor a ser "oído y escuchado" forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos ( STC 141/2000, de 29 de mayo , FJ 5). Su relevancia constitucional está recogida en diversas resoluciones de este tribunal, que han estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) de los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal ( STC 221/2002, de 25 de noviembre , FJ 5; en el mismo sentido, SSTC 71/2004, de 19 de abril, FJ 7 ; 152/2005, de 2 de junio, FFJJ 3 y 4 , y 17/2006, de 30 de enero , FJ 5). c) Este tribunal ha establecido la estrecha vinculación entre el derecho indisponible del menor a ser oído y escuchado que forma parte del contenido de su derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) y el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de las partes ( art. 24.1 y 2 CE ).."

6. En nuestra sentencia 18/2023 de 16 de marzo de 2023 ( ROJ: STSJ CAT 3884/2023 - ECLI:ES:TSJCAT:2023:3884 ) entendimos que;

"Por lo que se refiere en concreto a la regulación catalana, es el art. 211-6.2 CCCat el que dispone que " el menor de edad, de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su esfera personal o patrimonial ".

Este mandato se halla inequívocamente dirigido no solo a las autoridades administrativas, sino también y especialmente a los órganos judiciales que conozcan, en general, de los procedimientos relativos a cualquier materia que les afecte y, en especial, cuando se trate de la oposición a resoluciones administrativas sobre protección de menores, como así lo prevé art. 780.1 LEC -" ... Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchados en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor [arts. 2.5 a), 9 y 21 .bis LOPJM]. Ejercitarán sus pretensiones en relación a las resoluciones administrativas que les afecten a través de sus representantes legales siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona que se designe o que ellos mismos designen como su defensor para que les represente"-, con independencia de que hubiere sido oído con anterioridad sobre el mismo objeto en un expediente administrativo precedente o en cualquier otro contexto -mediación-, salvo supuestos de imposibilidad o de riesgo inasumible para el interés del menor -art. 9.2 LOPJM-".

De igual forma, en la STSJC 36/2023 de 12 de junio, FJ 4 ( ROJ: STSJ CAT 8521/2023 - ECLI:ES:TSJCAT:2023:8521 ) reiteramos la doctrina anterior, explicando que:

"...además de en el apartado 15 de la Carta Europea de Derechos del Niño (CEDN), aprobada por resolución del Parlamento Europeo de 21 septiembre 1992 [Toda decisión familiar, administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá tener por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses. A tales efectos, y siempre que ello no implique riesgo o perjuicio alguno para el niño, éste deberá ser oído desde el momento en que su madurez y edad lo permitan en todas las decisiones que le afecten. Con objeto de ayudar a tomar una decisión a las personas competentes, el niño deberá ser oído, especialmente en todos aquellos procedimientos y decisiones que impliquen la modificación del ejercicio de la patria potestad, la determinación de la guardia y custodia, la designación de su tutor legal, su entrega en adopción o su eventual colocación en una institución familiar, educativa o con fines de reinserción social... ]. Con una fórmula más genérica, también ha sido incluido en el art. 24.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) de 2000 .

En cuanto a la legislación interna, el Preámbulo (II) de la L.O. 8/2015, de 22 julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que reformó en esta materia la LOPJM, el CC y la LEC, declara que:

" Mediante la modificación del artículo 9 [LOPJM], se desarrolla, de forma más detallada, el derecho fundamental del menor a ser oído y escuchado de acuerdo con lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, firmado por España el 12 de marzo de 2009 y cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 12 de noviembre de 2010; y con los criterios recogidos en la Observación n.º 12, de 12 de junio de 2009, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a ser escuchado. Se sustituye el término juicio por el de madurez, tanto en la presente ley orgánica como en la ley ordinaria de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por ser un término más ajustado al lenguaje jurídico y forense que ya se incorporó en su momento en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, y que es generalmente utilizado en los diversos convenios internacionales en la materia, tales como el Convenio de Naciones Unidas de Derechos del Niño, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, o el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 2011, entre otros."

Tras la reforma de 2015, el art. 2.5 LOPJM preceptúa que "toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular: a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente".

Disponiendo el art. 9 LOPJM desde entonces que:

"1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

."2... No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente."

En orden a la regulación catalana, el art. 211-6.2 CCC establece desde su primera redacción que:

"el menor de edad, de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su esfera personal o patrimonial".

Estos mandatos se hallan inequívocamente dirigidos no solo a las autoridades administrativas, sino también y especialmente a los órganos judiciales que conozcan, en general, de los procedimientos relativos a cualquier materia que les afecte, singularmente en los procedimientos de separación, nulidad o divorcio de sus padres.

Como establecimos en nuestra STSJC 18/2023 de 16 de marzo :

"No se trata, por tanto, de una norma o conjunto de normas destinado a regular un determinado medio de prueba -el testimonio de un menor púber- susceptible de ser valorado como impertinente o como innecesario, aunque sí pueda ser valorada la imposibilidad de su práctica o, sobre todo, su inconveniencia para el interés del concreto menor afectado, sino que se trata de una normativa relativa a los derechos y garantías procesales de los menores de 12 o más años, en general, como resulta claramente del art. 2.5 a) LOPJM, que deben ser respetados en todos los procedimientos judiciales que les afecten .."

Así lo ha considerado también el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo los cuales en la STC 64/2019 , FD4, y, por remisión a esta, la STS 577/2021 , FD2-, han declarado que:

"el derecho del menor a ser "oído y escuchado" forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos ( STC 141/2000 , FJ5). Su relevancia constitucional está recogida en diversas resoluciones de este Tribunal, que han estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) de los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal ( STC 221/2002 , FJ5; en el mismo sentido, SSTC 71/2004 , FJ7 ; 152/2005, FFJJ3-4 , y 17/2006 , FJ5)" ( STS 64/2019 , FJ4)."

Doctrina que reitera la STC de 20 de febrero de 2023 ( ROJ: STC 5/2023 - ECLI:ES:TC: 2023:5 ).

De igual forma el TEDH en su sentencia STEDH de 11 de octubre de 2016 (ROJ: STEDH 16/2016) tiene declarado que:

"..., que en Derecho español (apartados 18 y 19 anteriores) en caso de procedimiento contencioso de divorcio, y si se estima necesario, los hijos menores, si son capaces de discernimiento, deben ser oídos por el Juez y, en todo caso, los menores con edades de 12 y más años. "

7. Puede decirse que el TS (y el propio TEDH ) consideran que no se trata de un derecho absoluto que puede ser matizado sobre las siguientes consideraciones: " (i) la audiencia o exploración del menor tiene por objeto indagar sobre el interés de este, para su debida y mejor protección y, en su caso, debe ser acordada de oficio por el tribunal; (ii) aunque no se puede decir que los tribunales están obligados a oír siempre al menor, pues eso dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, atendiendo siempre a la edad, madurez e interés de aquel, por lo que es posible, precisamente en atención a la falta de madurez o de ponerse en riesgo dicho interés, y siempre que el menor tenga menos de 12 años, que se prescinda de su audición o que se considere más adecuado que se lleve a cabo su exploración a través de un experto o estar a la ya llevada a cabo por este medio, para que el tribunal pueda decidir no practicarla o llevarla a cabo del modo indicado,pero siempre será necesario que la denegación venga resuelta de forma motivada .

8. De toda esa normativa, en particular del art. 9.2 de la LOPJM [2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos]se infiere que el juez debe escuchar al menor mayor de 12 años directamente con independencia de que hubiere sido oído con anterioridad en el expediente administrativo precedente o en cualquier otro contexto, salvo supuestos de imposibilidad o de riesgo inasumible para el interés del menor, ex art. 9.2 LOPJM, debiendo en estos casos motivarse debidamente la denegación -art. 9.3 LOPJM-.

El menor mayor de 12 años, puede también, debidamente informado de su derecho, renunciar expresamente a él o bien designar a persona de su confianza para transmitir sus deseos de forma objetiva al tribunal.

QUINTO.- Resolución del recurso de casación

1. En el presente caso, más allá de que la Audiencia Provincial ha considerado no preceptiva la audiencia del menor en esta clase de procedimientos, no se ha motivado que exista un riesgo específico o concreto para Lucía en el cumplimiento del trámite de audiencia ni se ha hecho constar que debidamente informada de su derecho haya renunciado expresamente a él, o bien que haya sido oída a través de la persona específicamente designada por la menor.

2. La propia Administración demandada parece que tiene un criterio negativo sobre las visitas del padre con Lucía, pero la ratio decidendide sus decisiones la hace descansar en la voluntad de la menor. El padre demandante la cuestiona de modo que la audiencia de la niña se revela trascendente en este caso.

3. La sentencia de la Audiencia ha infringido lo dispuesto en el art. 211-6.2, del CCC y el art. 7 de la LDOIA en relación con los art. 9.2 y 9.3 de la LOPJM así como la doctrina de esta Sala antes expuesta, debiendo en consecuencia ser casada.

4. En orden a los efectos de esta resolución -art. 4 de la llei4/2012- procede declarar la nulidad tanto de la Sentencia de la Audiencia Provincial que debió estimar el recurso de apelación como la del juzgado que debió disponer la audiencia de la menor Lucía antes de resolver.

5. No es posible acordar en este caso lo que se solicita en el recurso de casación y esta misma Sala dispuso en la STSJC 18/2023 -que sea la Audiencia la que oiga a la menor y luego resuelva- en la medida en que el único motivo del recurso de apelación fue la omisión del trámite de audiencia a la menor.

6. El Juzgado dará la preferencia legal correspondiente a la ejecución de esta Sentencia.

SEXTO.- Costas y depósito para recurrir

Casada la sentencia no procede imponer las costas del recurso de casación ( Art.394 de la Lec) , con devolución del depósito en su caso constituido.

F A L L A M O S

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA,DECIDE:

Estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Narciso contra la Sentencia nº 632/23 de fecha 29-11-23 dictada por la Secc. 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su rollo de Apelación núm. 736/23.

Casar y anular dicha sentencia.

Estimar el recurso de apelación interpuesto en su día por la representación procesal de Narciso contra la Sentencia dictada en fecha 16-05-23 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona en su Procedimiento núm. 555/20-M. Se anula dicha sentencia.

Las actuaciones deberán retrotraerse al momento anterior al dictado de la Sentencia de primera instancia para disponer la audiencia de la menor Lucía. Realizado el trámite se dictará la Sentencia correspondiente.

El Juzgado dará la preferencia legal correspondiente a la ejecución de la presente Sentencia.

No imponer las costas del recurso, con devolución en su caso del depósito constituido.

Notifíquese la presente a las partes y con su testimonio remítase el Rollo y las actuaciones a la Sección indicada de la Audiencia.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Esta Sentencia se ha firmado y publicado el mismo día de la fecha por los Magistrados de esta Sala que la han dictado. Doy fe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

RECURS DE CASSACIÓ núm. 65/2024

Oposició mesures en protecció de menors 555/2020 - Jutjat Primera Instància núm. 51 Barcelona

Recurs d'apel·lació 736/2023 - Secció Civil núm. 18 Audiència Provincial Barcelona

Recurrent: Narciso

Procuradora: ASUNCION VILA RIPOLL

Advocat: ANA MARIA XAPELLI FONT

Part contra la qual es recorre:Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i MINISTERI FISCAL

Lletrat de la Generalitat: MIQUEL ANTONI GORDÓ MARINA

SENTÈNCIA NÚM. 45

President:

Excm. Sr. Jesús Mª Barrientos Pacho

Magistrats:

Il·lma. Sra. M. Eugenia Alegret Burgués (ponent)

Il·lm. Sr. Fernando Lacaba Sánchez

Il·lma. Sra. Nuria Bassols i Muntada

Il·lm. Sr. Carlos Ramos Rubio

Barcelona, 10 d'octubre de 2024

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'expressen més amunt, hem vist el recurs de cassació núm. 65/2024 contra la Sentència dictada en el recurs d'apel·lació 736/2023 - Secció Civil núm. 18 Audiència Provincial Barcelona com a conseqüència del procediment oposició mesures en protecció de menors 555/2020 - Jutjat de Primera Instància núm. 51 Barcelona. El Sr. Narciso ha interposat recurs de cassació representat per la procuradora Sra. Asunción Vila Ripoll i defensat per la lletrada Sra. Ana María Xapelli Font. La Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), part contra la qual es recorre en aquest procediment, ha estat representada pel lletrat de la Generalitat Sr. Miquel Antoni Gordó Marina. Ha estat part el Ministeri Fiscal.

Antecedents de fet

Primer.La procuradora dels tribunals, Sra. Asunción Vila Ripoll, va actuar en representació del Sr. Narciso i va formular una demanda d'oposició mesures en protecció de menors 555/2020 - Jutjat de Primera Instància núm. 51 Barcelona. Seguida la tramitació legal, el Jutjat indicat va dictar sentència amb data 15 de maig de 2023, la part dispositiva de la qual diu el següent:

"DESESTIMO LA DEMANDA presentada por Narciso contra las tres resoluciones administrativas de fecha 1-9-20, 21-10-20 y 23-11-20."

Segon.Contra aquesta Sentència, la part recurrent va interposar recurs d'apel·lació, que es va admetre i es va substanciar a la Secció núm. 18 de l' Audiència Provincial de Barcelona, la qual va dictar sentència en data 29 de novembre de 2023, amb la part dispositiva següent:

"Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Narciso, frente a la sentencia de 15 de myo de 2023 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOSdicha sentencia, con imposición a la parte apelante de las costas de este recurso."

Tercer.Contra aquesta Sentència, la representació processal de Narciso va interposar recurs de cassació. Per interlocutòria de data 6.06.24, aquest Tribunal es va declarar competent i va admetre a tràmit el recurs de cassació interposat, i el va traslladar a la part objecte del recurs per formalitzar oposició per escrit en el termini de vint dies.

Quart.Per provisió de data 25.07.24 es va tenir per formulada oposició al recurs de cassació i de conformitat amb l'article 485 de la Llei d'enjudiciament civil es va assenyalar per a la seva decisió, que ha tingut lloc el dia 26.09.24.

Ha estat ponent la magistrada Sra. María Eugenia Alegret Burgués.

Fonaments de dret

Primer. Plantejament

1. Davant la Sentència de l'Audiència Provincial recaiguda en actuacions d'oposició a la resolució administrativa relativa a una menor en situació legal de desemparament, segons la qual no és preceptiu en aquests procediments l'audiència del menor davant el jutge, encara que tingui més de 12 anys d'edat, s'alça la defensa del progenitor demandant que interposa recurs extraordinari per infracció processal i recurs de cassació per interès cassacional.

2. En ambdós casos s'invoca l'interès superior del menor i en relació amb el recurs de cassació l'existència de dues sentències del TSJC, la 36/2023 de 12 de juny i la 18/2023 de 16 de març, la doctrina de la qual vulneraria la Sentència d'apel·lació.

3. El recurrent estima que l'audiència dels menors pel mateix jutge que ha de resoldre sobre una situació que els afecta personalment és preceptiva, tant si es tracta de procediments matrimonials ( article 770.4 de la LEC) com si el procediment es refereix a la impugnació de resolucions administratives dictades per l'Administració competent en matèria de protecció de menors ( article 780.1 de la LEC).

4. La Sala, mitjançant interlocutòria de data 6 de juny de 2024, va admetre ambdós recursos, encara que hagués estat ja derogat el recurs extraordinari per infracció processal en el moment de la seva interposició, per estimar que la qüestió afectava l'interès superior del menor, cosa que flexibilitza, segons doctrina constant del Tribunal Constitucional i d'aquesta Sala, els requisits d'admissió del recurs ( STC 26/2024 (FJ5), amb esmena de les SSTC 187/1996 (FJ2); 141/2000 (FJ5); 77/2018 (FJ2); 106/2022 (FJ2C); 130/2022 (FJ5); 131/2022 (FJ3), entre altres, i STSJC de 17 de juny de 2024 ( ROJ:STSJ CAT 6394/2024 - ECLI:ES: TSJCAT:2024:6394).

5. Ambdós motius es resoldran conjuntament tenint en compte que la qüestió jurídica debatuda és determinar si en el procediment judicial en què s'impugna una resolució administrativa que restringeix el dret de relacions personals entre el progenitor actor i la seva filla, nascuda l'any 2010, declarada en situació de desemparament i acollida per la mateixa Administració en centre adequat, resultava o no obligada l'audiència de la menor.

6. En el cas, el progenitor va sol·licitar l'audiència de la nena tant en primera instància com en segona, la qual va ser denegada en ambdós casos.

7. L'Audiència sosté que en aquesta classe de procediment no resulta preceptiva l'audiència del menor per part de l'autoritat judicial a diferència del que ha de acordar-se en els procediments matrimonials, analitzant la diferent redacció dels articles 770.4 i 780.1 de la LEC, així com el 12. 1 de la Convenció de Nova York sobre els drets del nen i l' article 2.5 de la LO 1/1996, concloent en què;

"Per tant, és possible respectar els seus drets a través de les manifestacions dels seus representants (un dels progenitors o ambdós, un advocat o una altra persona, per exemple, un treballador social). En cas de desemparament, persisteix la titularitat de la potestat parental dels progenitors, encara que se suspèn l'exercici, i conflueix la tutela automàtica de l'Administració i per tant en oir a ambdues parts pot quedar constància suficient de la postura del nen, nena o adolescent sense necessitat que declari (com també pot venir referida la seva postura de forma indirecta en les seves declaracions davant serveis tècnics independents, o professionals de la salut). També pot fer arribar el posicionament del menor el Ministeri Fiscal (sobre la base que s'hagi entrevistat amb ell).

Segon. Antecedents

Per a una millor comprensió de l'objecte del recurs convé asseure els antecedents següents.

1. El Sr. Narciso va interposar demanda judicial davant la DGAIA i va impugnar les resolucions administratives que restringien les visites amb la seva filla menor, Lucía, nascuda el NUM000 de 2010, a una hora al mes, amb supervisió.

2. Ja en la primera instància va sol·licitar que abans de resoldre sobre la seva pretensió d'ampliació de les visites l'òrgan judicial escoltés la nena.

3. Aquesta petició va ser denegada pel Jutjat de Primera Instància amb l'argument que la menor ja havia estat oïda pels tècnics de la DGAIA. La vista va tenir lloc el dia 11 de maig de 2023 quan la menor ja comptava amb 12 anys d'edat. La decisió va ser objecte de recurs en reposició i va ser igualment desestimada pels mateixos raonaments.

4. La Sentència de primera instància, tenint en compte els fets que va estimar acreditats, va confirmar la decisió de l'Administració demandada i no va ampliar les visites de Lucía amb el seu pare.

5. Els fets de què va partir són els següents:

1. L'informe d'EAIA Sabadell de 9-7-20 recomana que no s'estableixin visites del pare amb la menor a causa del temps que porta sense contacte amb ella i pel fet que els tècnics no poden treballar amb ell ni establir pautes per a visites o un pla de treball.

2. Per resolució de 1-9-20 s'acorda que el pare no tingui visites amb la menor però sí trucades quinzenals.

3. A l'informe d'EAIA Sabadell de 9-10-20 es torna a posar de manifest la poca col·laboració del pare amb els serveis i quan se li proposa que hi hagi una visita al mes supervisat l'accepta en aquest moment.

4. Per resolució de 21-10-20 es fixen visites del pare amb la menor supervisades una vegada al mes, la qual és corregida per defectes de redacció per resolució de data 23-11-20.

5. En l'informe d'EAIA Sabadell de 22-7-21 es posa de manifest que les visites per a la menor amb el pare no són beneficioses per Lucía, atès que les incidències són contínues, i la pròpia menor ha manifestat que no vol fer-les.

6. En data 27-7-21 se li comunica al pare la suspensió de les visites i ell manifesta no estar-hi d'acord.

7. En l'informe de l'EAIA DIRECCION000 de data 20-4-22 es fa constar que la menor vol tenir visites amb el seu pare i es valora efectuar-les de forma puntual per valorar el seu desenvolupament.

8. En el comunicat d'EAIA DIRECCION001 de data 19-5-22 es posa de manifest que les visites es fan amb el pare sota demanda de la menor ja que el pare no ha portat cap actuació ni col·laboració amb els serveis, i que les visites amb el pare són de caràcter puntual.

9. En l'informe proposta de l'EAIA DIRECCION001 de data 20-2-23 es fa constar que el pare només pot mantenir visites una vegada al mes amb la menor i que aquestes tenen un contingut molt empobrit. Es proposa mantenir les visites del pare una vegada al mes supervisades i seguir valorant la seva evolució.

10. Per resolució de 3-3-23 es mantenen les visites del pare d'una hora al mes.

11. En l'informe de l'EATAF de data 8-2-23 es fa constar que en les visites amb la seva filla el pare, "en aquestes trobades el Sr. Narciso acostuma a centrar-se en ell mateix i no en com està la seva filla. L' Lucía és conscient de les particularitats de la personalitat del seu progenitor i malgrat no li agraden, les comprèn i accepta la freqüència de visites establertes en l'actualitat".

A més, es valora que "es detecta que en els espais de relació paternofilials, el progenitor aporta missatges inapropiats a la filla, atenent el context en què es donen, els quals podien afectar emocionalment a la nena, així com que tendeix a prioritzar els interessos propis en detriment del que pugui necessitar l' Lucía".

I conclou que "altrament, atenent la situació de la noia i tot allò referit amb el pare, no es valora pertinent un augment dels contactes paternofilials, ja que aquest fet a hores d'ara no revertiria positivament en la nena".

6. En l'informe de l'EATAF que consta en les actuacions i malgrat que el Jutjat havia ordenat a l'equip tècnic pericial que entrevistés la menor, tampoc no ho va fer i va decidir per si que sempre que fos possible havia d'evitar-se l'audiència "per l'efecte iatrogènic i la victimització secundària".

7. La Sentència va ser objecte de recurs en apel·lació pel demandant que va esgrimir com a únic motiu del recurs la falta d'audiència de la menor i el seu dret a ser escoltada en el procediment judicial. Va sol·licitar la nul·litat de la Sentència de primera instància, que es disposés donar audiència a la menor i una vegada escoltada es resolgués sobre el que s'havia plantejat.

8. La Sentència de l'Audiència rebutja aquesta petició per les consideracions exposades en l'anterior FJ in fine.

9. En el recurs de cassació formulat contra la Sentència de l'Audiència s'insisteix en què la menor ha de ser escoltada ja que li consta que desitja l'ampliació de les visites i que aquesta omissió constitueix una infracció de l' article 24 del CE segons la doctrina del TC.

Tercer. Relacions personals entre els progenitors i els seus fills

1. No es discuteix en aquest litigi que, malgrat el desemparament de la menor, tant aquesta com els progenitors suspesos de la potestat parental tenen dret a relacionar-se entre ells.

2. Així ve establert en els articles 228-8 del CCC i 134 f) de la LDOIA i ho ha declarat aquesta Sala en diferents sentències.

3. En la STSJC 60/2023, de 25 d'octubre de 2023 ( ROJ:STSJ CAT 11191/2023 - ECLI:ES:TSJCAT:2023:11191) advertim que a l'efecte de la interpretació i aplicació en cada cas de l'interès superior del menor, han de tenir-se en compte -entre altres - criteris com ara (article 2.2): a)la protecció del dret a la vida, supervivència i desenvolupament del menor i la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, tant materials, físiques i educatives com emocionals i afectives; b)la conveniència que la seva vida i desenvolupament tingui lloc en un entorn familiar adequat i lliure de violència. Es prioritzarà la permanència en la seva família d'origen i es preservarà el manteniment de les seves relacions familiars, sempre que sigui possible i positiu per al menor.

4. I en la STSJC 03 de maig de 2023 ( ROJ:STSJ CAT 5260/2023 - ECLI: ES:TSJCAT: 2023:5260) pot llegir-se que:

"Téngase en cuenta que en tales circunstancias -las propias del acogimiento simple- el establecimiento de un régimen de relaciones personales entre la madre y su hija menor resultaba obligado en virtud de lo dispuesto al respecto en los arts. 228-8 y 236-4 CCCat y en los arts. 38.2 y 116.2 LDOIA, así como por las instrucciones que resultan de la Directriz de la DGAIA núm. 6/2016, de 28 diciembre (Anexo I), en la que se dispone que " el dret de relació i visites entre els infants i adolescents i els seus progenitors i familiars és un dret garantit pel dret internacional -article 9.3 de la Convenció sobre els drets de l'infant-, estatal i català, el contingut basic del qual esta recollit per l'article 38 de la Llei catalana 14/2010, de 27 de maig [LDOIA]"; y que " cal garantir el dret de relació i visites de l'infant i l'adolescent amb els seus familiars i persones de l'entorn, com una necessitat bàsica de creixement, tant a nivell afectiu com d'aprenentatge; el manteniment deis contactes familiars és imprescindible per a la continuïtat i el foment dels vincles afectius, i afavoreix la reintegració familiar ".

5. Aquest dret només pot ser suspès o limitat quan convingui al superior interès del menor, i ha de motivar-se específicament per què en el cas concret no resulta adequat al seu interès el manteniment d'aquestes relacions, ponderant tots els interessos en joc.

Quart. Necessitat d'audiència dels menors en tots els procediments judicials quan l'objecte del procés afecti els seus interessos i tinguin més de 12 anys o suficient maduresa

1. Aquesta Sala s'ha pronunciat ja sobre la qüestió que aquí es debat en les STSJC 18 i 36 de l'any 2023, esmentades pel recurrent.

2. És cert que l' article 770.4 de la LEC, que manté la seva redacció originària des de l'any 2000, quant als procediments matrimonials, disposa que si el procediment fos contenciós i s'estimés necessari d'ofici o a petició del fiscal, parts o membres de l'equip tècnic judicial o dels propis fills, poden ser escoltats quan tinguin menys de dotze anys, havent de ser escoltats en qualsevol cas si haguessin assolit aquesta edat,mentre que l'article 780.1 en seu de procediments d'oposició a les resolucions administratives dictades en protecció dels menors, que va ser modificat l'any 2015 i l'any 2023, diu que els menors tenen dret a ser part i a ser escoltatsen el procés de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica de protecció jurídica del menor.

3. Tanmateix, interpretats ambdós preceptes a la llum tant de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor -article 2 i 9 - com en funció dels preceptes substantius relacionats, a Catalunya l'article 211-6.2 [El menor d'edat, d'acord amb la seva edat i capacitat natural i, en qualsevol cas, si ha complert dotze anys, té dret a ser informat i escoltat abans que es prengui una decisió que afecti directament a la seva esfera personal o patrimonial...]i article 7.1 de la LDOIA [Els nens i els adolescents, d'acord amb les seves capacitats evolutives i amb les competències assolides, i en qualsevol cas a partir dels dotze anys, han de ser escoltats tant en l'àmbit familiar, escolar i social com en els procediments administratius o judicials en què es trobin directament implicats i que condueixin a una decisió que afecti al seu entorn personal, familiar, social o patrimonial...],no poden establir-se les diferències que percep l'Audiència Provincial per concloure que en el cas dels procediments matrimonials l'audiència és preceptiva però no en els procediments d'oposició a resolucions administratives en matèria de protecció de menors.

Es tracta en ambdós casos de procediments judicials, de situacions de controvèrsia i en ambdós casos els seus interessos i drets es troben afectats.

4. L' article 211-6.2 CCC no distingeix entre procediments i l'article 7.1 de la LDOIA s'emmarca en la legislació específica de protecció dels menors, la qual cosa resulta raonable en la mesura en què l'Administració és precisament la part demandada en aquests procediments, per la qual cosa l'audiència del menor per ser escoltat pel jutge que ha de resoldre sobre la validesa de les decisions administratives en relació amb els aspectes que afecten a la seva esfera personal, es revela tan necessària com en els procediments matrimonials quan existeix controvèrsia o posicions contraposades, com succeeix en el cas. Existeix, en suma, la mateixa identitat de raó.

El menor pot ser escoltat directament o a través de la persona que designi i també pot mostrar-se part en el procediment, en aquest cas ha de fer-ho a través dels seus representants legals sempre que no tinguin interessos contraposats als seus o a través de la persona que designin com a defensor perquè els representi.

5. La STC de 20/02/2023 remarca la importància de l'establiment en la Llei orgànica 1/1996, després de la reforma realitzada per la Llei orgànica 8/2015 com a conseqüència del Conveni europeu sobre l'exercici dels drets dels nens, "d'un conjunt de garanties processals que han de ser respectades en adoptar qualsevol mesura en interès superior de la persona menor d'edat (article 2.5), en particular interessa destacar, com a garantia processal, "els drets del menor a ser informat, oït i escoltat" [article 2.5 a)].

Aquest dret a ser "oït i escoltat", assoleix la seva major dimensió després del Conveni i la reforma introduïda per la Llei orgànica 8/2015, en establir-se en termes absoluts en l'article 9 de la Llei 1/1996 que el "menor té dret a ser oït i escoltat sense cap discriminació per edat [...] en qualsevol procediment administratiu, judicial o de mediació en què estigui afectat i que condueixi a una decisió que incideixi en la seva esfera personal, familiar o social, tenint-se degudament en compte les seves opinions, en funció de la seva edat i maduresa", afegint que en "els procediments judicials o administratius, les compareixences o audiències del menor tenen caràcter preferent" (article 9.1).

Conclou la Sentència del TC, abans citada que:

".. el derecho del menor a ser "oído y escuchado" forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos ( STC 141/2000, de 29 de mayo , FJ 5). Su relevancia constitucional está recogida en diversas resoluciones de este tribunal, que han estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) de los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal ( STC 221/2002, de 25 de noviembre , FJ 5; en el mismo sentido, SSTC 71/2004, de 19 de abril, FJ 7 ; 152/2005, de 2 de junio, FFJJ 3 y 4 , y 17/2006, de 30 de enero , FJ 5). c) Este tribunal ha establecido la estrecha vinculación entre el derecho indisponible del menor a ser oído y escuchado que forma parte del contenido de su derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) y el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de las partes ( art. 24.1 y 2 CE ).."

6. En la nostra Sentència 18/2023, de 16 de març de 2023 ( ROJ: STSJ CAT 3884/2023 - ECLI:ES:TSJCAT: 2023:3884) vam entendre que;

"Por lo que se refiere en concreto a la regulación catalana, es el art. 211-6.2 CCCat el que dispone que " el menor de edad, de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su esfera personal o patrimonial ".

Este mandato se halla inequívocamente dirigido no solo a las autoridades administrativas, sino también y especialmente a los órganos judiciales que conozcan, en general, de los procedimientos relativos a cualquier materia que les afecte y, en especial, cuando se trate de la oposición a resoluciones administrativas sobre protección de menores, como así lo prevé art. 780.1 LEC -" ... Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchados en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor [arts. 2.5 a), 9 y 21 .bis LOPJM]. Ejercitarán sus pretensiones en relación a las resoluciones administrativas que les afecten a través de sus representantes legales siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona que se designe o que ellos mismos designen como su defensor para que les represente"-, con independencia de que hubiere sido oído con anterioridad sobre el mismo objeto en un expediente administrativo precedente o en cualquier otro contexto -mediación-, salvo supuestos de imposibilidad o de riesgo inasumible para el interés del menor -art. 9.2 LOPJM-".

De la mateixa manera, en la STSJC 36/2023, de 12 de juny, FJ 4 ( ROJ: STSJ CAT 8521/2023 - ECLI:ES:TSJCAT:2023:8521) reiterem la doctrina anterior, explicant que:

"...además de en el apartado 15 de la Carta Europea de Derechos del Niño (CEDN), aprobada por resolución del Parlamento Europeo de 21 septiembre 1992 [Toda decisión familiar, administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá tener por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses. A tales efectos, y siempre que ello no implique riesgo o perjuicio alguno para el niño, éste deberá ser oído desde el momento en que su madurez y edad lo permitan en todas las decisiones que le afecten. Con objeto de ayudar a tomar una decisión a las personas competentes, el niño deberá ser oído, especialmente en todos aquellos procedimientos y decisiones que impliquen la modificación del ejercicio de la patria potestad, la determinación de la guardia y custodia, la designación de su tutor legal, su entrega en adopción o su eventual colocación en una institución familiar, educativa o con fines de reinserción social... ]. Con una fórmula más genérica, también ha sido incluido en el art. 24.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) de 2000 .

Pel que fa a la legislació interna, el Preàmbul (II) de la LO 8/2015, de 22 juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, que va reformar en aquesta matèria la LOPJM, el CC i la LEC, declara que:

"Mitjançant la modificació de l'article 9 [LOPJM], es desenvolupa, de forma més detallada, el dret fonamental del menor a ser oït i escoltat d'acord amb el que s'estableix en el Conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels nens contra l'explotació i l'abús sexual, fet a Lanzarote el 25 d'octubre de 2007, signat per Espanya el 12 de març de 2009 i instrument de ratificació del qual va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat,de 12 de novembre de 2010; i amb els criteris recollits en l'observació núm. 12, de 12 de juny de 2009, del Comitè de Nacions Unides de Drets del Nen, sobre el dret del nen a ser escoltat. Se substitueix el terme judici pel de maduresa, tant en aquesta Llei orgànica com en la llei ordinària de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, per ser un terme més ajustat al llenguatge jurídic i forense que ja es va incorporar al moment oportú en la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'adopció internacional, i que és generalment utilitzat en els diversos convenis internacionals en la matèria, com ara el Conveni de Nacions Unides de Drets del Nen, el Conveni relatiu a la protecció del nen i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, fet a La Haia el 29 de maig de 1993, o el Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets del Nen relatiu a un procediment de comunicacions, fet a Nova York el 19 de desembre de 2011, entre d'altres".

Després de la reforma de 2015, l'article 2.5 LOPJM preceptua que "qualsevol mesura en l'interès superior del menor ha de ser adoptada respectant les degudes garanties del procés i, en particular: a)Els drets del menor a ser informat, oït i escoltat, i a participar en el procés d'acord amb la normativa vigent".

Disposa l'article 9 LOPJM des de llavors que:

"1. El menor té dret a ser oït i escoltat sense cap discriminació per edat, discapacitat o qualsevol altra circumstància, tant en l'àmbit familiar com en qualsevol procediment administratiu, judicial o de mediació en què estigui afectat i que condueixi a una decisió que incideixi en la seva esfera personal, familiar o social, tenint-se degudament en compte les seves opinions, en funció de la seva edat i maduresa. Per fer-ho, el menor ha de rebre la informació que li permeti l'exercici d'aquest dret en un llenguatge comprensible, en formats accessibles i adaptats a les seves circumstàncies.

"2... No obstant això, quan això no sigui possible o no convingui a l'interès del menor, es pot conèixer l'opinió del menor per mitjà dels seus representants legals, sempre que no tinguin interessos contraposats als seus, o a través d'altres persones que, per la seva professió o relació d'especial confiança amb ell, puguin transmetre-la objectivament."

Pel que fa a la regulació catalana, l' article 211-6.2 CCC estableix des de la seva primera redacció que:

"El menor d'edat, d'acord amb la seva edat i capacitat natural i, en qualsevol cas, si ha complert dotze anys, té dret a ser informat i escoltat abans que es prengui una decisió que afecti directament la seva esfera personal o patrimonial".

Aquests mandats es troben inequívocament dirigits no només a les autoritats administratives, sinó també i especialment als òrgans judicials que coneguin, en general, dels procediments relatius a qualsevol matèria que els afecti, singularment en els procediments de separació, nul·litat o divorci dels seus pares.

Com vam establir en la nostra STSJC 18/2023 de 16 de març:

"No se trata, por tanto, de una norma o conjunto de normas destinado a regular un determinado medio de prueba -el testimonio de un menor púber- susceptible de ser valorado como impertinente o como innecesario, aunque sí pueda ser valorada la imposibilidad de su práctica o, sobre todo, su inconveniencia para el interés del concreto menor afectado, sino que se trata de una normativa relativa a los derechos y garantías procesales de los menores de 12 o más años, en general, como resulta claramente del art. 2.5 a) LOPJM, que deben ser respetados en todos los procedimientos judiciales que les afecten .."

Així ho ha considerat també el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem els quals en la STC 64/2019, FD4, i, per remissió a aquesta, la STS 577/2021, FD2-, han declarat que:

"el derecho del menor a ser "oído y escuchado" forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos ( STC 141/2000 , FJ5). Su relevancia constitucional está recogida en diversas resoluciones de este Tribunal, que han estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) de los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal ( STC 221/2002 , FJ5; en el mismo sentido, SSTC 71/2004 , FJ7 ; 152/2005, FFJJ3-4 , y 17/2006 , FJ5)" ( STS 64/2019 , FJ4)."

Doctrina que reitera la STC de 20 de febrer de 2023 ( ROJ: STC 5/2023 - ECLI:ES:TC:2023:5).

De la mateixa manera el TEDH en la seva Sentència STEDH, d'11 d'octubre de 2016 (ROJ:STEDH 16/2016) té declarat que:

"..., que en Derecho español (apartados 18 y 19 anteriores) en caso de procedimiento contencioso de divorcio, y si se estima necesario, los hijos menores, si son capaces de discernimiento, deben ser oídos por el Juez y, en todo caso, los menores con edades de 12 y más años. "

7. Pot dir-se que el TS (i el propi TEDH) consideren que no es tracta d'un dret absolut que pot ser matisat sobre les consideracions següents: "(i) l'audiència o exploració del menor té per objecte indagar sobre l'interès d'aquest, per a la seva deguda i millor protecció i, si escau, ha de ser acordada d'ofici pel tribunal; (ii) encara que no es pot dir que els tribunals estan obligats a oir sempre el menor, ja que això dependrà de les circumstàncies particulars de cada cas, atenent sempre a l'edat, maduresa i interès d'aquell, per la qual cosa és possible, precisament en consideració a la falta de maduresa o de posar-se en risc aquest interès, i sempre que el menor tingui menys de 12 anys, que es prescindeixi de la seva audició o que es consideri més adequat que es dugui a terme la seva exploració a través d'un expert o atenir-se a la ja duta a terme per aquest mitjà, perquè el tribunal pugui decidir no practicar-la o portar-la a cap de la manera indicada, però sempre serà necessari que la denegació vingui resolta de manera motivada.

8. De tota aquesta normativa, en particular de l' article 9.2 de la LOPJ [2. Es garantirà que el menor, quan tingui suficient maduresa, pugui exercitar aquest dret per si mateix o a través de la persona que designi perquè li representi. La maduresa ha de valorar-se per personal especialitzat, tenint en compte tant el desenvolupament evolutiu del menor com la seva capacitat per comprendre i avaluar l'assumpte concret a tractar en cada cas. Es considera, en qualsevol cas, que té suficient maduresa quan tingui dotze anys complerts] s'infereix que el jutge ha d'escoltar el menor major de 12 anys directament independentment del fet que hagués estat oït amb anterioritat en l'expedient administratiu precedent o en qualsevol altre context, excepte supòsits d'impossibilitat o de risc inassumible per a l'interès del menor, ex article 9.2 LOPJM, havent en aquests casos de motivar-se degudament la denegació -article 9.3 LOPJM-.

El menor major de 12 anys, pot també, degudament informat del seu dret, renunciar expressament a ell o bé designar una persona de la seva confiança per transmetre els seus desitjos de forma objectiva al tribunal.

Cinquè. Resolució del recurs de cassació

1. En aquest cas, més enllà que l'Audiència Provincial ha considerat no preceptiva l'audiència del menor en aquesta classe de procediments, no s'ha motivat que existeixi un risc específic o concret per a Lucía en el compliment del tràmit d'audiència ni s'ha fet constar que degudament informada del seu dret hagi renunciat expressament a ell, o bé que hagi estat oïda a través de la persona específicament designada per la menor.

2. La pròpia Administració demandada sembla que té un criteri negatiu cap a les visites del pare amb Lucía, però la ratio decidendide les seves decisions la fa descansar en la voluntat de la menor. El pare demandant la qüestiona de manera que l'audiència de la nena es revela transcendent en aquest cas.

3. La Sentència de l'Audiència ha infringit el que disposa l'article 211-6.2, del CCC i l'article 7 de la LDOIA en relació amb l'article 9.2 i 9.3 de la LOPJM, així com la doctrina d'aquesta Sala abans exposada, havent en conseqüència de ser cassada.

4. Pel que fa als efectes d'aquesta resolució -article 4 de la Llei 4/2012 - és procedent declarar la nul·litat tant de la Sentència de l'Audiència Provincial que va haver d'estimar el recurs d'apel·lació com la del jutjat que va haver de disposar l'audiència de la menor Lucía abans de resoldre.

5. No és possible acordar en aquest cas el que se sol·licita en el recurs de cassació i aquesta mateixa Sala va disposar en la STSJC 18/2023 -que sigui l'Audiència la que oeixi la menor i després resolgui - en la mesura en què l'únic motiu del recurs d'apel·lació va ser l'omissió del tràmit d'audiència a la menor.

6. El Jutjat ha de donar la preferència legal corresponent a l'execució d'aquesta Sentència.

Sisè. Costes i dipòsit per recórrer

Cassada la Sentència, no és procedent imposar les costes del recurs de cassació ( article 394 de la LEC), amb devolució del dipòsit si és el cas constituït.