Sentencia Civil 7/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 12/2025 de 26 de junio del 2025

PRIMERO. Antecedentes relevantes

1.- Los cónyuges litigantes, Dª. Julieta y D. Emiliano, contrajeron matrimonio canónico en Zaragoza el 18 de septiembre de 2010, fruto del cual nació y vive una hija común, Zaira, nacida el NUM001 de 2013.

2.- En fecha 10 de febrero de 2016, los cónyuges otorgaron escritura pública de capitulaciones matrimoniales, pactando el cambio de su régimen matrimonial del régimen consorcial legal al de separación de bienes, manifestando en la escritura de otorgamiento la inexistencia de bienes comunes.

3.- Con fecha 24 de marzo del 2023, Dª. Julieta presentó demanda de divorcio ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Barbastro, solicitando, con relación a las cuestiones que son objeto del recurso de apelación, que se decretase la nulidad de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales de fecha 10 de febrero de 2016, y que declare que el régimen económico vigente entre los cónyuges era el de sociedad de gananciales, y, asímismo. estableciese una pensión de alimentos a cargo del padre y en favor de la hija menor de 1.000 euros mensuales,

4.- El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Barbastro dictó sentencia en la que acordaba establecer en beneficio de la hija menor una pensión de alimentos a cargo del padre en cuantía de 350 euros mensuales,

Hay que hacer notar que si bien en la parte dispositiva de la sentencia no se contiene disposición alguna relativa al régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada (FJ 3º) se analiza, para rechazarla, la pretensión de la demandante de que se declare vigente entre los cónyuges el régimen de la sociedad de gananciales.

5.- La representación procesal de Dª. Julieta interpuso contra la anterior resolución recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huesca en solicitud de que dictase una sentencia que estimase en su integridad los pedimentos de la demanda.

La Audiencia de Huesca dictó sentencia, en fecha 4 de diciembre de 2024 en la que desestimaba la solicitud de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de fecha 10/02/2016, así como los pedimentos vinculados a la misma, y se establecía, en beneficio de la hija menor, una pensión de alimentos a cargo del padre en cuantía de 400 euros mensuales.

6.- La representación procesal de Dª. Julieta interpuso contra la anterior resolución recurso de casación ante esta Sala, en solicitud de que se establezca una pensión de alimentos a favor de su hija menor en cuantía de 1.000 euros mensuales, y se decrete la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de 10 de febrero de 2016, acordando la cancelación de la inscripción registral de la misma, y declarando que el régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges es el de la sociedad de gananciales.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso.

La parte recurrente articula su recurso de apelación en dos motivos:

En el primero de los motivos de su recurso denuncia la infracción del art. 82. 1 y 2 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA), con la pretensión de que la pensión de alimentos de su hija menor se eleve desde los 400 € señalados en la sentencia recurrida a los 1.000 € pretendidos en la demanda.

El argumento esgrimido para ello es doble: en primer lugar, la sentencia ha hecho un cálculo de la pensión no referido al momento de la ruptura de la convivencia, sino con la previsión de que la esposa vuelva a trabajar a jornada completa, lo que resulta incierto y vulnera el párrafo primero del precepto citado. En segundo lugar, que la sentencia apelada ha interpretado de forma restrictiva el concepto de "recursos económicos disponibles por los padres", al que se refiere el art. 82.2 porque no se han tenido en cuenta los ingresos del padre como accionista mayoritario de la empresa DIRECCION002.

Sobre esta cuestión, la sentencia recurrida argumenta con el siguiente razonamiento:

"Los datos aportados al procedimiento permiten sostener que D. Emiliano tiene unos ingresos de unos 4.500 euros al mes (declaración de la renta de 2022, acontecimiento 152 del i.e.), y ello sin poder tener en cuenta los resultados de la sociedad mercantil, al no poder valorar en este momento si lo procedente es repartir dividendos o aumentar las reservas voluntarias de la misma.

Por el contrario, Dª. Julieta percibe, en este momento y sin perjuicio del incremento que pueda acaecer cuando cese la reducción de su jornada laboral, la cantidad de 1.400 euros al mes.

Si tenemos en cuenta ambas situaciones económicas, partiendo ya del aumento de los ingresos que beneficiara a Dª. Julieta cuando termine su reducción de jornada, y puestas en relación con las Tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, la cuantía establecida por la sentencia en concepto de alimentos de Zaira, de 350 euros, es algo inferior a la que esta sala considera proporcionada a la situación de ambos progenitores y a las necesidades de la menor, por lo que procede la elevación de la pensión de alimentos a 400 euros.

Teniendo en cuenta así mismo que las actividades extraescolares que realiza la menor, las actuales y las futuras que se adopten de común acuerdo, serán abonadas conforme al reparto establecido para los gastos extraordinarios (70% a cargo de D. Emiliano y 30% a cargo de Dª. Julieta)".

En el segundo motivo, la recurrente pretende la declaración de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por los cónyuges litigantes por responder a una causa falsa, porque estima que, cuando se otorgó la misma, se faltó a la verdad ya que se manifestó la inexistencia de bienes comunes en ese momento, cuando no era cierto, y no se procedió a liquidar los mismos. Estima vulnerado el art. 193 del CDFA, así como la doctrina sentada por el Tribunal Supremo 370/2012, de 18 de junio.

Sobre esta cuestión, la sentencia apelada se pronuncia en los siguientes términos: "Examinada la prueba practicada, y partiendo de los preceptos anteriormente transcritos (aplicables al supuesto de autos por remisión del art.9.2 del CC , dada la ley personal común de ambos cónyuges, con vecindad civil aragonesa), esta sala alcanza la misma conclusión que la juzgadora de instancia, no apreciando nulidad en el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales de fecha 10 de febrero de 2016 (acontecimiento 6 del i.e.). En esa fecha, coincidiendo con la decisión de D. Emiliano de asumir la titularidad de la sociedad mercantil DIRECCION002, el matrimonio tomó la decisión de modificar su régimen económico matrimonial, del régimen inicial de consorcio conyugal al régimen de separación de bienes, con una causa clara, proteger el patrimonio personal y familiar de Dª. Julieta del nuevo riesgo empresarial que se iba a asumir, de manera que si la sociedad no era rentable y contraía deudas de las que debía responder D. Emiliano los bienes de Dª. Julieta no quedasen afectados. Dª. Julieta no ha acreditado que no fuera conocedora del contenido del documento que elevó a escritura pública en presencia de Notario, constando que se le permitió la lectura de la misma y que el fedatario público se cercioró de que los otorgantes quedaban enterados de los términos de la escritura. Tampoco puede sostener que las acciones posteriores del matrimonio acreditan que la modificación de régimen matrimonial fue simulada, al seguir compartiendo cuenta común y seguir efectuando abonos indistintos. La forma en la que ambos cónyuges actuaron, o el tiempo que tardaron en separar las cuentas y los ingresos de ambos, no tiene capacidad probatoria suficiente para poder sostener que se debía al desconocimiento de la Sra. Julieta o que suponía una simulación en su perjuicio. No olvidemos que, como ya se ha dicho en el párrafo anterior, este cambio, en principio, sólo se efectuaba en su beneficio y protección. Cuestión diferente es la recogida en la estipulación Cuarta de la escritura, respecto a la inexistencia de bienes. Esta sala comparte las manifestaciones de la representación de Dª. Julieta, en el momento en el que se suscribieron las capitulaciones matrimoniales sí parece que existían bienes comunes (como mínimo, un vehículo y el saldo de las cuentas de ING y Bantierra). Pero que esta afirmación no fuera cierta no conlleva la nulidad o simulación de las capitulaciones matrimoniales, ni la invalidez de la modificación del régimen económico, si no el derecho de ambos cónyuges de instar la liquidación y división de ese patrimonio consorcial, previa acreditación de su preexistencia, en cualquier tiempo y momento".

TERCERO. Decisión de la Sala

Primer motivo de casación

En este primer motivo la parte cuestiona el importe de la pensión de alimentos en favor de su hija menor con un doble argumento: En primer lugar, que la sentencia ha hecho un cálculo de la pensión con la previsión de que la esposa vuelva a trabajar a jornada completa, lo que resulta incierto; y, en segundo lugar, que en la determinación de la capacidad económica del esposo obligado al pago no se han tenido en cuenta los ingresos del padre como accionista mayoritario de la empresa DIRECCION002.

Ciertamente esta Sala ya advirtió en el auto de admisión del recuro de casación que la Audiencia, al establecer los ingresos de ambos cónyuges a los efectos de aplicar el principio de proporcionalidad para determinar la pensión de alimentos, partía de una base errónea pues afirmaba que la esposa percibía "en este momento y sin perjuicio del incremento que pueda acaecer cuando cese la reducción de su jornada laboral, la cantidad de 1.400 euros al mes"(FJ 5º) , cuando en el fundamento el fundamento jurídico tercero afirmaba que "Consta acreditado que se redujo la jornada, primero a un 65% y luego a un 75%, trabajando primero de 9 a 14.15 horas y a partir de 2016 de 9 a 15 horas, percibiendo un salario de unos 1.100 euros al mes",por lo que no nos cabe duda de que, en la cuantificación de la pensión de alimentos, la Audiencia partió de una base de cálculo errónea; sin embargo, este error no tiene la trascendencia que la parte recurrida le otorga, pues tanto si se parte de que los ingresos de la madre son de 1.100 euros mensuales, como de 1.400, aplicando las tablas orientativas para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, que la sentencia recurrida toma como referencia, el resultado resulta inferior a la cantidad de 400 euros que fija la sentencia recurrida.

Por lo demás, este Tribunal, no puede efectuar una nueva valoración de la prueba sobre la capacidad económica del esposo, como pretende la parte recurrente, en primer lugar, porque el recurso se articula por infracción de precepto legal ( art82.2 del CDFA); y en segundo lugar, porque ello contraviene expresamente el art. 477.5 de la LEC, y la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, expresada, entre otras, en las Sentencias de 2 de febrero de 2022 y 2 de febrero de 2023:

"(....) Conforme una nutrida doctrina jurisprudencial la revisión en casación de la valoración de la prueba efectuada por los tribunales de la instancia, que como hemos dicho tan solo puede ser revisada, y excepcionalmente, por la vía de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE , tan solo es procedente cuando se trata de supuestos en los que la valoración de la prueba en la instancia alberga un error fáctico de carácter patente, manifiesto, evidente o notorio, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales ( STS 436/2021 ), doctrina que ha sido recogida por esta Sala en sentencias tales como la nº 18/2021 (...)"; error que en el presente supuesto no es apreciable.

El motivo debe ser, por tanto, desestimado.

Segundo motivo de casación.

En este segundo motivo la parte recurrente pretende la declaración de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de 10 de febrero de 2016, estimando que la misma es nula de pleno derecho, porque en la misma se declaró la inexistencia de bienes comunes cuando tales bienes existían y no habían sido liquidados por lo que entiende que ese contrato responde a una causa falsa que determina su nulidad, tratándose, por tanto, de un contrato simulado, ya que, con posterioridad al otorgamiento de las capitulaciones, los cónyuge seguían compartiendo cuentas comunes donde se hacían cargos y abonos indistintos. Para justificar el interés casacional cita la contravención de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la STS del 18 de junio de 2012.

La sentencia recurrida aun cuando reconoce que existían bienes comunes en el momento del otorgamiento de las capitulaciones, al menos un vehículo y unos saldos en cuenta corriente, niega la existencia de simulación, porque entiende que el proceder de los cónyuges posterior al otorgamiento no tiene fuerza probatoria para ello, y estima que la declaración de inexistencia de bienes comunes en el pacto no conlleva la nulidad o simulación de las capitulaciones matrimoniales, ni la invalidez de la modificación del régimen económico, sino que tan solo faculta a los cónyuges para instar la liquidación y división de ese patrimonio consorcial, previa acreditación de su preexistencia, en cualquier tiempo y momento.

El pacto entre los cónyuges para modificar el régimen económico matrimonial, sustituyendo el régimen consorcial por el de separación de bienes, con el fin de proteger el patrimonio del otro cónyuge de los avatares de un negocio que se emprende por uno de ellos, es un pacto legítimo que responde, en principio, a una causa lícita que se encuadra en el marco del "standum est chartae". Por tanto, el hecho de que en su otorgamiento los cónyuges hubieran hecho manifestaciones que no se ajustan a la realidad no altera la licitud del pacto, si no se justifica que se tratara de un negocio simulado, esto es, aquel que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de como aparece, es decir, que se trata de un negocio que resulta ser en realidad una ficción.

En primer lugar, hay que hacer notar que la recurrente intervino de forma activa en el otorgamiento del pacto cuya nulidad ahora pretende, como reconoce la sentencia recurrida:

"Dª. Julieta no ha acreditado que no fuera conocedora del contenido del documento que elevó a escritura pública en presencia de Notario, constando que se le permitió la lectura de la misma y que el fedatario público se cercioró de que los otorgantes quedaban enterados de los términos de la escritura".

Por tanto, en virtud de la doctrina de los actos propios y del principio jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans(el que alega su propia torpeza no debe ser oído), no podría otorgarse legitimación a quien fue causante de la nulidad pretendida.

Por otra parte, el Tribunal Supremo tiene declarado que la simulación es una cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del juzgador de instancia (Sentencias de 21 de noviembre de 2005 y 26 de marzo de 1997).

En el presente caso, la sentencia recurrida descarta la existencia de simulación:

" (...) el matrimonio tomó la decisión de modificar su régimen económico matrimonial, del régimen inicial de consorcio conyugal al régimen de separación de bienes, con una causa clara, proteger el patrimonio personal y familiar de Dª. Julieta del nuevo riesgo empresarial que se iba a asumir, de manera que si la sociedad no era rentable y contraía deudas de las que debía responder D. Emiliano los bienes de Dª. Dª. Julieta no quedasen afectados. ........

Tampoco puede sostener que las acciones posteriores del matrimonio acreditan que la modificación de régimen matrimonial fue simulada, al seguir compartiendo cuenta común y seguir efectuando abonos indistintos. La forma en la que ambos cónyuges actuaron, o el tiempo que tardaron en separar las cuentas y los ingresos de ambos, no tiene capacidad probatoria suficiente para poder sostener que se debía al desconocimiento de la Sra. Julieta o que suponía una simulación en su perjuicio. No olvidemos que, como ya se ha dicho en el párrafo anterior, este cambio, en principio, sólo se efectuaba en su beneficio y protección".

En consecuencia, si no se trata de un negocio simulado, no existe causa falsa y no puede declararse la nulidad del mismo.

Finalmente, la invocación de la infracción de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia 18 de junio de 2012, no resulta vinculante para este Tribunal.

La sentencia invocada analiza la vulneración de los arts., 1325, 1335, 1392 y 1396 del Código Civil (CC), dentro del Capítulo II del Título III del Libro IV, en el apartado correspondiente a las capitulaciones matrimoniales, dentro del régimen económico matrimonial común.

Las capitulaciones matrimoniales constituyen una institución histórica del Derecho Foral de Aragón, que data del S. XIII, y se encuadra, como se ha dicho, en el marco de la libertad de pacto que consagra el principio "standum est chartae", con la finalidad de regular cuestiones de índole económica dentro del matrimonio, pero también de regir aspectos personales e incluso sucesorios

No se trata, por tanto, de una institución de derecho común incorporada al derecho aragonés, sino una institución con sustantividad propia que, como se ha dicho, tiene un profundo arraigo en el derecho histórico de Aragón.

Las capitulaciones matrimoniales han sido objeto de regulación legal en el Apéndice Foral de 1925, en la Compilación de 1967, en la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad de 2003, y actualmente tienen su regulación propia en el Código de Derecho Foral de Aragón (arts. 195 y ss.).

Por lo tanto, no puede sustentarse la pretensión del recurso en la contravención de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la interpretación de normas de Derecho Común, cuando la materia tiene su regulación propia en el Derecho Foral de Aragón.

El interés casacional viene determinado por la oposición la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo, dictada "en aplicación de normas del Derecho civil aragonés"( art. 3 de la Ley de Casación Foral Aragonesa).

En consecuencia, el motivo debe ser igualmente desestimado.

CUARTO. - Costas

La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas causadas por el mismo, en aplicación del criterio establecido en el art. 398.2 de la LEC, así como la pérdida del depósito constituido para recurrir, conforme a la Disposición Adicional 15ª, apartado 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO. Antecedentes relevantes

1.- Los cónyuges litigantes, Dª. Julieta y D. Emiliano, contrajeron matrimonio canónico en Zaragoza el 18 de septiembre de 2010, fruto del cual nació y vive una hija común, Zaira, nacida el NUM001 de 2013.

2.- En fecha 10 de febrero de 2016, los cónyuges otorgaron escritura pública de capitulaciones matrimoniales, pactando el cambio de su régimen matrimonial del régimen consorcial legal al de separación de bienes, manifestando en la escritura de otorgamiento la inexistencia de bienes comunes.

3.- Con fecha 24 de marzo del 2023, Dª. Julieta presentó demanda de divorcio ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Barbastro, solicitando, con relación a las cuestiones que son objeto del recurso de apelación, que se decretase la nulidad de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales de fecha 10 de febrero de 2016, y que declare que el régimen económico vigente entre los cónyuges era el de sociedad de gananciales, y, asímismo. estableciese una pensión de alimentos a cargo del padre y en favor de la hija menor de 1.000 euros mensuales,

4.- El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Barbastro dictó sentencia en la que acordaba establecer en beneficio de la hija menor una pensión de alimentos a cargo del padre en cuantía de 350 euros mensuales,

Hay que hacer notar que si bien en la parte dispositiva de la sentencia no se contiene disposición alguna relativa al régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada (FJ 3º) se analiza, para rechazarla, la pretensión de la demandante de que se declare vigente entre los cónyuges el régimen de la sociedad de gananciales.

5.- La representación procesal de Dª. Julieta interpuso contra la anterior resolución recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huesca en solicitud de que dictase una sentencia que estimase en su integridad los pedimentos de la demanda.

La Audiencia de Huesca dictó sentencia, en fecha 4 de diciembre de 2024 en la que desestimaba la solicitud de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de fecha 10/02/2016, así como los pedimentos vinculados a la misma, y se establecía, en beneficio de la hija menor, una pensión de alimentos a cargo del padre en cuantía de 400 euros mensuales.

6.- La representación procesal de Dª. Julieta interpuso contra la anterior resolución recurso de casación ante esta Sala, en solicitud de que se establezca una pensión de alimentos a favor de su hija menor en cuantía de 1.000 euros mensuales, y se decrete la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de 10 de febrero de 2016, acordando la cancelación de la inscripción registral de la misma, y declarando que el régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges es el de la sociedad de gananciales.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso.

La parte recurrente articula su recurso de apelación en dos motivos:

En el primero de los motivos de su recurso denuncia la infracción del art. 82. 1 y 2 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA), con la pretensión de que la pensión de alimentos de su hija menor se eleve desde los 400 € señalados en la sentencia recurrida a los 1.000 € pretendidos en la demanda.

El argumento esgrimido para ello es doble: en primer lugar, la sentencia ha hecho un cálculo de la pensión no referido al momento de la ruptura de la convivencia, sino con la previsión de que la esposa vuelva a trabajar a jornada completa, lo que resulta incierto y vulnera el párrafo primero del precepto citado. En segundo lugar, que la sentencia apelada ha interpretado de forma restrictiva el concepto de "recursos económicos disponibles por los padres", al que se refiere el art. 82.2 porque no se han tenido en cuenta los ingresos del padre como accionista mayoritario de la empresa DIRECCION002.

Sobre esta cuestión, la sentencia recurrida argumenta con el siguiente razonamiento:

"Los datos aportados al procedimiento permiten sostener que D. Emiliano tiene unos ingresos de unos 4.500 euros al mes (declaración de la renta de 2022, acontecimiento 152 del i.e.), y ello sin poder tener en cuenta los resultados de la sociedad mercantil, al no poder valorar en este momento si lo procedente es repartir dividendos o aumentar las reservas voluntarias de la misma.

Por el contrario, Dª. Julieta percibe, en este momento y sin perjuicio del incremento que pueda acaecer cuando cese la reducción de su jornada laboral, la cantidad de 1.400 euros al mes.

Si tenemos en cuenta ambas situaciones económicas, partiendo ya del aumento de los ingresos que beneficiara a Dª. Julieta cuando termine su reducción de jornada, y puestas en relación con las Tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, la cuantía establecida por la sentencia en concepto de alimentos de Zaira, de 350 euros, es algo inferior a la que esta sala considera proporcionada a la situación de ambos progenitores y a las necesidades de la menor, por lo que procede la elevación de la pensión de alimentos a 400 euros.

Teniendo en cuenta así mismo que las actividades extraescolares que realiza la menor, las actuales y las futuras que se adopten de común acuerdo, serán abonadas conforme al reparto establecido para los gastos extraordinarios (70% a cargo de D. Emiliano y 30% a cargo de Dª. Julieta)".

En el segundo motivo, la recurrente pretende la declaración de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por los cónyuges litigantes por responder a una causa falsa, porque estima que, cuando se otorgó la misma, se faltó a la verdad ya que se manifestó la inexistencia de bienes comunes en ese momento, cuando no era cierto, y no se procedió a liquidar los mismos. Estima vulnerado el art. 193 del CDFA, así como la doctrina sentada por el Tribunal Supremo 370/2012, de 18 de junio.

Sobre esta cuestión, la sentencia apelada se pronuncia en los siguientes términos: "Examinada la prueba practicada, y partiendo de los preceptos anteriormente transcritos (aplicables al supuesto de autos por remisión del art.9.2 del CC , dada la ley personal común de ambos cónyuges, con vecindad civil aragonesa), esta sala alcanza la misma conclusión que la juzgadora de instancia, no apreciando nulidad en el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales de fecha 10 de febrero de 2016 (acontecimiento 6 del i.e.). En esa fecha, coincidiendo con la decisión de D. Emiliano de asumir la titularidad de la sociedad mercantil DIRECCION002, el matrimonio tomó la decisión de modificar su régimen económico matrimonial, del régimen inicial de consorcio conyugal al régimen de separación de bienes, con una causa clara, proteger el patrimonio personal y familiar de Dª. Julieta del nuevo riesgo empresarial que se iba a asumir, de manera que si la sociedad no era rentable y contraía deudas de las que debía responder D. Emiliano los bienes de Dª. Julieta no quedasen afectados. Dª. Julieta no ha acreditado que no fuera conocedora del contenido del documento que elevó a escritura pública en presencia de Notario, constando que se le permitió la lectura de la misma y que el fedatario público se cercioró de que los otorgantes quedaban enterados de los términos de la escritura. Tampoco puede sostener que las acciones posteriores del matrimonio acreditan que la modificación de régimen matrimonial fue simulada, al seguir compartiendo cuenta común y seguir efectuando abonos indistintos. La forma en la que ambos cónyuges actuaron, o el tiempo que tardaron en separar las cuentas y los ingresos de ambos, no tiene capacidad probatoria suficiente para poder sostener que se debía al desconocimiento de la Sra. Julieta o que suponía una simulación en su perjuicio. No olvidemos que, como ya se ha dicho en el párrafo anterior, este cambio, en principio, sólo se efectuaba en su beneficio y protección. Cuestión diferente es la recogida en la estipulación Cuarta de la escritura, respecto a la inexistencia de bienes. Esta sala comparte las manifestaciones de la representación de Dª. Julieta, en el momento en el que se suscribieron las capitulaciones matrimoniales sí parece que existían bienes comunes (como mínimo, un vehículo y el saldo de las cuentas de ING y Bantierra). Pero que esta afirmación no fuera cierta no conlleva la nulidad o simulación de las capitulaciones matrimoniales, ni la invalidez de la modificación del régimen económico, si no el derecho de ambos cónyuges de instar la liquidación y división de ese patrimonio consorcial, previa acreditación de su preexistencia, en cualquier tiempo y momento".

TERCERO. Decisión de la Sala

Primer motivo de casación

En este primer motivo la parte cuestiona el importe de la pensión de alimentos en favor de su hija menor con un doble argumento: En primer lugar, que la sentencia ha hecho un cálculo de la pensión con la previsión de que la esposa vuelva a trabajar a jornada completa, lo que resulta incierto; y, en segundo lugar, que en la determinación de la capacidad económica del esposo obligado al pago no se han tenido en cuenta los ingresos del padre como accionista mayoritario de la empresa DIRECCION002.

Ciertamente esta Sala ya advirtió en el auto de admisión del recuro de casación que la Audiencia, al establecer los ingresos de ambos cónyuges a los efectos de aplicar el principio de proporcionalidad para determinar la pensión de alimentos, partía de una base errónea pues afirmaba que la esposa percibía "en este momento y sin perjuicio del incremento que pueda acaecer cuando cese la reducción de su jornada laboral, la cantidad de 1.400 euros al mes"(FJ 5º) , cuando en el fundamento el fundamento jurídico tercero afirmaba que "Consta acreditado que se redujo la jornada, primero a un 65% y luego a un 75%, trabajando primero de 9 a 14.15 horas y a partir de 2016 de 9 a 15 horas, percibiendo un salario de unos 1.100 euros al mes",por lo que no nos cabe duda de que, en la cuantificación de la pensión de alimentos, la Audiencia partió de una base de cálculo errónea; sin embargo, este error no tiene la trascendencia que la parte recurrida le otorga, pues tanto si se parte de que los ingresos de la madre son de 1.100 euros mensuales, como de 1.400, aplicando las tablas orientativas para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, que la sentencia recurrida toma como referencia, el resultado resulta inferior a la cantidad de 400 euros que fija la sentencia recurrida.

Por lo demás, este Tribunal, no puede efectuar una nueva valoración de la prueba sobre la capacidad económica del esposo, como pretende la parte recurrente, en primer lugar, porque el recurso se articula por infracción de precepto legal ( art82.2 del CDFA); y en segundo lugar, porque ello contraviene expresamente el art. 477.5 de la LEC, y la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, expresada, entre otras, en las Sentencias de 2 de febrero de 2022 y 2 de febrero de 2023:

"(....) Conforme una nutrida doctrina jurisprudencial la revisión en casación de la valoración de la prueba efectuada por los tribunales de la instancia, que como hemos dicho tan solo puede ser revisada, y excepcionalmente, por la vía de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE , tan solo es procedente cuando se trata de supuestos en los que la valoración de la prueba en la instancia alberga un error fáctico de carácter patente, manifiesto, evidente o notorio, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales ( STS 436/2021 ), doctrina que ha sido recogida por esta Sala en sentencias tales como la nº 18/2021 (...)"; error que en el presente supuesto no es apreciable.

El motivo debe ser, por tanto, desestimado.

Segundo motivo de casación.

En este segundo motivo la parte recurrente pretende la declaración de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de 10 de febrero de 2016, estimando que la misma es nula de pleno derecho, porque en la misma se declaró la inexistencia de bienes comunes cuando tales bienes existían y no habían sido liquidados por lo que entiende que ese contrato responde a una causa falsa que determina su nulidad, tratándose, por tanto, de un contrato simulado, ya que, con posterioridad al otorgamiento de las capitulaciones, los cónyuge seguían compartiendo cuentas comunes donde se hacían cargos y abonos indistintos. Para justificar el interés casacional cita la contravención de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la STS del 18 de junio de 2012.

La sentencia recurrida aun cuando reconoce que existían bienes comunes en el momento del otorgamiento de las capitulaciones, al menos un vehículo y unos saldos en cuenta corriente, niega la existencia de simulación, porque entiende que el proceder de los cónyuges posterior al otorgamiento no tiene fuerza probatoria para ello, y estima que la declaración de inexistencia de bienes comunes en el pacto no conlleva la nulidad o simulación de las capitulaciones matrimoniales, ni la invalidez de la modificación del régimen económico, sino que tan solo faculta a los cónyuges para instar la liquidación y división de ese patrimonio consorcial, previa acreditación de su preexistencia, en cualquier tiempo y momento.

El pacto entre los cónyuges para modificar el régimen económico matrimonial, sustituyendo el régimen consorcial por el de separación de bienes, con el fin de proteger el patrimonio del otro cónyuge de los avatares de un negocio que se emprende por uno de ellos, es un pacto legítimo que responde, en principio, a una causa lícita que se encuadra en el marco del "standum est chartae". Por tanto, el hecho de que en su otorgamiento los cónyuges hubieran hecho manifestaciones que no se ajustan a la realidad no altera la licitud del pacto, si no se justifica que se tratara de un negocio simulado, esto es, aquel que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de como aparece, es decir, que se trata de un negocio que resulta ser en realidad una ficción.

En primer lugar, hay que hacer notar que la recurrente intervino de forma activa en el otorgamiento del pacto cuya nulidad ahora pretende, como reconoce la sentencia recurrida:

"Dª. Julieta no ha acreditado que no fuera conocedora del contenido del documento que elevó a escritura pública en presencia de Notario, constando que se le permitió la lectura de la misma y que el fedatario público se cercioró de que los otorgantes quedaban enterados de los términos de la escritura".

Por tanto, en virtud de la doctrina de los actos propios y del principio jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans(el que alega su propia torpeza no debe ser oído), no podría otorgarse legitimación a quien fue causante de la nulidad pretendida.

Por otra parte, el Tribunal Supremo tiene declarado que la simulación es una cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del juzgador de instancia (Sentencias de 21 de noviembre de 2005 y 26 de marzo de 1997).

En el presente caso, la sentencia recurrida descarta la existencia de simulación:

" (...) el matrimonio tomó la decisión de modificar su régimen económico matrimonial, del régimen inicial de consorcio conyugal al régimen de separación de bienes, con una causa clara, proteger el patrimonio personal y familiar de Dª. Julieta del nuevo riesgo empresarial que se iba a asumir, de manera que si la sociedad no era rentable y contraía deudas de las que debía responder D. Emiliano los bienes de Dª. Dª. Julieta no quedasen afectados. ........

Tampoco puede sostener que las acciones posteriores del matrimonio acreditan que la modificación de régimen matrimonial fue simulada, al seguir compartiendo cuenta común y seguir efectuando abonos indistintos. La forma en la que ambos cónyuges actuaron, o el tiempo que tardaron en separar las cuentas y los ingresos de ambos, no tiene capacidad probatoria suficiente para poder sostener que se debía al desconocimiento de la Sra. Julieta o que suponía una simulación en su perjuicio. No olvidemos que, como ya se ha dicho en el párrafo anterior, este cambio, en principio, sólo se efectuaba en su beneficio y protección".

En consecuencia, si no se trata de un negocio simulado, no existe causa falsa y no puede declararse la nulidad del mismo.

Finalmente, la invocación de la infracción de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia 18 de junio de 2012, no resulta vinculante para este Tribunal.

La sentencia invocada analiza la vulneración de los arts., 1325, 1335, 1392 y 1396 del Código Civil (CC), dentro del Capítulo II del Título III del Libro IV, en el apartado correspondiente a las capitulaciones matrimoniales, dentro del régimen económico matrimonial común.

Las capitulaciones matrimoniales constituyen una institución histórica del Derecho Foral de Aragón, que data del S. XIII, y se encuadra, como se ha dicho, en el marco de la libertad de pacto que consagra el principio "standum est chartae", con la finalidad de regular cuestiones de índole económica dentro del matrimonio, pero también de regir aspectos personales e incluso sucesorios

No se trata, por tanto, de una institución de derecho común incorporada al derecho aragonés, sino una institución con sustantividad propia que, como se ha dicho, tiene un profundo arraigo en el derecho histórico de Aragón.

Las capitulaciones matrimoniales han sido objeto de regulación legal en el Apéndice Foral de 1925, en la Compilación de 1967, en la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad de 2003, y actualmente tienen su regulación propia en el Código de Derecho Foral de Aragón (arts. 195 y ss.).

Por lo tanto, no puede sustentarse la pretensión del recurso en la contravención de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la interpretación de normas de Derecho Común, cuando la materia tiene su regulación propia en el Derecho Foral de Aragón.

El interés casacional viene determinado por la oposición la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo, dictada "en aplicación de normas del Derecho civil aragonés"( art. 3 de la Ley de Casación Foral Aragonesa).

En consecuencia, el motivo debe ser igualmente desestimado.

CUARTO. - Costas

La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas causadas por el mismo, en aplicación del criterio establecido en el art. 398.2 de la LEC, así como la pérdida del depósito constituido para recurrir, conforme a la Disposición Adicional 15ª, apartado 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO. Antecedentes relevantes

1.- Los cónyuges litigantes, Dª. Julieta y D. Emiliano, contrajeron matrimonio canónico en Zaragoza el 18 de septiembre de 2010, fruto del cual nació y vive una hija común, Zaira, nacida el NUM001 de 2013.

2.- En fecha 10 de febrero de 2016, los cónyuges otorgaron escritura pública de capitulaciones matrimoniales, pactando el cambio de su régimen matrimonial del régimen consorcial legal al de separación de bienes, manifestando en la escritura de otorgamiento la inexistencia de bienes comunes.

3.- Con fecha 24 de marzo del 2023, Dª. Julieta presentó demanda de divorcio ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Barbastro, solicitando, con relación a las cuestiones que son objeto del recurso de apelación, que se decretase la nulidad de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales de fecha 10 de febrero de 2016, y que declare que el régimen económico vigente entre los cónyuges era el de sociedad de gananciales, y, asímismo. estableciese una pensión de alimentos a cargo del padre y en favor de la hija menor de 1.000 euros mensuales,

4.- El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Barbastro dictó sentencia en la que acordaba establecer en beneficio de la hija menor una pensión de alimentos a cargo del padre en cuantía de 350 euros mensuales,

Hay que hacer notar que si bien en la parte dispositiva de la sentencia no se contiene disposición alguna relativa al régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada (FJ 3º) se analiza, para rechazarla, la pretensión de la demandante de que se declare vigente entre los cónyuges el régimen de la sociedad de gananciales.

5.- La representación procesal de Dª. Julieta interpuso contra la anterior resolución recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huesca en solicitud de que dictase una sentencia que estimase en su integridad los pedimentos de la demanda.

La Audiencia de Huesca dictó sentencia, en fecha 4 de diciembre de 2024 en la que desestimaba la solicitud de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de fecha 10/02/2016, así como los pedimentos vinculados a la misma, y se establecía, en beneficio de la hija menor, una pensión de alimentos a cargo del padre en cuantía de 400 euros mensuales.

6.- La representación procesal de Dª. Julieta interpuso contra la anterior resolución recurso de casación ante esta Sala, en solicitud de que se establezca una pensión de alimentos a favor de su hija menor en cuantía de 1.000 euros mensuales, y se decrete la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de 10 de febrero de 2016, acordando la cancelación de la inscripción registral de la misma, y declarando que el régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges es el de la sociedad de gananciales.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso.

La parte recurrente articula su recurso de apelación en dos motivos:

En el primero de los motivos de su recurso denuncia la infracción del art. 82. 1 y 2 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA), con la pretensión de que la pensión de alimentos de su hija menor se eleve desde los 400 € señalados en la sentencia recurrida a los 1.000 € pretendidos en la demanda.

El argumento esgrimido para ello es doble: en primer lugar, la sentencia ha hecho un cálculo de la pensión no referido al momento de la ruptura de la convivencia, sino con la previsión de que la esposa vuelva a trabajar a jornada completa, lo que resulta incierto y vulnera el párrafo primero del precepto citado. En segundo lugar, que la sentencia apelada ha interpretado de forma restrictiva el concepto de "recursos económicos disponibles por los padres", al que se refiere el art. 82.2 porque no se han tenido en cuenta los ingresos del padre como accionista mayoritario de la empresa DIRECCION002.

Sobre esta cuestión, la sentencia recurrida argumenta con el siguiente razonamiento:

"Los datos aportados al procedimiento permiten sostener que D. Emiliano tiene unos ingresos de unos 4.500 euros al mes (declaración de la renta de 2022, acontecimiento 152 del i.e.), y ello sin poder tener en cuenta los resultados de la sociedad mercantil, al no poder valorar en este momento si lo procedente es repartir dividendos o aumentar las reservas voluntarias de la misma.

Por el contrario, Dª. Julieta percibe, en este momento y sin perjuicio del incremento que pueda acaecer cuando cese la reducción de su jornada laboral, la cantidad de 1.400 euros al mes.

Si tenemos en cuenta ambas situaciones económicas, partiendo ya del aumento de los ingresos que beneficiara a Dª. Julieta cuando termine su reducción de jornada, y puestas en relación con las Tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, la cuantía establecida por la sentencia en concepto de alimentos de Zaira, de 350 euros, es algo inferior a la que esta sala considera proporcionada a la situación de ambos progenitores y a las necesidades de la menor, por lo que procede la elevación de la pensión de alimentos a 400 euros.

Teniendo en cuenta así mismo que las actividades extraescolares que realiza la menor, las actuales y las futuras que se adopten de común acuerdo, serán abonadas conforme al reparto establecido para los gastos extraordinarios (70% a cargo de D. Emiliano y 30% a cargo de Dª. Julieta)".

En el segundo motivo, la recurrente pretende la declaración de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por los cónyuges litigantes por responder a una causa falsa, porque estima que, cuando se otorgó la misma, se faltó a la verdad ya que se manifestó la inexistencia de bienes comunes en ese momento, cuando no era cierto, y no se procedió a liquidar los mismos. Estima vulnerado el art. 193 del CDFA, así como la doctrina sentada por el Tribunal Supremo 370/2012, de 18 de junio.

Sobre esta cuestión, la sentencia apelada se pronuncia en los siguientes términos: "Examinada la prueba practicada, y partiendo de los preceptos anteriormente transcritos (aplicables al supuesto de autos por remisión del art.9.2 del CC , dada la ley personal común de ambos cónyuges, con vecindad civil aragonesa), esta sala alcanza la misma conclusión que la juzgadora de instancia, no apreciando nulidad en el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales de fecha 10 de febrero de 2016 (acontecimiento 6 del i.e.). En esa fecha, coincidiendo con la decisión de D. Emiliano de asumir la titularidad de la sociedad mercantil DIRECCION002, el matrimonio tomó la decisión de modificar su régimen económico matrimonial, del régimen inicial de consorcio conyugal al régimen de separación de bienes, con una causa clara, proteger el patrimonio personal y familiar de Dª. Julieta del nuevo riesgo empresarial que se iba a asumir, de manera que si la sociedad no era rentable y contraía deudas de las que debía responder D. Emiliano los bienes de Dª. Julieta no quedasen afectados. Dª. Julieta no ha acreditado que no fuera conocedora del contenido del documento que elevó a escritura pública en presencia de Notario, constando que se le permitió la lectura de la misma y que el fedatario público se cercioró de que los otorgantes quedaban enterados de los términos de la escritura. Tampoco puede sostener que las acciones posteriores del matrimonio acreditan que la modificación de régimen matrimonial fue simulada, al seguir compartiendo cuenta común y seguir efectuando abonos indistintos. La forma en la que ambos cónyuges actuaron, o el tiempo que tardaron en separar las cuentas y los ingresos de ambos, no tiene capacidad probatoria suficiente para poder sostener que se debía al desconocimiento de la Sra. Julieta o que suponía una simulación en su perjuicio. No olvidemos que, como ya se ha dicho en el párrafo anterior, este cambio, en principio, sólo se efectuaba en su beneficio y protección. Cuestión diferente es la recogida en la estipulación Cuarta de la escritura, respecto a la inexistencia de bienes. Esta sala comparte las manifestaciones de la representación de Dª. Julieta, en el momento en el que se suscribieron las capitulaciones matrimoniales sí parece que existían bienes comunes (como mínimo, un vehículo y el saldo de las cuentas de ING y Bantierra). Pero que esta afirmación no fuera cierta no conlleva la nulidad o simulación de las capitulaciones matrimoniales, ni la invalidez de la modificación del régimen económico, si no el derecho de ambos cónyuges de instar la liquidación y división de ese patrimonio consorcial, previa acreditación de su preexistencia, en cualquier tiempo y momento".

TERCERO. Decisión de la Sala

Primer motivo de casación

En este primer motivo la parte cuestiona el importe de la pensión de alimentos en favor de su hija menor con un doble argumento: En primer lugar, que la sentencia ha hecho un cálculo de la pensión con la previsión de que la esposa vuelva a trabajar a jornada completa, lo que resulta incierto; y, en segundo lugar, que en la determinación de la capacidad económica del esposo obligado al pago no se han tenido en cuenta los ingresos del padre como accionista mayoritario de la empresa DIRECCION002.

Ciertamente esta Sala ya advirtió en el auto de admisión del recuro de casación que la Audiencia, al establecer los ingresos de ambos cónyuges a los efectos de aplicar el principio de proporcionalidad para determinar la pensión de alimentos, partía de una base errónea pues afirmaba que la esposa percibía "en este momento y sin perjuicio del incremento que pueda acaecer cuando cese la reducción de su jornada laboral, la cantidad de 1.400 euros al mes"(FJ 5º) , cuando en el fundamento el fundamento jurídico tercero afirmaba que "Consta acreditado que se redujo la jornada, primero a un 65% y luego a un 75%, trabajando primero de 9 a 14.15 horas y a partir de 2016 de 9 a 15 horas, percibiendo un salario de unos 1.100 euros al mes",por lo que no nos cabe duda de que, en la cuantificación de la pensión de alimentos, la Audiencia partió de una base de cálculo errónea; sin embargo, este error no tiene la trascendencia que la parte recurrida le otorga, pues tanto si se parte de que los ingresos de la madre son de 1.100 euros mensuales, como de 1.400, aplicando las tablas orientativas para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, que la sentencia recurrida toma como referencia, el resultado resulta inferior a la cantidad de 400 euros que fija la sentencia recurrida.

Por lo demás, este Tribunal, no puede efectuar una nueva valoración de la prueba sobre la capacidad económica del esposo, como pretende la parte recurrente, en primer lugar, porque el recurso se articula por infracción de precepto legal ( art82.2 del CDFA); y en segundo lugar, porque ello contraviene expresamente el art. 477.5 de la LEC, y la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, expresada, entre otras, en las Sentencias de 2 de febrero de 2022 y 2 de febrero de 2023:

"(....) Conforme una nutrida doctrina jurisprudencial la revisión en casación de la valoración de la prueba efectuada por los tribunales de la instancia, que como hemos dicho tan solo puede ser revisada, y excepcionalmente, por la vía de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE , tan solo es procedente cuando se trata de supuestos en los que la valoración de la prueba en la instancia alberga un error fáctico de carácter patente, manifiesto, evidente o notorio, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales ( STS 436/2021 ), doctrina que ha sido recogida por esta Sala en sentencias tales como la nº 18/2021 (...)"; error que en el presente supuesto no es apreciable.

El motivo debe ser, por tanto, desestimado.

Segundo motivo de casación.

En este segundo motivo la parte recurrente pretende la declaración de nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales de 10 de febrero de 2016, estimando que la misma es nula de pleno derecho, porque en la misma se declaró la inexistencia de bienes comunes cuando tales bienes existían y no habían sido liquidados por lo que entiende que ese contrato responde a una causa falsa que determina su nulidad, tratándose, por tanto, de un contrato simulado, ya que, con posterioridad al otorgamiento de las capitulaciones, los cónyuge seguían compartiendo cuentas comunes donde se hacían cargos y abonos indistintos. Para justificar el interés casacional cita la contravención de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la STS del 18 de junio de 2012.

La sentencia recurrida aun cuando reconoce que existían bienes comunes en el momento del otorgamiento de las capitulaciones, al menos un vehículo y unos saldos en cuenta corriente, niega la existencia de simulación, porque entiende que el proceder de los cónyuges posterior al otorgamiento no tiene fuerza probatoria para ello, y estima que la declaración de inexistencia de bienes comunes en el pacto no conlleva la nulidad o simulación de las capitulaciones matrimoniales, ni la invalidez de la modificación del régimen económico, sino que tan solo faculta a los cónyuges para instar la liquidación y división de ese patrimonio consorcial, previa acreditación de su preexistencia, en cualquier tiempo y momento.

El pacto entre los cónyuges para modificar el régimen económico matrimonial, sustituyendo el régimen consorcial por el de separación de bienes, con el fin de proteger el patrimonio del otro cónyuge de los avatares de un negocio que se emprende por uno de ellos, es un pacto legítimo que responde, en principio, a una causa lícita que se encuadra en el marco del "standum est chartae". Por tanto, el hecho de que en su otorgamiento los cónyuges hubieran hecho manifestaciones que no se ajustan a la realidad no altera la licitud del pacto, si no se justifica que se tratara de un negocio simulado, esto es, aquel que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de como aparece, es decir, que se trata de un negocio que resulta ser en realidad una ficción.

En primer lugar, hay que hacer notar que la recurrente intervino de forma activa en el otorgamiento del pacto cuya nulidad ahora pretende, como reconoce la sentencia recurrida:

"Dª. Julieta no ha acreditado que no fuera conocedora del contenido del documento que elevó a escritura pública en presencia de Notario, constando que se le permitió la lectura de la misma y que el fedatario público se cercioró de que los otorgantes quedaban enterados de los términos de la escritura".

Por tanto, en virtud de la doctrina de los actos propios y del principio jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans(el que alega su propia torpeza no debe ser oído), no podría otorgarse legitimación a quien fue causante de la nulidad pretendida.

Por otra parte, el Tribunal Supremo tiene declarado que la simulación es una cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del juzgador de instancia (Sentencias de 21 de noviembre de 2005 y 26 de marzo de 1997).

En el presente caso, la sentencia recurrida descarta la existencia de simulación:

" (...) el matrimonio tomó la decisión de modificar su régimen económico matrimonial, del régimen inicial de consorcio conyugal al régimen de separación de bienes, con una causa clara, proteger el patrimonio personal y familiar de Dª. Julieta del nuevo riesgo empresarial que se iba a asumir, de manera que si la sociedad no era rentable y contraía deudas de las que debía responder D. Emiliano los bienes de Dª. Dª. Julieta no quedasen afectados. ........

Tampoco puede sostener que las acciones posteriores del matrimonio acreditan que la modificación de régimen matrimonial fue simulada, al seguir compartiendo cuenta común y seguir efectuando abonos indistintos. La forma en la que ambos cónyuges actuaron, o el tiempo que tardaron en separar las cuentas y los ingresos de ambos, no tiene capacidad probatoria suficiente para poder sostener que se debía al desconocimiento de la Sra. Julieta o que suponía una simulación en su perjuicio. No olvidemos que, como ya se ha dicho en el párrafo anterior, este cambio, en principio, sólo se efectuaba en su beneficio y protección".

En consecuencia, si no se trata de un negocio simulado, no existe causa falsa y no puede declararse la nulidad del mismo.

Finalmente, la invocación de la infracción de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia 18 de junio de 2012, no resulta vinculante para este Tribunal.

La sentencia invocada analiza la vulneración de los arts., 1325, 1335, 1392 y 1396 del Código Civil (CC), dentro del Capítulo II del Título III del Libro IV, en el apartado correspondiente a las capitulaciones matrimoniales, dentro del régimen económico matrimonial común.

Las capitulaciones matrimoniales constituyen una institución histórica del Derecho Foral de Aragón, que data del S. XIII, y se encuadra, como se ha dicho, en el marco de la libertad de pacto que consagra el principio "standum est chartae", con la finalidad de regular cuestiones de índole económica dentro del matrimonio, pero también de regir aspectos personales e incluso sucesorios

No se trata, por tanto, de una institución de derecho común incorporada al derecho aragonés, sino una institución con sustantividad propia que, como se ha dicho, tiene un profundo arraigo en el derecho histórico de Aragón.

Las capitulaciones matrimoniales han sido objeto de regulación legal en el Apéndice Foral de 1925, en la Compilación de 1967, en la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad de 2003, y actualmente tienen su regulación propia en el Código de Derecho Foral de Aragón (arts. 195 y ss.).

Por lo tanto, no puede sustentarse la pretensión del recurso en la contravención de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la interpretación de normas de Derecho Común, cuando la materia tiene su regulación propia en el Derecho Foral de Aragón.

El interés casacional viene determinado por la oposición la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo, dictada "en aplicación de normas del Derecho civil aragonés"( art. 3 de la Ley de Casación Foral Aragonesa).

En consecuencia, el motivo debe ser igualmente desestimado.

CUARTO. - Costas

La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas causadas por el mismo, en aplicación del criterio establecido en el art. 398.2 de la LEC, así como la pérdida del depósito constituido para recurrir, conforme a la Disposición Adicional 15ª, apartado 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación