Sentencia Civil 41/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 31/2022 de 15 de enero del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- Kansas West Company S.L. (en adelante, Kansas) presentó una demanda de error judicial respecto del auto de 18 de noviembre de 2021 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Salamanca, en el juicio verbal de desahucio núm. 352/2020.

2.- El mencionado juicio de desahucio se siguió a instancia de Desarrollos Malvarrosa S.L. contra Serran Center S.L., por el impago de rentas del alquiler de un local sito en Santa Marta de Tormes (Salamanca). Y concluyó mediante decreto de 21 de octubre de 2020, que acordaba el lanzamiento el 26 de noviembre de 2020.

Serran Center S.L. interpuso un recurso de revisión contra dicho decreto que fue estimado por auto de 16 de julio de 2021, y dio lugar a una providencia de 23 de septiembre de 2021 que ordenó que se le restituyera inmediatamente la posesión del local arrendado. Dicha providencia fue confirmada por auto de 18 de noviembre siguiente, que es al que se refiere la demanda.

En el ínterin, el 8 de enero de 2021, Desarrollos Malvarrosa (propietaria del local) lo había arrendado a Kansas, que tomó posesión e hizo las adaptaciones necesarias para emplearlo como gimnasio.

Como consecuencia de la antes citada providencia de 23 de septiembre de 2021, el juzgado ordenó el desalojo de Kansas.

El 24 de noviembre de 2021, el juzgado dictó sentencia de desahucio contra Serran Center S.L.

El auto de 18 de noviembre de 2021 fue recurrido en apelación por Kansas. La apelación fue inadmitida por auto de 14 de enero de 2022 y el recurso de queja interpuesto contra dicha inadmisión fue desestimado por la Audiencia Provincial de Salamanca mediante auto de 8 de abril de 2022.

Kansas interpuso un incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de la Audiencia Provincial, que fue inadmitido por providencia de 14 de junio de 2022, notificada el 22 de junio siguiente.

3.- Serran Center se opuso a la demanda de error judicial, por las siguientes y resumidas alegaciones: (i) la demanda se ha interpuesto de manera extemporánea, pues se dirige contra un auto de 18 de noviembre de 2021 y se presenta el 15 de septiembre de 2022; (ii) los posibles daños causados a Kansas no provienen de un inexistente error judicial, sino de la mala fe de la demandante en el juicio de desahucio, que ocultó en dicho procedimiento la existencia del contrato de arrendamiento con Kansas; (iii) el auto de 18 de noviembre de 2021 no resuelve la situación posesoria del inmueble, puesto que Kansas nunca había reclamado la posesión del local; (iv) no puede haber error judicial, por cuanto Kansas no era parte en el juicio de desahucio y la sentencia recaída en ese procedimiento no surtía efecto de cosa juzgada.

4.- El Abogado del Estado se ha opuesto a dicha demanda y ha solicitado su desestimación, al considerar que no concurren los presupuestos para apreciar la existencia de error judicial.

5.- El Ministerio Fiscal ha solicitado la desestimación de la demanda de error judicial porque no se ha dictado una resolución carente manifiestamente de justificación y la aplicación del art. 445 del Código Civil no es irracional, ilógica o esperpéntica.

SEGUNDO.- Concepto y requisitos del error judicial

1.- Como hemos declarado en múltiples sentencias (por todas, 654/2013, de 24 de octubre; 647/2015, de 19 de noviembre; 268/2017, de 4 de mayo; 29/2020, de 20 de enero; 566/2020, de 28 de octubre; y 466/2022, de 6 de junio; por citar solo algunas) el proceso por error judicial debe circunscribirse a dilucidar si ha habido decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación.

Asimismo, el error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 CE, ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama, en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada ( SSTS de 25 de enero de 2006, 4 de abril de 2006, 31 de enero de 2006, 27 de marzo de 2006, 13 de diciembre de 2007, 7 de mayo de 2007 y 12 de diciembre de 2007).

Es por ello, en suma, que la solicitud de declaración de error judicial exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquélla se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico.

2.- Además, el proceso por error judicial es un procedimiento excepcional, en el que la declaración del error constituye un requisito previo al ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial del Estado, en los términos que resultan de los arts. 121 CE y 292 y 293 LOPJ. De donde se desprende que la resolución judicial de la que se predica el supuesto error debe ser la fuente directa del daño patrimonial que se pretende reclamar al Estado.

TERCERO.- Inexistencia de los requisitos para la apreciación del error judicial

1.- Respecto al plazo de presentación de la demanda, debe computarse desde que la Audiencia Provincial de Salamanca notificó la providencia por la que inadmitía el incidente de nulidad de actuaciones, lo que tuvo lugar el 22 de junio de 2022. Por lo que, si la demanda se presentó el 15 de septiembre siguiente, estaba dentro del plazo de tres meses previsto en el art. 293.1 a) LOPJ.

2.- En cuanto al fondo del asunto, por más que pueda reconocerse que las actuaciones procesales que dieron lugar al lanzamiento de la demandante pudieran ser discutibles en derecho, por cuanto Kansas se vio afectada por las resoluciones adoptadas en un procedimiento de desahucio en el que no era parte, debe tenerse en cuenta que cuando en cumplimiento de lo acordado en dicho procedimiento se restituyó en la posesión a Serran Center, el juzgado se encontró con el problema de la existencia de otro poseedor -Kansas-, por lo que ante esa duplicidad de poseedores tuvo que resolver sobre la permanencia de uno u otro. Y la aplicación del art. 445 CC, que ofrece unas reglas legales para resolver la concurrencia de poseedores, no puede considerarse como insólita o extravagante. Máxime porque las reglas contenidas en el precepto no pretenden solucionar de manera definitiva ni los derechos de fondo ni los estrictamente posesorios, sino que pueden tener el valor de establecer una solución preliminar o inmediata "mientras se decide sobre su posesión o propiedad por los trámites correspondientes", como dice el último inciso.

3.- Asimismo, la forma de las resoluciones judiciales -providencia o auto- no es la fuente del posible perjuicio de la demandante, porque ni era un caso en que necesariamente debiera dictarse auto conforme a la normativa procesal aplicable ( art. 206.2 LEC) , ni se le privó de un recurso de apelación al que tampoco podría haber accedido, en tanto que no era parte en el procedimiento.

4.- En consecuencia, no se aprecia la debida relación de causalidad entre el daño patrimonial denunciado por la demandante y la resolución judicial objeto de análisis, por cuanto no cabe apreciar un desacierto manifiesto en la aplicación del derecho.

CUARTO.- Desestimación de la demanda. Costas y depósito

En atención a lo expuesto, la demanda de error judicial debe ser desestimada, con las consecuencias legales previstas en el art. 293.1.e LOPJ, consistentes en la imposición de las costas a la demandante y la pérdida del depósito constituido.