Sentencia Civil 53/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6440/2022 de 16 de enero del 2024

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- D. Sixto, interpuso una demanda contra Caixabank S.A. e Intrum Justitia Ibérica S.A. en la que solicitaba que se declarara que las demandadas habían atentado contra sus derechos fundamentales al honor, intimidad personal, propia imagen y protección de datos de carácter personal por su inclusión en los ficheros de morosos ASNEF-EQUIFAX y se les condenara "a indemnizar mancomunadamente a la actora en la suma de 30.000 euros, en concepto de daño moral genérico, más sus intereses procesales" o, subsidiariamente, en la cantidad que se considerara adecuada.

2.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la acción ejercitada contra Caixabank y estimó en parte la ejercitada contra Intrum Justitia Ibérica S.A., a la que condenó a indemnizar al demandante en mil euros, con sus intereses moratorios desde la sentencia.

3.- El demandante apeló la sentencia y solicitó a la Audiencia Provincial que "dicte sentencia en la que revoque la de instancia en el sentido de condenar también a la entidad Caixabank SAU y elevando la cuantía indemnizatoria a ambos codemandados a favor de mi patrocinado [...]".

Al evacuar el traslado conferido a las recurridas, Caixabank S.A.U. se limitó a oponerse al recurso de apelación, pero Intrum Justitia Ibérica S.A., además de oponerse al recurso de apelación, impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se estimara la excepción de falta de legitimación pasiva que había opuesto y, subsidiariamente, que desestimara las pretensiones formuladas en su contra y se declarara la inexistencia de vulneración del derecho al honor del demandante por diversas razones.

4.- La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, de modo que confirmó la absolución de Caixabank; y estimó la impugnación de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia formulada por Intrum Justitia Ibérica S.A., al estimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por dicha entidad, por lo que la absolvió y, en consecuencia, desestimó plenamente la demanda.

5.- El demandante ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, basado en un motivo, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Formulación del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se alega la infracción del art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo representada por las sentencias de 30 de enero de 2018 y 19 de marzo de 2019.

En el desarrollo del motivo, el recurrente, apoyándose en lo declarado en la sentencia de primera instancia, afirma que el representante de Intrum Justitia Ibérica S.A. ha reconocido que esta sociedad gestiona los cobros en España, pues forma parte del Grupo Intrum, es la sociedad encargada de la gestión del crédito y la que da la orden de dar de baja la inscripción cuando hay algún procedimiento judicial, cual es el caso, lo que implica que, aunque ellos reciban la demanda, se requiere a Intrum Justitia Debt la baja [de los datos en el fichero], con lo cual se acredita que estas dos sociedades de este grupo funcionan de forma conjunta y cualquiera de ellas gestiona las inscripciones en los ficheros de morosos, por lo que resulta evidente su legitimación pasiva. El representante de Intrum Justitia Ibérica S.A. declaró que Intrum Justitia Debt es simplemente un vehículo inversor de nacionalidad sueca, y que Intrum Ibérica "hace todo" y trabajan de forma conjunta y coordinada.

2.- Objeciones a la admisión del recurso. Las alegaciones de Intrum Justitia Ibérica S.A. no pueden ser tomadas en consideración pues su escrito de oposición al recurso fue presentado fuera de plazo, por lo que precluyó su posibilidad de hacer alegaciones en este trámite.

Tampoco pueden ser tomadas en consideración las alegaciones de Caixabank. El recurso de apelación formulado por el demandante contenía dos pretensiones fundamentales: la primera, que se revocara la absolución de Caixabank; la segunda, que se elevara el importe de la indemnización a cuyo pago fue condenada Intrum Justitia Ibérica S.A. y se incluyera en la condena a Caixabank. Este recurso fue plenamente desestimado. A su vez, en la impugnación formulada por Intrum Justitia Ibérica S.A. se solicitó que se estimara su falta de legitimación pasiva. Esta impugnación fue estimada. El demandante, al formular el recurso extraordinario por infracción procesal, ha impugnado exclusivamente el pronunciamiento que estima la impugnación y declara la falta de legitimación pasiva de Intrum Justitia Ibérica S.A., pero no ha impugnado el pronunciamiento que desestima el recurso de apelación y confirma la absolución de Caixabank. En consecuencia, la sentencia que se dicte podrá en todo caso anular el pronunciamiento que estima la falta de legitimación pasiva de Intrum Justitia Ibérica S.A. y asumir la instancia respecto de las pretensiones formuladas en el recurso de apelación frente a esta entidad (en concreto, la elevación de la indemnización) y en la impugnación formulada por dicha entidad (su absolución, por razones distintas de la alegada falta de legitimación pasiva). Pero no podrá anular ni casar la sentencia de la Audiencia Provincial en lo relativo al pronunciamiento que confirma la absolución de Caixabank pues ningún motivo de recurso, ya sea de recurso extraordinario por infracción procesal, ya sea de recurso de casación, se ha formulado frente a esta absolución.

Esta sala ha distinguido si el recurso extraordinario puede o no causar algún perjuicio a un codemandado y, por tanto, si este último tiene o no un interés legítimo en impugnarlo para evitar que se agrave su posición. Esta doctrina se establece en la sentencia 564/2008, de 10 de junio, respecto del recurso interpuesto por un codemandado, pero la razón jurídica es la misma en supuestos como el presente, en que el recurso del demandante solo podría dejar sin efecto la absolución de un codemandado (Intrum Justitia Ibérica) pero no la absolución del otro codemandado (Caixabank).

Por tanto, dado que al resolver este recurso no puede realizarse ningún pronunciamiento que perjudique a Caixabank, esta entidad carece de interés legítimo alguno para oponerse a la admisión o a la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal formulado por el demandante. Razón por la cual no procede analizar las alegaciones formuladas por esta entidad en su escrito de oposición al recurso, incluidas las alegaciones sobre la inadmisibilidad del recurso.

3.- Respecto de las alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal, entendemos que, teniendo en cuenta la mayor flexibilidad que debe aplicarse cuando se trata de litigios sobre protección de derechos fundamentales, el recurso cumple los requisitos mínimos exigibles, pues identifica la infracción procesal que imputa a la sentencia de la Audiencia Provincial y desarrolla los argumentos que fundamentan la infracción alegada.

4.- Decisión de la sala. El concepto amplio de responsable del tratamiento. La sentencia de primera instancia apreció la legitimación pasiva de Intrum Justitia Ibérica S.A. porque, pese a tener una personalidad jurídica diferenciada de la sociedad a la que Caixabank cedió el crédito (la sociedad extranjera Intrum Justitia Debt Finance AG), el representante legal de Intrum Justitia Ibérica S.A. reconoció que esta última sociedad gestiona los cobros en España y es la que da la orden de dar de baja la inscripción cuando hay algún procedimiento judicial, de lo que se desprende que ambas sociedades, integrantes de un grupo societario, "funcionan de forma conjunta y cualquiera de ellas gestiona las inscripciones en los ficheros de morosos, por lo que resulta evidente su legitimación pasiva".

La Audiencia Provincial revocó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia pues consideró que no concurrían las circunstancias excepcionales que justifican el levantamiento del velo, sin que sea suficiente para ello la pertenencia de ambas sociedades a un mismo grupo empresarial y la existencia de una relación de colaboración entre ellas.

5.- La vulneración del derecho al honor del demandante es consecuencia del tratamiento de sus datos personales asociados a la condición de moroso. En consecuencia, la responsabilidad en la producción de esta vulneración está íntimamente ligada a la responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.

El apartado 7 del art. 4 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, aplicable por razones temporales, define al "responsable del tratamiento" o "responsable" como "la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento". Esta definición coincide con la que se contenía en el art. 2, letra d), de la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre.

En aplicación de esta definición, esta sala, en su sentencia 210/2016, de 5 de abril, acogió un concepto amplio de responsable del tratamiento, en línea con lo declarado en la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014 (asunto C-131/12, Google Spain S.L contra Agencia Española de Protección de Datos ). En concreto, consideró que la sociedad española integrada en un grupo societario, una de cuyas sociedades integrantes realizaba directamente el tratamiento de datos personales, era también responsable del tratamiento de los datos personales en cuanto que era la agente promotor de las ventas de espacios publicitarios en el motor de búsqueda en el que otra sociedad del grupo realizaba el tratamiento de datos personales y podía considerarse como un "establecimiento", en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva.

Al igual que afirmamos en aquella sentencia, una solución como la propugnada por Intrum Justitia Ibérica S.A., basada en un concepto estricto de "responsable del tratamiento", que lleve a considerar que la única legitimada pasivamente para ser demandada en un proceso de protección de derechos fundamentales por la vulneración causada por el tratamiento de datos (en este caso, el tratamiento de datos realizado por el acreedor que comunica el alta y la baja de los datos al fichero común) es Intrum Justitia Debt Finance AG, con domicilio social fuera de España, supondría frustrar en la práctica el objetivo de garantizar una protección eficaz y completa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas que, de acuerdo con el apartado 53 de la STJUE del caso Google, tenía la Directiva comunitaria, y que sigue teniendo la normativa vigente en materia de protección de datos.

Los apartados 68 y 69 de la citada sentencia del TJUE recuerdan que las disposiciones de esta Directiva "deben ser interpretadas a la luz de los derechos fundamentales que, según reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que están actualmente recogidos en la Carta". No hay razones para afirmar que la sustitución de la citada Directiva por el Reglamento General de Protección de datos ha supuesto una modificación de este criterio interpretativo.

También afirmábamos en la citada sentencia 210/2016, de 5 de abril, que la interpretación restrictiva del concepto de responsable del tratamiento supondría, en la práctica, un serio obstáculo, cuando no un impedimento, para la efectividad de los derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, las normas convencionales internacionales y las propias normas internas, constitucionales y de rango legal y reglamentario, protegen frente al tratamiento automatizado de datos personales de carácter ilícito. El considerando 55 de la citada Directiva declara que las legislaciones nacionales deben prever un recurso judicial para los casos en los que el responsable del tratamiento de datos no respete los derechos de los interesados; y que los daños que pueden sufrir las personas a raíz de un tratamiento ilícito han de ser reparados por el responsable del tratamiento de datos. Por ello, el art. 22 de la Directiva prevé que los Estados miembros establecerán que toda persona disponga de un recurso judicial en caso de violación de los derechos que le garanticen las disposiciones de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate, y dispondrán que toda persona que sufra un perjuicio como consecuencia de un tratamiento ilícito o de una acción incompatible con las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la Directiva, tenga derecho a obtener del responsable del tratamiento la reparación del perjuicio sufrido.

Actualmente, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE prevé en su art. 82.1 la indemnización de los daños y perjuicios materiales e inmateriales causados por el tratamiento de datos personales, lo que ha de ponerse en conexión con la previsión del considerando 108 del Reglamento, que impone la disponibilidad por parte de los interesados de derechos exigibles y de acciones legales efectivas, lo que incluye el derecho a obtener una reparación administrativa o judicial efectiva y a reclamar una indemnización. Y el art. 82.4 de dicho Reglamento establece la responsabilidad solidaria de todos los que hayan participado en el tratamiento de datos personales como responsables o encargados del tratamiento.

6.- La aplicación de esta doctrina al caso objeto del recurso debe llevar a considerar que Intrum Justitia Ibérica S.A. estaba legitimada pasivamente para soportar la acción ejercitada contra ella. El tratamiento de datos en cuyo ámbito se ha producido la actuación que el demandante considera como una intromisión ilegítima en su derecho al honor está íntimamente relacionado con la gestión por parte de estas sociedades del grupo Intrum de los créditos cedidos a una de las sociedades del grupo, esto es, se realiza en el ámbito de esa actividad destinada a hacer efectivos los créditos cedidos a una sociedad del grupo Intrum.

La Audiencia Provincial no ha desvirtuado la afirmación contenida en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de que Intrum Justitia Ibérica S.A. gestiona los cobros en España de los créditos cedidos a una sociedad de este grupo; y que Intrum Justitia Ibérica S.A. es la que da la orden de dar de baja la inscripción cuando hay algún procedimiento judicial, así como que Intrum Justitia Ibérica S.A. e Intrum Justitia Debt Finance AG funcionan de forma conjunta y cualquiera de ellas gestiona las inscripciones en los ficheros de morosos.

La consecuencia de lo anterior es que la filial española participa activamente en el tratamiento de los datos de los deudores de otra sociedad del grupo y, por tanto, debe ser considerada como responsable del tratamiento de esos datos personales conjuntamente con Intrum Justitia Debt Finance AG, pues el tratamiento de datos personales de los deudores, en cuyo ámbito se realiza el alta y la baja de tales datos en el fichero común, se realiza en el marco de la actividad en la que ambas sociedades intervienen conjuntamente.

Por tanto, Intrum Justitia Ibérica S.A. está legitimada pasivamente para soportar la acción de indemnización de los daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho al honor como consecuencia del tratamiento de los datos personales del demandante.

TERCERO.- Asunción de la instancia

1.- Una vez declarada la legitimación pasiva de Intrum Justitia Ibérica S.A. para soportar la acción de indemnización, la sala asume la instancia pues al haber apreciado esa falta de legitimación pasiva, la Audiencia Provincial no resolvió el resto de cuestiones planteadas en el recurso de apelación y en la impugnación respecto de la condena de Intrum Justitia Ibérica S.A.

Por razones lógicas, debe abordarse en primer lugar la impugnación formulada por Intrum Justitia Ibérica S.A. respecto del pronunciamiento que le condenó al pago de una indemnización de mil euros al demandante por haber vulnerado su derecho al honor. Solo si esta impugnación fuera desestimada procedería resolver el recurso de apelación en el que el demandante solicita que dicha indemnización sea incrementada.

2.- Una de las razones por las que Intrum Justitia Ibérica S.A. impugna el pronunciamiento que le condenó a indemnizar al demandante por haber vulnerado su derecho al honor es que el demandante tiene el perfil de "deudor recurrente", pues "ha quedado acreditado de la propia documental de la demanda, que el Sr. Sixto es una persona que incumple sistemáticamente sus obligaciones pecuniarias", ya que existían varias inscripciones más en el fichero relativas a deudas impagadas por el demandante.

Efectivamente, la existencia de otras inscripciones de deudas en el fichero de morosos es tomada en consideración por el Juzgado de Primera Instancia, pero no para excluir la existencia de vulneración del derecho al honor sino para moderar la cuantía de la indemnización. Debe recordarse asimismo que el Juzgado de Primera Instancia consideró que la deuda era "real, líquida y exigible", si bien consideró que no estaba probada la práctica del requerimiento de pago, siendo esta la razón de considerar vulnerado el derecho al honor del demandante.

3.- El carácter funcional del requerimiento de pago en la protección del derecho al honor. Sobre esta cuestión, procede reiterar lo declarado por esta sala en su sentencia de pleno 34/2024, de 11 de enero, en la que se resumía la jurisprudencia existente sobre esta cuestión.

La jurisprudencia ha considerado que el requisito del requerimiento previo de pago tiene un carácter funcional respecto de la protección del derecho al honor frente a intromisiones ilegítimas por el tratamiento de los datos personales en ficheros sobre solvencia patrimonial.

En sentencia 609/2022, de 19 de septiembre, esta sala declaró:

"La doctrina reseñada de la sala realiza una acertada interpretación funcional del requisito del requerimiento: su exigibilidad se funda en la necesidad de evitar "sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación" ( SSTS 563/2019, de 23 de octubre; 740/2015, de 22 diciembre)".

Las sentencias de pleno 946/2022, de 20 de diciembre, y 959/2022 y 960/2022, de 21 de diciembre, han reforzado esta idea del carácter funcional del requerimiento de pago, lo que explica la distinta trascendencia que para la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del deudor puede tener su omisión o su práctica defectuosa en función de las circunstancias concretas de la deuda y el carácter sorpresivo que para el interesado pueda tener la inclusión de sus datos en el fichero.

El carácter funcional del requerimiento de pago ha justificado que no se considere vulnerado el honor del deudor en algunos supuestos de requerimientos defectuosos o de falta de requerimiento (o falta de prueba de su realización efectiva). Así, la sentencia 422/2020, de 14 de julio, rechazó la existencia de la intromisión ilegítima en el derecho al honor del deudor que, sin negar la realidad de la deuda, alegaba que el requerimiento previo de pago lo fue por cantidad inferior a la reflejada luego en el fichero. Dada la conducta persistente de impago, el interesado no pudo verse sorprendido por la inclusión de sus datos en el fichero y, ante la conducta enteramente pasiva del deudor ("contumaz en el impago de deudas"), la discordancia de cifras no era relevante. En el mismo sentido, la sentencia 604/2022, de 14 de septiembre, declaró que "la discordancia entre la cantidad por la que se practicó el requerimiento de pago en 2017 y la que en el año 2020 figura en el fichero de solvencia patrimonial no determina por sí sola que haya existido una vulneración del derecho al honor de la demandante".

La sentencia 563/2019, de 23 de octubre, en un caso de falta de constancia de la realización del requerimiento previo, rechazó la existencia de intromisión ilegítima en el honor del deudor cuyos datos habían sido comunicados al fichero por el impago de la deuda derivada del uso de una tarjeta de crédito, cuyas condiciones de pago se habían novado hasta en siete ocasiones ante el impago del deudor, que siempre incumplió las nuevas condiciones establecidas para facilitarle el pago, por lo que el recurrente no se vio sorprendido por la inclusión de sus datos en el fichero. En este caso, el requerimiento había perdido su finalidad, ya que no era necesario para que el interesado tuviese plena certeza de la deuda ni podía considerarse que la inclusión de sus datos en el fichero fuera sorpresiva.

En el caso de la sentencia 609/2022, de 19 de septiembre, antes citada, existían seis anotaciones por impagos anteriores a la que era objeto del procedimiento y otras seis posteriores. Se entendió que el afectado se encontraba en situación de insolvencia, por lo que se entendió que los eventuales defectos del requerimiento no podían sustentar la vulneración del derecho al honor en que se sustentaba la demanda.

La posterior sentencia 1821/2023, de 21 de diciembre, en un caso en el que los datos personales del demandante eran objeto de tratamiento en un sistema de información crediticia por varias deudas impagadas, declaró que la Audiencia Provincial, que solo había tomado en consideración tal circunstancia para moderar la cuantía de la indemnización, "no extrae de dicha declaración la consecuencia coherente con dicha jurisprudencia: la improcedencia de considerar vulnerado el derecho al honor del demandante aun asumiendo que no concurriera la garantía de recepción del requerimiento de pago previo".

4.- En el presente caso, como se ha dicho, constaban en el fichero otras inscripciones de los datos del demandante por otras deudas.

En estas circunstancias, el requerimiento de pago ha perdido su virtualidad respecto de la protección del derecho al honor, porque no servía para evitar el tratamiento de los datos personales del demandante como moroso sin serlo, pues el afectado había venido incumpliendo sus obligaciones dinerarias y sus datos ya constaban en un sistema de información crediticia asociados a la condición de incumplidor de sus obligaciones dinerarias.

No debe olvidarse que el procedimiento promovido por el afectado no es un procedimiento que tenga por objeto comprobar la regularidad del tratamiento de los datos, sino decidir si ha existido una vulneración de sus derechos fundamentales porque sus datos personales hayan sido incluidos en un fichero sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, esto es, haya sido tratado como moroso, sin serlo, por más que para determinar si ha existido tal vulneración pueda ser relevante la regularidad de dicho tratamiento de datos. En este caso, su tratamiento como moroso responde a la realidad y no supone una innovación respecto del hecho fundamental de que los datos personales del demandante ya constaban en el sistema de información crediticia por haber incumplido sus obligaciones dinerarias, por lo que no se ha producido una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.

Por lo expuesto, aunque la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal haya supuesto la anulación de la sentencia de la Audiencia Provincial, la impugnación de Intrum Justitia Ibérica S.A. debe ser estimada al asumir esta sala la instancia, aunque sea por razones distintas a las que justificaron su estimación en la sentencia de la Audiencia Provincial.

CUARTO.- Costas y depósito

1.- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que ha sido estimado, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.- Respecto de las costas de las instancias y del depósito constituido para apelar, procede mantener los pronunciamientos hechos en la sentencia de la Audiencia Provincial.