Sentencia Civil 1792/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 9221/2022 de 19 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- D. Teodoro interpuso una demanda de juicio ordinario contra Intrum Investment nº 1 Designated Activity Company e Intrum Servicing Spain S.A.U., en la que solicitaba se declarara la existencia de una vulneración de su derecho al honor; que Intrum Investment nº 1 Designated Activity Company incorporó indebidamente sus datos en el registro de solvencia patrimonial Asnef Equifax y en el registro Experian Badexcug, con atribución al mismo de una situación de riesgo de morosidad, cuando tal dato no era veraz, se ordene la eliminación de sus datos indebidamente incorporados al fichero de morosos Asnef Equifax y del fichero de morosos Experian Badexcug y se condene solidariamente a las demandadas Intrum Investment nº 1 Designated Activity Company e Intrum Servicing Spain S.A.U. al pago de una indemnización a D. Teodoro, de 6.000 €, más los intereses devengados desde el día de la interposición de la demanda.

2.- El Juzgado de Primera Instancia estimó sustancialmente la demanda y fijó la indemnización en 4.000 euros. Intrum Investment nº 1 Designated Activity Company apeló la sentencia y la Audiencia Provincial solo estimó en parte la impugnación de la cuantía de la indemnización, que redujo a 3.000 euros.

Respecto del requisito de existencia de una deuda cierta, líquida y exigible, la sentencia de la Audiencia Provincial declaró:

"[...] aunque haya aportado los contratos de tarjeta de los que deriva la deuda, estos no se han acompañado de cualquier otro elemento de prueba que permita conocer con un mínimo de acierto de dónde resultan las cantidades que fueron objeto de inscripción, ni, por tanto, afirmar la pretendida certeza y liquidez de esas deudas. Al igual que no es posible tener por probada su asunción por el interesado en razón de unos pagos parciales que la recurrente afirma haber recibido y que ha tratado de acreditar con unas simples impresiones informáticas o pantallazos con un contenido poco menos que indescifrable, y en las que, en cualquier caso, figura una fecha (19 de diciembre de 2019) que es anterior a la que consta en unas misivas como las antes examinadas, en las que aparecen los importes de las deudas sin cualquier descuento que se corresponda con unos pagos que, en conclusión, carecen de acreditación".

Y en relación con la práctica del requerimiento de pago, la Audiencia Provincial afirmó:

"[...] la prueba aportada por la apelante para justificar el cumplimiento de esa exigencia consistió en dos cartas en las que se reclamaban los importes derivados de otros tantos contratos de tarjeta de crédito que el interesado habría concertado con una entidad financiera. En esas cartas, fechadas en el mes de enero de 2020 y dirigidas al domicilio del interesado que consta en los contratos, se hace referencia a los créditos que decía ostentar esa entidad frente al destinatario; a su respectivo importe; a la cesión de los mismos a favor de la recurrente. Contenían, además, el expreso requerimiento de pago con la advertencia de la inclusión en los ficheros de solvencia. Esas cartas se acompañan de la certificación de una tercera empresa, que constata haber generado y ensobrado esas misivas, sin incidencia alguna en los envíos, con la aportación añadida de un albarán del servicio de correos en el que se recoge el depósito realizado en la misma fecha y por la propia entidad de un total de 59.947 cartas.

" Pues bien, siendo así, esos documentos son insuficientes para acreditar el cumplimiento de aquella exigencia cuando lo que no acreditan de cualquier modo es que la misiva haya llegado a conocimiento de su destinatario, o, cuando menos, que si no ocurrió así fue por la propia voluntad de este. Que ese procedimiento de envío masivo, y sin certeza alguna de su resultado, no garantiza de manera real que la entrega en el destino se haya llevado a efecto es algo que ha venido señalando esta Sala de manera repetida para situaciones similares [...] en las que se reitera que, con no ser exigible una forma concreta para realizar aquel requerimiento -y, por tanto, que no es necesario un medio fehaciente-, la que se haya empleado debe permitir constatar la efectiva recepción, o, de no haberse producido, que lo fue por razones únicamente imputables al propio destinatario. Y la ausencia de prueba sobre esa circunstancia es algo que no cabe suplir con la simple afirmación de que no consta la devolución, cuando son desde luego múltiples y variadas las razones por las que una misiva enviada por correo ordinario puede no alcanzar su destino final".

3.- Intrum Investment nº 1 Designated Activity Company ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, basado en un motivo, y un recurso de casación, basado en dos motivos.

SEGUNDO.- Recurso extraordinario por infracción procesal

1.- Planteamiento. Al amparo del art. 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la recurrente alega la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE) , en relación con el art. 326, 376 y 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "por concurrir un patente y manifiesto error en la valoración de los Documentos nº 1, 2, 5 y 6, y el resultado del oficio practicado a la entidad Caixabank, a Equifax Ibérica, S.A. y a Experian Bureau de Crédito, S.A., al omitirse, flagrantemente, la existencia de las deudas con origen en los contratos de tarjeta de crédito nº NUM000 y nº NUM001, en cuya inexistencia la Sentencia basa su argumentación para estimar la vulneración del artículo 20.1.b) de la Ley 15/2018, cuando dichos documentos y oficios acreditan fehacientemente la existencia de una deuda cierta vencida y exigible".

2.- Decisión de la sala. El recurso extraordinario por infracción procesal solo se puede fundar en los motivos tasados que se enumeran en el art. 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil entre los que no figura el error en la valoración de la prueba, lo que pone de manifiesto que el legislador reservó dicha valoración para la primera y la segunda instancia y se cuidó de no convertir al Tribunal Supremo en una tercera instancia (sentencia 1008/2023, de 21 de junio, con cita de la sentencia 1/2023, de 9 de enero).

Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso extraordinario por infracción procesal, con fundamento en el art. 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución.

En las sentencias de esta sala 418/2012, de 28 de junio, 262/2013, de 30 de abril, 44/2015, de 17 de febrero, 303/2016, de 9 de mayo, 411/2016, de 17 de junio, y 1033/2023, de 27 de junio (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia a estos efectos, dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1.º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2.º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

3.- Tales requisitos no concurren en el caso de autos. La recurrente no pone de manifiesto un error patente, manifiesto, evidente o notorio que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, sino que realiza una valoración conjunta de la prueba de la que extrae una conclusión que pretende imponer a la obtenida por la Audiencia Provincial.

La valoración probatoria hecha por el tribunal de apelación podrá ser cuestionada pero no puede considerarse como un error patente ni como una valoración arbitraria de la prueba, únicos supuestos en que el recurso extraordinario por infracción procesal puede ser estimado.

TERCERO.- Desestimación del recurso de casación por falta de efecto útil

Una vez desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación carece de efecto útil, por lo que no puede ser estimado. Aunque se concluyera que concurre la infracción legal denunciada en lo atinente al requisito del requerimiento previo de pago, la sentencia de la Audiencia Provincial no podría ser revocada ni, consecuentemente, la demanda podría ser desestimada, por cuanto que falta el requisito de existencia de una deuda cierta, vencida, líquida y exigible. En consecuencia, el tratamiento de los datos personales del demandante no puede ser considerado lícito y legitimador de la intromisión en el derecho al honor del demandante.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.