Sentencia Civil 998/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3496/2019 de 20 de junio del 2023

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- El 7 de julio de 2017, D.ª Edurne, D. Teofilo, D. Víctor, D.ª Enriqueta y D. Jose Luis, interpusieron una demanda de juicio ordinario contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., sucesora de Caixa D'Estalvis de Catalunya o Catalunya Bank S.A., en la que solicitaban la nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulación por vicio del consentimiento de las órdenes de compra de participaciones preferentes suscritas por las partes y la restitución de la cantidad pagada por la compra de dichas participaciones preferentes, minorada con los intereses pagados.

2.- El Juzgado de Primera Instancia desestimó la acción principal y, respecto de la acción de anulación, consideró que estaba caducada porque "[e]n Sentencia de 27 de Junio de 2017 el Tribunal Supremo indica que "el día inicial del plazo de ejercicio de la acción viene determinado por la fecha de la Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancada (FROB), de 7 de Junio de 2013, por la que se acuerda implementar acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del Plan de Resolución de Catalunya Banc, S.A.".

3.- Los demandantes apelaron la sentencia. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación y estimó la demanda respecto de la acción de anulación ejercitada con carácter subsidiario. La Audiencia Provincial rechazó que la acción de anulación hubiera caducado al considerar como dies a quo [día inicial] del plazo de ejercicio de la acción el día en que se produjo efectivamente el canje de las participaciones preferentes por acciones, lo que tuvo lugar el 9 de julio de 2013.

4.- La entidad demandada ha interpuesto un recurso de casación, basado en un motivo, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Motivo único del recurso de casación. El dies a quo del plazo de caducidad de la acción de anulación de la orden de compra de participaciones preferentes objeto de un canje acordado por el FROB

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se alega la infracción del art. 1301 del Código Civil y la existencia de interés casacional por la existencia de jurisprudencia contradictoria en las Audiencias Provinciales.

En el desarrollo del motivo se argumenta que los demandantes pudieron haber advertido el error en la fecha de resolución del FROB, 7 de junio de 2013, que además de publicada fue reproducida constantemente los días siguientes en los medios de comunicación, pues "[e]n el primer trimestre del 2012 ya era de conocimiento público gracias a los medios de comunicación la inminente falta de liquidez de las participaciones preferentes y obligaciones de deuda subordinada, produciéndose continuas protestas de los afectados, manifestaciones y reuniones del Gobierno sobre la cuestión. Estos hechos debieron haber llevado al demandante, empleando, como exige el Tribunal Supremo, una diligencia razonable, a la conclusión de que el producto bancario contratado no se trataba de un depósito a plazo fijo, pudiendo por lo tanto advertir en ese momento el error en que pudiera haber incurrido en el momento de la contratación".

Los óbices a la admisión formulados por los recurridos no pueden ser estimados pues el recurso identifica correctamente la infracción legal que alega, argumenta por qué se ha producido y es cierta la concurrencia de interés casacional, no solo por la existencia de divergencia entre Audiencias Provinciales en esta cuestión, sino también porque la sentencia recurrida no es acorde a la jurisprudencia de la sala.

2.- Decisión del tribunal. El recurso plantea la dicotomía de si debe considerarse como dies a quo del plazo de caducidad de la acción de anulación por vicio del consentimiento la fecha de la resolución del FROB sobre híbridos de capital y deuda subordinada de Catalunya Banc, 7 de junio de 2013, o la fecha en la que, en ejecución de esa resolución, se procedió al canje de las participaciones preferentes de Catalunya Banc por acciones de dicha entidad, 9 de julio de 2013. En este caso, tal dicotomía es relevante porque la demanda fue interpuesta el 7 de julio de 2017, por lo que de tomar la primera fecha como dies a quo la acción estaría caducada, pero si se toma la segunda fecha, no lo estaría.

Respecto de la caducidad de la acción y la interpretación a estos efectos del art. 1301 del Código Civil, hemos declarado entre otras, en las sentencias 769/2014, de 12 de enero de 2015; 376/2015, de 7 de julio; 489/2015, de 16 de septiembre, y 102/2016, de 25 de febrero, que:

"En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error".

Conforme a la jurisprudencia representada por las sentencias 734/2016, de 20 de diciembre; 401/2017, de 27 de junio; 204/2019, de 4 de abril; 573/2022, de 18 de julio; y 600/2022, de 14 de septiembre, el comienzo del plazo de ejercicio de la acción de anulación por vicio en el consentimiento debe computarse, no necesariamente desde que se materializaron de forma efectiva los riesgos, sino desde que los clientes estuvieron en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, que en este caso provendrían de la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y de la práctica imposibilidad de recuperación de la inversión, por la falta de solvencia de la entidad emisora de las preferentes, pues sería en ese momento cuando pudieron ser conscientes del error en que habían incurrido y ejercitar la acción de anulación del contrato.

Es cierto que la sentencia 109/2018, de 2 de marzo, al tratar la cuestión del dies a quo del plazo de caducidad, hizo mención a la fecha de canje, pero no puede considerarse como un cambio de criterio sino como una imprecisión, al no distinguir entre la resolución que acordaba el canje y la realización efectiva de dicho canje, dado que en ese litigio la distinción entre uno y otro momento resultaba irrelevante a efectos de la caducidad de la acción, pues tanto en uno como en otro caso la acción no estaría caducada.

3.- Conforme a este criterio, dentro de la dicotomía planteada en el recurso, resulta más acertada la solución adoptada por el Juzgado de Primera Instancia, al tomar como momento en que los demandantes estuvieron en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, el de la Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de 7 de junio de 2013, "por la que se acuerda implementar acciones de gestión de híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del Plan de Resolución de Catalunya Banc, S.A., aprobado el 27 de noviembre de 2012 por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea".

Tal resolución no puede considerarse sorpresiva, de modo que pudiera pasar inadvertida para los afectados, sino que constituía un hito importante tras un periodo de noticias que permitían que los afectados pudieran estar alerta sobre lo preocupante de la situación de su inversión, que provocó protestas y manifestaciones de los afectados, de modo que la citada resolución del FROB, que no solo fue publicada oficialmente sino que fue ampliamente difundida y comentada en los medios de comunicación, permitió a los afectados ser plenamente conscientes de los riesgos que conllevaba la contratación de las participaciones preferentes de Caixa Catalunya.

En consecuencia, cuando los demandantes ejercitaron la acción de anulación el 7 de julio de 2017 habían transcurrido más de 4 años desde ese momento relevante en que podía considerarse consumado el contrato cuya nulidad pretendían, por lo que su acción estaba caducada.

TERCERO.- Costas y depósito

1.- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas del recurso de apelación, procede condenar a los apelantes al pago de las costas, al resultar desestimado.

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.