Sentencia Civil 1012/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6096/2020 de 21 de junio del 2023

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Roman fue declarado en concurso de acreedores el 7 de septiembre de 2015. La declaración de concurso conllevó la suspensión de la ejecución de la hipoteca que se había constituido sobre una finca del deudor concursado a favor de Caixabank, S.A.

El 15 de noviembre de 2016, la administración concursal solicitó la conclusión del concurso. Por auto de 20 de enero de 2017, se declaró la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones sin dar posibilidad al deudor de solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Y mediante un auto de 9 de febrero de 2017, se declaró la nulidad del anterior auto.

Abierta la sección de calificación, el auto de 31 de julio de 2017 calificó el concurso como fortuito.

Y el 9 de febrero de 2018, el deudor concursado (Sr. Roman) pidió la concesión de la exoneración del pasivo, por la vía del ordinal 5º del art. 178 bis.3 LC, esto es mediante un plan de pagos.

2. Frente a esta solicitud, Caixabank, S.A. (acreedor hipotecario) interpuso una demanda de incidente concursal en la que pedía la denegación de la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho porque el Sr. Roman no había cumplido con el requisito del ordinal 3º del art. 178 bis.3 LC, de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.

3. El juzgado apreció esta objeción, al constatar que no existía acreditación de haberse optado por el acuerdo extrajudicial de pagos y, en consecuencia, por eso estimó la demanda y denegó el beneficio solicitado de exoneración del pasivo insatisfecho.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el deudor concursado demandado y la Audiencia desestima el recurso al constatar que no consta acreditado el haberse instado el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos, con la siguiente argumentación:

"No hay constancia en autos del intento de haber intentado el AEP. Ni tan siquiera en la solicitud de concurso de 21 de julio de 2015, que se hizo bajo la misma dirección letrada que ahora interpone el recuso, y en la que se manifestó el deseo del concursado de pedir el beneficio de la exoneración, se dijo que se hubiera intentado el AEP, que ya era exigible por haber entrado en vigor la nueva redacción del artículo 178 bis dada por el RDL 1/2105 de 27 de febrero".

5. Frente a la sentencia de apelación, el concursado interpone un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un motivo, y un recurso de casación, articulado en un motivo.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto la regla sobre la carga de la prueba del art. 217. 2, 3 y 7 LEC.

En el desarrollo del motivo razona que la Audiencia "ha obviado toda la prueba propuesta y practicada, no solamente en el concepto de su valoración, que podría haber sido arbitraria e ilógica, y que hubiera dado lugar a la posibilidad de haber interpuesto recurso, sino simple y llanamente no ha tenido en cuenta ninguna de las pruebas propuestas y practicadas en autos".

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Como hemos recordado en otras ocasiones ( sentencia 946/2023, de 14 de junio), la carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia con falta de pronunciamiento que se establece en los arts. 11.3º LOPJ y 1.7º CC, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.

Esa es la razón por la que el precepto que la regula ( art. 217 LEC) no se encuentra entre las disposiciones generales en materia de prueba (arts. 281 a 298), sino entre las normas relativas a la sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a quién ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso.

De tal forma, que solo se infringe el art. 217 LEC si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas establecidas en el art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencias 244/2013, de 18 de abril, y 484/2018, de 11 de septiembre).

En nuestro caso, el tribunal entiende que no ha quedado acreditado el cumplimiento del requisito de haberse instado el acuerdo extrajudicial de pagos, cuya prueba le correspondía al deudor concursado que pretendía la exoneración del pasivo. Y, en consecuencia, al no cumplirse el requisito del ordinal 3º del art. 178 bis.3 LC, deniega la exoneración del pasivo insatisfecho. En la medida en que era el deudor el obligado a acreditar esa circunstancia, porque constituía un presupuesto para la concesión de su solicitud de exoneración y, además, gozaba de mayor facilidad probatoria, la Audiencia no infringe las reglas de la carga de la prueba cuando deniega por esta razón el beneficio pretendido de exoneración del pasivo insatisfecho.

TERCERO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción de los ordinales 3º, 4º y 5º del apartado 3 del art. 178 bis LC y el apartado 5 de este mismo precepto, en relación con la jurisprudencia que los interpreta, contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2019, 2 de julio de 2019 y 1 de julio de 2020.

En el desarrollo del motivo se argumenta que el requisito de haberse acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos no se contiene en la Directiva de 1023/2019, sobre marcos de reestructuración y segunda oportunidad, y por lo tanto ha de interpretarse que, en la actualidad, ya no es un requisito obligado para poder optar por la exoneración del pasivo.

Y, en relación al impago de los créditos contra la masa, créditos privilegiados y el 25% de los ordinarios, razona que si no se cumple con este requisito ha sido por culpa de la administración concursal, que es la que tenía a su disposición la cuenta bancaria con un saldo suficiente para ello.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

La normativa aplicable a la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho de un concurso de acreedores de persona física solicitado en julio de 2015 y declarado en septiembre de ese mismo año, es la que se regulaba en el art. 178 bis LC, introducido por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, que había entrado en vigor el día 1 de marzo de ese mismo año.

En la sentencia 381/2019, de 2 de julio, al interpretar el art. 178 bis.3 LC, distinguimos entre el presupuesto y los requisitos exigidos para la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (ordinales 1º, 2º y 3º), así como las dos vías legales establecidas (ordinales 4º y 5º):

"Para la concesión de este beneficio debe darse un presupuesto y han de cumplirse una serie de requisitos.

"El presupuesto se contiene en el apartado 1 del art. 178 bis: el concursado debe ser una persona natural y es necesario que se haya concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. Lo que supone que todos los bienes y derechos que conforme al art. 76 LC formaban parte de la masa activa, han sido realizados y aplicados al pago de los créditos.

"Sobre la base de este presupuesto, la ley exige una serie de requisitos en el apartado 3 del art. 178 LC, bajo una dicción un tanto equívoca. El precepto afirma que "sólo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe". Y a continuación explica qué se entiende por buena fe, al ligar esta condición al cumplimiento de unos requisitos que enumera a continuación.

"Por lo tanto la referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del art. 7.1 CC, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del art. 178 LC. La naturaleza de estos requisitos es heterogénea.

"De una parte, los dos primeros guardan una relación más directa con las exigencias de la buena fe: es preciso que el concurso no haya sido declarado culpable (con la salvedad legal prevista para el caso de que lo hubiera sido por retraso en la solicitud de concurso) y también que en los diez años anteriores el deudor no hubiera sido condenado por sentencia firme por una serie de delitos (contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores).

"El tercero exige que se hubiera optado por el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos y que, frustrada su consecución o cumplimiento, se hubiera acabado en el concurso consecutivo.

"El cuarto y el quinto, al regular dos vías o formas alternativas de exoneración del pasivo insatisfecho, contienen cada uno de ellos unos requisitos propios. Esto es: el ordinal 4º prevé una exoneración inmediata, y para ello exige el cumplimiento de unos requisitos; y, alternativamente, el ordinal 5º prevé una exoneración diferida en el tiempo, transcurridos cinco años, y exige otros requisitos propios.

"De este modo, para que se pueda reconocer la exoneración del pasivo es necesario en primer lugar que, con carácter general y al margen de la alternativa que se tome, el deudor cumpla con las exigencias contenidas en los ordinales 1º, 2º y 3º del apartado 3 del art. 178 bis LC: el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y que se hubiera acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso. Además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4º o la exoneración en cinco años del ordinal 5º, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa".

De tal forma que ya se opte por la vía del ordinal 4º del art. 178 bis.3 LC (exoneración inmediata) o por la vía del ordinal 5º del art. 178 bis.3 LC (exoneración diferida en el tiempo y mediante un plan de pagos), es necesario que se cumplan los requisitos previstos en los ordinales 1º, 2º y 3º del art. 178 bis.3 LC.

En este caso, no se duda de que se hayan cumplido los dos primeros requisitos, de naturaleza subjetiva, que afectan propiamente a la consideración de deudor de buena fe. Pero sí se constata la falta de acreditación del tercer requisito, el del ordinal 3º del art. 178 bis.3 LC:

"Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos"

3. En la sentencia 150/2019, de 13 de marzo, distinguimos entre esta exigencia del ordinal 3º del art. 178 bis LC y el requisito específico contenido en el ordinal 4º para acceder a la exoneración inmediata, de haberse intentado el acuerdo extrajudicial para no tener que pagar el 25% de los créditos ordinarios:

"a los efectos del ordinal 3º, basta con la materialidad de que se hubiera instado y tramitado el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos.

"Mientras que la referencia contenida en el ordinal 4º de que se hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos para que no sea necesario el previo pago del 25% del pasivo concursal ordinario, se refiere a que hubiera habido un intento efectivo de acuerdo. Esto es, que hubiera habido una propuesta real a los acreedores, al margen de que no fuera aceptada por ellos. Esta referencia pretende incentivar la aceptación por los acreedores de acuerdos extrajudiciales de pagos, a la vista de que en caso contrario el deudor podría obtener la remisión total de sus deudas con el pago de los créditos contra la masa y privilegiados. Pero para esto es necesario que, en la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos, a los acreedores ordinarios se les hubiera ofrecido algo más que la condonación total de sus créditos. En la ratio del ordinal 4.º subyace esta idea del incentivo negativo a los acreedores ordinarios para alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos propuesto por el deudor, pues si no lo aceptan, en el concurso consecutivo pueden ver extinguidos totalmente sus créditos".

4. La tendencia a la hora interpretar el ordinal 3º del art. 178 bis.3 ha sido flexibilizar el rigor de su exigencia. Así, en la sentencia 383/2020, de 1 de julio, adecuamos la exigencia de haber acudido al expediente del acuerdo extrajudicial de pagos a las posibilidades reales de hacerlo:

"La exigencia del ordinal 3º de que se hubiera celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, de acuerdo con la propia dicción legal, presupone que el deudor, en aquel momento, reuniera los requisitos establecidos en el art. 231 LC para poder acogerse al expediente del acuerdo extrajudicial de pagos. Se trata de un procedimiento de insolvencia que tiene una fase extrajudicial que permite al deudor alcanzar un acuerdo con los acreedores. El RDL 1/2015, de 27 de febrero, al introducir esta exigencia del ordinal 3º, pretendió incentivar que los deudores que reunieran los requisitos para ello intentaran esta vía antes que acudir a un concurso de acreedores.

"Lógicamente, para quienes no reúnan los requisitos del art. 231 LC para acogerse al acuerdo extrajudicial de pagos, esta exigencia del ordinal 3º del art. 178 bis.3 LC no opera. Como tampoco puede operar para quienes hubieran acudido al concurso de acreedores en un momento en que todavía no se había introducido este procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos, lo que ocurrió con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre".

En aquel caso, como el deudor concursado había solicitado el concurso en el año 2012, antes de que se hubiera instaurado el acuerdo extrajudicial de pagos (Ley 14/2013, de 27 de septiembre) y el art. 178 bis LC (Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero), entendimos que no le era exigible el requisito del ordinal 3º LC.

El presente caso es distinto, pues cuando el deudor instó el concurso de acreedores (julio de 2015), ya estaba en vigor el art. 178 bis LC y los arts. 231 y ss. LC, que regulaban el acuerdo extrajudicial de pagos, por lo que podía haberse sometido a dicho expediente.

Este caso pone en evidencia la falta de justificación de esta exigencia y la discriminación que conlleva para los deudores personas físicas, ordinariamente no comerciantes, que hubieran optado directamente por el concurso de acreedores. Es lógico que estos no pensaran acogerse al acuerdo extrajudicial de pagos, procedimiento pre-concursal que inicialmente había sido ideado en la Ley de emprendedores de 2013 para comerciantes. De tal forma que no resulta justificada mantener su exigencia de manera tan taxativa que les prive de cualquier forma de exoneración del pasivo, lo que obliga a interpretar el ordinal 3º del art. 178bis 3 LC en el sentido de considerar aplicable esa exigencia a quienes se haya constatado que tenían la consideración de comerciantes.

5. La sentencia de apelación hacía referencia al incumplimiento de otro requisito inexistente cuando se opta por la exoneración del ordinal 5º del art. 178 bis.3 LC. En estos casos en que se acude a la exoneración demorada en el tiempo mediante un plan de pagos no es necesario que previamente, para obtener la exoneración provisional, se hayan pagado los créditos contra la masa, los créditos con privilegio y el 25% de los créditos ordinarios. Esta exigencia opera cuando se opta por la exoneración inmediata del ordinal 4º del art. 178 bis.3 LC. Máxime a la vista de la interpretación que de la vía prevista en el ordinal 5º del art. 178 bis.3 LC hicimos en las sentencia 381/2019, de 2 de julio, y 295/2022, de 6 de abril.

6. La estimación del recurso supone dejar sin efecto la sentencia de apelación y tener por desestimada la oposición a la exoneración contenida en la demanda incidental. De tal forma que, el juzgado podría tramitar la solicitud de exoneración mediante la aportación de un plan de pagos, en el modo que ha sido interpretada esta vía de exoneración en las citadas sentencias 381/2019, de 2 de julio, y 295/2022, de 6 de abril.

CUARTO. Costas

1. Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso ( art. 398.1 LEC) , con pérdida del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC) , con devolución del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Estimado el recurso de apelación, tampoco procede hacer expresa condena en costas, conforme al art. 398.2 LEC.

4. Y aunque ha resultado desestimada la demanda de oposición a la exoneración, en atención a las dudas de derecho sobre la interpretación de la exigencia contenida en el ordinal 3º del art. 178 bis.3 LC, solventadas con esta sentencia, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 394 LEC.