Sentencia Civil 71/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3742/2021 de 22 de enero del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes relevantes

1.- El demandante interpuso demanda de juicio ordinario contra el Banco Santander en la que solicitó la declaración de nulidad de las cláusulas sobre gastos e intereses moratorios, en los términos expuestos en la demanda, contenidas en la escritura de formalización de contrato de préstamo con garantía hipotecaria, suscrita entre las partes en fecha de 27 de junio de 2014.

2.- La sentencia de primera instancia, de 3 de julio de 2019, estimó en parte la demanda, declaró la nulidad de la cláusula sobre gastos y condenó a la entidad demandada a que abonase al demandante la suma de 561,55 euros, más intereses legales; y, por razón de la estimación parcial de la demanda, no impuso las costas procesales de primera instancia.

3.- La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al que no se opuso el demandante, quien se aquietó a la sentencia de primera instancia.

4.- La sentencia de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación e impuso al banco demandado las costas procesales de su recurso; y de oficio le impuso también las costas procesales de primera instancia. En su fundamento jurídico tercero razonó:

"En cuanto a las costas procesales de la primera instancia, es cierto que no existe una estimación ni total ni sustancial de la demanda, sino sólo parcial, lo que impediría la condena en las costas procesales de la primera instancia al demandado. Esto era así hasta que se dictó sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 16 de julio de 2020, la cual establece que, en estos casos, pese a la estimación parcial de la demanda, las costas del procedimiento en la primera instancia han de ser satisfechas en su totalidad por el banco prestamista. (...)

"Por tanto, aunque no haya recurrido el consumidor el pronunciamiento de la sentencia sobre las costas procesales de la instancia, éstas se han de imponer al banco pues las sentencias del TJUE son aplicables de oficio por la Sala en tanto interpretan las Directivas comunitarias en beneficio de los consumidores (...)".

5.- El banco demandado ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, fundado en dos motivos; y recurso de casación, fundado en un único motivo.

6.- La parte demandante se ha opuesto a ambos recursos y ha solicitado su desestimación, al amparo de la doctrina fijada en las sentencias de esta Sala 579/2022, de 26 de julio y 756/2022, de 4 de noviembre.

7.- En este caso, al igual que en otros recursos (sentencia 854/2022, de 30 de noviembre), invertiremos el orden de análisis de los recursos, pues en uno y otro caso, la cuestión está vinculada y guarda relación con lo que constituye el motivo único del recurso de casación.

SEGUNDO.- Decisión de la Sala

1.- El motivo único del recurso de casación fue enunciado como sigue:

"Al amparo del artículo 477.2.3º de la LEC en relación con el 477.3 de la LEC: infracción por la sentencia recurrida del artículo 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, en relación con el artículo 394.2 de la LEC (en oposición a la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de julio en los asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, la sentencia núm. 715/2015, de 14 de diciembre; y en la sentencia núm. 553/2005, de 7 de julio, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección primera)" .

2.- En el desarrollo del motivo se alega, en síntesis, que la sentencia recurrida no ha interpretado correctamente los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE y el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es contraria al derecho de defensa, al principio de seguridad jurídica y al "buen desarrollo del procedimiento"; pues hubo una estimación parcial de la demanda y la Audiencia Provincial entró "a conocer de un pronunciamiento no impugnado por ninguna de las partes del proceso".

3.- Como ya ha razonado la Sala en recursos anteriores, similares al presente (por todas, sentencia 994/2023, de 20 de junio), las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la Unión Europea, en los términos en que han sido interpretados por nuestras sentencias, en especial la núm. 35/2021, de 27 de enero, y la sentencia de Pleno 418/2023, de 28 de marzo, conducen a que, estimada la acción de nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo, gastos, multidivisa, vencimiento anticipado, o intereses moratorios, aunque no se estimen la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas procesales de la primera instancia al banco demandado, de acuerdo con la doctrina del TJUE (sentencias de 16 de julio de 2020 y 17 de mayo de 2022).

4.- Por otro lado, como también hemos razonado en anteriores ocasiones (entre las más recientes véanse las sentencias 373/2023, de 16 de marzo y 854/2022, de 30 de noviembre), esta Sala planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial sobre si el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE se oponía a la aplicación de los principios procesales de justicia rogada, congruencia y prohibición de reformatio in peius, que impiden al tribunal que conoce del recurso interpuesto por el banco contra una sentencia que limitó en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula suelo declarada nula, acordar la restitución íntegra de dichas cantidades y empeorar con ello la posición del recurrente, porque dicha limitación no ha sido recurrida por el consumidor.

En su sentencia de 17 de mayo de 2022 (asunto C-869/19), el TJUE declaró que el art. 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, se opone a la aplicación de principios procesales nacionales en cuya virtud un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de dicha disposición y decretar la restitución íntegra de esas cantidades, cuando la falta de impugnación de tal limitación en el tiempo por el consumidor afectado no puede imputarse a una pasividad total de éste.

En la fundamentación de la sentencia, el TJUE afirma que, en las circunstancias de aquel asunto, el hecho de que un consumidor no haya interpuesto recurso en el plazo oportuno puede imputarse a que, cuando dictó la sentencia de 21 de diciembre de 2016 (C-154/15, C-307/15 y C-308/15) ya había transcurrido el plazo en el que se podía interponer recurso de apelación o impugnar la sentencia en virtud del Derecho nacional. Por tal razón, el TJUE declara que no cabe considerar que el consumidor haya mostrado una pasividad total al no cuestionar ante un tribunal de apelación la jurisprudencia hasta entonces mantenida por el Tribunal Supremo. En estas circunstancias, el TJUE concluyó que la aplicación de los principios procesales nacionales de justicia rogada, de congruencia y de prohibición de reformatio in peius, al privar al consumidor de los medios procesales que le permiten hacer valer sus derechos en virtud de la Directiva 93/13, puede hacer imposible o excesivamente difícil la protección de tales derechos, vulnerando de este modo el principio de efectividad.

Esta Sala asumió dicha doctrina en la sentencia de Pleno 579/2022, de 26 de julio, que ahora debemos reproducir.

5.- Aplicada la doctrina expuesta al presente caso, dos son las consideraciones fundamentales que habrán de conducirnos a la desestimación del recurso de casación.

En primer lugar, habida cuenta que la sentencia de primera instancia declaró la nulidad de las referidas cláusulas sobre gastos de formalización del préstamo hipotecario e intereses moratorios, las costas procesales de primera instancia deben ser impuestas al banco demandado.

Y, en segundo lugar, en el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia, 3 de julio de 2019, el TJUE aún no había dictado la sentencia de 17 de mayo de 2022 (asunto C-869/19), que resolvió la cuestión prejudicial planteada por esta Sala; ni la sentencia de 16 de julio de 2020. Esta última, por razones temporales, ya pudo ser aplicada por la sentencia recurrida, de 15 de enero de 2021, que acertadamente impuso de oficio al banco demandado las costas procesales de primera instancia.

Por tanto, aunque el demandante se aquietó a la sentencia de primera instancia, no cabe apreciar pasividad total del demandante, pues en el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia y ésta pudo ser recurrida en apelación no existía un criterio judicial sobre la cuestión controvertida.

6.- En consecuencia, procede desestimar el recurso de casación. Dada la estrecha relación existente entre los dos motivos del recurso extraordinario por infracción procesal y el motivo único del recurso de casación, toda vez que las denuncias sobre infracción de normas procesales son instrumentales respecto de la controversia sustantiva objeto del recurso de casación ( sentencias 531/2021, de 14 de julio y 130/2022, de 21 de febrero), los mismos razonamientos que han determinado la desestimación del recurso de casación determinan también la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

TERCERO.- Costas procesales y depósitos

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1, en relación con el 394.1, ambos de la LEC, las costas procesales de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la parte recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.