Sentencia Civil 1625/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2983/2019 de 22 de noviembre del 2023

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia

El 4 de junio de 2005, Felicisima suscribió tres participaciones preferentes de Unión Fenosa, por un precio total de 150.000 euros, que fueron comercializadas por Banco Santander.

Más tarde, en enero de 2008, Felicisima pretendió vender las tres participaciones preferentes, y el Banco le comunicó que por problemas de liquidez tan sólo era posible obtener el reintegro correspondiente a una de las participaciones preferentes, pero no del resto.

2. El 4 de abril de 2014, la Sra. Felicisima interpuso la demanda que inició el presente procedimiento, en la que pedía, con carácter principal, la nulidad por error vicio de la adquisición de las tres participaciones preferentes de Fenosa, basado esencialmente en el incumplimiento de los deberes de información. De forma subsidiaria, pedía la resolución del contrato por incumplimiento de esos deberes relacionados con la comercialización de productos financieros complejos.

La demanda iba dirigida contra Banco Santander, que además de oponerse por motivos de fondo, relacionados con la improcedencia de la nulidad y de la resolución del contrato, excepcionó la falta de legitimación pasiva del Banco en relación con las acciones ejercitadas y la caducidad de la acción.

3. La sentencia de primera instancia, en primer lugar, desestimó tanto la excepción de falta de legitimación pasiva, como la de caducidad de la acción. Y, al entrar en el fondo del asunto, estimó en parte las acciones que se ejercitaban con carácter principal, al apreciar la nulidad por error vicio en el consentimiento del cliente, que suscribió las participaciones preferentes sin haber sido informado suficientemente del producto y sus riesgos; y condenó a la devolución del importe de las dos participaciones preferentes que mantuvo (100.000 euros), y excluyó el importe correspondiente a la que enajenó en el 2008.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante y por el banco. La Audiencia desestima el recurso de la demandante: entiende que la demanda fue estimada parcialmente, al haber sido rebajada la cuantía de la indemnización solicitada, de 150.000 euros a 100.000 euros, por lo que resultaba procedente que no hubiera imposición de costas en primera instancia.

Y el recurso del banco ha sido estimado en parte. La sentencia de apelación reitera que la acción de nulidad no había caducado, y lo justifica con el siguiente razonamiento:

"El artículo 1301 del Código Civil dispone que en los casos de error o dolo, o falsedad de la causa el plazo de cuatro años, empezará a correr, desde la consumación del contrato, que no puede confundirse con el momento de la perfección del contrato, sino cuando estén cumplidas las prestaciones de las partes contractuales, conforme a la doctrina jurisprudencial, Sts del Tribunal Supremo de 11 de Junio del 2003, 5 de Mayo de 1983 y la Sentencia de Pleno de 19 de Febrero del 2018 que declara que la consumación del contrato ha de entenderse en el momento de la extinción del contrato, es cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones de las partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. El contrato se extinguía en el año 2015, por lo que la acción formulada no estaba caducada".

En cuanto al fondo del asunto, después de confirmar la procedencia de la nulidad de la suscripción de las participaciones preferentes por existir error vicio en su contratación, estima en parte el recurso del banco en relación con los efectos de la nulidad, pues deben conllevar la recíproca restitución de prestaciones, por lo que además de la condena al banco a restituir las 100.000 euros del importe de las dos participaciones preferentes, la Sra. Felicisima debía devolver las participaciones y los rendimientos obtenidos.

5. Frente a la sentencia de apelación, Banco Santander interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado en un motivo.

En la medida en que el recurso de casación afecta a la caducidad la acción, excepción desestimada en la instancia, y el recurso extraordinario por infracción procesal a la cuestión de fondo, a la apreciación del error vicio, vemos conveniente invertir el orden en su análisis. Comenzaremos por el recurso de casación, pues su estimación haría innecesario el análisis del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del artículo 1301 CC y la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el comienzo del cómputo del plazo de cuatro años de caducidad. La Audiencia entiende que, en este caso en que se adquirieron participaciones preferentes, la consumación no se producía hasta la extinción del contrato, en el año 2015, lo que es contrario a la jurisprudencia establecida en la sentencia de 19 de febrero de 2018, respecto de las participaciones preferentes.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Como hemos recordado en otras ocasiones, en la interpretación del art. 1301 CC, la jurisprudencia ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr "desde la consumación del contrato", y no antes ( sentencias 89/2018, de 19 de febrero, y 264/2018, de 9 de mayo). Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

De hecho este tribunal, de forma un tanto casuística, ha ido distinguiendo entre distintos tipos de contratos para advertir, en función de sus características, cuándo podía considerarse consumados.

Los contratos de suscripción de obligaciones de deuda subordinada y participaciones preferentes, hemos entendido que, en principio, se perfeccionan desde la adquisición de estos productos (por ejemplo, sentencias 718/2016, de 1 de diciembre, y 576/2020, de 4 de noviembre). No obstante, como ya hemos apuntado, si para entonces no hubiera aflorado el riesgo que se desconocía y en qué consistía el error, el comienzo del cómputo debe referirse al momento en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de su existencia.

En este caso, consta que la Sra. Felicisima adquirió con pleno conocimiento de los riesgos que conllevaba la adquisición de las participaciones preferentes en enero de 2008, cuando pretendió la venta de las tres participaciones preferentes. De tal forma que, en este caso, cuando menos desde enero de 2008, la cliente debía conocer las aspectos sobre los que luego denuncia había incurrido en error al contratar las participaciones preferentes de Unión Fenosa, y podía por ello haber ejercitado la acción. Y al haber transcurrido desde entonces más de cuatro años antes de la presentación de su demanda, debía apreciarse la caducidad de la acción.

3. En consecuencia, estimamos el recurso de casación, sin necesidad de examinar el recurso extraordinario por infracción procesal, estimamos el recurso de apelación formulado por Banco Santander, en el sentido de desestimar íntegramente las acciones fundadas en la nulidad por error vicio.

4. Las acciones ejercitadas con carácter subsidiario se basaban en la resolución del contrato de adquisición de las participaciones preferentes por el incumplimiento de las obligaciones que la normativa MiFID impone en la comercialización de estos productos financieros complejos. Al margen de que por el tiempo en que fueron suscritas las participaciones preferentes resultaría de aplicación la normativa pre-MiFID y no la MiFID, propiamente dicha, en cualquier caso deben desestimarse esas acciones porque conforme a la jurisprudencia de esta sala (contenida en la sentencia de pleno, 491/2017, de 13 de septiembre, y reiterada con posterioridad, entre otras por la sentencia 490/2022, de 21 de junio), "en la comercialización de los productos financieros complejos sujetos a la normativa MiFID, el incumplimiento de las obligaciones de información por parte de la entidad financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento. Pero no puede dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento".

TERCERO. Costas

1. Estimado el recurso de casación no procede hacer expresa condena respecto de las costas de este recurso y del recurso extraordinario por infracción procesal que no fue analizado como consecuencia de la estimación de la casación ( art. 398.2 LEC) , con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. La estimación de la casación ha supuesto la estimación del recurso de apelación formulada por Banco Santander, razón por la cual no procede hacer expresa condena de las costas del recurso de apelación ( art. 398.2 LEC) . Sin embargo, se mantiene la condena al pago de las costas del recurso de la demandante, cuya desestimación no ha quedado afectada por la casación.

3. En cuanto a las costas de primera instancia, la desestimación de la demanda conlleva que se impongan a la parte demandante, conforme a lo prescrito en el art. 394 LEC.