Sentencia Civil 1626/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3501/2019 de 22 de noviembre del 2023

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia

El 30 de diciembre de 2008, Segismundo y María Dolores adquirieron una participación preferente de Unión Fenosa, por un precio de 50.000 euros, a través de Banco Santander.

Segismundo y María Dolores han ido cobrando los rendimientos generados por esta participación preferente.

2. El 28 de abril de 2017, Segismundo y María Dolores interpusieron la demanda que inició el presente procedimiento, en la que pedían, con carácter principal, la nulidad por error vicio de la adquisición de la participación preferente de Fenosa, basada esencialmente en el incumplimiento de los deberes de información. De forma subsidiaria, pedían la resolución del contrato por incumplimiento de esos deberes relacionados con la comercialización de productos financieros complejos.

La demanda iba dirigida contra Banco Santander, que además de oponerse por motivos de fondo, relacionados con la improcedencia de la nulidad y de la resolución del contrato, excepcionó la falta de legitimación pasiva del Banco en relación con las acciones ejercitadas y la caducidad de la acción.

3. La sentencia de primera instancia, en primer lugar, desestimó tanto la excepción de falta de legitimación pasiva, como la de caducidad de la acción. Y, al entrar en el fondo del asunto, estimó la acción de nulidad que se ejercitaba con carácter principal, por apreciar error vicio en el consentimiento de los clientes al suscribir la participación preferente sin haber sido informados suficientemente del producto y de sus riesgos; y ordenó al banco la devolución del importe de la participación preferente (50.000 euros) y a los demandantes la devolución del título y de los rendimientos percibidos.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco. La Audiencia desestima el recurso. En lo que ahora interesa, la sentencia de apelación reitera que la acción de nulidad no había caducado, y lo justifica con el siguiente razonamiento:

"El artículo 1301 del Código Civil dispone que en los casos de error o dolo, o falsedad de la causa el plazo de cuatro años, empezará a correr, desde la consumación del contrato, que no puede confundirse con el momento de la perfección del contrato, sino cuando estén cumplidas las prestaciones de las partes contractuales, conforme a la doctrina jurisprudencial, Sts del Tribunal Supremo de 11 de Junio del 2003, 5 de Mayo de 1983 y la Sentencia de Pleno de 19 de Febrero del 2018 que declara que la consumación del contrato ha de entenderse en el momento de la extinción del contrato, es cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones de las partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato.

"El contrato, en tal sentido, no ha llegado a consumarse dado que la inversión era tendencialmente perpetua, de manera que la acción formulada no estaba caducada".

En cuanto al fondo del asunto, confirma la procedencia de la nulidad de la suscripción de la participación preferente por existir error vicio en su contratación.

5. Frente a la sentencia de apelación, Banco Santander interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado en un motivo.

En la medida en que el recurso de casación afecta a la caducidad la acción, excepción desestimada en la instancia, y el recurso extraordinario por infracción procesal a la cuestión de fondo, a la apreciación del error vicio, vemos conveniente invertir el orden en su análisis. Comenzaremos por el recurso de casación, pues su estimación haría innecesario el análisis del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del artículo 1301 CC y la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el comienzo del cómputo del plazo de cuatro años de caducidad. La Audiencia entiende que, en este caso en que se adquirieron participaciones preferentes, la consumación no se producía hasta la extinción del contrato, lo que es contrario a la jurisprudencia establecida en la sentencia de 19 de febrero de 2018, respecto de las participaciones preferentes.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Como hemos recordado en otras ocasiones, en la interpretación del art. 1301 CC, la jurisprudencia ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr "desde la consumación del contrato", y no antes ( sentencias 89/2018, de 19 de febrero, y 264/2018, de 9 de mayo). Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

De hecho este tribunal, de forma un tanto casuística, ha ido distinguiendo entre distintos tipos de contratos para advertir, en función de sus características, cuándo podía considerarse consumados.

Los contratos de suscripción de obligaciones de deuda subordinada y participaciones preferentes, hemos entendido que, en principio, se perfeccionan desde la adquisición de estos productos (por ejemplo, sentencias 718/2016, de 1 de diciembre, y 576/2020, de 4 de noviembre). No obstante, como ya hemos apuntado, si para entonces no hubiera aflorado el riesgo que se desconocía y en qué consistía el error, el comienzo del cómputo debe referirse al momento en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de su existencia.

En la medida en que la sentencia recurrida contraviene esta jurisprudencia, procede estimar el motivo de casación, y al asumir la instancia, analizar la prueba practicada en relación con el momento en que los demandantes tuvieron conocimiento de los riesgos que implicaba la adquisición de una participación preferente en caso de que quisieran rescatar la inversión, mediante su venta.

El documento núm. 15 de la contestación a la demanda, deja constancia de que, el 4 de agosto de 2010 Sr. Segismundo solicitó la venta de la participación preferente, lo que no es negado por la parte demandante y se corrobora con la declaración del Sr. Segismundo en el acto del juicio. Está claro que esa venta no llegó a ejecutarse. La declaración del empleado del banco que intervino en la operación ratifica que la razón por la que no se ejecutó la orden de venta no fue porque no hubiera prestado su consentimiento la esposa del Sr. Segismundo ( María Dolores), que era cotitular de la participación preferente, sino porque al intentar venderla en el mercado secundario no se encontró ninguna oferta de compra con que cruzarla, por lo que no fue posible su venta en ese momento.

Estos hechos muestran que necesariamente en ese tiempo, en agosto y septiembre de 2010, los clientes conocían del riesgo de falta de liquidez para recuperar la inversión realizada que suponía el producto adquirido. De tal forma que en este caso, cuando menos desde agosto o septiembre de 2010, los clientes debían conocer las aspectos sobre los que luego denuncian que habían incurrido en error al contratar las participaciones preferentes de Unión Fenosa, y podían por ello haber ejercitado la acción. De tal forma que, al haber transcurrido desde entonces más de cuatro años antes de la presentación de su demanda, debe apreciarse la caducidad de la acción de nulidad y desestimarse todas las pretensiones que se fundaban en la nulidad.

3. En cuanto a las acciones ejercitadas con carácter subsidiario se basaban en la resolución del contrato de adquisición de las participaciones preferentes por el incumplimiento de las obligaciones que la normativa MiFID impone en la comercialización de estos productos financieros complejos. Estas acciones también deben desestimarse porque conforme a la jurisprudencia de esta sala (contenida en la sentencia de pleno, 491/2017, de 13 de septiembre, y reiterada con posterioridad, entre otras por la sentencia 490/2022, de 21 de junio), "en la comercialización de los productos financieros complejos sujetos a la normativa MiFID, el incumplimiento de las obligaciones de información por parte de la entidad financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento. Pero no puede dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento".

TERCERO. Costas

1. Estimado el recurso de casación no procede hacer expresa condena respecto de las costas de este recurso y del recurso extraordinario por infracción procesal que no fue analizado como consecuencia de la estimación de la casación ( art. 398.2 LEC) , con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. La estimación de la casación ha supuesto la estimación del recurso de apelación formulada por Banco Santander, razón por la cual no procede hacer expresa condena de las costas del recurso de apelación ( art. 398.2 LEC) .

3. En cuanto a las costas de primera instancia, la desestimación de la demanda conlleva que se impongan a la parte demandante, conforme a lo prescrito en el art. 394 LEC.