Sentencia Civil Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. de 25 de marzo del 1988

Primero: Al no haberse formulado ningún motivo de casación al amparo del n.° 4.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , esta Sala ha de partir para resolver este recurso, de los hechos que como probados sirven de base a la sentencia recurrida, los cuales sucintamente expuestos, son los siguientes: a) La recurrida doña María contrajo matrimonio con don Carlos Francisco en 1961; matrimonio que por sentencia de 12 de abril de 1984, del Juzgado de Familia sito en Pamplona, fue declarado separado, atribuyéndose a la esposa la guarda y custodia de los hijos menores de edad, así como el uso exclusivo del domicilio y ajuar familiares y una pensión alimenticia del 50 por 100 de los ingresos netos anuales del marido, quedando disuelto el régimen económico matrimonial, b) Don Carlos Francisco prestó sus servicios en la empresa "Unión Carbide Navarra, SA.", como perito en la que, a consecuencia de diagnóstico médico de insuficiencia cardiaca fue declarado en situación laboral de Incapacidad Permanente Absoluta para todo el trabajo, por resolución del Instituto Provincial de la Seguridad Social de 18 de enero de 1984, con derecho al percibo de una pensión del 100 por 100 de la base reguladora, de 160.830 pesetas mensuales, con efecto desde el 24 de junio de 1983. c) El 29 de septiembre de 1984 falleció dicho señor Carlos Francisco , habiendo otorgado el 9 de julio anterior, testamento abierto en el que nombra herederos universales conforme al Derecho Foral Navarro a tres de sus seis hijos, y designa albacea a don Jaime , actual recurrente, d) La empresa en que trabajaba el fallecido tenía concertada una póliza de grupo en favor de sus trabajadores cubriéndose con ella el riesgo de invalidez permanente absoluta de cada trabajador por un capital equivalente a dos veces el sueldo bruto anual. La aseguradora "Rentas y Seguros de Vida, SA.", tras la declaración de incapacidad laboral atribuida al señor Carlos Francisco , le concedió una indemnización de 4.702.404 pesetas, e) La esposa, ahora recurrida, fallecido el marido presenta la demanda origen de esta litis frente a la herencia yacente de su esposo para que se declare que la indemnización referida tiene el carácter de bien de conquistas del matrimonio, por lo que corresponde la mitad de la suma asegurada reconocida, cuya entrega pide en la demanda, más sus intereses; a la demanda se opuso el expresado albacea testamentario, que a su vez formuló reconvención sobre la que no se discute en este recurso, que ha quedado reducido al primero de los puntos litigiosos que expuso la demanda, f) La sentencia recurrida declara que la indemnización mencionada "como complemento de prestación de la Seguridad Social concedida al señor Carlos Francisco por la declaración a su favor de una incapacidad permanente absoluta para el trabajo, en virtud de póliza de seguro de grupo, tiene el carácter de bien de conquistas, que con tal carácter debe llevarse a la liquidación de bienes de la sociedad conyugal", y con desestimación de la demanda en el resto de sus pedimentos; punto litigioso éste que, como ya se indicó, constituye el problema jurídico a resolver en este recurso de casación formulado por el albacea señor Jaime con la pretensión de que la aludida indemnización se califique de bien privativo del marido fallecido.

Segundo: Todos los cuatro motivos se amparan en el n.° 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El primero de ellos denuncia infracción de lo dispuesto en el último párrafo de la Ley 83 de la Compilación de Derecho Civil Foral navarro, que establece que "se presumen de conquistas todos aquellos bienes cuya pertenencia privativa no conste"; en el segundo se denuncia la infracción de lo dispuesto en la Ley 91 en relación con la 2.a de la misma Compilación, que prevé las aplicación supletoria al régimen de conquistas de la normativa del Código Civil sobre gananciales. El supuesto fáctico litigioso consiste en haber adquirido el esposo antes de fallecer una indemnización en virtud de póliza que cubría el riesgo, después realizado en el asegurado, de invalidez permanente absoluta para todo trabajo. Debe distinguirse, al efecto de atribuir dicha suma indemnizatoria el concepto de bien de conquistas, entre capacidad laboral como derecho integrado en la personalidad del trabajador, y que se incluye en sus bienes inherentes a dicha personalidad, y las consecuencias o productos de su trabajo, es decir, el rendimiento económico del trabajo, que tanto la Compilación de Derecho Foral Navarro (Ley 83-1), como el Código Civil (art. 1.347-1.°) incluyen entre los bienes de conquista o gananciales, y en tal concepto estas ganancias no son bienes inherentes a la persona y no transmisibles "inter vivos", excluidos de la consideración de gananciales por el art. 1.346, n.° 5 .° del Código Civil. Y tampoco son bienes inherentes a la personalidad las indemnizaciones que como la discutida, proceden de la relación de trabajo y se generaron al amparo de la misma, de modo que no tendrían explicación si se prescinde de tal relación laboral, y toda vez que su carácter es totalmente económico o patrimonial basado en su derecho al trabajo, derecho personalísimo, pero que no se confunde con éste por ser una consecuencia económica y pecuniaria que se hace común en el momento en que se percibe por el beneficiario trabajador y, por consiguiente, ingresado en el patrimonio conyugal, integrado al disolverse la sociedad de conquistas parte de estos bienes a liquidar y repartir entre ambos cónyuges o sus herederos. Al no tener la indemnización discutida su fundamentación en un resarcimiento de daños, sino en una póliza de seguro contra el riesgo de invalidez permanente absoluta para el trabajo, no puede acogerse al n.° 6.° del art. 1.346 del Código Civil , referido como su texto indica "a los daños inferidos a la persona" de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos, todo ello aun considerando que la normativa del Código Civil tiene en este punto aplicación supletoria a Navarra por virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de la Compilación de dicha región foral. De todo lo cual se deduce que no hubo infracción de la Ley 83 del Fuero Nuevo o Compilación, ni de la Ley 91 del mismo Cuerpo Legal, pues ni consta la pertenencia privativa de la indemnización litigiosa, y por tanto se presume de conquistas, ni hay inconveniente para acudir como criterio interpretativo a las normas del Código Civil siguiendo el mandato de la Ley citada 91; y, en definitiva, dichos dos primeros motivos deben ser desestimados.

Tercero: En los motivos tercero y cuarto acusa el recurso, respectivamente, la infracción de lo dispuesto en el art. 1.346, párrafo 5.° del Código Civil , y en la Ley 84, párrafo 4.° del Fuero Nuevo. Parte de estos motivos el recurrente de la cualidad de inherente a la persona que tiene la capacidad de trabajo, y estima erróneamente que en esa capacidad se ha subrogado la indemnización. Conclusión que confunde aquella capacidad laboral con sus rendimientos económicos, que la legislación considera gananciales. Así, como ya se indicó, la Ley 83 de la Compilación en su n.° 1.° hace comunes como bienes de conquistas "los bienes ganados por el trabajo u otra actividad cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio", y el Código Civil (art. 1.347. n.° 1 .°) estima bienes gananciales "los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges", y como se especificó antes, la indemnización percibida o reconocida al fallecido señor Carlos Francisco no se concibe sino como rendimiento o producto, al menos indirecto, de su trabajo, y tiene un carácter económico y transmisible que no puede identificarse con su derecho personalísimo a trabajar, ni con los bienes inherentes a su persona que son intransmisibles se extinguen por su muerte. Por consiguiente, han de decaer asimismo estos dos últimos motivos y con ello la totalidad del recurso.

Cuarto: Las costas de este recurso han de ser impuestas al recurrente por imperativo del art. 1.715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que proceda pronunciamiento alguno respecto de depósito por no haber sido conforme de toda conformidad ambas sentencias de instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.