Sentencia Civil 1646/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6350/2019 de 27 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- Desde septiembre de 2004, la empresa Playa Calarena Grupo Inmobiliario S.L., propietaria de un solar ubicado en la CALLE000 núm. NUM000 de Algeciras, estaba construyendo un edificio de cuatro plantas, con proyecto del arquitecto D. Jose Ángel y dirección de obra por el arquitecto técnico D. Carlos Jesús.

2.- La empresa promotora estaba asegurada con la compañía ASEFA S.A. de seguros y reaseguros. El arquitecto estaba asegurado por ASEMAS. Y el arquitecto técnico por MUSAAT.

3.- Entre los días 27 de septiembre y 20 de octubre de 2004, para poder ejecutar unos micropilotes que servirían de apoyo a la cimentación del inmueble que se pretendía construir en el citado solar, Carlos Jesús ordenó la demolición del muro medianero con el edificio contiguo de la CALLE000 núm. NUM001, así como también otro perpendicular, que servía de contrafuerte.

4.- La retirada del muro adosado de cerramiento de la medianería del inmueble contiguo del núm. NUM001 de la CALLE000, así como los trabajos llevados a cabo con posterioridad, siempre bajo la misma dirección facultativa, afectaron a la estructura de dicho inmueble, hasta el punto de que se produjo su derrumbamiento, sobre las 16 horas del 9 de noviembre de 2004.

A consecuencia del derrumbe, resultó fallecido D. Bartolomé, de 95 años, morador de la vivienda junto con su esposa Dña. Tamara, que sufrió lesiones graves y secuelas.

El edificio derrumbado y el solar sobre el que se asentaba eran propiedad de Dña. Milagrosa.

5.- Por tales hechos se siguió un proceso penal, en el que únicamente figuró como acusado el arquitecto técnico Carlos Jesús, porque el arquitecto superior, Jose Ángel, había fallecido durante la instrucción; y fueron parte como responsables civiles las tres mencionadas compañías aseguradoras. El proceso penal concluyó con una sentencia de conformidad del acusado Carlos Jesús, dictada por el Juzgado de lo Penal de Algeciras, de 11 de febrero de 2013, cuyo fallo era del siguiente tenor literal (en las partes que ahora interesan):

"Que, con la conformidad de las partes debo condenar y condeno a Carlos Jesús, como autor penalmente responsable de una falta de imprudencia con resultado de muerte del artículo 621.1 del C.P. [...] y de una falta de lesiones imprudentes del artículo 621.3 del C.P. [...].

"En concepto de responsabilidad civil se condena al Sr. Carlos Jesús al pago de las siguientes indemnizaciones: a los herederos de Bartolomé y de Tamara por todos los conceptos, a los efectos de que se proceda al reparto entre los mismos de conformidad con las normas vigentes en el Código Civil, en la cantidad de 175.000 euros. Esta cantidad, bien por parte del Sr. Carlos Jesús, bien por la responsable civil directa que se dirá se abonará en el plazo de diez días desde la vista en la cuenta corriente (...) de la entidad ING.

[...] los perjudicados se reservan expresamente el derecho a accionar contra cualesquiera personas o entidades que pudieren resultar responsables de los perjuicios diferentes del acusado y su aseguradora. En dichas cantidades deben entenderse incluidas las correspondientes a las costas por la intervención de las acusaciones y los intereses hasta la fecha de la celebración de la vista.

"Del mismo modo debo de absolver y absuelvo de cuantos pedimentos venían siendo efectuados en su contra a las entidades PLAYA CALARENA GRUPO DE GESTION INMOBILIARIA S.L., ASEMAS Y ASEFAS.

"Se decreta la firmeza y ejecutoriedad de la presente".

6.- El 5 de junio de 2014, la Sra. Milagrosa, propietaria de la finca que se derrumbó, formuló una demanda contra las compañías aseguradoras de las empresas constructoras y de los técnicos intervinientes en la obra (ASEMAS - aseguradora del arquitecto fallecido-; ASEFA S.A. -aseguradora de la promotora-; y MUSAAT -aseguradora del arquitecto técnico), en la que solicitaba que se las condenara solidariamente a indemnizarla en la suma de 1.289.924,62 €, más los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

7.- Previa oposición de las partes demandadas, la sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y condenó a las tres aseguradoras demandadas a indemnizar solidariamente a la actora en la suma de 810.095,55 €, más los intereses del art. 20 LCS.

8.- Los recursos de apelación de las demandadas fueron estimados por la Audiencia Provincial, por entender, en el caso de la reclamación ejercitada contra ASEFA (aseguradora de la promotora), que la acción estaba prescrita, conforme al art. 1968 CC; y respecto de las acciones ejercitadas contra MUSAAT (aseguradora del arquitecto técnico) y ASEMAS (aseguradora del arquitecto superior), porque concurría cosa juzgada, al haber sido ya indemnizada la demandante, por los mismos conceptos reclamados, en la sentencia que se dictó en el previo proceso penal.

9.- La demandante ha interpuesto un recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Formulación de los dos primeros motivos

1.- El primer motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1092 CC y 76 LCS, en relación con los arts. 115 y 116 LECrim y 1902 CC.

En su desarrollo, alega la parte recurrente, resumidamente, que en relación con la responsabilidad que solicita respecto de ASEMAS Y ASEFA, debería haberse considerado que se trataba de responsabilidad civil derivada de delito y aplicarse el plazo de prescripción de las acciones personales de quince años y no el plazo de responsabilidad extracontractual de un año.

2.- El segundo motivo denuncia la inaplicación de los arts. 1961 y 1964.2 CC, en relación con los arts. 117 CP y 76 LCS. Reitera lo argumentado en el motivo anterior sobre la aplicación del plazo de prescripción de quince años.

3.- Dada la evidente conexidad argumental entre estos dos primeros motivos, se resolverán conjuntamente, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

TERCERO.- Plazo de prescripción de responsabilidad civil ex delicto. Decisión de la Sala. Desestimación

1.- Para que concurra responsabilidad civil derivada de delito debe haber un previo pronunciamiento de responsabilidad penal ( sentencias 34/2004, de 31 de enero; 148/2015, de 27 de marzo; y 327/2020, de 22 de junio; entre otras muchas). En este caso, dicho pronunciamiento únicamente se produjo respecto del asegurado con MUSAAT, por lo que la responsabilidad civil derivada de la condena de su asegurado sí estaría sujeta al plazo de prescripción del art. 1964 CC -quince años cuando ocurrieron los hechos, cinco años actualmente, tras la reforma del precepto- ( sentencia 287/2019, de 23 de mayo, y las que en ella se citan).

Por el contrario, conforme a la misma jurisprudencia citada, en los supuestos de ausencia de condena penal, el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil será el previsto en el art. 1968. 2 CC, en relación con el art. 1902 CC.

2.- En este caso, el asegurado con ASEFA (única entidad respecto de la que la sentencia recurrida apreció la prescripción de la acción) no resultó condenado en el proceso penal, por lo que la aplicación que hace la Audiencia Provincial del plazo de prescripción del art. 1968.2 CC es correcta. Mientras que respecto de MUSAAT (cuyo asegurado sí resultó condenado) y ASEMAS (sobre cuyo asegurado no hubo pronunciamiento de responsabilidad penal, al haber fallecido antes del juicio) la razón de su absolución no fue la prescripción de la acción, sino la existencia de cosa juzgada respecto de los pronunciamientos civiles de la sentencia penal.

3.- Como consecuencia de ello, los dos primeros motivos de casación deben ser desestimados.

CUARTO.- Tercer motivo de casación. Planteamiento

1.- El tercer motivo de casación denuncia la inaplicación del art. 1971 CC y la aplicación errónea del art. 1969 CC, en relación con los arts. 207.2 LEC y 245.3 LOPJ, así como los arts. 214 y 215 LEC.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente que el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción es el último día del plazo para solicitar la aclaración de la sentencia penal desde que se les notificó por escrito a las partes, y no desde que se dictó el fallo in voce

QUINTO.- Día inicial del plazo de prescripción de la acción civil tras un previo proceso penal

1.- La sentencia 112/2022, de 15 de febrero, realiza una completa recensión de la jurisprudencia de la sala sobre la interrupción de la prescripción por prejudicialidad penal, y sobre la base de que la acción no puede ejercitarse hasta que no se dispongan de todos los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar, conforme al art. 1969 CC, recuerda que: (i) como resulta de los arts. 111 y 114 de la LECrim, la tramitación de un proceso penal, sobre los mismos hechos, retrasa el inicio del cómputo del plazo de la prescripción extintiva de la acción civil, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio; (ii) la denuncia en vía penal -con sus posibles efectos en el orden civil- supone una forma de ejercicio de la acción civil ante los tribunales e interrumpe la prescripción de conformidad con lo dispuesto en el art. 1973 CC; (iii) cuando las partes están personadas en el procedimiento penal, el día inicial del cómputo del plazo de prescripción comenzará a contar, desde el momento en que la sentencia recaída o el auto de sobreseimiento o archivo, notificados correctamente, han adquirido firmeza; puesto que, en ese instante, se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal preferente, con la correlativa posibilidad entonces de actuar en vía civil, por aplicación del art. 114 LECrim.

2.- En este caso, la sentencia penal advirtió expresamente en su fallo que era firme, conforme a los arts. 787.6 y 789.2 LECrim, y como quiera que se dictó por conformidad de las partes (inclusive la ahora recurrente, que estaba personada como acusación particular), todas conocían su contenido desde que se pronunció in voce. Además, carece de sentido la mención al retraso por una supuesta aclaración del fallo cuando ni siquiera medió solicitud al efecto.

3.- Como consecuencia de lo cual, este tercer motivo de casación también debe ser desestimado.

SEXTO.- Cuarto motivo de casación. Planteamiento

1.- El motivo cuarto de casación denuncia la vulneración de los arts. 1973 y 1974 CC, en relación con la interrupción de la prescripción de las acciones.

2.- Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, sintéticamente, que el plazo de prescripción se interrumpió por el envío de reclamaciones extrajudiciales a las aseguradoras demandadas.

SÉPTIMO.- Interrupción de la prescripción. Decisión de la Sala

1.- Todas las actividades susceptibles de interrumpir la prescripción anteriores al envío de unos burofaxes a las aseguradoras tuvieron lugar antes de que se dictara la sentencia penal, por lo que ninguna virtualidad pueden tener respecto de un plazo que precisamente comienza con el dictado de esa resolución.

2.- En cuanto a los burofaxes, se remitieron el 14 de enero de 2014, por lo que si el día inicial del plazo de prescripción de un año fue el 11 de enero de 2013, como ha quedado expuesto, la acción ya estaba prescrita cuando se realizó tal reclamación extrajudicial, por lo que no puede resultar aplicable el invocado art. 1973 CC.

3.- En su virtud, este motivo de casación debe seguir la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

OCTAVO.- Quinto motivo de casación. Planteamiento

1.- El quinto motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1902 CC, 109 y 110 CP, 112 LECrim y 222 y 400 LEC, en relación con el art. 24 CE.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente aduce, resumidamente, que no puede operar la cosa juzgada respecto de MUSAAT y ASEMAS, porque no se dan las tres identidades necesarias (personas, cosa pedida y causa de pedir) para su apreciación.

NOVENO.- La cosa juzgada es una institución procesal. Desestimación

1.- Por más que el motivo cite algún precepto de carácter sustantivo, la alegación es de carácter netamente procesal, puesto que lo que se discute es la aplicación de la cosa juzgada realizada por la Audiencia Provincial.

2.- Debería haber sido en un recurso extraordinario por infracción procesal donde la parte hubiera realizado esta impugnación de la cosa juzgada aplicada por la sentencia recurrida. En el auto de 8 de marzo de 2005 (rec. 134/2005), deslindamos el ámbito de los recursos extraordinarios y declaramos, en lo que ahora interesa:

"Se desplazan al recurso extraordinario por infracción procesal todas las cuestiones que no presenten carácter sustantivo, no solo las de carácter adjetivo estrictamente consideradas, sino también otras como la cosa juzgada [...], que, si bien están indisociablemente unidas al fondo del asunto, requieren un tratamiento preliminar al de las cuestiones de fondo propiamente dichas, o como la determinación de los hechos probados, quedando para el recurso de casación la concreción de la significación jurídica de los hechos y la operación jurídica de la subsunción de los reputados probados en el supuesto de hecho contemplado por la norma".

Dado que, en la redacción de la LEC aplicable al caso, el ámbito material de cada recurso está perfectamente diferenciado, ni es posible plantear cuestiones procesales en casación, ni aisladamente, ni mezclándolas con cuestiones sustantivas, ni tampoco cabe plantear éstas en el recurso extraordinario por infracción procesal ( sentencia 478/2014, de 2 de octubre).

3.- Como consecuencia de lo expuesto, el quinto motivo de casación también debe ser desestimado.

DÉCIMO.- Costas y depósitos

1.- La desestimación del recurso de casación conlleva que se impongan las costas causadas por él a la parte recurrente, según ordena el art. 398.1 LEC.

2.- Asimismo, debe ordenarse la pérdida del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.