Sentencia Civil 1522/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 385/2019 de 06 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- El hoy recurrente, Banco Castilla La Mancha S.A. (en lo sucesivo, BCM; actualmente, Unicaja Banco S.A.), interpuso una demanda de juicio declarativo ordinario contra D. Agustín, D. Amadeo, Grupo Portival S.L., Zent Inversiones S.L. y Montero Aramburu S.L.P.

Como primera petición, solicitaba que se declarara la preferencia de cobro del crédito de BCM respecto de los créditos por costas de Don Amadeo, Grupo Portival S.L. y Zent Inversiones S.L. cedidos a Montero Aramburu S.L.P. y Don Agustín.

Como segunda petición, solicitaba que se declararan cumplidos los requisitos para la compensación del crédito de costas reclamado en la ejecución 1904/2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla por importe de 4.916.892,65 €, con el crédito reclamado por BCM de 91.060.710,26 €, en el procedimiento de ejecución 265/2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Sevilla.

Como tercera petición solicitaba que se declarara la ineficacia, nulidad o rescisión de las cesiones de los créditos de costas a que se han hecho mención, otorgadas a favor de Montero Aramburu S.L.P. y Don Agustín por Don Amadeo, Grupo Portival S.L. y Zent Inversiones S.L.

Como cuarta petición, solicitaba que se declarara la ineficacia o nulidad de la ejecución promovida por Montero Aramburu S.P.L. y Don Agustín propiciada con las dichas aparentes cesiones, y se dejaran sin efecto todas las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 11 de Sevilla en el procedimiento de ejecución de título judicial 1904/2014 que perjudiquen el derecho de BCM, así como la sucesión procesal de los indicados demandados, deslegitimándolos de su condición de cesionarios, y se ordenara el alzamiento, y la cancelación registral, de todos los embargos trabados en la ejecución referida.

2.- En síntesis, la demanda impugnaba la cesión del crédito derivado de la condena en costas a BCM en la ejecución 304/2012 del Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, en primera y segunda instancia. La cesión del crédito había sido realizada por los ejecutados en dicho proceso, Don Amadeo, Grupo Portival S.L. y Zent Inversiones S.L., a favor de Montero Aramburu S.P.L. y Don Agustín, profesionales que les habían representado y dirigido en dicho proceso, como modo de pagar los derechos y honorarios de su intervención profesional. Los cesionarios, Montero Aramburu S.P.L. y Don Agustín, sucesores procesales de los cedentes que obtuvieron el pronunciamiento condenatorio en costas frente a BCM, Don Amadeo, Grupo Portival S.L. y Zent Inversiones S.L., estaban ejecutando la tasación de costas en el proceso de ejecución de título judicial 1904/14 del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla.

BCM, junto con la impugnación de dicha cesión de crédito (respecto de la que solicitaba la declaración de "ineficacia, nulidad o rescisión"), solicitaba que se declarara la preferencia de cobro de su crédito frente a D. Amadeo, Grupo Portival S.L. y Zent Inversiones S.L., que estaba siendo ejecutado ante el Juzgado de Primera Instancia 18 de Sevilla en el proceso de ejecución 265/14, respecto del crédito por la condena en costas que le fue impuesta en el proceso de ejecución 304/2012 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla, para cobrar dicho crédito mediante compensación.

3.- Tras desestimar una declinatoria por falta de competencia funcional (Montero Aramburu S.L.P. la había interpuesto al considerar que la primera petición constituía una tercería de mejor derecho cuya competencia correspondía al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla que conocía de la ejecución de la tasación de costas) y con posterioridad a la presentación de los escritos de contestación a la demanda, el juzgado, con suspensión de la audiencia previa, tras oír a las partes, dictó un auto en el que declaró su falta de competencia objetiva para el conocimiento de la demanda formulada respecto de las entidades Grupo Portival y Zent Inversiones S.L., por corresponder el conocimiento al Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla que las había declarado en concurso en un auto de 1 de octubre de 2012; desacumuló las acciones ejercitadas respecto de dichas entidades, sobreseyendo las mismas, reservando el derecho a la parte actora para ejercitar las acciones desacumuladas ante el juez del concurso; y acordó la redacción del suplico de la demanda excluyendo de la condición de demandadas a ambas entidades concursadas, conforme había solicitado la parte demandante para el caso de que se procediera a la desacumulación, de modo que el suplico de la demanda quedó redactado de la siguiente manera:

"1.- Principalmente, que se declare la preferencia de cobro a favor del crédito del actor con respecto al crédito representado por la parte proporcional mancomunada de las costas de la ejecución 304/2012 del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla y su apelación, que se determine, correspondientes y cedidas indebidamente por Don Amadeo a Montero Aramburu S.L.P. y Don Agustín, ejecutantes en la ejecución 1904/14 del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, y acordando que con el producto de la realización de los bienes embargados, y en especial de las costas que se ejecutan en el procedimiento 1904/2014 se pague o compense de forma preferente el crédito al demandante hasta cubrir la cantidad de 91.060.710,26 euros.

" Alternativamente al apartado anterior:

" 1.- Se declaren cumplidos los requisitos para la compensación del crédito representado por la parte proporcional mancomunada de las costas de la ejecución 304/2012 del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla y su apelación, que se determine, correspondientes y cedidas indebidamente por Don Amadeo a Montero Aramburu S.L.P. y Don Agustín reclamado por estos en la ejecución 1904/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla con el crédito reclamado por la actora de 91.060.710,26 euros en el procedimiento de ejecución 265/2014 del juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla.

" 2.- Se declare la ineficacia, alternativamente la nulidad o alternativamente la rescisión de las cesiones de los créditos de costas a los que se ha hecho mención otorgados por Montero Aramburu SLP y Don Agustín, Don Amadeo, Grupo Portíval SL. y Zent Inversiones S.L.

" 3.- Acumuladamente con los apartados 1 y 2 se declare la ineficacia o nulidad de la ejecución promovida por Montero Aramburu SPL y Don Agustín propiciada con las dichas aparentes cesiones, dejando sin efecto todas las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla en ETJ 1904/2014 que perjudiquen el derecho de la actora, así como deslegitimándolos de su condición de cesionarios y se ordene el alzamiento y la cancelación registral de todos los embargos en la ejecución referida, expidiéndose al efecto los oportunos oficios al Banco de España".

BCM solicitó la aclaración de dicho auto, que fue denegada. Asimismo, dicho auto fue recurrido por D. Amadeo, si bien este desistió posteriormente de dicho recurso, por lo que el referido auto fue declarado firme.

Tras reanudarse la audiencia previa, en la que los demandados ya no mantuvieron la excepción de indebida acumulación de acciones, fueron desestimadas las excepciones de cosa juzgada, litispendencia y falta de competencia funcional, y no se permitió a la demandante modificar de nuevo el suplico de su demanda.

4.- El Juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia en la que desestimó la demanda.

Como primer argumento, el juzgado apreció la falta de litisconsorcio pasivo necesario, con base en estos argumentos:

"La impugnación que se realiza de la cesión del crédito de costas tiene como base principal su inexistencia por falta de causa lícita o por simulación absoluta del negocio jurídico. La parte demandante sostiene que no es cierta la fecha del documento de 10 de julio de 2012, o que no le debe ser opuesta, por cuanto únicamente se procede a la cesión cuando ya existe el crédito a favor de la demandante derivado del incumplimiento de los contratos de crédito hipotecario, y con la única intención de defraudar el cobro de la actora, despatrimonializándose los cedentes para impedir la compensación. Esta ausencia de causa lícita o esta simulación absoluta de la cesión de créditos impide un pronunciamiento separado respecto de los que suscribieron el negocio jurídico debatido, de forma que la inexistencia que se postula de la cesión alcance o tenga efectos respecto de quienes no son parte en este procedimiento".

Además de lo anterior, el juzgado declaró que no era atendible la pretensión de que se declarara preferente el crédito de BCM frente a D. Amadeo, Grupo Portíval S.L. y Zent Inversiones S.L. respecto del crédito derivado de la condena en costas obtenido frente a BCM por D. Amadeo, Grupo Portíval S.L. y Zent Inversiones S.L., cuya cesión a Montero Aramburu S.L.P. y D. Agustín había sido impugnado, pues "la preferencia de créditos es una institución que opera entre acreedores respecto de un deudor común" y tal deudor común no existía por cuanto que en el crédito por costas el deudor era justamente BCM.

El juzgado tampoco aceptó que procediera compensar ambos créditos porque el crédito de BCM frente a D. Amadeo (derivado del préstamo documentado en una escritura pública otorgada el 23 de octubre de 2008, novado el 29 de diciembre el año 2009, en el que las sociedades Grupo Portíval S.L. y Zent Inversiones S.L. habían intervenido como avalistas del Sr. Amadeo, cuyo saldo deudor ascendía a 91.060.710,26 euros), era objeto del proceso de ejecución 1904/2014 seguido a instancias de BCM ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Sevilla y se encontraba sub iudice pues el Sr. Amadeo se había opuesto a la ejecución; además, BCM había reclamado al Sr. Amadeo en dicho proceso la totalidad del crédito, por lo que solo el Sr. Amadeo podría oponer la compensación; y porque el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla ya había desestimado la oposición de BCM a la ejecución de la tasación de costas instada por Montero Aramburu S.L.P. y D. Agustín en el proceso de ejecución de título judicial 1904/2014, que había alegado la excepción de compensación, por lo que tal cuestión ya había quedado resuelta en dicho proceso de ejecución.

El juzgado también consideró infundada la acción de rescisión de la cesión por fraude de acreedores. Consideró que no estaba acreditada la existencia de consilium fraudis entre cedentes y cesionarios, pues la cesión futura de costas es una forma de pago de los servicios contratados a sus abogados y procurador. Que la certeza del documento privado de 10 de julio de 2012 resultaba de las demás pruebas, pues la existencia del pacto de cesión del crédito futuro por costas constaba en los correos electrónicos remitidos por el procurador demandado dos días después; y "estimándose que el acuerdo sobre honorarios se realiza antes de la condena en costas, puesto que es un pacto de honorarios para la defensa en el procedimiento, no puede estimarse que el mismo pretenda un perjuicio al acreedor, porque el mencionado perjuicio no deriva, como se ha dicho anteriormente del pacto, sino de la estimación de la oposición que aprecia el juzgador, en atención a los defectos del título base de la ejecución".

Por último, el juzgado argumentó que "no existe prueba suficiente sobre la subsidiariedad de la acción rescisoria que hubiera requerido acreditar la inexistencia de otros bienes en el patrimonio de Don Amadeo".

5.- BCM apeló la sentencia y la Audiencia Provincial desestimó su recurso.

Respecto de la petición de nulidad de actuaciones para que fueran reintegradas al proceso, como demandadas, las sociedades declaradas en concurso, la audiencia rechazó esa pretensión porque la declaración de falta de competencia objetiva y la consiguiente desacumulación de acciones había sido declarada en una resolución que había alcanzado firmeza.

Respecto de la preferencia de créditos, no cabía esgrimirla por quien era deudor de uno de los créditos. Tampoco podía estimarse la compensación porque para acordarla habría que haber declarado la nulidad de la cesión del crédito por costas.

La audiencia también rechazó la pretensión de rescisión por fraude de acreedores de la cesión del crédito por costas. Declaró que "[l]a cesión a futuro de los gastos procesales es una forma de pago de los honorarios profesionales de los hoy apelados y no se entiende por qué puede reputarse un fraude, un abuso o un injusto enriquecimiento. El artículo 44 del Estatuto de la Abogacía regula el pacto y parte de la necesidad de retribuir la actividad de los profesionales del derecho en la prestación de su servicio. Este pacto no tuvo por finalidad el impedir la oposición del recurrente en la ejecución, sino simplemente la de retribución [...] los demandados tuvieron a bien diseñar un formulario, un encargo con reglas de satisfacción de sus créditos por honorarios que no estaban especialmente diseñados en contra de los intereses del apelante".

6.- BCM ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal basado en diecisiete motivos y un recurso de casación basado en once motivos, que han sido admitidos a trámite. Asimismo, ha solicitado "el recibimiento del juicio a prueba" y ha solicitado la prueba de interrogatorio de varias personas y diversas pruebas documentales.

SEGUNDO.- Sobre la improcedencia de practicar las pruebas solicitadas

1.- La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 51/2020, de 22 de enero, declara:

"No corresponde a esta fase del procedimiento la celebración de prueba, más allá de lo previsto en el art. 471 de la LEC, dado el carácter extraordinario del recurso por infracción procesal. Conforme al art. 471 LEC, en el escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal se expondrá razonadamente la infracción o vulneración cometida, expresando, en su caso, de qué manera influyeron en el proceso; continúa el precepto: "también se podrá solicitar la práctica de alguna prueba que se considere imprescindible para acreditar la infracción o vulneración producida, así como la celebración de vista".

" Como recuerda la sentencia 263/2012, de 25 de abril, la prueba a la que se refiere el art. 471 LEC es la que tiene por finalidad demostrar la infracción procesal que se denuncia, sin que sea posible utilizar esta vía para suplir la falta de práctica de la propuesta en las instancias que, de ser indebidamente denegada y producir indefensión, constituye una infracción procesal susceptible del recurso extraordinario, por lo que procede rechazar la propuesta, simple reiteración de la que en su día fue sucesivamente rechazada por el Juzgado y la Audiencia. Esto es lo que sucede en el caso, en el que la prueba solicitada fue inadmitida en la audiencia previa, en el correspondiente recurso de reposición y vuelta a proponer en la apelación.

" La prueba solicitada se presenta para fortalecer la línea argumental de fondo defendida por la parte en el proceso y en el recurso de casación, al entender que demostrarían que el diagnóstico y el tratamiento aplicado a la paciente eran correctos y por ello no merecían crítica. La parte recurrente no justifica en su solicitud de prueba cómo afectarían estas pruebas a las vulneraciones procesales denunciadas en su recurso, consistentes básicamente en denuncias de incongruencia de la sentencia, motivación infundada y subjetiva y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

" No concurren, por tanto, los presupuestos legales para la admisión de la prueba propuesta".

Esta doctrina ha sido reiterada en sentencias posteriores, como las sentencias 114/2022, de 15 de febrero, 212/2022, de 15 de marzo, y 659/2022, de 11 de octubre.

2.- En el presente caso, sin entrar en otras consideraciones sobre la improcedencia de la prueba propuesta, la recurrente no explica mínimamente cómo afectarían estas pruebas a las vulneraciones procesales denunciadas en su recurso.

Por tal razón, la proposición de prueba debe ser rechazada.

3.- Con carácter previo a analizar los distintos motivos de los recursos, procede alterar el orden en que han sido formulados pues la regla sexta del apartado primero de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "se resolverá siempre en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal y, sólo cuando éste se desestime, se examinará y resolverá el recurso de casación".

Recurso extraordinario por infracción procesal

TERCERO.- Motivo primero

1.- Planteamiento. En este motivo la recurrente, al amparo del art. 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega la vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución y la vulneración de los artículos 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el fraude procesal en relación con el artículo 24 de la Constitución. La impugnación se desarrolla en las páginas 28 a 34 de su escrito de recurso mediante argumentos de distinta naturaleza.

2.- Decisión de la sala. En este motivo concurren diversas causas de inadmisión, alegadas por los recurridos.

El motivo, en el que la recurrente expone su tesis sobre lo acaecido con la cesión del crédito cuestionado y los procesos en los que tal cesión ha tenido incidencia, contiene una exposición meramente alegatoria, una argumentación por acarreo, en que se mezclan cuestiones heterogéneas, procesales y sustantivas.

La recurrente considera que el ejercicio de acciones por los demandados o su oposición a las acciones ejercitadas por la hoy recurrente es, per se, fraudulenta; que la estimación por distintos tribunales de primera y segunda instancia de las pretensiones de los hoy recurridos (y la correlativa desestimación de las pretensiones de la hoy recurrente y su condena en costas) constituye un fraude procesal, un abuso de derecho y una actuación contraria a la buena fe imputable a los hoy demandados; pretende que se le reconozca una indemnización que no solicitó en su demanda; alega que el propio sistema procesal, las normas que regulan el engarce de los procesos de ejecución, declarativos y cautelares, observadas por los tribunales que han conocido de los diversos procesos seguidos entre las partes, propicia el fraude; y cuestiona pronunciamientos que ni siquiera han sido realizados en el proceso en que se ha dictado la sentencia recurrida sino en otros distintos.

3.- La mera enunciación sintética de los argumentos impugnatorios muestra su inconsistencia e inhabilidad para sustentar un recurso extraordinario por infracción procesal. Y como acertadamente afirma uno de los recurridos, "[e]l recurso extraordinario de infracción procesal es un instrumento para denunciar precisamente lo contrario, el no cumplimiento por parte de los Tribunales de las normas procesales relativas a cada procedimiento. La observancia de estas no puede ser causa de estimación del recurso extraordinario de infracción procesal".

CUARTO.- Motivo segundo

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del segundo motivo, la recurrente invoca la "vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Vulneración de los artículos 24 y 117.3 CE y 11.3 de la LOPJ".

La infracción se habría producido porque la Audiencia Provincial declara que "a BCM le falta el requisito de accionabilidad. No hay acción. Tampoco cabe acoger la idea de compensación porque no se da una de las premisas necesarias cual es la de la declaración de nulidad de la cesión, algo que no ha conseguido", lo que habría causado indefensión a la recurrente, "dejándole sin acción impidiendo que pueda oponer todas las excepciones que tenía contra los cedentes antes de la cesión".

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado. La Audiencia Provincial se ha pronunciado sobre una cuestión de fondo: afirma que la recurrente, al ser la deudora, no tiene acción para pretender una preferencia de crédito, y desestima la pretensión de compensación porque no se ha declarado la nulidad de la cesión del crédito con el que se pretende tal compensación.

Por tanto, no se ha producido ninguna infracción de esos preceptos constitucionales y orgánicos ni se ha causado indefensión a la recurrente, que ha podido ejercitar las pretensiones que ha tenido por conveniente y que han recibido respuesta de los tribunales.

QUINTO.- Motivo tercero

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este tercer motivo se alega la "vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Vulneración del artículo 24 CE y arts. 216, 281, 282, 460.1.1.º de la LEC".

La infracción se habría producido porque "ni el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Sevilla, ni la Sección Octava de la Audiencia Provincial les pareció necesario el recibimiento ni la celebración de prueba pareciéndole suficiente la prueba documental aportada con la demanda y la contestación".

2.- Decisión de la sala. El motivo no puede ser estimado. Falta una mínima concreción de los hechos controvertidos que habrían sido objeto de dichas pruebas que resultaron inadmitidas y respecto de los que la Audiencia Provincial, al no considerarlos probados, habría imputado las consecuencias negativas de la falta de prueba a la hoy recurrente.

A la vista de los criterios decisorios empleados por la Audiencia Provincial en la sentencia recurrida, no se entiende qué trascendencia podían tener esas pruebas ni, consecuentemente, qué indefensión ha causado a la recurrente su inadmisión.

SEXTO.- Motivo cuarto

1.- En el encabezamiento del motivo se alega la "vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Vulneración de los artículos 24 CE, 428 y 429.1 LEC por error patente, fáctico-material o de hecho- verificable de forma incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales en la valoración de la prueba sobre la solvencia de D. Amadeo y sus empresas Grupo Portival S.L. y Zenit Inversiones S.L. en situación de concurso y en fase de liquidación".

La infracción se habría cometido porque "existen en los Autos medios de prueba documental más que suficientes que ha ignorado la Sección Octava".

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser rechazado. Cuando en el recurso extraordinario por infracción procesal se denuncia un error patente en la valoración de la prueba, esta sala ha exigido reiteradamente, y lo ha plasmado incluso en el acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal adoptados en el pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017 (criterios que forman parte del sistema de recursos, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, SSTC 150/2004, 114/2009 y 10/2012, entre otras), que no solo debe ser patente e inmediatamente verificable en la valoración de la prueba, sino que además se deberá indicar la prueba concreta, incluso con referencia al folio de las actuaciones o al minuto del soporte audiovisual, y exponer cómo, dónde o cuándo se ha producido el error.

Es evidente que una invocación genérica de la existencia en autos de "medios de prueba documental más que suficientes" no satisface estas exigencias.

SÉPTIMO.- Motivo quinto

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo, la recurrente alega "vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Infracción de los artículos 24 y 9.3 de la CE, art. 326 LEC sobre la fuerza probatoria de norma infringida: por falta de valoración o valoración del Tribunal, ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica sobre las fechas de los documentos que acompañan a los créditos en liza de cada una de las partes".

Al desarrollar el motivo, argumenta:

"La sentencia no entra a analizar las fechas y las formas en que constan cada uno de los créditos en liza (de BCM y el que ha sido objeto de cesión) que dejamos expuestas en los antecedentes. Lo más grave es que no advierte que, en el mejor de los casos para los demandados- recurridos - incluso, aunque fuere cierta la fecha que consta en el documento privado de cesión, siempre sería de fecha posterior a la escritura de préstamo de BCM (2008)".

2.- Decisión de la sala. El motivo no puede ser estimado. Su planteamiento constituye, en sí mismo, una contradicción: no puede alegarse simultáneamente que existe una falta de valoración y que se ha realizado una valoración "ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica" de determinado extremo.

Por otra parte, que la Audiencia Provincial no haya considerado relevante para su decisión determinados extremos que, según la propia recurrente, no resultan controvertidos ("las fechas y las formas en que constan cada uno de los créditos en liza"), podría constituir una infracción sustantiva, pero no puede fundar el recurso extraordinario por infracción procesal.

OCTAVO.- Motivo sexto

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo se alega la "vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Vulneración de los artículos 24 CE, 428 y 429.1 LEC por error patente, fáctico-material o de hecho- verificable de forma incontrovertible, en la valoración de la prueba sobre los requisitos de la acción rescisoria. Los eventos Damni y el consilium fraudis necesarios en la acción rescisoria".

En el desarrollo del motivo, la recurrente denuncia que la Audiencia Provincial ha desconocido los requisitos del fraude de acreedores que sustenta la acción de rescisión, y que "pese a saber que la cesión consiguió cambiar de deudor común y evitar de esta manera alegar la preferencia y la compensación, no le parece que dicha maniobra contenga fraude alguno".

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado. No se plantean en él infracciones procesales que puedan ser objeto del recurso extraordinario por infracción procesal, sino cuestiones sustantivas sobre los requisitos de la rescisión por fraude de acreedores, que solo pueden ser planteadas en el recurso de casación.

NOVENO.- Motivo séptimo

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo se denuncia la "vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Vulneración del art. 24 CE. Principio de no romper la contiencia (sic) de la causa".

En el desarrollo del motivo, la recurrente alega

"[...] lo esperpéntico que resultaría declarar la ineficacia, nulidad o rescisión de la cesión del crédito, de la parte de la cesión de DON Amadeo, aunque no estén en el procedimiento las entidades concursadas (GRUPO PORTIVAL S.L. Y ZENT INVERSIONES S.L) y el incumplimiento de la falta de litisconsorcio pasivo necesario que ello acarrearía.

" La sentencia, al omitir o desestimar todas las acciones planteadas en la demanda (como la de ineficacia y nulidad de la cesión en la parte de costas correspondiente a las entidades concursadas) termina por dejar indefensa a BCM frente a las cesiones de crédito fraudulentas y que le causan perjuicio como deudor cedido que se ve privado de alegar su preferencia y la compensación de las costas de la ejecución 304/2012 y de su apelación, embargadas por los demandado en uso del fraude a que se ha hecho mención.

" La forma en que se ha decidido la desacumulación de las acciones al margen de la formulada por BCM, causa un claro perjuicio procesal en el derecho de defensa de BCM contrario al art. 24 C.E.".

2.- Decisión del tribunal. El motivo no puede ser estimado.

En primer lugar, porque no se cita siquiera qué precepto legal ha resultado infringido, en qué preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se plasma el principio invocado.

Además de lo anterior, en el desarrollo del motivo se plantean cuestiones heterogéneas, unas referidas a la desacumulación de acciones y otras a la indefensión que supone la desestimación de las pretensiones de la recurrente, con lo que equipara "litigante vencido" a "litigante indefenso".

Respecto de la desacumulación de acciones, la recurrente no cumple el requisito exigido por el apartado segundo del art. 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Fue otro litigante el que recurrió la resolución en que se acordó tal desacumulación de acciones, si bien posteriormente ese otro litigante desistió del recurso. Por el contrario, la hoy recurrente, al realizar alegaciones en el trámite de audiencia previo a que se acordara la desacumulación de acciones, propuso incluso qué redacción debería tener el suplico de su demanda en caso de que se acordara tal desacumulación y, lo que es fundamental, no recurrió el auto que acordó la desacumulación de acciones.

Por último, la acumulación de acciones para evitar la división de la continencia de la causa exige que el tribunal ante el que se ejerciten las acciones acumuladas tenga competencia objetiva para conocer de las mismas ( art. 73.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) . En el recurso no se explica mínimamente por qué la aplicación de las reglas previstas en dicho precepto legal conllevaría atribuir al Juzgado de Primera Instancia el conocimiento de todas las acciones acumuladas, incluidas las ejercitadas contra sociedades declaradas en concurso, ya que el último inciso del art. 73.1.º.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "[c]uando la acción principal deba ser conocida por los Juzgados de Primera Instancia, no se permitirá la acumulación inicial de cualesquiera otras que no sean de su competencia objetiva, de conformidad". No justifica la recurrente que la competencia objetiva para conocer de las acciones contra las sociedades en concurso corresponda al Juzgado de Primera Instancia.

DÉCIMO.- Motivo octavo

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo, la recurrente invoca la "vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. Vulneración de los artículos 9 y 24 CE, 385 y 386 LEC sobre la prueba de presunciones y de las presunciones de fraude".

En el desarrollo del motivo se alega que "[l]a sentencia creo que no ha valorado adecuadamente las presunciones de insolvencia que se derivan del iter procedimental de BCM tratando de recuperar el dinero prestado y de la enorme diferencia de los importes de las deudas de cada parte para proceder a su compensación, ni la solvencia de cada uno de los titulares de las deuda" y que "[s]e cumplen todos los requisitos para que los tribunales de Sevilla deberían de haber considerado probado el fraude".

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado por su absoluta falta de fundamento, dada la genérica invocación de valoración inadecuada de "las presunciones de insolvencia que se derivan del iter procedimental" y su referencia a cuestiones sustantivas, impropias del recurso extraordinario por infracción procesal.

UNDÉCIMO.- Motivo noveno

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se alega la "vulneración del art. 24 CE en la imposición de las costas".

La infracción habría consistido en lo desproporcionado del importe de las costas soportadas por BCM en otros procesos y en que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia dictada en este proceso no debería haber condenado en costas a BCM "al fundamentarlas la sentencia en el vencimiento objetivo cuando debió aplicar el fraude".

2.- Decisión de la sala. El motivo carece manifiestamente de cualquier fundamento razonable al pretender que se dejen sin efecto las resoluciones de condena y tasación de costas dictadas en otros procesos y al justificar que la recurrente no debió ser condenada en costas en este proceso porque la sentencia que desestimó su demanda debió, por el contrario, estimarla.

DUODÉCIMO.- Motivo décimo

1.- La recurrente, infringiendo la previsión de que "no podrán formularse submotivos dentro de cada motivo", ha realizado una confusa división del recurso extraordinario por infracción procesal en motivos y submotivos que llevan a confusión y dificultan su resolución.

La sala seguirá numerando los motivos a partir del último submotivo (el noveno) del primer "motivo" resuelto hasta el momento, de modo que el siguiente motivo será numerado como décimo y así sucesivamente.

2.- Planteamiento. Este motivo, formulado por la vía del art. 469.1.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la "infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia, vulneración de los artículos 85 LOPJ en relación con el art. 72 LEC sobre acumulación, y 53 de la LEC sobre la competencia y jurisdicción para conocer las acciones que se dirigen simultáneamente contra personas concursadas y no concursadas".

En el motivo se denuncia la desacumulación de acciones que se realizó por entender que de las acciones ejercitadas contra sociedades declaradas en concurso era competente el juez del concurso.

3.- Decisión de la sala. Parte de las cuestiones objeto de este motivo ya han sido resueltas al abordar el motivo séptimo del recurso. Salvo que en este caso se citan normas concretas, aunque sin desarrollar adecuadamente cómo y por qué razones la sentencia recurrida ha infringido cada una de ellas, los demás argumentos expuestos al resolver ese motivo son de aplicación para la resolución de este. Y respecto de la competencia objetiva para conocer de las acciones ejercitadas contra las sociedades declaradas en concurso (y, como se verá, contra el resto de demandados), nos pronunciaremos al resolver el motivo decimosexto.

Las referencias a escritos presentados en otros momentos procesales o a supuestas preferencias del juez del concurso (que, se alega, no se ha "mostrado partidario de conocer sobre las acciones"), son claramente inatendibles.

DECIMOTERCERO.- Motivo undécimo

1.- Planteamiento. Al amparo del art. 469.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y bajo el título genérico de "[i]nfracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, vulneración del artículo 218 de la LEC, incongruencia e irracionalidad de la sentencia", la recurrente invoca la "[v]ulneración del artículo 465.5.º LEC. Incongruencia interna por error, e irracionalidad de la sentencia sobre la imaginada idea de que sobre las excepciones de preferencia, compensación y fraude existe cosa juzgada por haberse tratado en la ejecución de título extrajudicial 1904/2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla y su apelación, y de litispendencia por estar conociéndose en el procedimiento de título extrajudicial 265/2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Sevilla".

En el desarrollo del motivo se alega:

"Este motivo se interpone al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del art. 469.1.2º de la LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia de apelación establecidas en los artículos 218.1 y 465.5 LEC, por cuanto la sentencia recurrida incurre en incongruencia y vulnera la prohibición de la "reformatio in peius" por resolver en perjuicio del apelante actor, al introducir una cuestión que había sido zanjada por el citado Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Sevilla y que los apelados en su impugnación pretendieron volver a traer a colación las citadas excepciones y la Sección Octava mantiene en contra del contenido del artículo 564 de la LEC".

2.- Decisión de la sala. El motivo debe desestimarse. En primer lugar, porque en el mismo se plantean infracciones de diversa naturaleza, que no pueden agruparse en un solo motivo.

No ha existido incongruencia interna. Conforme a nuestra jurisprudencia, la denominada incongruencia interna puede tener lugar "por contradicción entre los pronunciamientos de un fallo, o bien entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica como consecuencia de la argumentación decisiva -ratio decidendi- y el fallo, o con alguno de sus pronunciamientos" ( sentencias 668/2012, de 14 de noviembre, 571/2012, de 8 de octubre, 291/2015, de 3 de junio, y 1070/2023, de 30 de junio). La "incoherencia" que denuncia la recurrente es completamente ajena a lo que propiamente constituye el vicio de incongruencia interna.

La sentencia recurrida tampoco ha incurrido en una reformatio in peius. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia fue plenamente desestimatoria de la demanda, y la sentencia de la Audiencia Provincial ha confirmado esa desestimación. La situación de la apelante no empeoró como consecuencia de su recurso porque la Audiencia Provincial simplemente desestimó su recurso.

Por último, en cuanto a la irracionalidad de la motivación de la sentencia, en la sentencia 232/2012, de 23 de abril, con cita de otras anteriores, afirmamos:

"Se ha de señalar, con la sentencia de esta Sala núm. 888/2010, de 30 diciembre que "la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación -entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas..."".

Por tanto, si la recurrente considera que la sentencia de la Audiencia Provincial aborda incorrectamente una determinada cuestión, procesal o sustantiva, habrá de formular el correspondiente motivo del recurso extraordinario por infracción procesal o del recurso de casación que denuncie la infracción de la norma reguladora de tal cuestión, pero no alegar la irracionalidad de la motivación de la sentencia.

DECIMOCUARTO.- Motivo duodécimo

1.- Planteamiento. El encabezamiento del motivo tiene este contenido: "Incongruencia interna o por error, e irracionalidad de la sentencia".

En el desarrollo del motivo, la recurrente muestra su desacuerdo con la solución que se ha dado al caso, que "infringe las normas de la preferencia y el principio de protección del deudor cedido, entre otras".

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado pues no debió siquiera ser admitido.

Además de no citarse precepto alguno infringido, se trata de un motivo de contenido meramente alegatorio, con una argumentación por acarreo que se refiere a cuestiones heterogéneas, muchas de ellas de naturaleza sustantiva.

Nos remitimos a lo que hemos declarado anteriormente sobre la incongruencia interna y la irracionalidad de la motivación.

DECIMOQUINTO.- Motivo decimotercero

1.- Planteamiento. En este motivo, la recurrente denuncia "[i]ncongruencia omisiva".

En el desarrollo del motivo alega que "[l]a sentencia no contesta a las cuestiones que se solicitan en la apelación que ya había dejado sin resolver la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y que, por tanto, tuvieron que volverse a plantear en el recurso de apelación, sin tampoco obtener respuesta".

2.- Decisión de la sala. El motivo ha de ser desestimado, y no solo por la falta de cita del precepto legal que habría sido infringido.

En primer lugar, no se alega siquiera que la recurrente hubiera solicitado la subsanación de la supuesta omisión de pronunciamiento, requisito indispensable para poder alegar la incongruencia omisiva en el recurso extraordinario por infracción procesal ( art. 469.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Además de lo anterior, la falta de referencia expresa por la Audiencia Provincial a alegaciones hechas en el recurso de apelación podría afectar, en su caso, a la falta de exhaustividad en la motivación de la sentencia. Pero la incongruencia omisiva y la falta exhaustividad en la motivación son infracciones de naturaleza diferente. La congruencia se mide por el ajuste del fallo a lo pedido, y en este caso, el ajuste es pleno en tanto que la Audiencia Provincial desestima plenamente el recurso de apelación interpuesto por la hoy recurrente y la condena en costas. No falta, por tanto, ninguno de los pronunciamientos necesarios para resolver el recurso de apelación.

Por otra parte, la necesaria motivación de la sentencia exige que exprese los razonamientos fácticos y jurídicos que justifiquen el fallo, pero no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide. Esta sala ha considerado correctas, desde esta perspectiva, aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo; y 774/2014, de 12 de enero de 2015).

DECIMOSEXTO.- Formulación del motivo decimocuarto

1.- Tras el motivo decimotercero, la recurrente formula una serie de motivos bajo el epígrafe genérico de "[i]nfracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiera podido producir indefensión al haberse vulnerado las garantías del proceso".

2.- Planteamiento. Como motivo decimocuarto (aunque en el recurso aparezca como submotivo primero del motivo tercero) se denuncia la "[i]nfracción del art. 564 LEC y su relación con los artículos 556, 517, 530 y 551 de la LEC".

La recurrente alega que la sentencia recurrida ha vaciado de contenido el art. 564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se remite a lo que ha expuesto en un artículo doctrinal de próxima aparición, respecto del momento en que interpuso el recurso, en una revista científica.

3.- Decisión del tribunal. El motivo no puede estimarse. La recurrente no justifica cómo se le ha causado indefensión, y no puede aceptarse que el rechazo por el tribunal de las pretensiones de una de las partes suponga que se le causa indefensión.

El desarrollo del motivo carece de la necesaria concreción. No se explican qué pretensiones se formularon por la hoy recurrente en el anterior proceso de ejecución (en realidad, en los anteriores procesos de ejecución, pues fueron varios), qué pronunciamientos se hicieron en esos procesos respecto de tales pretensiones, y por qué tales pronunciamientos no tienen efecto de cosa juzgada en el presente juicio declarativo, teniendo en cuenta la jurisprudencia que declara la improcedencia de plantear en un proceso declarativo posterior los motivos de oposición a la ejecución que el ejecutado puede oponer en el proceso de ejecución ( sentencias 462/2014, de 24 de noviembre, 576/2018, de 17 de octubre, y 649/2022, de 6 de octubre, entre otras).

No es admisible que el recurso se remita a otros documentos (en este caso, a un artículo doctrinal que una revista jurídica iba a publicar al letrado director de la recurrente) para que el tribunal integre las alegaciones del recurso con las de documentos complementarios. El recurso debe contener todas las alegaciones en las que el recurrente pretenda basar su impugnación.

Por otra parte, las sentencias de instancia han entrado a resolver las alegaciones sobre preferencia de créditos, compensación y la nulidad o rescisión de la cesión de créditos, aunque haya sido con argumentos de refuerzo respecto de la declaración de falta de litisconsorcio pasivo necesario hecho por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, con lo que se ha dado respuesta a las pretensiones de la hoy recurrente, por más que la respuesta haya sido desestimatoria.

DECIMOSÉPTIMO.- Motivo decimoquinto

1.- Planteamiento. En este motivo, la recurrente alega la Infracción de los artículos 416 y 419 LEC.

La vulneración se habría producido porque en la audiencia previa se trataron cuestiones impropias de la misma, como es el caso de la competencia.

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado.

El art. 419 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé como cuestión que puede tratarse en la audiencia previa la relativa a la procedencia y admisibilidad de la acumulación. Si el juez considera que determinadas acciones no debieron acumularse, el precepto prevé que la audiencia previa y el proceso seguirán su curso respecto de la acción o acciones que, según la resolución judicial, puedan constituir el objeto del proceso.

Si la improcedencia de la acumulación se basa en que el juzgado no es competente para el conocimiento de algunas de las acciones acumuladas, la decisión sobre la acumulación deberá analizar y pronunciarse sobre la competencia del juzgado para conocer de las mismas. Por otra parte, que los demandados no puedan impugnar la falta de jurisdicción o de competencia del tribunal pues lo hubieron de proponer en forma de declinatoria no impide que el juez, de oficio, pueda pronunciarse sobre la falta de jurisdicción o de competencia objetiva, por tratarse de cuestiones procesales de orden público.

Además, el pronunciamiento sobre la desacumulación de las acciones no se adoptó propiamente en la audiencia previa, pues justamente esta fue suspendida para pronunciarse sobre la cuestión, por lo que no puede haberse infringido una norma reguladora de la audiencia previa por haberse tratado en ella una cuestión impropia de la misa.

En cuanto a la alegación de que en la audiencia previa "se burló el orden del tratamiento de las cuestiones tal como viene establecido en la LEC", la recurrente no concreta cómo se produjo esa infracción ni menos aún explica cómo tal alteración del orden de resolución de cuestiones en la audiencia previa pudo causarle indefensión.

DECIMOCTAVO.- Motivo decimosexto

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo se alega la "[v]ulneración del litisconsorcio pasivo necesario regulado en los artículos 12, 416, 420 de la LEC".

La vulneración se habría producido porque la ausencia del proceso de las sociedades declaradas en concurso supone una "falta de litisconsorcio pasivo necesario en las acciones de ineficacia o nulidad de la cesión, siendo necesario que ambas concursadas estén en el procedimiento".

2.- Decisión del tribunal. En primer lugar, que para la resolución de las cuestiones planteadas en la demanda sea precisa la concurrencia de las sociedades concursadas (que lo es) no supone necesariamente que esa presencia haya de producirse ante el Juzgado de Primera Instancia.

El art. 86.ter.2.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente para conocer de las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores". Es evidente que las acciones que pretendía ejercitar la hoy recurrente contra las sociedades declaradas en concurso son acciones civiles, con trascendencia patrimonial, para cuyo conocimiento era competente el juez del concurso.

3.- Sentado lo anterior, BCM debió interponer su demanda contra todos los demandados ante el juez del concurso. Siendo las acciones principales las dirigidas a obtener una declaración de ineficacia de la cesión del crédito (bien la nulidad, bien la rescisión por fraude de acreedores), al ser la base de las demás pretensiones formuladas, y habiendo sido parte en dicho negocio jurídico tanto los cedentes (dos de los cuales se hallaban declarados en concurso) como los cesionarios, el juego conjunto de los arts. 72.3 y 71.6 de la Ley Concursal, en la redacción aplicable por razones temporales, determina que las acciones debieron ejercitarse, por la vía del incidente concursal, ante el juez del concurso y dirigirse tanto frente a los deudores concursados como contra los demás que fueron parte en el acto impugnado, pese a que no estuvieran declarados en concurso.

Por tanto, la falta de litisconsorcio pasivo necesario no podía ser subsanada en el proceso del que trae causa este recurso.

DECIMONOVENO.- Motivo decimoséptimo

1.- Planteamiento. En este último motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se denuncia la infracción del art. 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre acumulación de acciones.

En el desarrollo del motivo, la recurrente argumenta:

"El número 4 del artículo 71 que se comenta prevé que el actor pueda acumular eventualmente acciones, con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo evento de que la principal no se estime fundada. Es el tipo de acumulación subsidiaria, no contemplada en la legislación anterior, pero admitida sin reservas por la doctrina y la jurisprudencia, por la utilidad práctica que comporta en atención y como consecuencia del principio de preclusión que rige en nuestro sistema procesal civil: por una elemental razón de economía procesal y de cautela, el actor solicita una concreta tutela jurídica con preferencia (y exclusión) sobre otra; y solicita del tribunal que le conceda la tutela solicitada con carácter preferente, pero bien entendido que si el tribunal rechaza esa primera solicitud, debe entrar a conocer y resolver la eventualmente ejercitada. En estos casos, si bien existe una acumulación de acciones porque se someten objetos procesales distintos a la consideración judicial, el tribunal no tiene (ni puede) que pronunciarse sobre todos ellos, sino que acogiendo el primero, el segundo desaparece porque el interés del actor ha quedado así satisfecho; o denegando el primero, ha de entrar a pronunciarse sobre el segundo, pudiéndolo acoger o rechazar, porque eso puede ser completamente independiente del anterior".

2.- Decisión del tribunal. El art. 71.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil carece de relevancia en el caso objeto del recurso porque no afecta a la ratio decidendi [razón decisoria] de la desacumulación de acciones acordada en primera instancia. El juzgado acordó la desacumulación de las acciones respecto de las que carecía de competencia objetiva para conocerlas, no por razón de la incompatibilidad de las pretensiones ejercitadas, que es lo regulado en el citado precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto a la improcedencia de acumular las acciones ejercitadas contra los demandados ante el Juzgado de Primera Instancia, nos remitimos a lo que ya hemos declarado.

Recurso de casación

VIGÉSIMO.- Desestimación del recurso de casación por falta de efecto útil

Una vez que hemos declarado que la falta de litisconsorcio pasivo necesario, apreciada en la instancia, no podía haber sido subsanada por el Juzgado de Primera Instancia porque la competencia para el conocimiento de las acciones ejercitadas contra todos los demandados correspondía al juez del concurso en el que dos de las sociedades demandadas habían sido declaradas en concurso, el recurso de casación carece de efecto útil porque no podría ser estimado y, de esta forma, dar satisfacción de las pretensiones de la recurrente, que por otra parte son inatendibles por cuanto que los pronunciamientos que pretende que se realicen por esta sala exceden de lo que solicitó en su día en la demanda.

VIGESIMOPRIMERO.- Costas y depósitos

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.