Sentencia Civil 1357/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5355/2020 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO Resumen de antecedentes.

1.El día 17 de noviembre de 1999 Andrea y Justino celebraron un contrato de préstamo hipotecario con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., formalizado en escritura pública. La cláusula Quinta atribuía a los prestatarios el pago de todos los gastos generados por el contrato.

Después, el 26 de julio de 2012, Andrea y Justino y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. acordaron la modificación de determinadas cláusulas del contrato. La cláusula Sexta de la escritura de novación también atribuía a los prestatarios el pago de los gastos generados por el contrato.

2.Con fecha 11 de mayo de 2018, Andrea y Justino presentaron una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en la que solicitaban, entre otros pedimentos, la nulidad de las cláusulas de gastos de ambos contratos y que se condenara a la entidad prestamista a devolver las cantidades abonadas por aplicación de las cláusulas de gastos del contrato de préstamo y de novación por los conceptos que relacionan, con el interés legal, y al pago de las costas.

En lo que interesa al recurso, la sentencia de primera instancia estimó la pretensión de nulidad de las cláusulas de gastos de ambos contratos por abusivas; rechazó la prescripción de la acción de restitución de los gastos; y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos de ambos contratos.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. e impugnada por los demandantes. La Audiencia Provincial estima en parte ambos recursos, revoca los pronunciamientos de la sentencia apelada de condena a la restitución de gastos realizados con motivo del contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 17 de noviembre de 1999, y al pago de las costas, que deja sin efecto. Y establece como fecha inicial del devengo de intereses por los gastos realizados con motivo de la formalización del contrato de novación (escritura de 26 de julio de 2012), la de realización de cada pago. Así mismo, revoca la declaración de nulidad de la comisión de apertura. No hace imposición de las costas de ninguna de las instancias.

La sentencia de la Audiencia, en lo que interesa al recurso, distingue entre la acción de nulidad de la cláusula de atribución de gastos y la acción de reclamación de los abonos realizados por aplicación de dicha cláusula. Considera que esta última acción está sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debe computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago. En la fecha de interposición de la demanda, había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el Código Civil, que, en la redacción vigente en la fecha de celebración del contrato, era de quince años ( art. 1964.2 CC, en la redacción anterior a la Ley 42/2015, de 5 de octubre), desde que se realizaron los gastos ocasionados por el contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 17 de noviembre de 1999.

En consecuencia, declara prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos del contrato de préstamo de 17 de noviembre de 1999, y deja sin efecto la condena a la demandada a la restitución de los referidos gastos.

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la parte demandante y la demandada se allanó a las pretensiones de la demandante.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1.Formulación del motivo. El motivo único del recurso se funda en la infracción «[...] de los artículos 1964 y 1969 del Código Civil, y de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, contraviniendo la sentencia que se recurre, de la jurisprudencia contenida en la sentencia del TJUE de fecha 16 julio 2020».

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023, de 4 de julio , que se remite a la 397/2018, de 26 de junio, que cita de otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, y 294/2018, de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo) el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La sentencia recurrida se opone a la Sentencia de Pleno 857/2024, de 14 de junio, que establece:

«[...]salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.»

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y al asumir la instancia debe estimarse en parte el recurso de apelación formulado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

TERCERO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la estimación en parte del recurso de apelación, razón por la cual tampoco procede hacer expresa condena de las costas causadas por dicho recurso ( art. 398.2 LEC) .

3.Aunque la demanda ha sido estimada parcialmente, se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia que condena al banco demandado a las generadas en aquella instancia, de acuerdo con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ.

PRIMERO Resumen de antecedentes.

1.El día 17 de noviembre de 1999 Andrea y Justino celebraron un contrato de préstamo hipotecario con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., formalizado en escritura pública. La cláusula Quinta atribuía a los prestatarios el pago de todos los gastos generados por el contrato.

Después, el 26 de julio de 2012, Andrea y Justino y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. acordaron la modificación de determinadas cláusulas del contrato. La cláusula Sexta de la escritura de novación también atribuía a los prestatarios el pago de los gastos generados por el contrato.

2.Con fecha 11 de mayo de 2018, Andrea y Justino presentaron una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en la que solicitaban, entre otros pedimentos, la nulidad de las cláusulas de gastos de ambos contratos y que se condenara a la entidad prestamista a devolver las cantidades abonadas por aplicación de las cláusulas de gastos del contrato de préstamo y de novación por los conceptos que relacionan, con el interés legal, y al pago de las costas.

En lo que interesa al recurso, la sentencia de primera instancia estimó la pretensión de nulidad de las cláusulas de gastos de ambos contratos por abusivas; rechazó la prescripción de la acción de restitución de los gastos; y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos de ambos contratos.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. e impugnada por los demandantes. La Audiencia Provincial estima en parte ambos recursos, revoca los pronunciamientos de la sentencia apelada de condena a la restitución de gastos realizados con motivo del contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 17 de noviembre de 1999, y al pago de las costas, que deja sin efecto. Y establece como fecha inicial del devengo de intereses por los gastos realizados con motivo de la formalización del contrato de novación (escritura de 26 de julio de 2012), la de realización de cada pago. Así mismo, revoca la declaración de nulidad de la comisión de apertura. No hace imposición de las costas de ninguna de las instancias.

La sentencia de la Audiencia, en lo que interesa al recurso, distingue entre la acción de nulidad de la cláusula de atribución de gastos y la acción de reclamación de los abonos realizados por aplicación de dicha cláusula. Considera que esta última acción está sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debe computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago. En la fecha de interposición de la demanda, había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el Código Civil, que, en la redacción vigente en la fecha de celebración del contrato, era de quince años ( art. 1964.2 CC, en la redacción anterior a la Ley 42/2015, de 5 de octubre), desde que se realizaron los gastos ocasionados por el contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 17 de noviembre de 1999.

En consecuencia, declara prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos del contrato de préstamo de 17 de noviembre de 1999, y deja sin efecto la condena a la demandada a la restitución de los referidos gastos.

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la parte demandante y la demandada se allanó a las pretensiones de la demandante.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1.Formulación del motivo. El motivo único del recurso se funda en la infracción «[...] de los artículos 1964 y 1969 del Código Civil, y de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, contraviniendo la sentencia que se recurre, de la jurisprudencia contenida en la sentencia del TJUE de fecha 16 julio 2020».

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023, de 4 de julio , que se remite a la 397/2018, de 26 de junio, que cita de otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, y 294/2018, de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo) el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La sentencia recurrida se opone a la Sentencia de Pleno 857/2024, de 14 de junio, que establece:

«[...]salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.»

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y al asumir la instancia debe estimarse en parte el recurso de apelación formulado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

TERCERO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la estimación en parte del recurso de apelación, razón por la cual tampoco procede hacer expresa condena de las costas causadas por dicho recurso ( art. 398.2 LEC) .

3.Aunque la demanda ha sido estimada parcialmente, se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia que condena al banco demandado a las generadas en aquella instancia, de acuerdo con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ.

PRIMERO Resumen de antecedentes.

1.El día 17 de noviembre de 1999 Andrea y Justino celebraron un contrato de préstamo hipotecario con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., formalizado en escritura pública. La cláusula Quinta atribuía a los prestatarios el pago de todos los gastos generados por el contrato.

Después, el 26 de julio de 2012, Andrea y Justino y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. acordaron la modificación de determinadas cláusulas del contrato. La cláusula Sexta de la escritura de novación también atribuía a los prestatarios el pago de los gastos generados por el contrato.

2.Con fecha 11 de mayo de 2018, Andrea y Justino presentaron una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en la que solicitaban, entre otros pedimentos, la nulidad de las cláusulas de gastos de ambos contratos y que se condenara a la entidad prestamista a devolver las cantidades abonadas por aplicación de las cláusulas de gastos del contrato de préstamo y de novación por los conceptos que relacionan, con el interés legal, y al pago de las costas.

En lo que interesa al recurso, la sentencia de primera instancia estimó la pretensión de nulidad de las cláusulas de gastos de ambos contratos por abusivas; rechazó la prescripción de la acción de restitución de los gastos; y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos de ambos contratos.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. e impugnada por los demandantes. La Audiencia Provincial estima en parte ambos recursos, revoca los pronunciamientos de la sentencia apelada de condena a la restitución de gastos realizados con motivo del contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 17 de noviembre de 1999, y al pago de las costas, que deja sin efecto. Y establece como fecha inicial del devengo de intereses por los gastos realizados con motivo de la formalización del contrato de novación (escritura de 26 de julio de 2012), la de realización de cada pago. Así mismo, revoca la declaración de nulidad de la comisión de apertura. No hace imposición de las costas de ninguna de las instancias.

La sentencia de la Audiencia, en lo que interesa al recurso, distingue entre la acción de nulidad de la cláusula de atribución de gastos y la acción de reclamación de los abonos realizados por aplicación de dicha cláusula. Considera que esta última acción está sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debe computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago. En la fecha de interposición de la demanda, había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el Código Civil, que, en la redacción vigente en la fecha de celebración del contrato, era de quince años ( art. 1964.2 CC, en la redacción anterior a la Ley 42/2015, de 5 de octubre), desde que se realizaron los gastos ocasionados por el contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 17 de noviembre de 1999.

En consecuencia, declara prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos del contrato de préstamo de 17 de noviembre de 1999, y deja sin efecto la condena a la demandada a la restitución de los referidos gastos.

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la parte demandante y la demandada se allanó a las pretensiones de la demandante.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1.Formulación del motivo. El motivo único del recurso se funda en la infracción «[...] de los artículos 1964 y 1969 del Código Civil, y de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, contraviniendo la sentencia que se recurre, de la jurisprudencia contenida en la sentencia del TJUE de fecha 16 julio 2020».

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023, de 4 de julio , que se remite a la 397/2018, de 26 de junio, que cita de otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, y 294/2018, de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo) el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La sentencia recurrida se opone a la Sentencia de Pleno 857/2024, de 14 de junio, que establece:

«[...]salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.»

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y al asumir la instancia debe estimarse en parte el recurso de apelación formulado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

TERCERO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la estimación en parte del recurso de apelación, razón por la cual tampoco procede hacer expresa condena de las costas causadas por dicho recurso ( art. 398.2 LEC) .

3.Aunque la demanda ha sido estimada parcialmente, se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia que condena al banco demandado a las generadas en aquella instancia, de acuerdo con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ.