Sentencia Civil 1051/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4732/2024 de 01 de julio del 2025

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.El juzgado estima la demanda interpuesta por Roque, Bienvenido, Bernarda y Epifanio contra Luis Pedro y acuerda la resolución del contrato de arrendamiento y el desahucio del demandado de la finca denominada DIRECCION000, sita en el término municipal de Oliva de Mérida, que se corresponde con las fincas registrales NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 del Registro de la Propiedad de Mérida. También condena al demandado a pagar la cantidad debida por el contrato de arrendamiento, en concreto, el primer pago de la anualidad del año 2023 que asciende a 6.696,50 €, más las rentas futuras que se devenguen hasta la entrega efectiva de la posesión a los demandantes.

2. Luis Pedro interpone un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado y la Audiencia dicta sentencia por la que estima la excepción procesal de falta del debido litisconsorcio pasivo necesario, y en su virtud, y sin entrar en el fondo del asunto, revoca la sentencia de primera instancia, absuelve al demandado de las pretensiones de la parte actora, condena a los demandantes al pago de las costas de la primera instancia y no impone las costas de la segunda instancia.

El razonamiento de la sentencia recurrida es el siguiente:

«El primer motivo del recurso se basa en el error en la aplicación de precepto legal ( art. 12.2 LEC) , invocando la excepción de la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario. El apelante alega, en síntesis, que está mal constituida la relación jurídico procesal puesto que debió llamarse al procedimiento también a Sonsoles, única arrendataria de las fincas propiedad de Bienvenido y Bernarda.

»El motivo se estima. Ha de partirse de los siguientes hechos reconocidos o demostrados:

»a) se ejercita acción de desahucio de las varias fincas rústicas que son propiedad exclusiva de cada uno de los demandantes (documentos núm. 1 a 3 de la demanda) y ello a pesar de que en la demanda se hable de una sola finca (a los actores se les adjudicó cada finca en la escritura de aceptación y partición de herencia de fecha 7-9-2006, documento núm. 1 de la demanda);

»b) el arrendamiento inicial se pactó en su día con el padre de los actores pero éstos han mantenido la relación negocial, siendo ya propietarios iure proprio desde, al menos, el mes de octubre de 2006 hasta la actualidad;

»c) aunque se reconoce la existencia del arrendamiento, no se cuenta con contrato escrito, discrepando las partes sobre si se trata de único contrato o de varios, uno por cada finca independiente, lo que ha quedado indemostrado y es que el problema que en la práctica presentan los contratos verbales es de naturaleza probatoria, ya que si su existencia o contenido es negado por alguna de las partes o es objeto de controversia, quien invoca una determinada previsión contractual tiene la carga de acreditar su realidad, es decir, no sólo la del propio contrato, sino también la de la concreta estipulación que sustenta la pretensión;

»d) a falta de dicho contrato o contratos por escrito tampoco es posible conocer con exactitud cuál eran los pactos concretos de dicho arrendamiento o arrendamientos ni sus vicisitudes a lo largo de todo este tiempo, y sin que, por ello, pueda tenerse por demostrado que se hayan realizado subarriendos por el demandado; y

»e) sí se cuenta con los recibos de pago en favor y suscrito por alguno de los actores y por el concepto de arrendamiento, siendo que alguno de ellos ha sido emitido por Sonsoles (documentos núm. 3 a 6 de la contestación a la demanda), sin que tampoco conste que se hayan rechazado esos pagos.

»De una parte, ha de decirse que ya tiene establecido la jurisprudencia ( STS 1006/2023, de 21 de junio) que "[l]a acumulación de la acción de reclamación de cantidad a la acción de desahucio permite alegar y conocer acerca de si se debe o no la cantidad reclamada conforme al contrato, sin que se puedan establecer limitaciones a la cognición de las excepciones al pago invocadas. De esta forma, hay que concluir que el procedimiento pasa a tener la naturaleza plenaria propia de un pleito en el que se reclama el pago de una cantidad, con efectos de cosa juzgada, dada la imposibilidad de escindir los efectos que el conocimiento de la reclamación de rentas puede provocar en el desahucio por impago".

»De otra parte, aunque la constitución en parte de un sujeto de derecho corresponde exclusivamente al actor, como manifestación del principio dispositivo que lo gobierna, ello cede en los supuestos de falta del debido litisconsorcio pasivo necesario. Esta institución tiende a garantizar la presencia en el juicio de todos a quienes interese la cuestión sustantiva en litigio y ello exige llamar a todas las personas que, en virtud de disposición legal o por razón de la inescindibilidad de la relación jurídica material, puedan estar interesadas directamente o puedan resultar afectadas en la misma medida por la solución que se dicte en el proceso, lo que es el caso, pues pretendiéndose el desahucio de las varias de las fincas propiedad independiente de los actores (como si fuera una sola) resulta que hay motivos para entender que los efectos jurídicos de la sentencia que se dicte pudiera afectar directamente a una posible arrendataria, Sonsoles, sin que haya sido llamada al procedimiento ni haya podido tener, por tanto, la posibilidad de ser oída.

»Como consecuencia de la estimación de esta excepción procesal ha de revocarse la sentencia de instancia, absolviendo al demandado de las pretensiones de la parte actora, sin que sea posible entrar a resolver el fondo del asunto y haciendo innecesario el examen del resto de motivos del recurso».

3. Roque, Bienvenido, Bernarda y Epifanio interponen un recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento

El recurso de casación se funda en dos motivos.

1.En el primer motivo, al amparo del art. 477.2 LEC, por infracción de los arts. 420 y 394,1 LEC, se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el litisconsorcio pasivo necesario. En su desarrollo argumenta que la Audiencia Provincial en su sentencia debería haber procedido como determina el art. 420 LEC, anulando la sentencia de instancia y ordenando la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario, retrotrayendo las actuaciones al momento del juicio y concediendo un plazo no inferior de diez días a los actores para subsanarlo, conservando aquellos actos procesales ya realizados. Cita las sentencias 105/2022, de 8 de febrero, 672/2017, de 15 de noviembre, 664/2012, de 23 de noviembre, 436/2012 de 28 de junio, entre otras.

2.En el segundo motivo se denuncia la infracción de los arts. 444, 445 y 446 LEC. Se sostiene que el demandado alega cuestiones que exceden del juicio de desahucio, introduciendo en el debate cuestiones complejas que estaba obligado a probar, con arreglo a los criterios generales de la carga de la prueba a que remite el art. 445 LEC.

TERCERO.- Oposición de la parte recurrida

La parte recurrida alega causa de inadmisiblidad por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 477.6 LEC, conforme al cual, «Cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales será imprescindible acreditar que, de haber sido posible, previamente al recurso de casación la infracción se ha denunciado en la instancia y que, de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la infracción procesal hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas».

Argumenta que alegó la falta de litisconsorcio pasivo necesario en su escrito de contestación a la demanda, de modo que en la vista del juicio verbal la supuesta infracción ya podría haberse alegado y, sin embargo, lo único que alegó fue que no concurría la falta excepcionada por el Sr. Luis Pedro, sin entrar a detallar el tratamiento procesal que su estimación provocaría (anulación de resoluciones judiciales y retroacción de actuaciones hasta el momento de su alegación, ampliación de demanda, en su caso, etc.). Cita en apoyo de su tesis la sentencia 332/2024, de 6 de marzo, que admitió un recurso por infracción procesal por no haber intentado subsanar la parte oportunamente la falta de práctica de una prueba.

Añade que tampoco dicha infracción de norma procesal fue invocada por la parte ahora recurrente en su escrito de impugnación al recurso de apelación interpuesto por el demandado, pese a que nuevamente se invocó la existencia de esta excepción. Tampoco se pidió aclaración de sentencia.

Subsidiariamente, respecto del motivo segundo del recurso de casación, la parte recurrida argumenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de la sala no se han infringido ni el art. 444 LEC ni el art. 445 LEC.

CUARTO.- Decisión de la sala. Inexistencia de causa de inadmisibilidad. Estimación del primer motivo del recurso de casación. Consecuencias de la apreciación de litisconsorcio pasivo necesario

1.Vamos a comenzar dando respuesta a lo planteado en el primer motivo del recurso porque, de ser estimado, procedería declarar la nulidad de la sentencia y ordenar la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario sin entrar en lo planteado en el segundo motivo.

Hay que observar que en el recurso los recurrentes, que son los demandantes, no cuestionan que exista litisconsorcio, sino que reprochan a la sentencia que, al apreciarlo, no haya procedido conforme a lo previsto en el art. 420 LEC y haya absuelto al demandado.

2.No apreciamos que concurra la causa de inadmisibilidad que invoca la parte recurrida, porque la primera vez que se ha cometido la infracción procesal denunciada ha sido en la sentencia recurrida, sin que dada la naturaleza de la infracción, que incluso puede ser apreciado de oficio, fuera exigible pedir aclaración de una sentencia, pues el defecto procesal no es de los que pueden corregirse mediante una aclaración.

La sentencia 1621/2024, de 3 de diciembre, recogiendo la doctrina de la sala, explica:

«Como hemos declarado en ocasiones anteriores, la falta de litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal de orden público ( sentencia del Tribunal Constitucional 77/1986, de 12 de junio) que puede ser estimada de oficio en cualquiera de las fases del procedimiento ( sentencias 394/2015, de 3 de julio, y 1285/2023, de 25 de septiembre, entre otras). En concreto, en las sentencias 400/2012, de 12 de junio, 664/2012, de 23 de noviembre, y 105/2022, de 8 de febrero, hemos declarado que la superación de la fase de audiencia previa no produce un efecto taumatúrgico, pues, de concurrir el defecto no precluye la posibilidad de que sea apreciado, incluso de oficio en fase de casación ya que, al tratarse de una cuestión de orden público, la defectuosa constitución de la relación procesal impide la decisión sobre el fondo del litigio».

3.En la medida en que la sentencia recurrida aprecia que concurre litisconsorcio pasivo necesario porque la sentencia que se dicte puede afectar directamente a una posible arrendataria debió proceder conforme establece el art. 420.3 LEC, conforme al cual: «Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días. Los nuevos demandados podrán contestar a la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 404, quedando entre tanto en suspenso, para el demandante y el demandado iniciales, el curso de las actuaciones».

De acuerdo con la sentencia 436/2012, de 28 de junio, seguida de otras, como la 105/2022, de 8 de febrero, la apreciación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario comporta que deban anularse las sentencias dictadas en segunda y primera instancia y que ordenemos la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario en los términos previstos en el art. 420.3 LEC, a cuyo fin deben retrotraerse las actuaciones al acto de la audiencia previa del juicio ordinario (en el caso de los juicios verbales, como el presente, al momento del acto del juicio), para que por los demandantes, en el plazo que le sea otorgado por el Juzgado de Primera Instancia, que no podrá ser inferior a diez días, se dirija la demanda frente a Sonsoles, en los términos que establece el art. 420.1.II LEC, con el apercibimiento derivado del art. 420.4 LEC.

4.Debemos señalar que aunque la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha eliminado en la regulación del juicio verbal la remisión a las reglas generales de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulaban las cuestiones procesales en el juicio ordinario, la disposición transitoria novena de la misma LO 1/2025, sobre régimen transitorio aplicable a los procedimientos judiciales, ordena que sus previsiones serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, lo que no es el caso, pues la demanda rectora de este procedimiento se presentó el 4 de abril de 2023 (antes también, por lo demás, de la vigencia de las modificaciones operadas por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, cuyas modificaciones, de acuerdo con lo previsto en su disposición transitoria segunda, son aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que se disponga otra cosa).

5.En virtud de lo expuesto procede retrotraer las actuaciones a la fase del acto del juicio para que el juzgado proceda conforme a derecho ( art. 443.2 LEC, en la redacción vigente cuando se interpuso la demanda, y art. 420.3 LEC) , en el entendimiento de que si se ampliase subjetivamente la demanda será sin perjuicio de mantener la validez de los actos independientes de aquél procedimiento o cuyo contenido no pudiere haber sido distinto en caso de no haberse cometido la infracción, de conformidad con lo previsto en el art. 230 LEC, siguiendo el criterio establecido en las SSTS de 20 de enero de 2001, RC n.º 2506/1996, 26 de febrero de 2004, RC n.º 412/1998, 2 de octubre de 2006, RC n.º 4472/1999, 11 de mayo de 2007, RC n.º 2079/2000).

QUINTO.- Costas

No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con los arts. 394 y 398 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.El juzgado estima la demanda interpuesta por Roque, Bienvenido, Bernarda y Epifanio contra Luis Pedro y acuerda la resolución del contrato de arrendamiento y el desahucio del demandado de la finca denominada DIRECCION000, sita en el término municipal de Oliva de Mérida, que se corresponde con las fincas registrales NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 del Registro de la Propiedad de Mérida. También condena al demandado a pagar la cantidad debida por el contrato de arrendamiento, en concreto, el primer pago de la anualidad del año 2023 que asciende a 6.696,50 €, más las rentas futuras que se devenguen hasta la entrega efectiva de la posesión a los demandantes.

2. Luis Pedro interpone un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado y la Audiencia dicta sentencia por la que estima la excepción procesal de falta del debido litisconsorcio pasivo necesario, y en su virtud, y sin entrar en el fondo del asunto, revoca la sentencia de primera instancia, absuelve al demandado de las pretensiones de la parte actora, condena a los demandantes al pago de las costas de la primera instancia y no impone las costas de la segunda instancia.

El razonamiento de la sentencia recurrida es el siguiente:

«El primer motivo del recurso se basa en el error en la aplicación de precepto legal ( art. 12.2 LEC) , invocando la excepción de la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario. El apelante alega, en síntesis, que está mal constituida la relación jurídico procesal puesto que debió llamarse al procedimiento también a Sonsoles, única arrendataria de las fincas propiedad de Bienvenido y Bernarda.

»El motivo se estima. Ha de partirse de los siguientes hechos reconocidos o demostrados:

»a) se ejercita acción de desahucio de las varias fincas rústicas que son propiedad exclusiva de cada uno de los demandantes (documentos núm. 1 a 3 de la demanda) y ello a pesar de que en la demanda se hable de una sola finca (a los actores se les adjudicó cada finca en la escritura de aceptación y partición de herencia de fecha 7-9-2006, documento núm. 1 de la demanda);

»b) el arrendamiento inicial se pactó en su día con el padre de los actores pero éstos han mantenido la relación negocial, siendo ya propietarios iure proprio desde, al menos, el mes de octubre de 2006 hasta la actualidad;

»c) aunque se reconoce la existencia del arrendamiento, no se cuenta con contrato escrito, discrepando las partes sobre si se trata de único contrato o de varios, uno por cada finca independiente, lo que ha quedado indemostrado y es que el problema que en la práctica presentan los contratos verbales es de naturaleza probatoria, ya que si su existencia o contenido es negado por alguna de las partes o es objeto de controversia, quien invoca una determinada previsión contractual tiene la carga de acreditar su realidad, es decir, no sólo la del propio contrato, sino también la de la concreta estipulación que sustenta la pretensión;

»d) a falta de dicho contrato o contratos por escrito tampoco es posible conocer con exactitud cuál eran los pactos concretos de dicho arrendamiento o arrendamientos ni sus vicisitudes a lo largo de todo este tiempo, y sin que, por ello, pueda tenerse por demostrado que se hayan realizado subarriendos por el demandado; y

»e) sí se cuenta con los recibos de pago en favor y suscrito por alguno de los actores y por el concepto de arrendamiento, siendo que alguno de ellos ha sido emitido por Sonsoles (documentos núm. 3 a 6 de la contestación a la demanda), sin que tampoco conste que se hayan rechazado esos pagos.

»De una parte, ha de decirse que ya tiene establecido la jurisprudencia ( STS 1006/2023, de 21 de junio) que "[l]a acumulación de la acción de reclamación de cantidad a la acción de desahucio permite alegar y conocer acerca de si se debe o no la cantidad reclamada conforme al contrato, sin que se puedan establecer limitaciones a la cognición de las excepciones al pago invocadas. De esta forma, hay que concluir que el procedimiento pasa a tener la naturaleza plenaria propia de un pleito en el que se reclama el pago de una cantidad, con efectos de cosa juzgada, dada la imposibilidad de escindir los efectos que el conocimiento de la reclamación de rentas puede provocar en el desahucio por impago".

»De otra parte, aunque la constitución en parte de un sujeto de derecho corresponde exclusivamente al actor, como manifestación del principio dispositivo que lo gobierna, ello cede en los supuestos de falta del debido litisconsorcio pasivo necesario. Esta institución tiende a garantizar la presencia en el juicio de todos a quienes interese la cuestión sustantiva en litigio y ello exige llamar a todas las personas que, en virtud de disposición legal o por razón de la inescindibilidad de la relación jurídica material, puedan estar interesadas directamente o puedan resultar afectadas en la misma medida por la solución que se dicte en el proceso, lo que es el caso, pues pretendiéndose el desahucio de las varias de las fincas propiedad independiente de los actores (como si fuera una sola) resulta que hay motivos para entender que los efectos jurídicos de la sentencia que se dicte pudiera afectar directamente a una posible arrendataria, Sonsoles, sin que haya sido llamada al procedimiento ni haya podido tener, por tanto, la posibilidad de ser oída.

»Como consecuencia de la estimación de esta excepción procesal ha de revocarse la sentencia de instancia, absolviendo al demandado de las pretensiones de la parte actora, sin que sea posible entrar a resolver el fondo del asunto y haciendo innecesario el examen del resto de motivos del recurso».

3. Roque, Bienvenido, Bernarda y Epifanio interponen un recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento

El recurso de casación se funda en dos motivos.

1.En el primer motivo, al amparo del art. 477.2 LEC, por infracción de los arts. 420 y 394,1 LEC, se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el litisconsorcio pasivo necesario. En su desarrollo argumenta que la Audiencia Provincial en su sentencia debería haber procedido como determina el art. 420 LEC, anulando la sentencia de instancia y ordenando la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario, retrotrayendo las actuaciones al momento del juicio y concediendo un plazo no inferior de diez días a los actores para subsanarlo, conservando aquellos actos procesales ya realizados. Cita las sentencias 105/2022, de 8 de febrero, 672/2017, de 15 de noviembre, 664/2012, de 23 de noviembre, 436/2012 de 28 de junio, entre otras.

2.En el segundo motivo se denuncia la infracción de los arts. 444, 445 y 446 LEC. Se sostiene que el demandado alega cuestiones que exceden del juicio de desahucio, introduciendo en el debate cuestiones complejas que estaba obligado a probar, con arreglo a los criterios generales de la carga de la prueba a que remite el art. 445 LEC.

TERCERO.- Oposición de la parte recurrida

La parte recurrida alega causa de inadmisiblidad por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 477.6 LEC, conforme al cual, «Cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales será imprescindible acreditar que, de haber sido posible, previamente al recurso de casación la infracción se ha denunciado en la instancia y que, de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la infracción procesal hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas».

Argumenta que alegó la falta de litisconsorcio pasivo necesario en su escrito de contestación a la demanda, de modo que en la vista del juicio verbal la supuesta infracción ya podría haberse alegado y, sin embargo, lo único que alegó fue que no concurría la falta excepcionada por el Sr. Luis Pedro, sin entrar a detallar el tratamiento procesal que su estimación provocaría (anulación de resoluciones judiciales y retroacción de actuaciones hasta el momento de su alegación, ampliación de demanda, en su caso, etc.). Cita en apoyo de su tesis la sentencia 332/2024, de 6 de marzo, que admitió un recurso por infracción procesal por no haber intentado subsanar la parte oportunamente la falta de práctica de una prueba.

Añade que tampoco dicha infracción de norma procesal fue invocada por la parte ahora recurrente en su escrito de impugnación al recurso de apelación interpuesto por el demandado, pese a que nuevamente se invocó la existencia de esta excepción. Tampoco se pidió aclaración de sentencia.

Subsidiariamente, respecto del motivo segundo del recurso de casación, la parte recurrida argumenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de la sala no se han infringido ni el art. 444 LEC ni el art. 445 LEC.

CUARTO.- Decisión de la sala. Inexistencia de causa de inadmisibilidad. Estimación del primer motivo del recurso de casación. Consecuencias de la apreciación de litisconsorcio pasivo necesario

1.Vamos a comenzar dando respuesta a lo planteado en el primer motivo del recurso porque, de ser estimado, procedería declarar la nulidad de la sentencia y ordenar la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario sin entrar en lo planteado en el segundo motivo.

Hay que observar que en el recurso los recurrentes, que son los demandantes, no cuestionan que exista litisconsorcio, sino que reprochan a la sentencia que, al apreciarlo, no haya procedido conforme a lo previsto en el art. 420 LEC y haya absuelto al demandado.

2.No apreciamos que concurra la causa de inadmisibilidad que invoca la parte recurrida, porque la primera vez que se ha cometido la infracción procesal denunciada ha sido en la sentencia recurrida, sin que dada la naturaleza de la infracción, que incluso puede ser apreciado de oficio, fuera exigible pedir aclaración de una sentencia, pues el defecto procesal no es de los que pueden corregirse mediante una aclaración.

La sentencia 1621/2024, de 3 de diciembre, recogiendo la doctrina de la sala, explica:

«Como hemos declarado en ocasiones anteriores, la falta de litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal de orden público ( sentencia del Tribunal Constitucional 77/1986, de 12 de junio) que puede ser estimada de oficio en cualquiera de las fases del procedimiento ( sentencias 394/2015, de 3 de julio, y 1285/2023, de 25 de septiembre, entre otras). En concreto, en las sentencias 400/2012, de 12 de junio, 664/2012, de 23 de noviembre, y 105/2022, de 8 de febrero, hemos declarado que la superación de la fase de audiencia previa no produce un efecto taumatúrgico, pues, de concurrir el defecto no precluye la posibilidad de que sea apreciado, incluso de oficio en fase de casación ya que, al tratarse de una cuestión de orden público, la defectuosa constitución de la relación procesal impide la decisión sobre el fondo del litigio».

3.En la medida en que la sentencia recurrida aprecia que concurre litisconsorcio pasivo necesario porque la sentencia que se dicte puede afectar directamente a una posible arrendataria debió proceder conforme establece el art. 420.3 LEC, conforme al cual: «Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días. Los nuevos demandados podrán contestar a la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 404, quedando entre tanto en suspenso, para el demandante y el demandado iniciales, el curso de las actuaciones».

De acuerdo con la sentencia 436/2012, de 28 de junio, seguida de otras, como la 105/2022, de 8 de febrero, la apreciación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario comporta que deban anularse las sentencias dictadas en segunda y primera instancia y que ordenemos la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario en los términos previstos en el art. 420.3 LEC, a cuyo fin deben retrotraerse las actuaciones al acto de la audiencia previa del juicio ordinario (en el caso de los juicios verbales, como el presente, al momento del acto del juicio), para que por los demandantes, en el plazo que le sea otorgado por el Juzgado de Primera Instancia, que no podrá ser inferior a diez días, se dirija la demanda frente a Sonsoles, en los términos que establece el art. 420.1.II LEC, con el apercibimiento derivado del art. 420.4 LEC.

4.Debemos señalar que aunque la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha eliminado en la regulación del juicio verbal la remisión a las reglas generales de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulaban las cuestiones procesales en el juicio ordinario, la disposición transitoria novena de la misma LO 1/2025, sobre régimen transitorio aplicable a los procedimientos judiciales, ordena que sus previsiones serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, lo que no es el caso, pues la demanda rectora de este procedimiento se presentó el 4 de abril de 2023 (antes también, por lo demás, de la vigencia de las modificaciones operadas por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, cuyas modificaciones, de acuerdo con lo previsto en su disposición transitoria segunda, son aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que se disponga otra cosa).

5.En virtud de lo expuesto procede retrotraer las actuaciones a la fase del acto del juicio para que el juzgado proceda conforme a derecho ( art. 443.2 LEC, en la redacción vigente cuando se interpuso la demanda, y art. 420.3 LEC) , en el entendimiento de que si se ampliase subjetivamente la demanda será sin perjuicio de mantener la validez de los actos independientes de aquél procedimiento o cuyo contenido no pudiere haber sido distinto en caso de no haberse cometido la infracción, de conformidad con lo previsto en el art. 230 LEC, siguiendo el criterio establecido en las SSTS de 20 de enero de 2001, RC n.º 2506/1996, 26 de febrero de 2004, RC n.º 412/1998, 2 de octubre de 2006, RC n.º 4472/1999, 11 de mayo de 2007, RC n.º 2079/2000).

QUINTO.- Costas

No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con los arts. 394 y 398 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.El juzgado estima la demanda interpuesta por Roque, Bienvenido, Bernarda y Epifanio contra Luis Pedro y acuerda la resolución del contrato de arrendamiento y el desahucio del demandado de la finca denominada DIRECCION000, sita en el término municipal de Oliva de Mérida, que se corresponde con las fincas registrales NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 del Registro de la Propiedad de Mérida. También condena al demandado a pagar la cantidad debida por el contrato de arrendamiento, en concreto, el primer pago de la anualidad del año 2023 que asciende a 6.696,50 €, más las rentas futuras que se devenguen hasta la entrega efectiva de la posesión a los demandantes.

2. Luis Pedro interpone un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado y la Audiencia dicta sentencia por la que estima la excepción procesal de falta del debido litisconsorcio pasivo necesario, y en su virtud, y sin entrar en el fondo del asunto, revoca la sentencia de primera instancia, absuelve al demandado de las pretensiones de la parte actora, condena a los demandantes al pago de las costas de la primera instancia y no impone las costas de la segunda instancia.

El razonamiento de la sentencia recurrida es el siguiente:

«El primer motivo del recurso se basa en el error en la aplicación de precepto legal ( art. 12.2 LEC) , invocando la excepción de la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario. El apelante alega, en síntesis, que está mal constituida la relación jurídico procesal puesto que debió llamarse al procedimiento también a Sonsoles, única arrendataria de las fincas propiedad de Bienvenido y Bernarda.

»El motivo se estima. Ha de partirse de los siguientes hechos reconocidos o demostrados:

»a) se ejercita acción de desahucio de las varias fincas rústicas que son propiedad exclusiva de cada uno de los demandantes (documentos núm. 1 a 3 de la demanda) y ello a pesar de que en la demanda se hable de una sola finca (a los actores se les adjudicó cada finca en la escritura de aceptación y partición de herencia de fecha 7-9-2006, documento núm. 1 de la demanda);

»b) el arrendamiento inicial se pactó en su día con el padre de los actores pero éstos han mantenido la relación negocial, siendo ya propietarios iure proprio desde, al menos, el mes de octubre de 2006 hasta la actualidad;

»c) aunque se reconoce la existencia del arrendamiento, no se cuenta con contrato escrito, discrepando las partes sobre si se trata de único contrato o de varios, uno por cada finca independiente, lo que ha quedado indemostrado y es que el problema que en la práctica presentan los contratos verbales es de naturaleza probatoria, ya que si su existencia o contenido es negado por alguna de las partes o es objeto de controversia, quien invoca una determinada previsión contractual tiene la carga de acreditar su realidad, es decir, no sólo la del propio contrato, sino también la de la concreta estipulación que sustenta la pretensión;

»d) a falta de dicho contrato o contratos por escrito tampoco es posible conocer con exactitud cuál eran los pactos concretos de dicho arrendamiento o arrendamientos ni sus vicisitudes a lo largo de todo este tiempo, y sin que, por ello, pueda tenerse por demostrado que se hayan realizado subarriendos por el demandado; y

»e) sí se cuenta con los recibos de pago en favor y suscrito por alguno de los actores y por el concepto de arrendamiento, siendo que alguno de ellos ha sido emitido por Sonsoles (documentos núm. 3 a 6 de la contestación a la demanda), sin que tampoco conste que se hayan rechazado esos pagos.

»De una parte, ha de decirse que ya tiene establecido la jurisprudencia ( STS 1006/2023, de 21 de junio) que "[l]a acumulación de la acción de reclamación de cantidad a la acción de desahucio permite alegar y conocer acerca de si se debe o no la cantidad reclamada conforme al contrato, sin que se puedan establecer limitaciones a la cognición de las excepciones al pago invocadas. De esta forma, hay que concluir que el procedimiento pasa a tener la naturaleza plenaria propia de un pleito en el que se reclama el pago de una cantidad, con efectos de cosa juzgada, dada la imposibilidad de escindir los efectos que el conocimiento de la reclamación de rentas puede provocar en el desahucio por impago".

»De otra parte, aunque la constitución en parte de un sujeto de derecho corresponde exclusivamente al actor, como manifestación del principio dispositivo que lo gobierna, ello cede en los supuestos de falta del debido litisconsorcio pasivo necesario. Esta institución tiende a garantizar la presencia en el juicio de todos a quienes interese la cuestión sustantiva en litigio y ello exige llamar a todas las personas que, en virtud de disposición legal o por razón de la inescindibilidad de la relación jurídica material, puedan estar interesadas directamente o puedan resultar afectadas en la misma medida por la solución que se dicte en el proceso, lo que es el caso, pues pretendiéndose el desahucio de las varias de las fincas propiedad independiente de los actores (como si fuera una sola) resulta que hay motivos para entender que los efectos jurídicos de la sentencia que se dicte pudiera afectar directamente a una posible arrendataria, Sonsoles, sin que haya sido llamada al procedimiento ni haya podido tener, por tanto, la posibilidad de ser oída.

»Como consecuencia de la estimación de esta excepción procesal ha de revocarse la sentencia de instancia, absolviendo al demandado de las pretensiones de la parte actora, sin que sea posible entrar a resolver el fondo del asunto y haciendo innecesario el examen del resto de motivos del recurso».

3. Roque, Bienvenido, Bernarda y Epifanio interponen un recurso de casación.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento

El recurso de casación se funda en dos motivos.

1.En el primer motivo, al amparo del art. 477.2 LEC, por infracción de los arts. 420 y 394,1 LEC, se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el litisconsorcio pasivo necesario. En su desarrollo argumenta que la Audiencia Provincial en su sentencia debería haber procedido como determina el art. 420 LEC, anulando la sentencia de instancia y ordenando la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario, retrotrayendo las actuaciones al momento del juicio y concediendo un plazo no inferior de diez días a los actores para subsanarlo, conservando aquellos actos procesales ya realizados. Cita las sentencias 105/2022, de 8 de febrero, 672/2017, de 15 de noviembre, 664/2012, de 23 de noviembre, 436/2012 de 28 de junio, entre otras.

2.En el segundo motivo se denuncia la infracción de los arts. 444, 445 y 446 LEC. Se sostiene que el demandado alega cuestiones que exceden del juicio de desahucio, introduciendo en el debate cuestiones complejas que estaba obligado a probar, con arreglo a los criterios generales de la carga de la prueba a que remite el art. 445 LEC.

TERCERO.- Oposición de la parte recurrida

La parte recurrida alega causa de inadmisiblidad por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 477.6 LEC, conforme al cual, «Cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales será imprescindible acreditar que, de haber sido posible, previamente al recurso de casación la infracción se ha denunciado en la instancia y que, de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la infracción procesal hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas».

Argumenta que alegó la falta de litisconsorcio pasivo necesario en su escrito de contestación a la demanda, de modo que en la vista del juicio verbal la supuesta infracción ya podría haberse alegado y, sin embargo, lo único que alegó fue que no concurría la falta excepcionada por el Sr. Luis Pedro, sin entrar a detallar el tratamiento procesal que su estimación provocaría (anulación de resoluciones judiciales y retroacción de actuaciones hasta el momento de su alegación, ampliación de demanda, en su caso, etc.). Cita en apoyo de su tesis la sentencia 332/2024, de 6 de marzo, que admitió un recurso por infracción procesal por no haber intentado subsanar la parte oportunamente la falta de práctica de una prueba.

Añade que tampoco dicha infracción de norma procesal fue invocada por la parte ahora recurrente en su escrito de impugnación al recurso de apelación interpuesto por el demandado, pese a que nuevamente se invocó la existencia de esta excepción. Tampoco se pidió aclaración de sentencia.

Subsidiariamente, respecto del motivo segundo del recurso de casación, la parte recurrida argumenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de la sala no se han infringido ni el art. 444 LEC ni el art. 445 LEC.

CUARTO.- Decisión de la sala. Inexistencia de causa de inadmisibilidad. Estimación del primer motivo del recurso de casación. Consecuencias de la apreciación de litisconsorcio pasivo necesario

1.Vamos a comenzar dando respuesta a lo planteado en el primer motivo del recurso porque, de ser estimado, procedería declarar la nulidad de la sentencia y ordenar la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario sin entrar en lo planteado en el segundo motivo.

Hay que observar que en el recurso los recurrentes, que son los demandantes, no cuestionan que exista litisconsorcio, sino que reprochan a la sentencia que, al apreciarlo, no haya procedido conforme a lo previsto en el art. 420 LEC y haya absuelto al demandado.

2.No apreciamos que concurra la causa de inadmisibilidad que invoca la parte recurrida, porque la primera vez que se ha cometido la infracción procesal denunciada ha sido en la sentencia recurrida, sin que dada la naturaleza de la infracción, que incluso puede ser apreciado de oficio, fuera exigible pedir aclaración de una sentencia, pues el defecto procesal no es de los que pueden corregirse mediante una aclaración.

La sentencia 1621/2024, de 3 de diciembre, recogiendo la doctrina de la sala, explica:

«Como hemos declarado en ocasiones anteriores, la falta de litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal de orden público ( sentencia del Tribunal Constitucional 77/1986, de 12 de junio) que puede ser estimada de oficio en cualquiera de las fases del procedimiento ( sentencias 394/2015, de 3 de julio, y 1285/2023, de 25 de septiembre, entre otras). En concreto, en las sentencias 400/2012, de 12 de junio, 664/2012, de 23 de noviembre, y 105/2022, de 8 de febrero, hemos declarado que la superación de la fase de audiencia previa no produce un efecto taumatúrgico, pues, de concurrir el defecto no precluye la posibilidad de que sea apreciado, incluso de oficio en fase de casación ya que, al tratarse de una cuestión de orden público, la defectuosa constitución de la relación procesal impide la decisión sobre el fondo del litigio».

3.En la medida en que la sentencia recurrida aprecia que concurre litisconsorcio pasivo necesario porque la sentencia que se dicte puede afectar directamente a una posible arrendataria debió proceder conforme establece el art. 420.3 LEC, conforme al cual: «Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días. Los nuevos demandados podrán contestar a la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 404, quedando entre tanto en suspenso, para el demandante y el demandado iniciales, el curso de las actuaciones».

De acuerdo con la sentencia 436/2012, de 28 de junio, seguida de otras, como la 105/2022, de 8 de febrero, la apreciación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario comporta que deban anularse las sentencias dictadas en segunda y primera instancia y que ordenemos la subsanación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario en los términos previstos en el art. 420.3 LEC, a cuyo fin deben retrotraerse las actuaciones al acto de la audiencia previa del juicio ordinario (en el caso de los juicios verbales, como el presente, al momento del acto del juicio), para que por los demandantes, en el plazo que le sea otorgado por el Juzgado de Primera Instancia, que no podrá ser inferior a diez días, se dirija la demanda frente a Sonsoles, en los términos que establece el art. 420.1.II LEC, con el apercibimiento derivado del art. 420.4 LEC.

4.Debemos señalar que aunque la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha eliminado en la regulación del juicio verbal la remisión a las reglas generales de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulaban las cuestiones procesales en el juicio ordinario, la disposición transitoria novena de la misma LO 1/2025, sobre régimen transitorio aplicable a los procedimientos judiciales, ordena que sus previsiones serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, lo que no es el caso, pues la demanda rectora de este procedimiento se presentó el 4 de abril de 2023 (antes también, por lo demás, de la vigencia de las modificaciones operadas por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, cuyas modificaciones, de acuerdo con lo previsto en su disposición transitoria segunda, son aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que se disponga otra cosa).

5.En virtud de lo expuesto procede retrotraer las actuaciones a la fase del acto del juicio para que el juzgado proceda conforme a derecho ( art. 443.2 LEC, en la redacción vigente cuando se interpuso la demanda, y art. 420.3 LEC) , en el entendimiento de que si se ampliase subjetivamente la demanda será sin perjuicio de mantener la validez de los actos independientes de aquél procedimiento o cuyo contenido no pudiere haber sido distinto en caso de no haberse cometido la infracción, de conformidad con lo previsto en el art. 230 LEC, siguiendo el criterio establecido en las SSTS de 20 de enero de 2001, RC n.º 2506/1996, 26 de febrero de 2004, RC n.º 412/1998, 2 de octubre de 2006, RC n.º 4472/1999, 11 de mayo de 2007, RC n.º 2079/2000).

QUINTO.- Costas

No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con los arts. 394 y 398 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.