Sentencia Civil 181/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1684/2025 de 10 de febrero del 2026

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Euro Exchange Corp., Euro Exchange Securities Uk Limited y Euro Trading & Financial S.A.U. son sociedades integradas en un grupo societario que se dedican a operaciones de pago, transferencias y cambio de moneda, para lo cual necesitan canalizar determinadas operaciones mediante cuentas abiertas en entidades de crédito.

Estas sociedades interpusieron una demanda contra CaixaBank S.A. (en adelante, CaixaBank) en la que solicitaron que se declarara que CaixaBank había cometido actos de competencia desleal y debía cesar en los mismos, se la condenara a dejar sin efecto las comunicaciones enviadas a Euro Exchange Corp., Euro Exchange Securities Uk Limited y de Euro Trading & Financial S.A.Unipersonal en las que les comunicaba el cobro de una comisión por manipulación de billetes extranjeros de cuentas en divisas y, posteriormente, la resolución de sus relaciones contractuales (contratos de depósito de dinero a la vista) y se la condenara asimismo a mantener las cuentas de las demandantes sin aplicar comisiones por el ingreso de billetes extranjeros en cuentas denominadas en la divisa de esos billetes y a devolverles las comisiones cobradas indebidamente por esos ingresos hasta la fecha de ejecución de sentencia.

CaixaBank se opuso a la demanda porque el cobro de esas comisiones no constituía un acto desleal sino que buscaba cubrir los costes en los que incurre la entidad al prestar el servicio y no interfiere en el normal desenvolvimiento de la actividad de las demandantes; y el cese de las relaciones contractuales con las demandantes (esto es, la cancelación de las cuentas bancarias que las demandantes tenían abiertas en CaixaBank) es una medida de diligencia debida justificada por la aplicación de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Alegó que en dos litigios anteriores en que las hoy demandantes habían ejercitado la misma pretensión respecto de la cancelación de sus cuentas, se llegó a un acuerdo transaccional en el que se estableció que Caixabank se obligaba a mantener los contratos de las demandantes y, en particular, a no resolverlos «a menos que se produzca un incumplimiento de las obligaciones contractuales de Grupo EuroExchange o la resolución encuentre amparo en lo previsto por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», y que fue justamente esta última justificación la que llevó a comunicar a las demandantes la cancelación de sus cuentas.

2.-La sentencia del Juzgado Mercantil estimó en parte la demanda. Declaró que CaixaBank había cometido un acto de competencia desleal del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal ( en adelante, LCD) consistente en el cobro unilateral de una comisión por manipulación no amparada en los contratos y le condenó a devolver a las demandantes las comisiones cobradas indebidamente desde el 2 de febrero de 2020 hasta la cancelación de las cuentas; pero desestimó la otra pretensión ejercitada en la demanda y declaró que la cancelación de las cuentas efectuada por CaixaBank no era un acto de competencia desleal del art. 4 LCD.

3.-Ambas partes apelaron la sentencia. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de CaixaBank, estimó en parte el de las demandantes y limitó la cancelación de cuentas de las demandantes a las 2100....2895*, en dólares, y a la 2100...0979*, en euros, de las que era titular una sola de las demandantes, por considerar que, en el caso de la cancelación de esas dos cuentas la conducta no es desleal al estar justificada por la aplicación de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo porque las operaciones en las que existían indicios de blanqueo de capitales afectaban a esas cuentas; y, en cuanto a las demás cuentas, declaró que la cancelación de cuentas llevada a cabo por CaixaBank es un acto contrario al art. 4 LCD a carecer de esa justificación, por lo que la condenó a mantener las restantes cuentas de las demandantes en las condiciones pactadas y, en caso de que ya estuvieran canceladas, a su reapertura en idénticas condiciones.

La Audiencia Provincial consideró que el pretendido soporte contractual de la comisión cuestionada era una cuestión nueva introducida por CaixaBank en el recurso de apelación y, además, esa tarifa no se preveía explícitamente en los contratos. Y, respecto de la cancelación de las cuentas, consideró desproporcionada la cancelación de todas las cuentas de que eran titulares las demandantes y consideró que solo estaba justificada la cancelación de dos cuentas de las que era titular una de las demandantes en que se habían producido las operaciones con indicios de blanqueo de capitales.

4.-Ambas partes han interpuesto un recurso de casación contra la sentencia, recursos que han sido admitidos.

Dado que son dos las cuestiones objeto del recurso (la cancelación de cuentas y el cobro de comisiones), se examinarán por este orden las impugnaciones formuladas por ambas partes en sus respectivos recursos.

Respecto de la cancelación de las cuentas, procede resolver conjuntamente los motivos dedicados a esta cuestión en ambos recursos, pues la estimación del recurso de una de las partes (esto es, que no procedía la cancelación de ninguna de las cuentas de que eran titulares las demandantes, según pretenden los demandantes, o que procede la cancelación de todas la cuentas de que eran titulares las demandantes, que es lo sostenido por CaixaBank) dejaría sin base los motivos formulados sobre esta cuestión por la parte contraria.

5.-Como cuestión previa, no es admisible la remisión que, en sus respectivos recursos, ambas partes hacen a otras actuaciones del proceso para completar las alegaciones de sus recursos. Como hemos declarado en las sentencias 257/2020, de 5 de junio, y 689/2024, de 14 de mayo, la exigencia de precisión y concisión que establecen las normas reguladoras del recurso de casación y han sido desarrolladas en el acuerdo sobre criterios de admisión, es incompatible con la técnica consistente en remitirse a los argumentos que se reflejarían en otros particulares del proceso (escritos de las partes, documentos aportados, alegaciones orales, etc.).

Por otra parte, sería contradictorio haber establecido un límite de 50.000 caracteres, con espacios, para los escritos de recurso, y que las partes pudieran remitirse para completar las alegaciones de sus recursos a diversos particulares de anteriores alegaciones, con lo que devendría ineficaz la limitación de la extensión de los recursos establecida por la Sala de Gobierno con base en el art. 481.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, de aceptar tales remisiones, la sala debería realizar una labor de subsunción y adaptación de argumentos expuestos en otros trámites del proceso al objeto y a las exigencias propias de los recursos extraordinarios, lo cual evidentemente no es su cometido.

SEGUNDO.- Motivos primero a tercero del recurso de casación de las demandantes y motivos primero y segundo del recurso de casación de la demandada

1.- Planteamiento del tercer motivo del recurso de casación de las demandantes.Por razones lógicas, procede examinar en primer lugar los motivos de naturaleza procesal que han planteado ambas partes.

En el encabezamiento del motivo formulado por las demandantes, que es el tercero de su recurso, se denuncia la «[i]nfracción de normas procesales contenida en el artículo 218.2 LEC, en relación con el artículo 24 CE. Falta de motivación».

La infracción se habría cometido porque «la sentencia objeto del presente recurso adolece de una patente falta de motivación, en tanto que no razona por qué es proporcional la cancelación de las cuentas que trae causa en un reducidísimo número de operaciones que se dicen sospechosas y que se reconoce que no llegaron a recibirse.// La sentencia no ha tenido en cuenta este decisivo argumento planteado por esta parte en la audiencia previa mediante alegaciones complementarias (min. 10:27:59), reiterado en las conclusiones por escrito (páginas 2 y 3) y en el recurso de apelación (páginas 7 y 21)».

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

Como pone de relieve la recurrida CaixaBank, la sentencia de la Audiencia Provincial identifica los hechos relevantes (operaciones sospechosas de blanqueo de capitales descritas en la sentencia de primera instancia), delimita su alcance, pondera la tensión entre el deber que le impone el art. 7.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en lo sucesivo, LPBCFT) y los riesgos concretos detectados, y realiza un juicio de proporcionalidad, hasta el punto de limitar la cancelación de las cuentas a aquellas en relación con las cuales se han producido las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Que la sentencia de la Audiencia Provincial no haya aceptado el «decisivo argumento» planteado por las demandantes en varias actuaciones procesales no supone que la sentencia carezca de motivación.

3.- Planteamiento del primer motivo del recurso de casación de la demandada. En el encabezamiento de este motivo, CaixaBank alega la infracción del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 24.1 de la Constitución pues «incurre en un error patente en la valoración de la prueba cuando afirma que "solo hay afectadas dos cuentas [de una de las sociedades demandantes], y cuatro operaciones [...] conclusión que se obtiene partiendo de la documental aportada por la demandada -documento 10, confidencial-". El contenido del referido documento, conforme al art. 326 LEC, permite acreditar la existencia de indicios concretos en relación con las tres sociedades demandantes».

4.-Decisión de la sala. En primer lugar, lo planteado en este motivo no es una cuestión nueva como de contrario alegan las demandantes. Se trata de una argumentación que sirve para impugnar la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de circunscribir la cancelación de las cuentas bancarias del grupo societario demandante a dos cuentas que son titularidad de una sola de las demandantes, y se basa en la propia documentación que la demandada aportó con su contestación a la demanda como base de su oposición. Lógicamente, el argumento es ahora pertinente en tanto que se ha dictado la sentencia de segunda instancia cuyos razonamientos se cuestionan.

Por otra parte, que el documento 10 -confidencial- aportado por CaixaBank describía unos hechos que afectaban a todas las sociedades del grupo no puede ser considerado una cuestión nueva cuando tal circunstancia se contiene con una claridad indiscutible en el texto del documento aportado. Además de lo anterior, son las propias demandantes, en su demanda, las que tratan de un modo unitario la actuación de las sociedades demandantes como integradas en un grupo societario dedicado a una determinada actividad en las que están involucradas las tres compañías.

Dicho lo anterior, el motivo cumple los requisitos para que pueda ser admitida excepcionalmente la revisión de la valoración de la prueba, cuando la sentencia recurrida ha incurrido en un error patente, de carácter fáctico, referido a hechos relevantes para la decisión del litigio.

En este caso, la Audiencia Provincial afirma que solo se produjeron cuatro operaciones sospechosas que afectaban a dos cuentas titularidad de una de las entidades demandantes y que «no se detallan más operaciones que las indicadas». Sin embargo, en el documento que sirve de base a esta afirmación (documento 10 de la contestación a la demanda, confidencial) constan hechos que constituyen indicios concretos vinculados con el blanqueo de capitales que van más allá de esas cuatro operaciones que afectan a dos cuentas e involucran a todas las sociedades demandantes, además de a otros sujetos.

En consecuencia, este motivo debe estimarse con la consecuencia de que, para la resolución de los restantes motivos de los recursos ha de partirse de esa realidad: en el documento confidencial aportado con la contestación a la demanda constan más operaciones irregulares, que presentaban indicios de blanqueo de capitales, en que estaban involucradas las tres sociedades demandantes además de otras personas físicas.

5.- Planteamiento de los dos primeros motivos del recurso de casación de las demandantes y del segundo motivo del recurso de casación de la demandada. En el encabezamiento de los dos primeros motivos del recurso de casación de los demandantes se denuncia la infracción del art. 4 LCD. En el primero, en relación con la necesidad de tener en consideración «la afectación que esas medidas puedan causar al principio de libre competencia entre personas que operan en el mismo mercado, puesto que la normativa que prevé la adopción de estas medidas ha de interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que está el de libre competencia».

En el segundo, por infracción del principio de proporcionalidad pues una medida tan lesiva como el bloqueo de las cuentas de una entidad del sector de los demandantes habrá ser proporcional al riesgo concreto detectado y, sin embargo, la actuación de la demandada resulta desproporcionada.

En el desarrollo de ambos motivos se denuncia que las cuatro operaciones en que la sentencia de segunda instancia basa la licitud de la medida de cancelación de dos cuentas no son aptas para servir de justificación a esa medida pues se trató de operaciones meramente intentadas y realizadas por terceras personas residentes en terceros países. Y se trata de una medida desproporcionada respecto del riesgo concreto detectado pues se trató únicamente de cuatro operaciones sospechosas que no se llegaron a realizar. Cancelar las cuentas de las demandantes supuso una medida adicional al bloqueo de las operaciones por parte de CaixaBank y fue desproporcionada por ser la medida más gravosa y perjudicial posible para las demandantes.

Por su parte, el encabezamiento del segundo motivo del recurso de casación de CaixaBank denuncia la infracción del art. 4 LCD en relación con los arts. 7.3, 17 y 18 LPBCFT pues aunque la sentencia recurrida reconoce la existencia de una serie de operaciones sospechosas, califica como un acto de competencia desleal la decisión de CaixaBank de finalizar la relación de negocios con las sociedades demandantes. La sentencia recurrida ignora que, cuando queda acreditada la existencia de riesgos específicos de blanqueo de capitales en las relaciones con sus clientes, el art. 7.3 LPBCFT obliga a CaixaBank a adoptar la medida de cancelación de las cuentas bancarias.

Al desarrollar el motivo se argumenta que la decisión de cierre de solo dos de las cuentas conlleva que la medida de diligencia debida sea inútil, en tanto que dicha sociedad puede seguir operando con el resto de las cuentas abiertas en CaixaBank. Por lo tanto, incluso asumiendo el razonamiento de la Audiencia Provincial, la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida respecto de la sociedad EE Securities carece de toda lógica pues no permite a CaixaBank mitigar el riesgo detectado ni, por lo tanto, lograr el nivel de protección deseado.

Alega también que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se funda en un enfoque basado en el riesgo, que obliga a una prevención reforzada cuando la actividad en cuestión (por ejemplo, las transferencias internacionales) presenta un nivel de riesgo elevado y, por lo tanto, puede favorecer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. CaixaBank debe aplicar medidas de diligencia debida reforzadas (la terminación de la relación de negocio) al Grupo EE porque su actividad -las trasferencias internacionales- presenta un riesgo elevado que lo justifica.

La recurrente pone también de relieve que las tres sociedades demandantes tienen un mismo «titular real», esto es, la persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica y en cuyo interés se realiza una transacción o actividad económica. Por tanto, si bien son las distintas sociedades del Grupo EE las que constan como clientes en los registros de CaixaBank, el hecho de que las tres sociedades demandantes mantengan como titular real a la misma persona implica que una misma persona está tomando las decisiones relativas a la movilización de los fondos de todas ellas. En consecuencia, aun cerrando las dos cuentas de EE Securities donde se detecta la «operativa sospechosa», los riesgos específicos para CaixaBank en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados de sus relaciones de negocios con Euro Exchange subsistirían pues las sociedades de este grupo podrían llevar a cabo la misma actividad en las cuentas que no han sido canceladas.

6.-Decisión de la sala. Al igual que ha sucedido en anteriores recursos sobre esta cuestión, los recurrentes, en estos motivos, no cuestionan directamente la interpretación de las normas de la Ley de Competencia Desleal, en concreto de su art. 4, que realiza la Audiencia Provincial en su sentencia. Lo que cuestionan es la interpretación y aplicación que la sentencia de segunda instancia ha hecho de las normas nacionales y comunitarias de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que justificarían una actuación, la cancelación de las cuentas de las demandantes, que, de no estar justificada por la aplicación de tal normativa, constituiría un acto desleal de obstaculización contrario a la buena fe. Por tanto, al resolver estos motivos, debe abordarse la correcta interpretación de estas normas de prevención del blanqueo de capitales, en tanto que es la adecuada aplicación de esta normativa la que enervaría la deslealtad de la cancelación de las cuentas de las demandantes.

Esta sala ha abordado esta cuestión en su anterior sentencia 611/2016, de 7 de octubre. En esta sentencia, con base en la sentencia del TJUE de 10 de marzo de 2016 , caso C-235/14, hemos declarado que para apreciar el carácter justificado de las medidas de diligencia debida adoptadas por una entidad de crédito respecto de un cliente que sea entidad de pago, uno de los elementos a tomar en consideración es la afectación que esas medidas puedan causar al principio de libre competencia entre personas que operan en el mismo mercado, pues la normativa que prevé la adopción de estas medidas ha de interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que está el de libre competencia. Así lo declara el TJUE en el párrafo 109 de su sentencia de 10 de marzo de 2016 , caso C-235/14.

Por tanto, para adoptar esta medida, no basta con la existencia de un riesgo genérico de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Es necesario que se aprecien hechos concretos que informen sobre la existencia de un riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La STJUE de 10 de marzo de 2016 ha declarado sobre esta cuestión en su párrafo 87:

«[...] tales medidas deben presentar un vínculo concreto con el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y ser proporcionadas a éste. Por consiguiente, una medida como el cese de una relación de negocios, contemplada en el artículo 9, apartado 5, párrafo primero , de la Directiva sobre blanqueo de capitales, no debería adoptarse, a la vista del artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, a falta de información suficiente relativa al riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo».

En el presente caso se aprecia que no solo existe un riesgo elevado genérico derivado de que la actividad de las demandantes, como es el cambio de divisas y las transferencias internacionales que puede favorecer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y exige la adopción de medidas reforzadas de diligencia debida. Además de este elevado riesgo genérico, han existido investigaciones judiciales sobre blanqueo de capitales que han afectado a las tres sociedades demandantes así como operaciones concretas, descritas en el documento 10 de la contestación a la demanda, que presentan serios indicios de constituir operaciones de blanqueo de capitales que afectaron a varias cuentas de las demandantes.

En definitiva, no se trataba de un riesgo genérico asociado a una actividad, sino de circunstancias altamente sospechosas por la existencia de investigaciones judiciales, los sujetos implicados, los países en los que estaban radicados, la cuantía de las operaciones, etc., que suministraban a CaixaBank una información suficiente sobre la existencia de ese riesgo de blanqueo de capitales, de modo que las medidas de diligencia debida a adoptar cumplían el requisito de presentar un vínculo concreto con el riesgo de blanqueo de capitales, tal como exige el párrafo 87 de la STJUE de 10 de marzo de 2016.

7.-Además de lo anterior, es preciso determinar el carácter proporcionado de las medidas de diligencia debida. Las cuatro operaciones que tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial consideran justificativas de la cancelación de cuentas abiertas por las demandantes en CaixaBank (de todas las cuentas, según el Juzgado de lo Mercantil, de dos de ellas, según la Audiencia Provincial) suponen un riesgo grave de blanqueo de capitales, tanto por sus elementos subjetivos (circunstancias concurrentes en los sujetos implicados) como objetivos (elevado importe de tales operaciones, ubicación de los sujetos implicados en ellos, etc.). En consecuencia, por sí solas ya justificarían la finalización de las relaciones negociales entre las partes. A estos efectos, es trascendente no solo el número de operaciones sospechosas, como ocurría en el caso resuelto en nuestra anterior sentencia 611/2016, de 7 de octubre, sino también otras circunstancias como las que han sido puestas de manifiesto en este caso.

Por otra parte, desde el momento en que se ha considerado probado que los hechos en que se apreciaba el riesgo de vinculación con el blanqueo de capitales no son solamente las cuatro operaciones a que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial sino también los demás hechos expresados en el documento 10 de la contestación a la demanda, el argumento de las demandantes sobre la insuficiencia de las operaciones en las que se apreciaban indicios de blanqueo de capitales para justificar la cancelación de sus cuentas no puede ser sostenido.

8.-Junto a esto, no se ha justificado que existan medios menos restrictivos para lograr el mismo nivel de protección pues las demandantes no han justificado que con la existencia de controles por parte de CaixaBank y, supuestamente, por parte de las propias demandantes, se pueda alcanzar el nivel de protección deseado por España al trasponer la Directiva, como declara la STJUE de 10 de marzo de 2016 en su párrafo 110.

Esas otras medidas de diligencia debida, previstas en los 3 a 6 LPBCFT (identificación formal de las personas físicas y jurídicas con las que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, identificación del titular real, obtención de información sobre el propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios «incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos»), ya fueron adoptadas por CaixaBank. De ahí que en el documento confidencial se identifique a las personas físicas y jurídicas implicadas en las operaciones sospechosas, al titular real común de las sociedades demandantes, las circunstancias concurrentes en tales operaciones, etc. Y es cuando la aplicación de tales medidas de diligencia debida ha dado como resultado la existencia de serios indicios de blanqueo de capitales que cuestionan el origen legal de los fondos que pretendían transferirse a algunas de las cuentas abiertas por las demandantes cuando CaixaBank ha decidido finalizar su relación de negocio con tales demandantes.

No puede exigirse a CaixaBank que siga aplicando las medidas previstas en los arts. 3 a 6 LPBCFT cuando han sido ya aplicadas y han dado como resultado el hallazgo de indicios claros sobre hechos concretos vinculados con el riesgo cierto de blanqueo de capitales, que cuestionan el origen de los fondos. Si, como pretenden los demandantes, fuera suficiente con un monitoreo continuado de sus operaciones y la no ejecución de las operaciones sospechosas, no se entiende cuándo sería procedente aplicar la medida de finalización de la relación negocial. La constatación de hechos claramente indicativos de un riesgo cierto de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo imposibilita el escrutinio adecuado del origen de los fondos y supone que la continuación de las relaciones negociales determinaría una situación en la que cualquier descuido o error en los servicios de control de la entidad demandada podría permitir la consumación de una operación de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Tampoco podría aceptarse la adopción de medidas como la advertencia de cancelación si persisten los indicios de blanqueo de capitales o, como se dijo en la vista, requerimientos adicionales de información o indicación de que no aceptaría operaciones con determinados sujetos o con sujetos radicados en determinados Estados. El art. 24 LPBCFT prohíbe a los sujetos obligados, como es CaixaBank, revelar al cliente o a terceros «que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo», y realizar advertencias o requerimientos de esa naturaleza revelaría claramente que se estaban examinando determinadas operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

9.-En las circunstancias expresadas, habida cuenta del fin de la Directiva y de la ley nacional que la transpone (la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), de indudable trascendencia social, la medida de finalización de la relación de negocio mediante la cancelación de las cuentas de las sociedades demandantes se muestra como proporcionada, pues no existe constancia razonable de que otras medidas cuya adopción esté amparada por la normativa consigan el nivel de protección buscado por el Estado al trasponer la Directiva, por lo que cumple con las exigencias derivadas del ordenamiento jurídico comunitario, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 10 de marzo de 2016. No existe constancia de que puedan adoptarse otras medidas menos restrictivas que logren el mismo nivel de protección que la finalización de la relación de negocio, habida cuenta de las circunstancias concurrentes en los indicios de blanqueo de capitales detectados.

10.-Los criterios que deben regir la adopción de estas medidas no son los clásicos del Derecho privado, como sería el respeto de la diferente personalidad jurídica de las sociedades del grupo. Tanto la normativa de la Unión Europea como en la normativa interna sobre blanqueo de capitales están regidas por el criterio del análisis, enfoque o planteamiento (son los distintos términos usados en esta normativa) basado en el riesgo (Risk-Based Approach). De ahí, por ejemplo, la relevancia del titular real que se encuentra tras las personas jurídicas y la trascendencia de que un mismo titular real pueda encontrarse tras varias sociedades con personalidad jurídica diferente. Resulta absurdo alegar que la invocación de este criterio legal es una cuestión nueva introducida extemporáneamente cuando el litigio versa justamente sobre la aplicación de la normativa legal basada en este criterio.

Por tal razón, no es correcto circunscribir la cancelación de las cuentas bancarias a las dos cuentas a través de las que se intentaron realizar las operaciones sospechosas. Tratándose de un grupo societario dedicado a una actividad de riesgo (cambio de divisas y transferencias internacionales), cuyas sociedades tienen un mismo titular real, aunque se cancelaran dos de las más de cuarenta cuentas abiertas por las demandantes en la entidad financiera demandada, podrían seguir operando a través del resto de cuentas que permanecieran abiertas, con lo que el riesgo elevado de blanqueo de capitales seguiría existiendo.

En consecuencia, la medida adoptada por CaixaBank respecto de las demandantes (finalización de la relación de negocios con cancelación de las cuentas) estuvo justificada por la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, lo que excluye el carácter desleal de su actuación.

CUARTO.- Motivo cuarto del recurso de casación de las demandantes

1.-Planteamiento. Este motivo se basa en la infracción del art. 9 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera (LSP) e impugna que la sentencia de segunda instancia considere justificado que CaixaBank no informara a las demandantes de las razones por las que cancelaba sus cuentas bancarias.

Al desarrollar el motivo se argumenta que este precepto legal exige que la entidad de crédito comunique al cliente las razones por las que cancela su cuenta bancaria. Y que dado que tanto esta norma de Derecho interno como la Directiva a la que sirve de trasposición son de fecha posterior a la LPBCFT y a la Directiva a la que esta ley sirve de trasposición, la prohibición que establece el art. 24 LPBCFT de revelar al cliente o a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, ha de entenderse derogada.

Por todo ello, los recurrentes solicitan que se declare que la cancelación de sus cuentas bancarias sin que la entidad bancaria les haya indicado el motivo de tal cancelación constituye una infracción del art. 9 LSP.

2.- Decisión de la sala. Este motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

En primer lugar, el litigio tiene por objeto decidir si CaixaBank ha incurrido en una conducta desleal prevista en el art. 4 LCD por no estar amparada su conducta en la LPBCFT y constituir, en consecuencia, un acto desleal de obstaculización. En consecuencia, la pretensión de que se declare que la demandada ha infringido el art. 9 LSP supone un intento de modificar el objeto del litigio. No se justifica qué trascendencia concurrencial tiene la falta de notificación al cliente de las razones por las que se cancela su cuenta, y menos aún, qué trascendencia concurrencial tiene que CaixaBank haya podido no comunicar al Banco de España tal medida. No puede modificarse el objeto de la demanda (enjuiciar si CaixaBank incurrió en una actuación desleal desde el punto de vista concurrencial, en concreto, una conducta obstaculizadora contraria a la buena fe tipificada en el art. 4 LCD) para transformar el proceso en un escrutinio sobre supuestos incumplimientos legales y contractuales sin relación con la exigencia de competencia basada en méritos que protege la LCD. Tanto más cuando la actuación desleal que se imputa a CaixaBank no es la prevista en el art. 15 LCD sino la del art. 4 LCD.

Además de lo anterior, el criterio aplicable a la cuestión planteada en el motivo no es el de la sucesión temporal de las normas, resumida en el aforismo lex posterior derogat legi priori(la ley posterior deroga a la ley anterior), sino la de la especialidad: la ley general no deroga a la ley especial (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali).

El precepto legal invocado, art. 9 LSP, establece en su segundo apartado:

«En caso de denegación por una entidad de crédito de la solicitud de apertura de una cuenta de pago por parte de una entidad de pago o de la resolución unilateral por una entidad de crédito del contrato marco de una entidad de pago, la entidad de crédito remitirá de forma inmediata al Banco de España y a la entidad de pago la decisión debidamente motivada y basada, en particular, en un análisis de los riesgos específicos de la entidad de pago concreta de que se trate o en la falta de adecuación a los criterios objetivos, no discriminatorios y proporcionados que la entidad de crédito haya hecho públicos de forma previa y general».

Se trata, por tanto, de una norma de carácter general que establece, en lo que aquí es relevante, una obligación de información a sus clientes que tengan la consideración de entidades de pago, por parte de las entidades de crédito, cuando estas decidan resolver unilateralmente su relación contractual, sobre las causas que motivan esa finalización de la relación contractual.

La LPBCFT es una norma de orden público destinada a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con base en esta finalidad, la norma, en la redacción aplicable por razones temporales, prevé la medida consistente en poner fin a la relación de negocios, que se contempla el art. 7.3 LPBCFT, lo que en este caso supone la cancelación de cuentas bancarias abiertas por las demandantes en CaixaBank. También para conseguir esta finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el primer párrafo del art. 24.1 LPFBFT establece:

«Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo».

De lo expuesto se desprende que una ley especial como es la LPBCFT, que regula un aspecto específico del funcionamiento de las entidades de crédito (su obligación de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), al ser estas unos de los principales sujetos obligados de lo previsto en esta ley (art. 2.1.a LPBCFT), establece tanto la pertinencia de que las entidades de crédito cancelen las cuentas bancarias cuando existan indicios de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y sean insuficientes las medidas de diligencia debida adoptadas, como la prohibición de revelar al titular de la cuenta cancelada que se está examinando alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.

Esta normativa especial, de carácter imperativo, justificada por una finalidad muy concreta de notoria trascendencia social, no puede entenderse derogada por una norma general sobre ese aspecto concreto (la información al titular de la cuenta de las razones de su cancelación) que, además, como advierte la recurrida CaixaBank, llevaría en la práctica a vaciar de contenido el núcleo del sistema de prevención del blanqueo pues obligaría a comunicar a la entidad de pago una información cuya revelación está prohibida.

3.-Lo expuesto determina la improcedencia de plantear la cuestión prejudicial propuesta por los demandantes, pues concurren dos de los criterios de la doctrina Cilfit( sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982, C-283/81): la primera y principal, la cuestión de Derecho de la Unión que se ha planteado no es pertinente para la solución del litigio porque, como se ha explicado, su objeto no era el cumplimiento de las previsiones administrativas sobre información en caso de cancelación de cuentas bancarias de entidades de pago sino la existencia de una conducta desleal; y, como argumento de refuerzo, la interpretación del Derecho de la Unión se impone a este órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable.

QUINTO.- Motivos tercero y cuarto del recurso de casación de CaixaBank

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del tercer motivo del recurso de casación de la demandada se alega la infracción del art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia de segunda instancia habría incurrido en esta infracción porque, a pesar de que la sentencia de primera instancia estableció que la validez de la «tarifa mínima» constituía un hecho controvertido y que el enjuiciamiento de esta cuestión exigía valorar si los contratos suscritos entre las partes preveían el cobro de la «tarifa mínima», la Audiencia Provincial se niega a examinar el recurso de apelación de Caixabank, aduciendo que la cuestión que plantea se ha introducido por la parte demandada en la apelación.

En el encabezamiento del motivo cuarto se alega la infracción del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 24.1 CE.

Se argumenta que la sentencia recurrida «incurre en un error patente en la valoración de la prueba, en la medida en que termina cimentando la desestimación del recurso de Caixabank en una apreciación fáctica falsa: que los contratos no prevén explícitamente la Tarifa Mínima, cuando todos y cada uno de los contratos regulan expresamente el cobro de la referida comisión».

2.-Decisión de la sala. La sentencia recurrida, pese a argumentar que se trataba de una cuestión nueva, entra a resolver si el cobro de la comisión denominada «tarifa mínima» está prevista en los contratos y desestima la impugnación de CaixaBank con el argumento de que el cobro de dicha tarifa «no se preveía explícitamente en el contrato». Es por ello justamente que CaixaBank interpone el cuarto motivo del recurso. En consecuencia, resolveremos en primer lugar este motivo cuarto del recurso, en el que se cuestiona que la afirmación de la sentencia recurrida sobre que la exigencia de la «tarifa mínima» no tuviera un soporte contractual; y solo si se estimara que el cobro de esa tarifa tenía ese soporte contractual, deberíamos analizar si constituye o no una cuestión nueva planteada sorpresivamente en el recurso de apelación.

3.-En el motivo cuarto del recurso de casación, CaixaBank argumenta que la Audiencia Provincial, en su sentencia, incurre en un error patente en la valoración de la prueba cuando afirma que los contratos no prevén explícitamente la tarifa mínima, porque los contratos de apertura de cuenta en divisas celebrados por las partes regulan expresamente el cobro de la referida comisión.

Efectivamente, en los contratos señalados por la recurrente en su recurso (aportados como documentos 52, 56 a 66, 68 y 72 a 94) se prevé explícitamente el cobro por CaixaBank de un precio por el servicio de recepción, manipulación y recuento de efectivo de billetes de divisa igual a la del contrato (se trataba de cuentas en divisa), cuyo importe se especifica en el anexo del contrato.

Por tanto, la afirmación de que una tarifa de ese tipo «no se preveía explícitamente en el contrato» es un error patente, sobre una cuestión de hecho, directamente verificable y que ha tenido relevancia en el pronunciamiento desfavorable para la recurrente.

4.-Una vez resuelto el motivo cuarto, ha de abordarse la cuestión planteada en el tercer motivo del recurso, la impugnación del argumento de la sentencia de segunda instancia de que la alegación por CaixaBank de que el cobro de la «tarifa mínima» estaba previsto en los contratos era una cuestión nueva, introducida por CaixaBank en el recurso de apelación pues, pese a lo declarado al resolver el motivo cuarto, si efectivamente la cuestión del soporte contractual del cobro de dicha tarifa no hubiera integrado el objeto del litigio, no podría atenderse a la impugnación que CaixaBank realizó en el recurso de apelación del argumento de la sentencia de primera instancia de que, pese a que el cobro de esa comisión tenía encaje legal pues respondía a un servicio efectivamente prestado, en este caso no aparecía prevista en los contratos celebrados entre las partes.

La afirmación de la sentencia recurrida en el sentido de que constituía una cuestión nueva no es correcta. La cuestión de si la «tarifa mínima» tenía o no soporte contractual había sido introducida por las propias demandantes en su demanda. Ciertamente no era su argumento principal, pues el argumento principal para considerar desleal el cobro de esa comisión era que esta no tenía amparo legal pues no se correspondía con ningún servicio efectivamente prestado por CaixaBank, y de ahí que CaixaBank centrara su contestación a la demanda en los principales argumentos esgrimidos por las demandantes sobre esta cuestión.

Y CaixaBank, en su contestación a la demanda, también hizo alusión a la cuestión del soporte contractual de esa «tarifa mínima» al reproducir un pasaje de la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en el que justamente subrayó y puso en negrita un inciso que se refería al soporte contractual de esta comisión («aquellas entidades que contemplan la posibilidad de que se ingrese o se disponga del saldo de una cuenta en divisas a través de billetes deberían recoger expresamente en dichos contratos en divisas el coste que supone la transformación de los ingresos (reintegros) de los billetes a divisas (o de divisas a billetes), a fin de que sus clientes conozcan las condiciones exactas en las que se celebran dichos contratos, de acuerdo con los principios de claridad y transparencia informativa», énfasis en negrita y subrayado en el original).

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, a la vista de las alegaciones de las partes, centró la cuestión objeto de estos motivos en estos términos, en su apartado 10:

«Para determinar si es procedente o no el cobro de la tarifa es preciso partir de dos extremos: a) Si la normativa lo permite; y b) Si el contrato suscrito con la parte actora lo permite».

Y tras concluir, respecto del primer interrogante, que conforme a la normativa vigente «sí cabe la posibilidad de cobro de comisión por manipulación de billetes extranjeros», respecto del segundo declaró que «el cobro de la comisión el legítimo, pero debe de reflejarse en el contrato. En el presente caso, en los contratos suscritos por las partes (Documentos nº 52 a 94 de la demanda), a salvo la cuenta 2100 2120 8472 0031 3786, por lo que no habiendo previsión contractual, se considera que la actuación de CAIXABANK con el cobro unilateral de la una comisión por manipulación no amparada en los contratos es un acto contrario a la buena fe del Art. 4 LCD» (sic). Esto es, para basar su pronunciamiento condenatorio por el cobro de la tarifa mínima, acogió el argumento al que los demandantes habían otorgado menos relevancia.

Por tanto, que CaixaBank impugnara esta conclusión de la sentencia de primera instancia en su recurso de apelación no puede considerarse como la introducción de una cuestión nueva sino, por el contrario, como el cuestionamiento de uno de los argumentos decisorios que fundamentó un pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que le era perjudicial y que versaba sobre una cuestión que había sido introducida en el debate procesal desde el primer momento, pues lo fue en la demanda.

5.-La estimación de los motivos tercero y cuarto del recurso de casación de CaixaBank trae como consecuencia que, una vez sentado que los contratos contenían una condición general en que se estipulaba el cobro de esta comisión por manipulación de divisas y que no se trata de una cuestión nueva introducida extemporáneamente por CaixaBank en su recurso de apelación, la sala deba decidir si, pese a estar prevista esta «tarifa mínima» en el condicionado general de los contratos de cuentas en divisa, el cobro de la misma por CaixaBank constituye una actuación desleal incardinada en el art. 4 LCD.

En la vista, la representación de los demandantes expuso el argumento, apuntado en su escrito de oposición al recurso, de que tal comisión no estaba prevista en los contratos porque no aparecía recogida en las condiciones particulares de la primera página de los contratos, sino solamente en las condiciones generales.

El argumento no puede estimarse. En primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial no recoge esta distinción entre condiciones generales y particulares para circunscribir la no previsión de la «tarifa mínima» a las condiciones particulares. Se limita a declarar que esa tarifa «no se preveía explícitamente en el contrato» y esa afirmación no es correcta pues, como se reconoció por la propia representación de los demandantes en la vista y, en todo caso, resulta de la mera lectura de los contratos aportados con la demanda, dicha comisión está prevista en las condiciones generales de todos los contratos de cuenta en divisas (y no solamente de uno, como afirma la sentencia de primera instancia).

En segundo lugar, las condiciones particulares que se establecen en la primera página de los contratos añaden nuevas cláusulas al condicionado general del contrato, o modifican alguna previsión de este condicionado general. Pero no dejan sin contenido las condiciones generales que no sean afectadas por las condiciones particulares. La regla de la prevalencia de las condiciones particulares sobre las generales que establece el art. 6.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, está prevista para el caso de que exista contradicción entre unas y otras. Lo que no prevé la norma es que la mera existencia de algunas condiciones particulares haga inaplicable el condicionado general del contrato cuando no se aprecie esa contradicción. Y en las condiciones particulares de esos contratos no existe ninguna previsión que sea contraria a la condición general que establece esa comisión por manipulación de divisas o que la modifique.

En consecuencia, no resulta de los contratos aportados con la demanda que esas condiciones particulares constituyan el único contenido de los contratos y que dejen sin eficacia las condiciones generales. Por otra parte, no se entendería que el legal representante de las demandantes, administrador de unas sociedades que operan habitualmente en este sector de la contratación, firmara los contratos en los que se recogen no solamente las condiciones particulares de la primera página sino también las condiciones generales en las que, entre otras, se contiene la previsión de esa comisión, si entendiera que esas condiciones generales no eran aplicables a los contratos suscritos.

6.-Por todo lo cual, el cobro de una comisión por un servicio efectivamente prestado, como se recoge en la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en una cuantía inferior incluso a la prevista en las condiciones generales, no solo tiene soporte contractual sino que además no constituye una actuación que tenga por objeto u efecto obstaculizar de modo desleal la actuación de las demandantes, sino que está destinada a retribuir los servicios de la demandada. Que en un primer momento de sus relaciones contractuales CaixaBank, por razones comerciales o de otro tipo, bonificara completamente esta comisión, no cobrando cantidad alguna por ese concepto, y que más adelante, tras comunicarlo a su cliente, comenzara a cobrarla, si bien en una cuantía significativamente inferior a la prevista en el contrato, tampoco constituye una actuación desleal, pues es una conducta justificada desde el punto de vista económico (cubrir costes de una actividad llevada a cabo por la entidad financiera), amparada legal y contractualmente y reconocida como correcta por el organismo regulador, el Banco de España.

SEXTO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación interpuesto por CaixaBank que ha sido estimado y procede condenar a las demandantes al pago de las costas de su recurso de casación, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas del recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de apelación interpuesto por CaixaBank que ha sido estimado y procede condenar a las demandantes al pago de las costas de su recurso de apelación, con base en esos mismos preceptos legales. Procede asimismo condenar a las demandantes al pago de las costas de primera instancia al haber resultado desestimada su demanda.

2.-Procédase a la devolución del depósito constituido por CaixaBank y se acuerda la pérdida del depósito constituido por las demandantes, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Euro Exchange Corp., Euro Exchange Securities Uk Limited y Euro Trading & Financial S.A.U. son sociedades integradas en un grupo societario que se dedican a operaciones de pago, transferencias y cambio de moneda, para lo cual necesitan canalizar determinadas operaciones mediante cuentas abiertas en entidades de crédito.

Estas sociedades interpusieron una demanda contra CaixaBank S.A. (en adelante, CaixaBank) en la que solicitaron que se declarara que CaixaBank había cometido actos de competencia desleal y debía cesar en los mismos, se la condenara a dejar sin efecto las comunicaciones enviadas a Euro Exchange Corp., Euro Exchange Securities Uk Limited y de Euro Trading & Financial S.A.Unipersonal en las que les comunicaba el cobro de una comisión por manipulación de billetes extranjeros de cuentas en divisas y, posteriormente, la resolución de sus relaciones contractuales (contratos de depósito de dinero a la vista) y se la condenara asimismo a mantener las cuentas de las demandantes sin aplicar comisiones por el ingreso de billetes extranjeros en cuentas denominadas en la divisa de esos billetes y a devolverles las comisiones cobradas indebidamente por esos ingresos hasta la fecha de ejecución de sentencia.

CaixaBank se opuso a la demanda porque el cobro de esas comisiones no constituía un acto desleal sino que buscaba cubrir los costes en los que incurre la entidad al prestar el servicio y no interfiere en el normal desenvolvimiento de la actividad de las demandantes; y el cese de las relaciones contractuales con las demandantes (esto es, la cancelación de las cuentas bancarias que las demandantes tenían abiertas en CaixaBank) es una medida de diligencia debida justificada por la aplicación de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Alegó que en dos litigios anteriores en que las hoy demandantes habían ejercitado la misma pretensión respecto de la cancelación de sus cuentas, se llegó a un acuerdo transaccional en el que se estableció que Caixabank se obligaba a mantener los contratos de las demandantes y, en particular, a no resolverlos «a menos que se produzca un incumplimiento de las obligaciones contractuales de Grupo EuroExchange o la resolución encuentre amparo en lo previsto por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», y que fue justamente esta última justificación la que llevó a comunicar a las demandantes la cancelación de sus cuentas.

2.-La sentencia del Juzgado Mercantil estimó en parte la demanda. Declaró que CaixaBank había cometido un acto de competencia desleal del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal ( en adelante, LCD) consistente en el cobro unilateral de una comisión por manipulación no amparada en los contratos y le condenó a devolver a las demandantes las comisiones cobradas indebidamente desde el 2 de febrero de 2020 hasta la cancelación de las cuentas; pero desestimó la otra pretensión ejercitada en la demanda y declaró que la cancelación de las cuentas efectuada por CaixaBank no era un acto de competencia desleal del art. 4 LCD.

3.-Ambas partes apelaron la sentencia. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de CaixaBank, estimó en parte el de las demandantes y limitó la cancelación de cuentas de las demandantes a las 2100....2895*, en dólares, y a la 2100...0979*, en euros, de las que era titular una sola de las demandantes, por considerar que, en el caso de la cancelación de esas dos cuentas la conducta no es desleal al estar justificada por la aplicación de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo porque las operaciones en las que existían indicios de blanqueo de capitales afectaban a esas cuentas; y, en cuanto a las demás cuentas, declaró que la cancelación de cuentas llevada a cabo por CaixaBank es un acto contrario al art. 4 LCD a carecer de esa justificación, por lo que la condenó a mantener las restantes cuentas de las demandantes en las condiciones pactadas y, en caso de que ya estuvieran canceladas, a su reapertura en idénticas condiciones.

La Audiencia Provincial consideró que el pretendido soporte contractual de la comisión cuestionada era una cuestión nueva introducida por CaixaBank en el recurso de apelación y, además, esa tarifa no se preveía explícitamente en los contratos. Y, respecto de la cancelación de las cuentas, consideró desproporcionada la cancelación de todas las cuentas de que eran titulares las demandantes y consideró que solo estaba justificada la cancelación de dos cuentas de las que era titular una de las demandantes en que se habían producido las operaciones con indicios de blanqueo de capitales.

4.-Ambas partes han interpuesto un recurso de casación contra la sentencia, recursos que han sido admitidos.

Dado que son dos las cuestiones objeto del recurso (la cancelación de cuentas y el cobro de comisiones), se examinarán por este orden las impugnaciones formuladas por ambas partes en sus respectivos recursos.

Respecto de la cancelación de las cuentas, procede resolver conjuntamente los motivos dedicados a esta cuestión en ambos recursos, pues la estimación del recurso de una de las partes (esto es, que no procedía la cancelación de ninguna de las cuentas de que eran titulares las demandantes, según pretenden los demandantes, o que procede la cancelación de todas la cuentas de que eran titulares las demandantes, que es lo sostenido por CaixaBank) dejaría sin base los motivos formulados sobre esta cuestión por la parte contraria.

5.-Como cuestión previa, no es admisible la remisión que, en sus respectivos recursos, ambas partes hacen a otras actuaciones del proceso para completar las alegaciones de sus recursos. Como hemos declarado en las sentencias 257/2020, de 5 de junio, y 689/2024, de 14 de mayo, la exigencia de precisión y concisión que establecen las normas reguladoras del recurso de casación y han sido desarrolladas en el acuerdo sobre criterios de admisión, es incompatible con la técnica consistente en remitirse a los argumentos que se reflejarían en otros particulares del proceso (escritos de las partes, documentos aportados, alegaciones orales, etc.).

Por otra parte, sería contradictorio haber establecido un límite de 50.000 caracteres, con espacios, para los escritos de recurso, y que las partes pudieran remitirse para completar las alegaciones de sus recursos a diversos particulares de anteriores alegaciones, con lo que devendría ineficaz la limitación de la extensión de los recursos establecida por la Sala de Gobierno con base en el art. 481.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, de aceptar tales remisiones, la sala debería realizar una labor de subsunción y adaptación de argumentos expuestos en otros trámites del proceso al objeto y a las exigencias propias de los recursos extraordinarios, lo cual evidentemente no es su cometido.

SEGUNDO.- Motivos primero a tercero del recurso de casación de las demandantes y motivos primero y segundo del recurso de casación de la demandada

1.- Planteamiento del tercer motivo del recurso de casación de las demandantes.Por razones lógicas, procede examinar en primer lugar los motivos de naturaleza procesal que han planteado ambas partes.

En el encabezamiento del motivo formulado por las demandantes, que es el tercero de su recurso, se denuncia la «[i]nfracción de normas procesales contenida en el artículo 218.2 LEC, en relación con el artículo 24 CE. Falta de motivación».

La infracción se habría cometido porque «la sentencia objeto del presente recurso adolece de una patente falta de motivación, en tanto que no razona por qué es proporcional la cancelación de las cuentas que trae causa en un reducidísimo número de operaciones que se dicen sospechosas y que se reconoce que no llegaron a recibirse.// La sentencia no ha tenido en cuenta este decisivo argumento planteado por esta parte en la audiencia previa mediante alegaciones complementarias (min. 10:27:59), reiterado en las conclusiones por escrito (páginas 2 y 3) y en el recurso de apelación (páginas 7 y 21)».

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

Como pone de relieve la recurrida CaixaBank, la sentencia de la Audiencia Provincial identifica los hechos relevantes (operaciones sospechosas de blanqueo de capitales descritas en la sentencia de primera instancia), delimita su alcance, pondera la tensión entre el deber que le impone el art. 7.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en lo sucesivo, LPBCFT) y los riesgos concretos detectados, y realiza un juicio de proporcionalidad, hasta el punto de limitar la cancelación de las cuentas a aquellas en relación con las cuales se han producido las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Que la sentencia de la Audiencia Provincial no haya aceptado el «decisivo argumento» planteado por las demandantes en varias actuaciones procesales no supone que la sentencia carezca de motivación.

3.- Planteamiento del primer motivo del recurso de casación de la demandada. En el encabezamiento de este motivo, CaixaBank alega la infracción del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 24.1 de la Constitución pues «incurre en un error patente en la valoración de la prueba cuando afirma que "solo hay afectadas dos cuentas [de una de las sociedades demandantes], y cuatro operaciones [...] conclusión que se obtiene partiendo de la documental aportada por la demandada -documento 10, confidencial-". El contenido del referido documento, conforme al art. 326 LEC, permite acreditar la existencia de indicios concretos en relación con las tres sociedades demandantes».

4.-Decisión de la sala. En primer lugar, lo planteado en este motivo no es una cuestión nueva como de contrario alegan las demandantes. Se trata de una argumentación que sirve para impugnar la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de circunscribir la cancelación de las cuentas bancarias del grupo societario demandante a dos cuentas que son titularidad de una sola de las demandantes, y se basa en la propia documentación que la demandada aportó con su contestación a la demanda como base de su oposición. Lógicamente, el argumento es ahora pertinente en tanto que se ha dictado la sentencia de segunda instancia cuyos razonamientos se cuestionan.

Por otra parte, que el documento 10 -confidencial- aportado por CaixaBank describía unos hechos que afectaban a todas las sociedades del grupo no puede ser considerado una cuestión nueva cuando tal circunstancia se contiene con una claridad indiscutible en el texto del documento aportado. Además de lo anterior, son las propias demandantes, en su demanda, las que tratan de un modo unitario la actuación de las sociedades demandantes como integradas en un grupo societario dedicado a una determinada actividad en las que están involucradas las tres compañías.

Dicho lo anterior, el motivo cumple los requisitos para que pueda ser admitida excepcionalmente la revisión de la valoración de la prueba, cuando la sentencia recurrida ha incurrido en un error patente, de carácter fáctico, referido a hechos relevantes para la decisión del litigio.

En este caso, la Audiencia Provincial afirma que solo se produjeron cuatro operaciones sospechosas que afectaban a dos cuentas titularidad de una de las entidades demandantes y que «no se detallan más operaciones que las indicadas». Sin embargo, en el documento que sirve de base a esta afirmación (documento 10 de la contestación a la demanda, confidencial) constan hechos que constituyen indicios concretos vinculados con el blanqueo de capitales que van más allá de esas cuatro operaciones que afectan a dos cuentas e involucran a todas las sociedades demandantes, además de a otros sujetos.

En consecuencia, este motivo debe estimarse con la consecuencia de que, para la resolución de los restantes motivos de los recursos ha de partirse de esa realidad: en el documento confidencial aportado con la contestación a la demanda constan más operaciones irregulares, que presentaban indicios de blanqueo de capitales, en que estaban involucradas las tres sociedades demandantes además de otras personas físicas.

5.- Planteamiento de los dos primeros motivos del recurso de casación de las demandantes y del segundo motivo del recurso de casación de la demandada. En el encabezamiento de los dos primeros motivos del recurso de casación de los demandantes se denuncia la infracción del art. 4 LCD. En el primero, en relación con la necesidad de tener en consideración «la afectación que esas medidas puedan causar al principio de libre competencia entre personas que operan en el mismo mercado, puesto que la normativa que prevé la adopción de estas medidas ha de interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que está el de libre competencia».

En el segundo, por infracción del principio de proporcionalidad pues una medida tan lesiva como el bloqueo de las cuentas de una entidad del sector de los demandantes habrá ser proporcional al riesgo concreto detectado y, sin embargo, la actuación de la demandada resulta desproporcionada.

En el desarrollo de ambos motivos se denuncia que las cuatro operaciones en que la sentencia de segunda instancia basa la licitud de la medida de cancelación de dos cuentas no son aptas para servir de justificación a esa medida pues se trató de operaciones meramente intentadas y realizadas por terceras personas residentes en terceros países. Y se trata de una medida desproporcionada respecto del riesgo concreto detectado pues se trató únicamente de cuatro operaciones sospechosas que no se llegaron a realizar. Cancelar las cuentas de las demandantes supuso una medida adicional al bloqueo de las operaciones por parte de CaixaBank y fue desproporcionada por ser la medida más gravosa y perjudicial posible para las demandantes.

Por su parte, el encabezamiento del segundo motivo del recurso de casación de CaixaBank denuncia la infracción del art. 4 LCD en relación con los arts. 7.3, 17 y 18 LPBCFT pues aunque la sentencia recurrida reconoce la existencia de una serie de operaciones sospechosas, califica como un acto de competencia desleal la decisión de CaixaBank de finalizar la relación de negocios con las sociedades demandantes. La sentencia recurrida ignora que, cuando queda acreditada la existencia de riesgos específicos de blanqueo de capitales en las relaciones con sus clientes, el art. 7.3 LPBCFT obliga a CaixaBank a adoptar la medida de cancelación de las cuentas bancarias.

Al desarrollar el motivo se argumenta que la decisión de cierre de solo dos de las cuentas conlleva que la medida de diligencia debida sea inútil, en tanto que dicha sociedad puede seguir operando con el resto de las cuentas abiertas en CaixaBank. Por lo tanto, incluso asumiendo el razonamiento de la Audiencia Provincial, la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida respecto de la sociedad EE Securities carece de toda lógica pues no permite a CaixaBank mitigar el riesgo detectado ni, por lo tanto, lograr el nivel de protección deseado.

Alega también que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se funda en un enfoque basado en el riesgo, que obliga a una prevención reforzada cuando la actividad en cuestión (por ejemplo, las transferencias internacionales) presenta un nivel de riesgo elevado y, por lo tanto, puede favorecer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. CaixaBank debe aplicar medidas de diligencia debida reforzadas (la terminación de la relación de negocio) al Grupo EE porque su actividad -las trasferencias internacionales- presenta un riesgo elevado que lo justifica.

La recurrente pone también de relieve que las tres sociedades demandantes tienen un mismo «titular real», esto es, la persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica y en cuyo interés se realiza una transacción o actividad económica. Por tanto, si bien son las distintas sociedades del Grupo EE las que constan como clientes en los registros de CaixaBank, el hecho de que las tres sociedades demandantes mantengan como titular real a la misma persona implica que una misma persona está tomando las decisiones relativas a la movilización de los fondos de todas ellas. En consecuencia, aun cerrando las dos cuentas de EE Securities donde se detecta la «operativa sospechosa», los riesgos específicos para CaixaBank en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados de sus relaciones de negocios con Euro Exchange subsistirían pues las sociedades de este grupo podrían llevar a cabo la misma actividad en las cuentas que no han sido canceladas.

6.-Decisión de la sala. Al igual que ha sucedido en anteriores recursos sobre esta cuestión, los recurrentes, en estos motivos, no cuestionan directamente la interpretación de las normas de la Ley de Competencia Desleal, en concreto de su art. 4, que realiza la Audiencia Provincial en su sentencia. Lo que cuestionan es la interpretación y aplicación que la sentencia de segunda instancia ha hecho de las normas nacionales y comunitarias de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que justificarían una actuación, la cancelación de las cuentas de las demandantes, que, de no estar justificada por la aplicación de tal normativa, constituiría un acto desleal de obstaculización contrario a la buena fe. Por tanto, al resolver estos motivos, debe abordarse la correcta interpretación de estas normas de prevención del blanqueo de capitales, en tanto que es la adecuada aplicación de esta normativa la que enervaría la deslealtad de la cancelación de las cuentas de las demandantes.

Esta sala ha abordado esta cuestión en su anterior sentencia 611/2016, de 7 de octubre. En esta sentencia, con base en la sentencia del TJUE de 10 de marzo de 2016 , caso C-235/14, hemos declarado que para apreciar el carácter justificado de las medidas de diligencia debida adoptadas por una entidad de crédito respecto de un cliente que sea entidad de pago, uno de los elementos a tomar en consideración es la afectación que esas medidas puedan causar al principio de libre competencia entre personas que operan en el mismo mercado, pues la normativa que prevé la adopción de estas medidas ha de interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que está el de libre competencia. Así lo declara el TJUE en el párrafo 109 de su sentencia de 10 de marzo de 2016 , caso C-235/14.

Por tanto, para adoptar esta medida, no basta con la existencia de un riesgo genérico de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Es necesario que se aprecien hechos concretos que informen sobre la existencia de un riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La STJUE de 10 de marzo de 2016 ha declarado sobre esta cuestión en su párrafo 87:

«[...] tales medidas deben presentar un vínculo concreto con el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y ser proporcionadas a éste. Por consiguiente, una medida como el cese de una relación de negocios, contemplada en el artículo 9, apartado 5, párrafo primero , de la Directiva sobre blanqueo de capitales, no debería adoptarse, a la vista del artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, a falta de información suficiente relativa al riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo».

En el presente caso se aprecia que no solo existe un riesgo elevado genérico derivado de que la actividad de las demandantes, como es el cambio de divisas y las transferencias internacionales que puede favorecer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y exige la adopción de medidas reforzadas de diligencia debida. Además de este elevado riesgo genérico, han existido investigaciones judiciales sobre blanqueo de capitales que han afectado a las tres sociedades demandantes así como operaciones concretas, descritas en el documento 10 de la contestación a la demanda, que presentan serios indicios de constituir operaciones de blanqueo de capitales que afectaron a varias cuentas de las demandantes.

En definitiva, no se trataba de un riesgo genérico asociado a una actividad, sino de circunstancias altamente sospechosas por la existencia de investigaciones judiciales, los sujetos implicados, los países en los que estaban radicados, la cuantía de las operaciones, etc., que suministraban a CaixaBank una información suficiente sobre la existencia de ese riesgo de blanqueo de capitales, de modo que las medidas de diligencia debida a adoptar cumplían el requisito de presentar un vínculo concreto con el riesgo de blanqueo de capitales, tal como exige el párrafo 87 de la STJUE de 10 de marzo de 2016.

7.-Además de lo anterior, es preciso determinar el carácter proporcionado de las medidas de diligencia debida. Las cuatro operaciones que tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial consideran justificativas de la cancelación de cuentas abiertas por las demandantes en CaixaBank (de todas las cuentas, según el Juzgado de lo Mercantil, de dos de ellas, según la Audiencia Provincial) suponen un riesgo grave de blanqueo de capitales, tanto por sus elementos subjetivos (circunstancias concurrentes en los sujetos implicados) como objetivos (elevado importe de tales operaciones, ubicación de los sujetos implicados en ellos, etc.). En consecuencia, por sí solas ya justificarían la finalización de las relaciones negociales entre las partes. A estos efectos, es trascendente no solo el número de operaciones sospechosas, como ocurría en el caso resuelto en nuestra anterior sentencia 611/2016, de 7 de octubre, sino también otras circunstancias como las que han sido puestas de manifiesto en este caso.

Por otra parte, desde el momento en que se ha considerado probado que los hechos en que se apreciaba el riesgo de vinculación con el blanqueo de capitales no son solamente las cuatro operaciones a que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial sino también los demás hechos expresados en el documento 10 de la contestación a la demanda, el argumento de las demandantes sobre la insuficiencia de las operaciones en las que se apreciaban indicios de blanqueo de capitales para justificar la cancelación de sus cuentas no puede ser sostenido.

8.-Junto a esto, no se ha justificado que existan medios menos restrictivos para lograr el mismo nivel de protección pues las demandantes no han justificado que con la existencia de controles por parte de CaixaBank y, supuestamente, por parte de las propias demandantes, se pueda alcanzar el nivel de protección deseado por España al trasponer la Directiva, como declara la STJUE de 10 de marzo de 2016 en su párrafo 110.

Esas otras medidas de diligencia debida, previstas en los 3 a 6 LPBCFT (identificación formal de las personas físicas y jurídicas con las que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, identificación del titular real, obtención de información sobre el propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios «incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos»), ya fueron adoptadas por CaixaBank. De ahí que en el documento confidencial se identifique a las personas físicas y jurídicas implicadas en las operaciones sospechosas, al titular real común de las sociedades demandantes, las circunstancias concurrentes en tales operaciones, etc. Y es cuando la aplicación de tales medidas de diligencia debida ha dado como resultado la existencia de serios indicios de blanqueo de capitales que cuestionan el origen legal de los fondos que pretendían transferirse a algunas de las cuentas abiertas por las demandantes cuando CaixaBank ha decidido finalizar su relación de negocio con tales demandantes.

No puede exigirse a CaixaBank que siga aplicando las medidas previstas en los arts. 3 a 6 LPBCFT cuando han sido ya aplicadas y han dado como resultado el hallazgo de indicios claros sobre hechos concretos vinculados con el riesgo cierto de blanqueo de capitales, que cuestionan el origen de los fondos. Si, como pretenden los demandantes, fuera suficiente con un monitoreo continuado de sus operaciones y la no ejecución de las operaciones sospechosas, no se entiende cuándo sería procedente aplicar la medida de finalización de la relación negocial. La constatación de hechos claramente indicativos de un riesgo cierto de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo imposibilita el escrutinio adecuado del origen de los fondos y supone que la continuación de las relaciones negociales determinaría una situación en la que cualquier descuido o error en los servicios de control de la entidad demandada podría permitir la consumación de una operación de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Tampoco podría aceptarse la adopción de medidas como la advertencia de cancelación si persisten los indicios de blanqueo de capitales o, como se dijo en la vista, requerimientos adicionales de información o indicación de que no aceptaría operaciones con determinados sujetos o con sujetos radicados en determinados Estados. El art. 24 LPBCFT prohíbe a los sujetos obligados, como es CaixaBank, revelar al cliente o a terceros «que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo», y realizar advertencias o requerimientos de esa naturaleza revelaría claramente que se estaban examinando determinadas operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

9.-En las circunstancias expresadas, habida cuenta del fin de la Directiva y de la ley nacional que la transpone (la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), de indudable trascendencia social, la medida de finalización de la relación de negocio mediante la cancelación de las cuentas de las sociedades demandantes se muestra como proporcionada, pues no existe constancia razonable de que otras medidas cuya adopción esté amparada por la normativa consigan el nivel de protección buscado por el Estado al trasponer la Directiva, por lo que cumple con las exigencias derivadas del ordenamiento jurídico comunitario, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 10 de marzo de 2016. No existe constancia de que puedan adoptarse otras medidas menos restrictivas que logren el mismo nivel de protección que la finalización de la relación de negocio, habida cuenta de las circunstancias concurrentes en los indicios de blanqueo de capitales detectados.

10.-Los criterios que deben regir la adopción de estas medidas no son los clásicos del Derecho privado, como sería el respeto de la diferente personalidad jurídica de las sociedades del grupo. Tanto la normativa de la Unión Europea como en la normativa interna sobre blanqueo de capitales están regidas por el criterio del análisis, enfoque o planteamiento (son los distintos términos usados en esta normativa) basado en el riesgo (Risk-Based Approach). De ahí, por ejemplo, la relevancia del titular real que se encuentra tras las personas jurídicas y la trascendencia de que un mismo titular real pueda encontrarse tras varias sociedades con personalidad jurídica diferente. Resulta absurdo alegar que la invocación de este criterio legal es una cuestión nueva introducida extemporáneamente cuando el litigio versa justamente sobre la aplicación de la normativa legal basada en este criterio.

Por tal razón, no es correcto circunscribir la cancelación de las cuentas bancarias a las dos cuentas a través de las que se intentaron realizar las operaciones sospechosas. Tratándose de un grupo societario dedicado a una actividad de riesgo (cambio de divisas y transferencias internacionales), cuyas sociedades tienen un mismo titular real, aunque se cancelaran dos de las más de cuarenta cuentas abiertas por las demandantes en la entidad financiera demandada, podrían seguir operando a través del resto de cuentas que permanecieran abiertas, con lo que el riesgo elevado de blanqueo de capitales seguiría existiendo.

En consecuencia, la medida adoptada por CaixaBank respecto de las demandantes (finalización de la relación de negocios con cancelación de las cuentas) estuvo justificada por la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, lo que excluye el carácter desleal de su actuación.

CUARTO.- Motivo cuarto del recurso de casación de las demandantes

1.-Planteamiento. Este motivo se basa en la infracción del art. 9 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera (LSP) e impugna que la sentencia de segunda instancia considere justificado que CaixaBank no informara a las demandantes de las razones por las que cancelaba sus cuentas bancarias.

Al desarrollar el motivo se argumenta que este precepto legal exige que la entidad de crédito comunique al cliente las razones por las que cancela su cuenta bancaria. Y que dado que tanto esta norma de Derecho interno como la Directiva a la que sirve de trasposición son de fecha posterior a la LPBCFT y a la Directiva a la que esta ley sirve de trasposición, la prohibición que establece el art. 24 LPBCFT de revelar al cliente o a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, ha de entenderse derogada.

Por todo ello, los recurrentes solicitan que se declare que la cancelación de sus cuentas bancarias sin que la entidad bancaria les haya indicado el motivo de tal cancelación constituye una infracción del art. 9 LSP.

2.- Decisión de la sala. Este motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

En primer lugar, el litigio tiene por objeto decidir si CaixaBank ha incurrido en una conducta desleal prevista en el art. 4 LCD por no estar amparada su conducta en la LPBCFT y constituir, en consecuencia, un acto desleal de obstaculización. En consecuencia, la pretensión de que se declare que la demandada ha infringido el art. 9 LSP supone un intento de modificar el objeto del litigio. No se justifica qué trascendencia concurrencial tiene la falta de notificación al cliente de las razones por las que se cancela su cuenta, y menos aún, qué trascendencia concurrencial tiene que CaixaBank haya podido no comunicar al Banco de España tal medida. No puede modificarse el objeto de la demanda (enjuiciar si CaixaBank incurrió en una actuación desleal desde el punto de vista concurrencial, en concreto, una conducta obstaculizadora contraria a la buena fe tipificada en el art. 4 LCD) para transformar el proceso en un escrutinio sobre supuestos incumplimientos legales y contractuales sin relación con la exigencia de competencia basada en méritos que protege la LCD. Tanto más cuando la actuación desleal que se imputa a CaixaBank no es la prevista en el art. 15 LCD sino la del art. 4 LCD.

Además de lo anterior, el criterio aplicable a la cuestión planteada en el motivo no es el de la sucesión temporal de las normas, resumida en el aforismo lex posterior derogat legi priori(la ley posterior deroga a la ley anterior), sino la de la especialidad: la ley general no deroga a la ley especial (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali).

El precepto legal invocado, art. 9 LSP, establece en su segundo apartado:

«En caso de denegación por una entidad de crédito de la solicitud de apertura de una cuenta de pago por parte de una entidad de pago o de la resolución unilateral por una entidad de crédito del contrato marco de una entidad de pago, la entidad de crédito remitirá de forma inmediata al Banco de España y a la entidad de pago la decisión debidamente motivada y basada, en particular, en un análisis de los riesgos específicos de la entidad de pago concreta de que se trate o en la falta de adecuación a los criterios objetivos, no discriminatorios y proporcionados que la entidad de crédito haya hecho públicos de forma previa y general».

Se trata, por tanto, de una norma de carácter general que establece, en lo que aquí es relevante, una obligación de información a sus clientes que tengan la consideración de entidades de pago, por parte de las entidades de crédito, cuando estas decidan resolver unilateralmente su relación contractual, sobre las causas que motivan esa finalización de la relación contractual.

La LPBCFT es una norma de orden público destinada a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con base en esta finalidad, la norma, en la redacción aplicable por razones temporales, prevé la medida consistente en poner fin a la relación de negocios, que se contempla el art. 7.3 LPBCFT, lo que en este caso supone la cancelación de cuentas bancarias abiertas por las demandantes en CaixaBank. También para conseguir esta finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el primer párrafo del art. 24.1 LPFBFT establece:

«Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo».

De lo expuesto se desprende que una ley especial como es la LPBCFT, que regula un aspecto específico del funcionamiento de las entidades de crédito (su obligación de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), al ser estas unos de los principales sujetos obligados de lo previsto en esta ley (art. 2.1.a LPBCFT), establece tanto la pertinencia de que las entidades de crédito cancelen las cuentas bancarias cuando existan indicios de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y sean insuficientes las medidas de diligencia debida adoptadas, como la prohibición de revelar al titular de la cuenta cancelada que se está examinando alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.

Esta normativa especial, de carácter imperativo, justificada por una finalidad muy concreta de notoria trascendencia social, no puede entenderse derogada por una norma general sobre ese aspecto concreto (la información al titular de la cuenta de las razones de su cancelación) que, además, como advierte la recurrida CaixaBank, llevaría en la práctica a vaciar de contenido el núcleo del sistema de prevención del blanqueo pues obligaría a comunicar a la entidad de pago una información cuya revelación está prohibida.

3.-Lo expuesto determina la improcedencia de plantear la cuestión prejudicial propuesta por los demandantes, pues concurren dos de los criterios de la doctrina Cilfit( sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982, C-283/81): la primera y principal, la cuestión de Derecho de la Unión que se ha planteado no es pertinente para la solución del litigio porque, como se ha explicado, su objeto no era el cumplimiento de las previsiones administrativas sobre información en caso de cancelación de cuentas bancarias de entidades de pago sino la existencia de una conducta desleal; y, como argumento de refuerzo, la interpretación del Derecho de la Unión se impone a este órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable.

QUINTO.- Motivos tercero y cuarto del recurso de casación de CaixaBank

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del tercer motivo del recurso de casación de la demandada se alega la infracción del art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia de segunda instancia habría incurrido en esta infracción porque, a pesar de que la sentencia de primera instancia estableció que la validez de la «tarifa mínima» constituía un hecho controvertido y que el enjuiciamiento de esta cuestión exigía valorar si los contratos suscritos entre las partes preveían el cobro de la «tarifa mínima», la Audiencia Provincial se niega a examinar el recurso de apelación de Caixabank, aduciendo que la cuestión que plantea se ha introducido por la parte demandada en la apelación.

En el encabezamiento del motivo cuarto se alega la infracción del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 24.1 CE.

Se argumenta que la sentencia recurrida «incurre en un error patente en la valoración de la prueba, en la medida en que termina cimentando la desestimación del recurso de Caixabank en una apreciación fáctica falsa: que los contratos no prevén explícitamente la Tarifa Mínima, cuando todos y cada uno de los contratos regulan expresamente el cobro de la referida comisión».

2.-Decisión de la sala. La sentencia recurrida, pese a argumentar que se trataba de una cuestión nueva, entra a resolver si el cobro de la comisión denominada «tarifa mínima» está prevista en los contratos y desestima la impugnación de CaixaBank con el argumento de que el cobro de dicha tarifa «no se preveía explícitamente en el contrato». Es por ello justamente que CaixaBank interpone el cuarto motivo del recurso. En consecuencia, resolveremos en primer lugar este motivo cuarto del recurso, en el que se cuestiona que la afirmación de la sentencia recurrida sobre que la exigencia de la «tarifa mínima» no tuviera un soporte contractual; y solo si se estimara que el cobro de esa tarifa tenía ese soporte contractual, deberíamos analizar si constituye o no una cuestión nueva planteada sorpresivamente en el recurso de apelación.

3.-En el motivo cuarto del recurso de casación, CaixaBank argumenta que la Audiencia Provincial, en su sentencia, incurre en un error patente en la valoración de la prueba cuando afirma que los contratos no prevén explícitamente la tarifa mínima, porque los contratos de apertura de cuenta en divisas celebrados por las partes regulan expresamente el cobro de la referida comisión.

Efectivamente, en los contratos señalados por la recurrente en su recurso (aportados como documentos 52, 56 a 66, 68 y 72 a 94) se prevé explícitamente el cobro por CaixaBank de un precio por el servicio de recepción, manipulación y recuento de efectivo de billetes de divisa igual a la del contrato (se trataba de cuentas en divisa), cuyo importe se especifica en el anexo del contrato.

Por tanto, la afirmación de que una tarifa de ese tipo «no se preveía explícitamente en el contrato» es un error patente, sobre una cuestión de hecho, directamente verificable y que ha tenido relevancia en el pronunciamiento desfavorable para la recurrente.

4.-Una vez resuelto el motivo cuarto, ha de abordarse la cuestión planteada en el tercer motivo del recurso, la impugnación del argumento de la sentencia de segunda instancia de que la alegación por CaixaBank de que el cobro de la «tarifa mínima» estaba previsto en los contratos era una cuestión nueva, introducida por CaixaBank en el recurso de apelación pues, pese a lo declarado al resolver el motivo cuarto, si efectivamente la cuestión del soporte contractual del cobro de dicha tarifa no hubiera integrado el objeto del litigio, no podría atenderse a la impugnación que CaixaBank realizó en el recurso de apelación del argumento de la sentencia de primera instancia de que, pese a que el cobro de esa comisión tenía encaje legal pues respondía a un servicio efectivamente prestado, en este caso no aparecía prevista en los contratos celebrados entre las partes.

La afirmación de la sentencia recurrida en el sentido de que constituía una cuestión nueva no es correcta. La cuestión de si la «tarifa mínima» tenía o no soporte contractual había sido introducida por las propias demandantes en su demanda. Ciertamente no era su argumento principal, pues el argumento principal para considerar desleal el cobro de esa comisión era que esta no tenía amparo legal pues no se correspondía con ningún servicio efectivamente prestado por CaixaBank, y de ahí que CaixaBank centrara su contestación a la demanda en los principales argumentos esgrimidos por las demandantes sobre esta cuestión.

Y CaixaBank, en su contestación a la demanda, también hizo alusión a la cuestión del soporte contractual de esa «tarifa mínima» al reproducir un pasaje de la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en el que justamente subrayó y puso en negrita un inciso que se refería al soporte contractual de esta comisión («aquellas entidades que contemplan la posibilidad de que se ingrese o se disponga del saldo de una cuenta en divisas a través de billetes deberían recoger expresamente en dichos contratos en divisas el coste que supone la transformación de los ingresos (reintegros) de los billetes a divisas (o de divisas a billetes), a fin de que sus clientes conozcan las condiciones exactas en las que se celebran dichos contratos, de acuerdo con los principios de claridad y transparencia informativa», énfasis en negrita y subrayado en el original).

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, a la vista de las alegaciones de las partes, centró la cuestión objeto de estos motivos en estos términos, en su apartado 10:

«Para determinar si es procedente o no el cobro de la tarifa es preciso partir de dos extremos: a) Si la normativa lo permite; y b) Si el contrato suscrito con la parte actora lo permite».

Y tras concluir, respecto del primer interrogante, que conforme a la normativa vigente «sí cabe la posibilidad de cobro de comisión por manipulación de billetes extranjeros», respecto del segundo declaró que «el cobro de la comisión el legítimo, pero debe de reflejarse en el contrato. En el presente caso, en los contratos suscritos por las partes (Documentos nº 52 a 94 de la demanda), a salvo la cuenta 2100 2120 8472 0031 3786, por lo que no habiendo previsión contractual, se considera que la actuación de CAIXABANK con el cobro unilateral de la una comisión por manipulación no amparada en los contratos es un acto contrario a la buena fe del Art. 4 LCD» (sic). Esto es, para basar su pronunciamiento condenatorio por el cobro de la tarifa mínima, acogió el argumento al que los demandantes habían otorgado menos relevancia.

Por tanto, que CaixaBank impugnara esta conclusión de la sentencia de primera instancia en su recurso de apelación no puede considerarse como la introducción de una cuestión nueva sino, por el contrario, como el cuestionamiento de uno de los argumentos decisorios que fundamentó un pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que le era perjudicial y que versaba sobre una cuestión que había sido introducida en el debate procesal desde el primer momento, pues lo fue en la demanda.

5.-La estimación de los motivos tercero y cuarto del recurso de casación de CaixaBank trae como consecuencia que, una vez sentado que los contratos contenían una condición general en que se estipulaba el cobro de esta comisión por manipulación de divisas y que no se trata de una cuestión nueva introducida extemporáneamente por CaixaBank en su recurso de apelación, la sala deba decidir si, pese a estar prevista esta «tarifa mínima» en el condicionado general de los contratos de cuentas en divisa, el cobro de la misma por CaixaBank constituye una actuación desleal incardinada en el art. 4 LCD.

En la vista, la representación de los demandantes expuso el argumento, apuntado en su escrito de oposición al recurso, de que tal comisión no estaba prevista en los contratos porque no aparecía recogida en las condiciones particulares de la primera página de los contratos, sino solamente en las condiciones generales.

El argumento no puede estimarse. En primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial no recoge esta distinción entre condiciones generales y particulares para circunscribir la no previsión de la «tarifa mínima» a las condiciones particulares. Se limita a declarar que esa tarifa «no se preveía explícitamente en el contrato» y esa afirmación no es correcta pues, como se reconoció por la propia representación de los demandantes en la vista y, en todo caso, resulta de la mera lectura de los contratos aportados con la demanda, dicha comisión está prevista en las condiciones generales de todos los contratos de cuenta en divisas (y no solamente de uno, como afirma la sentencia de primera instancia).

En segundo lugar, las condiciones particulares que se establecen en la primera página de los contratos añaden nuevas cláusulas al condicionado general del contrato, o modifican alguna previsión de este condicionado general. Pero no dejan sin contenido las condiciones generales que no sean afectadas por las condiciones particulares. La regla de la prevalencia de las condiciones particulares sobre las generales que establece el art. 6.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, está prevista para el caso de que exista contradicción entre unas y otras. Lo que no prevé la norma es que la mera existencia de algunas condiciones particulares haga inaplicable el condicionado general del contrato cuando no se aprecie esa contradicción. Y en las condiciones particulares de esos contratos no existe ninguna previsión que sea contraria a la condición general que establece esa comisión por manipulación de divisas o que la modifique.

En consecuencia, no resulta de los contratos aportados con la demanda que esas condiciones particulares constituyan el único contenido de los contratos y que dejen sin eficacia las condiciones generales. Por otra parte, no se entendería que el legal representante de las demandantes, administrador de unas sociedades que operan habitualmente en este sector de la contratación, firmara los contratos en los que se recogen no solamente las condiciones particulares de la primera página sino también las condiciones generales en las que, entre otras, se contiene la previsión de esa comisión, si entendiera que esas condiciones generales no eran aplicables a los contratos suscritos.

6.-Por todo lo cual, el cobro de una comisión por un servicio efectivamente prestado, como se recoge en la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en una cuantía inferior incluso a la prevista en las condiciones generales, no solo tiene soporte contractual sino que además no constituye una actuación que tenga por objeto u efecto obstaculizar de modo desleal la actuación de las demandantes, sino que está destinada a retribuir los servicios de la demandada. Que en un primer momento de sus relaciones contractuales CaixaBank, por razones comerciales o de otro tipo, bonificara completamente esta comisión, no cobrando cantidad alguna por ese concepto, y que más adelante, tras comunicarlo a su cliente, comenzara a cobrarla, si bien en una cuantía significativamente inferior a la prevista en el contrato, tampoco constituye una actuación desleal, pues es una conducta justificada desde el punto de vista económico (cubrir costes de una actividad llevada a cabo por la entidad financiera), amparada legal y contractualmente y reconocida como correcta por el organismo regulador, el Banco de España.

SEXTO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación interpuesto por CaixaBank que ha sido estimado y procede condenar a las demandantes al pago de las costas de su recurso de casación, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas del recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de apelación interpuesto por CaixaBank que ha sido estimado y procede condenar a las demandantes al pago de las costas de su recurso de apelación, con base en esos mismos preceptos legales. Procede asimismo condenar a las demandantes al pago de las costas de primera instancia al haber resultado desestimada su demanda.

2.-Procédase a la devolución del depósito constituido por CaixaBank y se acuerda la pérdida del depósito constituido por las demandantes, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Euro Exchange Corp., Euro Exchange Securities Uk Limited y Euro Trading & Financial S.A.U. son sociedades integradas en un grupo societario que se dedican a operaciones de pago, transferencias y cambio de moneda, para lo cual necesitan canalizar determinadas operaciones mediante cuentas abiertas en entidades de crédito.

Estas sociedades interpusieron una demanda contra CaixaBank S.A. (en adelante, CaixaBank) en la que solicitaron que se declarara que CaixaBank había cometido actos de competencia desleal y debía cesar en los mismos, se la condenara a dejar sin efecto las comunicaciones enviadas a Euro Exchange Corp., Euro Exchange Securities Uk Limited y de Euro Trading & Financial S.A.Unipersonal en las que les comunicaba el cobro de una comisión por manipulación de billetes extranjeros de cuentas en divisas y, posteriormente, la resolución de sus relaciones contractuales (contratos de depósito de dinero a la vista) y se la condenara asimismo a mantener las cuentas de las demandantes sin aplicar comisiones por el ingreso de billetes extranjeros en cuentas denominadas en la divisa de esos billetes y a devolverles las comisiones cobradas indebidamente por esos ingresos hasta la fecha de ejecución de sentencia.

CaixaBank se opuso a la demanda porque el cobro de esas comisiones no constituía un acto desleal sino que buscaba cubrir los costes en los que incurre la entidad al prestar el servicio y no interfiere en el normal desenvolvimiento de la actividad de las demandantes; y el cese de las relaciones contractuales con las demandantes (esto es, la cancelación de las cuentas bancarias que las demandantes tenían abiertas en CaixaBank) es una medida de diligencia debida justificada por la aplicación de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Alegó que en dos litigios anteriores en que las hoy demandantes habían ejercitado la misma pretensión respecto de la cancelación de sus cuentas, se llegó a un acuerdo transaccional en el que se estableció que Caixabank se obligaba a mantener los contratos de las demandantes y, en particular, a no resolverlos «a menos que se produzca un incumplimiento de las obligaciones contractuales de Grupo EuroExchange o la resolución encuentre amparo en lo previsto por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», y que fue justamente esta última justificación la que llevó a comunicar a las demandantes la cancelación de sus cuentas.

2.-La sentencia del Juzgado Mercantil estimó en parte la demanda. Declaró que CaixaBank había cometido un acto de competencia desleal del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal ( en adelante, LCD) consistente en el cobro unilateral de una comisión por manipulación no amparada en los contratos y le condenó a devolver a las demandantes las comisiones cobradas indebidamente desde el 2 de febrero de 2020 hasta la cancelación de las cuentas; pero desestimó la otra pretensión ejercitada en la demanda y declaró que la cancelación de las cuentas efectuada por CaixaBank no era un acto de competencia desleal del art. 4 LCD.

3.-Ambas partes apelaron la sentencia. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de CaixaBank, estimó en parte el de las demandantes y limitó la cancelación de cuentas de las demandantes a las 2100....2895*, en dólares, y a la 2100...0979*, en euros, de las que era titular una sola de las demandantes, por considerar que, en el caso de la cancelación de esas dos cuentas la conducta no es desleal al estar justificada por la aplicación de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo porque las operaciones en las que existían indicios de blanqueo de capitales afectaban a esas cuentas; y, en cuanto a las demás cuentas, declaró que la cancelación de cuentas llevada a cabo por CaixaBank es un acto contrario al art. 4 LCD a carecer de esa justificación, por lo que la condenó a mantener las restantes cuentas de las demandantes en las condiciones pactadas y, en caso de que ya estuvieran canceladas, a su reapertura en idénticas condiciones.

La Audiencia Provincial consideró que el pretendido soporte contractual de la comisión cuestionada era una cuestión nueva introducida por CaixaBank en el recurso de apelación y, además, esa tarifa no se preveía explícitamente en los contratos. Y, respecto de la cancelación de las cuentas, consideró desproporcionada la cancelación de todas las cuentas de que eran titulares las demandantes y consideró que solo estaba justificada la cancelación de dos cuentas de las que era titular una de las demandantes en que se habían producido las operaciones con indicios de blanqueo de capitales.

4.-Ambas partes han interpuesto un recurso de casación contra la sentencia, recursos que han sido admitidos.

Dado que son dos las cuestiones objeto del recurso (la cancelación de cuentas y el cobro de comisiones), se examinarán por este orden las impugnaciones formuladas por ambas partes en sus respectivos recursos.

Respecto de la cancelación de las cuentas, procede resolver conjuntamente los motivos dedicados a esta cuestión en ambos recursos, pues la estimación del recurso de una de las partes (esto es, que no procedía la cancelación de ninguna de las cuentas de que eran titulares las demandantes, según pretenden los demandantes, o que procede la cancelación de todas la cuentas de que eran titulares las demandantes, que es lo sostenido por CaixaBank) dejaría sin base los motivos formulados sobre esta cuestión por la parte contraria.

5.-Como cuestión previa, no es admisible la remisión que, en sus respectivos recursos, ambas partes hacen a otras actuaciones del proceso para completar las alegaciones de sus recursos. Como hemos declarado en las sentencias 257/2020, de 5 de junio, y 689/2024, de 14 de mayo, la exigencia de precisión y concisión que establecen las normas reguladoras del recurso de casación y han sido desarrolladas en el acuerdo sobre criterios de admisión, es incompatible con la técnica consistente en remitirse a los argumentos que se reflejarían en otros particulares del proceso (escritos de las partes, documentos aportados, alegaciones orales, etc.).

Por otra parte, sería contradictorio haber establecido un límite de 50.000 caracteres, con espacios, para los escritos de recurso, y que las partes pudieran remitirse para completar las alegaciones de sus recursos a diversos particulares de anteriores alegaciones, con lo que devendría ineficaz la limitación de la extensión de los recursos establecida por la Sala de Gobierno con base en el art. 481.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, de aceptar tales remisiones, la sala debería realizar una labor de subsunción y adaptación de argumentos expuestos en otros trámites del proceso al objeto y a las exigencias propias de los recursos extraordinarios, lo cual evidentemente no es su cometido.

SEGUNDO.- Motivos primero a tercero del recurso de casación de las demandantes y motivos primero y segundo del recurso de casación de la demandada

1.- Planteamiento del tercer motivo del recurso de casación de las demandantes.Por razones lógicas, procede examinar en primer lugar los motivos de naturaleza procesal que han planteado ambas partes.

En el encabezamiento del motivo formulado por las demandantes, que es el tercero de su recurso, se denuncia la «[i]nfracción de normas procesales contenida en el artículo 218.2 LEC, en relación con el artículo 24 CE. Falta de motivación».

La infracción se habría cometido porque «la sentencia objeto del presente recurso adolece de una patente falta de motivación, en tanto que no razona por qué es proporcional la cancelación de las cuentas que trae causa en un reducidísimo número de operaciones que se dicen sospechosas y que se reconoce que no llegaron a recibirse.// La sentencia no ha tenido en cuenta este decisivo argumento planteado por esta parte en la audiencia previa mediante alegaciones complementarias (min. 10:27:59), reiterado en las conclusiones por escrito (páginas 2 y 3) y en el recurso de apelación (páginas 7 y 21)».

2.- Decisión de la sala. El motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

Como pone de relieve la recurrida CaixaBank, la sentencia de la Audiencia Provincial identifica los hechos relevantes (operaciones sospechosas de blanqueo de capitales descritas en la sentencia de primera instancia), delimita su alcance, pondera la tensión entre el deber que le impone el art. 7.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en lo sucesivo, LPBCFT) y los riesgos concretos detectados, y realiza un juicio de proporcionalidad, hasta el punto de limitar la cancelación de las cuentas a aquellas en relación con las cuales se han producido las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Que la sentencia de la Audiencia Provincial no haya aceptado el «decisivo argumento» planteado por las demandantes en varias actuaciones procesales no supone que la sentencia carezca de motivación.

3.- Planteamiento del primer motivo del recurso de casación de la demandada. En el encabezamiento de este motivo, CaixaBank alega la infracción del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 24.1 de la Constitución pues «incurre en un error patente en la valoración de la prueba cuando afirma que "solo hay afectadas dos cuentas [de una de las sociedades demandantes], y cuatro operaciones [...] conclusión que se obtiene partiendo de la documental aportada por la demandada -documento 10, confidencial-". El contenido del referido documento, conforme al art. 326 LEC, permite acreditar la existencia de indicios concretos en relación con las tres sociedades demandantes».

4.-Decisión de la sala. En primer lugar, lo planteado en este motivo no es una cuestión nueva como de contrario alegan las demandantes. Se trata de una argumentación que sirve para impugnar la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de circunscribir la cancelación de las cuentas bancarias del grupo societario demandante a dos cuentas que son titularidad de una sola de las demandantes, y se basa en la propia documentación que la demandada aportó con su contestación a la demanda como base de su oposición. Lógicamente, el argumento es ahora pertinente en tanto que se ha dictado la sentencia de segunda instancia cuyos razonamientos se cuestionan.

Por otra parte, que el documento 10 -confidencial- aportado por CaixaBank describía unos hechos que afectaban a todas las sociedades del grupo no puede ser considerado una cuestión nueva cuando tal circunstancia se contiene con una claridad indiscutible en el texto del documento aportado. Además de lo anterior, son las propias demandantes, en su demanda, las que tratan de un modo unitario la actuación de las sociedades demandantes como integradas en un grupo societario dedicado a una determinada actividad en las que están involucradas las tres compañías.

Dicho lo anterior, el motivo cumple los requisitos para que pueda ser admitida excepcionalmente la revisión de la valoración de la prueba, cuando la sentencia recurrida ha incurrido en un error patente, de carácter fáctico, referido a hechos relevantes para la decisión del litigio.

En este caso, la Audiencia Provincial afirma que solo se produjeron cuatro operaciones sospechosas que afectaban a dos cuentas titularidad de una de las entidades demandantes y que «no se detallan más operaciones que las indicadas». Sin embargo, en el documento que sirve de base a esta afirmación (documento 10 de la contestación a la demanda, confidencial) constan hechos que constituyen indicios concretos vinculados con el blanqueo de capitales que van más allá de esas cuatro operaciones que afectan a dos cuentas e involucran a todas las sociedades demandantes, además de a otros sujetos.

En consecuencia, este motivo debe estimarse con la consecuencia de que, para la resolución de los restantes motivos de los recursos ha de partirse de esa realidad: en el documento confidencial aportado con la contestación a la demanda constan más operaciones irregulares, que presentaban indicios de blanqueo de capitales, en que estaban involucradas las tres sociedades demandantes además de otras personas físicas.

5.- Planteamiento de los dos primeros motivos del recurso de casación de las demandantes y del segundo motivo del recurso de casación de la demandada. En el encabezamiento de los dos primeros motivos del recurso de casación de los demandantes se denuncia la infracción del art. 4 LCD. En el primero, en relación con la necesidad de tener en consideración «la afectación que esas medidas puedan causar al principio de libre competencia entre personas que operan en el mismo mercado, puesto que la normativa que prevé la adopción de estas medidas ha de interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que está el de libre competencia».

En el segundo, por infracción del principio de proporcionalidad pues una medida tan lesiva como el bloqueo de las cuentas de una entidad del sector de los demandantes habrá ser proporcional al riesgo concreto detectado y, sin embargo, la actuación de la demandada resulta desproporcionada.

En el desarrollo de ambos motivos se denuncia que las cuatro operaciones en que la sentencia de segunda instancia basa la licitud de la medida de cancelación de dos cuentas no son aptas para servir de justificación a esa medida pues se trató de operaciones meramente intentadas y realizadas por terceras personas residentes en terceros países. Y se trata de una medida desproporcionada respecto del riesgo concreto detectado pues se trató únicamente de cuatro operaciones sospechosas que no se llegaron a realizar. Cancelar las cuentas de las demandantes supuso una medida adicional al bloqueo de las operaciones por parte de CaixaBank y fue desproporcionada por ser la medida más gravosa y perjudicial posible para las demandantes.

Por su parte, el encabezamiento del segundo motivo del recurso de casación de CaixaBank denuncia la infracción del art. 4 LCD en relación con los arts. 7.3, 17 y 18 LPBCFT pues aunque la sentencia recurrida reconoce la existencia de una serie de operaciones sospechosas, califica como un acto de competencia desleal la decisión de CaixaBank de finalizar la relación de negocios con las sociedades demandantes. La sentencia recurrida ignora que, cuando queda acreditada la existencia de riesgos específicos de blanqueo de capitales en las relaciones con sus clientes, el art. 7.3 LPBCFT obliga a CaixaBank a adoptar la medida de cancelación de las cuentas bancarias.

Al desarrollar el motivo se argumenta que la decisión de cierre de solo dos de las cuentas conlleva que la medida de diligencia debida sea inútil, en tanto que dicha sociedad puede seguir operando con el resto de las cuentas abiertas en CaixaBank. Por lo tanto, incluso asumiendo el razonamiento de la Audiencia Provincial, la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida respecto de la sociedad EE Securities carece de toda lógica pues no permite a CaixaBank mitigar el riesgo detectado ni, por lo tanto, lograr el nivel de protección deseado.

Alega también que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se funda en un enfoque basado en el riesgo, que obliga a una prevención reforzada cuando la actividad en cuestión (por ejemplo, las transferencias internacionales) presenta un nivel de riesgo elevado y, por lo tanto, puede favorecer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. CaixaBank debe aplicar medidas de diligencia debida reforzadas (la terminación de la relación de negocio) al Grupo EE porque su actividad -las trasferencias internacionales- presenta un riesgo elevado que lo justifica.

La recurrente pone también de relieve que las tres sociedades demandantes tienen un mismo «titular real», esto es, la persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica y en cuyo interés se realiza una transacción o actividad económica. Por tanto, si bien son las distintas sociedades del Grupo EE las que constan como clientes en los registros de CaixaBank, el hecho de que las tres sociedades demandantes mantengan como titular real a la misma persona implica que una misma persona está tomando las decisiones relativas a la movilización de los fondos de todas ellas. En consecuencia, aun cerrando las dos cuentas de EE Securities donde se detecta la «operativa sospechosa», los riesgos específicos para CaixaBank en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados de sus relaciones de negocios con Euro Exchange subsistirían pues las sociedades de este grupo podrían llevar a cabo la misma actividad en las cuentas que no han sido canceladas.

6.-Decisión de la sala. Al igual que ha sucedido en anteriores recursos sobre esta cuestión, los recurrentes, en estos motivos, no cuestionan directamente la interpretación de las normas de la Ley de Competencia Desleal, en concreto de su art. 4, que realiza la Audiencia Provincial en su sentencia. Lo que cuestionan es la interpretación y aplicación que la sentencia de segunda instancia ha hecho de las normas nacionales y comunitarias de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que justificarían una actuación, la cancelación de las cuentas de las demandantes, que, de no estar justificada por la aplicación de tal normativa, constituiría un acto desleal de obstaculización contrario a la buena fe. Por tanto, al resolver estos motivos, debe abordarse la correcta interpretación de estas normas de prevención del blanqueo de capitales, en tanto que es la adecuada aplicación de esta normativa la que enervaría la deslealtad de la cancelación de las cuentas de las demandantes.

Esta sala ha abordado esta cuestión en su anterior sentencia 611/2016, de 7 de octubre. En esta sentencia, con base en la sentencia del TJUE de 10 de marzo de 2016 , caso C-235/14, hemos declarado que para apreciar el carácter justificado de las medidas de diligencia debida adoptadas por una entidad de crédito respecto de un cliente que sea entidad de pago, uno de los elementos a tomar en consideración es la afectación que esas medidas puedan causar al principio de libre competencia entre personas que operan en el mismo mercado, pues la normativa que prevé la adopción de estas medidas ha de interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que está el de libre competencia. Así lo declara el TJUE en el párrafo 109 de su sentencia de 10 de marzo de 2016 , caso C-235/14.

Por tanto, para adoptar esta medida, no basta con la existencia de un riesgo genérico de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Es necesario que se aprecien hechos concretos que informen sobre la existencia de un riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La STJUE de 10 de marzo de 2016 ha declarado sobre esta cuestión en su párrafo 87:

«[...] tales medidas deben presentar un vínculo concreto con el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y ser proporcionadas a éste. Por consiguiente, una medida como el cese de una relación de negocios, contemplada en el artículo 9, apartado 5, párrafo primero , de la Directiva sobre blanqueo de capitales, no debería adoptarse, a la vista del artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, a falta de información suficiente relativa al riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo».

En el presente caso se aprecia que no solo existe un riesgo elevado genérico derivado de que la actividad de las demandantes, como es el cambio de divisas y las transferencias internacionales que puede favorecer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y exige la adopción de medidas reforzadas de diligencia debida. Además de este elevado riesgo genérico, han existido investigaciones judiciales sobre blanqueo de capitales que han afectado a las tres sociedades demandantes así como operaciones concretas, descritas en el documento 10 de la contestación a la demanda, que presentan serios indicios de constituir operaciones de blanqueo de capitales que afectaron a varias cuentas de las demandantes.

En definitiva, no se trataba de un riesgo genérico asociado a una actividad, sino de circunstancias altamente sospechosas por la existencia de investigaciones judiciales, los sujetos implicados, los países en los que estaban radicados, la cuantía de las operaciones, etc., que suministraban a CaixaBank una información suficiente sobre la existencia de ese riesgo de blanqueo de capitales, de modo que las medidas de diligencia debida a adoptar cumplían el requisito de presentar un vínculo concreto con el riesgo de blanqueo de capitales, tal como exige el párrafo 87 de la STJUE de 10 de marzo de 2016.

7.-Además de lo anterior, es preciso determinar el carácter proporcionado de las medidas de diligencia debida. Las cuatro operaciones que tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial consideran justificativas de la cancelación de cuentas abiertas por las demandantes en CaixaBank (de todas las cuentas, según el Juzgado de lo Mercantil, de dos de ellas, según la Audiencia Provincial) suponen un riesgo grave de blanqueo de capitales, tanto por sus elementos subjetivos (circunstancias concurrentes en los sujetos implicados) como objetivos (elevado importe de tales operaciones, ubicación de los sujetos implicados en ellos, etc.). En consecuencia, por sí solas ya justificarían la finalización de las relaciones negociales entre las partes. A estos efectos, es trascendente no solo el número de operaciones sospechosas, como ocurría en el caso resuelto en nuestra anterior sentencia 611/2016, de 7 de octubre, sino también otras circunstancias como las que han sido puestas de manifiesto en este caso.

Por otra parte, desde el momento en que se ha considerado probado que los hechos en que se apreciaba el riesgo de vinculación con el blanqueo de capitales no son solamente las cuatro operaciones a que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial sino también los demás hechos expresados en el documento 10 de la contestación a la demanda, el argumento de las demandantes sobre la insuficiencia de las operaciones en las que se apreciaban indicios de blanqueo de capitales para justificar la cancelación de sus cuentas no puede ser sostenido.

8.-Junto a esto, no se ha justificado que existan medios menos restrictivos para lograr el mismo nivel de protección pues las demandantes no han justificado que con la existencia de controles por parte de CaixaBank y, supuestamente, por parte de las propias demandantes, se pueda alcanzar el nivel de protección deseado por España al trasponer la Directiva, como declara la STJUE de 10 de marzo de 2016 en su párrafo 110.

Esas otras medidas de diligencia debida, previstas en los 3 a 6 LPBCFT (identificación formal de las personas físicas y jurídicas con las que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, identificación del titular real, obtención de información sobre el propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios «incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos»), ya fueron adoptadas por CaixaBank. De ahí que en el documento confidencial se identifique a las personas físicas y jurídicas implicadas en las operaciones sospechosas, al titular real común de las sociedades demandantes, las circunstancias concurrentes en tales operaciones, etc. Y es cuando la aplicación de tales medidas de diligencia debida ha dado como resultado la existencia de serios indicios de blanqueo de capitales que cuestionan el origen legal de los fondos que pretendían transferirse a algunas de las cuentas abiertas por las demandantes cuando CaixaBank ha decidido finalizar su relación de negocio con tales demandantes.

No puede exigirse a CaixaBank que siga aplicando las medidas previstas en los arts. 3 a 6 LPBCFT cuando han sido ya aplicadas y han dado como resultado el hallazgo de indicios claros sobre hechos concretos vinculados con el riesgo cierto de blanqueo de capitales, que cuestionan el origen de los fondos. Si, como pretenden los demandantes, fuera suficiente con un monitoreo continuado de sus operaciones y la no ejecución de las operaciones sospechosas, no se entiende cuándo sería procedente aplicar la medida de finalización de la relación negocial. La constatación de hechos claramente indicativos de un riesgo cierto de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo imposibilita el escrutinio adecuado del origen de los fondos y supone que la continuación de las relaciones negociales determinaría una situación en la que cualquier descuido o error en los servicios de control de la entidad demandada podría permitir la consumación de una operación de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Tampoco podría aceptarse la adopción de medidas como la advertencia de cancelación si persisten los indicios de blanqueo de capitales o, como se dijo en la vista, requerimientos adicionales de información o indicación de que no aceptaría operaciones con determinados sujetos o con sujetos radicados en determinados Estados. El art. 24 LPBCFT prohíbe a los sujetos obligados, como es CaixaBank, revelar al cliente o a terceros «que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo», y realizar advertencias o requerimientos de esa naturaleza revelaría claramente que se estaban examinando determinadas operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

9.-En las circunstancias expresadas, habida cuenta del fin de la Directiva y de la ley nacional que la transpone (la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), de indudable trascendencia social, la medida de finalización de la relación de negocio mediante la cancelación de las cuentas de las sociedades demandantes se muestra como proporcionada, pues no existe constancia razonable de que otras medidas cuya adopción esté amparada por la normativa consigan el nivel de protección buscado por el Estado al trasponer la Directiva, por lo que cumple con las exigencias derivadas del ordenamiento jurídico comunitario, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 10 de marzo de 2016. No existe constancia de que puedan adoptarse otras medidas menos restrictivas que logren el mismo nivel de protección que la finalización de la relación de negocio, habida cuenta de las circunstancias concurrentes en los indicios de blanqueo de capitales detectados.

10.-Los criterios que deben regir la adopción de estas medidas no son los clásicos del Derecho privado, como sería el respeto de la diferente personalidad jurídica de las sociedades del grupo. Tanto la normativa de la Unión Europea como en la normativa interna sobre blanqueo de capitales están regidas por el criterio del análisis, enfoque o planteamiento (son los distintos términos usados en esta normativa) basado en el riesgo (Risk-Based Approach). De ahí, por ejemplo, la relevancia del titular real que se encuentra tras las personas jurídicas y la trascendencia de que un mismo titular real pueda encontrarse tras varias sociedades con personalidad jurídica diferente. Resulta absurdo alegar que la invocación de este criterio legal es una cuestión nueva introducida extemporáneamente cuando el litigio versa justamente sobre la aplicación de la normativa legal basada en este criterio.

Por tal razón, no es correcto circunscribir la cancelación de las cuentas bancarias a las dos cuentas a través de las que se intentaron realizar las operaciones sospechosas. Tratándose de un grupo societario dedicado a una actividad de riesgo (cambio de divisas y transferencias internacionales), cuyas sociedades tienen un mismo titular real, aunque se cancelaran dos de las más de cuarenta cuentas abiertas por las demandantes en la entidad financiera demandada, podrían seguir operando a través del resto de cuentas que permanecieran abiertas, con lo que el riesgo elevado de blanqueo de capitales seguiría existiendo.

En consecuencia, la medida adoptada por CaixaBank respecto de las demandantes (finalización de la relación de negocios con cancelación de las cuentas) estuvo justificada por la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, lo que excluye el carácter desleal de su actuación.

CUARTO.- Motivo cuarto del recurso de casación de las demandantes

1.-Planteamiento. Este motivo se basa en la infracción del art. 9 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera (LSP) e impugna que la sentencia de segunda instancia considere justificado que CaixaBank no informara a las demandantes de las razones por las que cancelaba sus cuentas bancarias.

Al desarrollar el motivo se argumenta que este precepto legal exige que la entidad de crédito comunique al cliente las razones por las que cancela su cuenta bancaria. Y que dado que tanto esta norma de Derecho interno como la Directiva a la que sirve de trasposición son de fecha posterior a la LPBCFT y a la Directiva a la que esta ley sirve de trasposición, la prohibición que establece el art. 24 LPBCFT de revelar al cliente o a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, ha de entenderse derogada.

Por todo ello, los recurrentes solicitan que se declare que la cancelación de sus cuentas bancarias sin que la entidad bancaria les haya indicado el motivo de tal cancelación constituye una infracción del art. 9 LSP.

2.- Decisión de la sala. Este motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

En primer lugar, el litigio tiene por objeto decidir si CaixaBank ha incurrido en una conducta desleal prevista en el art. 4 LCD por no estar amparada su conducta en la LPBCFT y constituir, en consecuencia, un acto desleal de obstaculización. En consecuencia, la pretensión de que se declare que la demandada ha infringido el art. 9 LSP supone un intento de modificar el objeto del litigio. No se justifica qué trascendencia concurrencial tiene la falta de notificación al cliente de las razones por las que se cancela su cuenta, y menos aún, qué trascendencia concurrencial tiene que CaixaBank haya podido no comunicar al Banco de España tal medida. No puede modificarse el objeto de la demanda (enjuiciar si CaixaBank incurrió en una actuación desleal desde el punto de vista concurrencial, en concreto, una conducta obstaculizadora contraria a la buena fe tipificada en el art. 4 LCD) para transformar el proceso en un escrutinio sobre supuestos incumplimientos legales y contractuales sin relación con la exigencia de competencia basada en méritos que protege la LCD. Tanto más cuando la actuación desleal que se imputa a CaixaBank no es la prevista en el art. 15 LCD sino la del art. 4 LCD.

Además de lo anterior, el criterio aplicable a la cuestión planteada en el motivo no es el de la sucesión temporal de las normas, resumida en el aforismo lex posterior derogat legi priori(la ley posterior deroga a la ley anterior), sino la de la especialidad: la ley general no deroga a la ley especial (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali).

El precepto legal invocado, art. 9 LSP, establece en su segundo apartado:

«En caso de denegación por una entidad de crédito de la solicitud de apertura de una cuenta de pago por parte de una entidad de pago o de la resolución unilateral por una entidad de crédito del contrato marco de una entidad de pago, la entidad de crédito remitirá de forma inmediata al Banco de España y a la entidad de pago la decisión debidamente motivada y basada, en particular, en un análisis de los riesgos específicos de la entidad de pago concreta de que se trate o en la falta de adecuación a los criterios objetivos, no discriminatorios y proporcionados que la entidad de crédito haya hecho públicos de forma previa y general».

Se trata, por tanto, de una norma de carácter general que establece, en lo que aquí es relevante, una obligación de información a sus clientes que tengan la consideración de entidades de pago, por parte de las entidades de crédito, cuando estas decidan resolver unilateralmente su relación contractual, sobre las causas que motivan esa finalización de la relación contractual.

La LPBCFT es una norma de orden público destinada a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con base en esta finalidad, la norma, en la redacción aplicable por razones temporales, prevé la medida consistente en poner fin a la relación de negocios, que se contempla el art. 7.3 LPBCFT, lo que en este caso supone la cancelación de cuentas bancarias abiertas por las demandantes en CaixaBank. También para conseguir esta finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el primer párrafo del art. 24.1 LPFBFT establece:

«Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo».

De lo expuesto se desprende que una ley especial como es la LPBCFT, que regula un aspecto específico del funcionamiento de las entidades de crédito (su obligación de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), al ser estas unos de los principales sujetos obligados de lo previsto en esta ley (art. 2.1.a LPBCFT), establece tanto la pertinencia de que las entidades de crédito cancelen las cuentas bancarias cuando existan indicios de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y sean insuficientes las medidas de diligencia debida adoptadas, como la prohibición de revelar al titular de la cuenta cancelada que se está examinando alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.

Esta normativa especial, de carácter imperativo, justificada por una finalidad muy concreta de notoria trascendencia social, no puede entenderse derogada por una norma general sobre ese aspecto concreto (la información al titular de la cuenta de las razones de su cancelación) que, además, como advierte la recurrida CaixaBank, llevaría en la práctica a vaciar de contenido el núcleo del sistema de prevención del blanqueo pues obligaría a comunicar a la entidad de pago una información cuya revelación está prohibida.

3.-Lo expuesto determina la improcedencia de plantear la cuestión prejudicial propuesta por los demandantes, pues concurren dos de los criterios de la doctrina Cilfit( sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982, C-283/81): la primera y principal, la cuestión de Derecho de la Unión que se ha planteado no es pertinente para la solución del litigio porque, como se ha explicado, su objeto no era el cumplimiento de las previsiones administrativas sobre información en caso de cancelación de cuentas bancarias de entidades de pago sino la existencia de una conducta desleal; y, como argumento de refuerzo, la interpretación del Derecho de la Unión se impone a este órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable.

QUINTO.- Motivos tercero y cuarto del recurso de casación de CaixaBank

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del tercer motivo del recurso de casación de la demandada se alega la infracción del art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia de segunda instancia habría incurrido en esta infracción porque, a pesar de que la sentencia de primera instancia estableció que la validez de la «tarifa mínima» constituía un hecho controvertido y que el enjuiciamiento de esta cuestión exigía valorar si los contratos suscritos entre las partes preveían el cobro de la «tarifa mínima», la Audiencia Provincial se niega a examinar el recurso de apelación de Caixabank, aduciendo que la cuestión que plantea se ha introducido por la parte demandada en la apelación.

En el encabezamiento del motivo cuarto se alega la infracción del art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 24.1 CE.

Se argumenta que la sentencia recurrida «incurre en un error patente en la valoración de la prueba, en la medida en que termina cimentando la desestimación del recurso de Caixabank en una apreciación fáctica falsa: que los contratos no prevén explícitamente la Tarifa Mínima, cuando todos y cada uno de los contratos regulan expresamente el cobro de la referida comisión».

2.-Decisión de la sala. La sentencia recurrida, pese a argumentar que se trataba de una cuestión nueva, entra a resolver si el cobro de la comisión denominada «tarifa mínima» está prevista en los contratos y desestima la impugnación de CaixaBank con el argumento de que el cobro de dicha tarifa «no se preveía explícitamente en el contrato». Es por ello justamente que CaixaBank interpone el cuarto motivo del recurso. En consecuencia, resolveremos en primer lugar este motivo cuarto del recurso, en el que se cuestiona que la afirmación de la sentencia recurrida sobre que la exigencia de la «tarifa mínima» no tuviera un soporte contractual; y solo si se estimara que el cobro de esa tarifa tenía ese soporte contractual, deberíamos analizar si constituye o no una cuestión nueva planteada sorpresivamente en el recurso de apelación.

3.-En el motivo cuarto del recurso de casación, CaixaBank argumenta que la Audiencia Provincial, en su sentencia, incurre en un error patente en la valoración de la prueba cuando afirma que los contratos no prevén explícitamente la tarifa mínima, porque los contratos de apertura de cuenta en divisas celebrados por las partes regulan expresamente el cobro de la referida comisión.

Efectivamente, en los contratos señalados por la recurrente en su recurso (aportados como documentos 52, 56 a 66, 68 y 72 a 94) se prevé explícitamente el cobro por CaixaBank de un precio por el servicio de recepción, manipulación y recuento de efectivo de billetes de divisa igual a la del contrato (se trataba de cuentas en divisa), cuyo importe se especifica en el anexo del contrato.

Por tanto, la afirmación de que una tarifa de ese tipo «no se preveía explícitamente en el contrato» es un error patente, sobre una cuestión de hecho, directamente verificable y que ha tenido relevancia en el pronunciamiento desfavorable para la recurrente.

4.-Una vez resuelto el motivo cuarto, ha de abordarse la cuestión planteada en el tercer motivo del recurso, la impugnación del argumento de la sentencia de segunda instancia de que la alegación por CaixaBank de que el cobro de la «tarifa mínima» estaba previsto en los contratos era una cuestión nueva, introducida por CaixaBank en el recurso de apelación pues, pese a lo declarado al resolver el motivo cuarto, si efectivamente la cuestión del soporte contractual del cobro de dicha tarifa no hubiera integrado el objeto del litigio, no podría atenderse a la impugnación que CaixaBank realizó en el recurso de apelación del argumento de la sentencia de primera instancia de que, pese a que el cobro de esa comisión tenía encaje legal pues respondía a un servicio efectivamente prestado, en este caso no aparecía prevista en los contratos celebrados entre las partes.

La afirmación de la sentencia recurrida en el sentido de que constituía una cuestión nueva no es correcta. La cuestión de si la «tarifa mínima» tenía o no soporte contractual había sido introducida por las propias demandantes en su demanda. Ciertamente no era su argumento principal, pues el argumento principal para considerar desleal el cobro de esa comisión era que esta no tenía amparo legal pues no se correspondía con ningún servicio efectivamente prestado por CaixaBank, y de ahí que CaixaBank centrara su contestación a la demanda en los principales argumentos esgrimidos por las demandantes sobre esta cuestión.

Y CaixaBank, en su contestación a la demanda, también hizo alusión a la cuestión del soporte contractual de esa «tarifa mínima» al reproducir un pasaje de la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en el que justamente subrayó y puso en negrita un inciso que se refería al soporte contractual de esta comisión («aquellas entidades que contemplan la posibilidad de que se ingrese o se disponga del saldo de una cuenta en divisas a través de billetes deberían recoger expresamente en dichos contratos en divisas el coste que supone la transformación de los ingresos (reintegros) de los billetes a divisas (o de divisas a billetes), a fin de que sus clientes conozcan las condiciones exactas en las que se celebran dichos contratos, de acuerdo con los principios de claridad y transparencia informativa», énfasis en negrita y subrayado en el original).

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, a la vista de las alegaciones de las partes, centró la cuestión objeto de estos motivos en estos términos, en su apartado 10:

«Para determinar si es procedente o no el cobro de la tarifa es preciso partir de dos extremos: a) Si la normativa lo permite; y b) Si el contrato suscrito con la parte actora lo permite».

Y tras concluir, respecto del primer interrogante, que conforme a la normativa vigente «sí cabe la posibilidad de cobro de comisión por manipulación de billetes extranjeros», respecto del segundo declaró que «el cobro de la comisión el legítimo, pero debe de reflejarse en el contrato. En el presente caso, en los contratos suscritos por las partes (Documentos nº 52 a 94 de la demanda), a salvo la cuenta 2100 2120 8472 0031 3786, por lo que no habiendo previsión contractual, se considera que la actuación de CAIXABANK con el cobro unilateral de la una comisión por manipulación no amparada en los contratos es un acto contrario a la buena fe del Art. 4 LCD» (sic). Esto es, para basar su pronunciamiento condenatorio por el cobro de la tarifa mínima, acogió el argumento al que los demandantes habían otorgado menos relevancia.

Por tanto, que CaixaBank impugnara esta conclusión de la sentencia de primera instancia en su recurso de apelación no puede considerarse como la introducción de una cuestión nueva sino, por el contrario, como el cuestionamiento de uno de los argumentos decisorios que fundamentó un pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que le era perjudicial y que versaba sobre una cuestión que había sido introducida en el debate procesal desde el primer momento, pues lo fue en la demanda.

5.-La estimación de los motivos tercero y cuarto del recurso de casación de CaixaBank trae como consecuencia que, una vez sentado que los contratos contenían una condición general en que se estipulaba el cobro de esta comisión por manipulación de divisas y que no se trata de una cuestión nueva introducida extemporáneamente por CaixaBank en su recurso de apelación, la sala deba decidir si, pese a estar prevista esta «tarifa mínima» en el condicionado general de los contratos de cuentas en divisa, el cobro de la misma por CaixaBank constituye una actuación desleal incardinada en el art. 4 LCD.

En la vista, la representación de los demandantes expuso el argumento, apuntado en su escrito de oposición al recurso, de que tal comisión no estaba prevista en los contratos porque no aparecía recogida en las condiciones particulares de la primera página de los contratos, sino solamente en las condiciones generales.

El argumento no puede estimarse. En primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial no recoge esta distinción entre condiciones generales y particulares para circunscribir la no previsión de la «tarifa mínima» a las condiciones particulares. Se limita a declarar que esa tarifa «no se preveía explícitamente en el contrato» y esa afirmación no es correcta pues, como se reconoció por la propia representación de los demandantes en la vista y, en todo caso, resulta de la mera lectura de los contratos aportados con la demanda, dicha comisión está prevista en las condiciones generales de todos los contratos de cuenta en divisas (y no solamente de uno, como afirma la sentencia de primera instancia).

En segundo lugar, las condiciones particulares que se establecen en la primera página de los contratos añaden nuevas cláusulas al condicionado general del contrato, o modifican alguna previsión de este condicionado general. Pero no dejan sin contenido las condiciones generales que no sean afectadas por las condiciones particulares. La regla de la prevalencia de las condiciones particulares sobre las generales que establece el art. 6.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, está prevista para el caso de que exista contradicción entre unas y otras. Lo que no prevé la norma es que la mera existencia de algunas condiciones particulares haga inaplicable el condicionado general del contrato cuando no se aprecie esa contradicción. Y en las condiciones particulares de esos contratos no existe ninguna previsión que sea contraria a la condición general que establece esa comisión por manipulación de divisas o que la modifique.

En consecuencia, no resulta de los contratos aportados con la demanda que esas condiciones particulares constituyan el único contenido de los contratos y que dejen sin eficacia las condiciones generales. Por otra parte, no se entendería que el legal representante de las demandantes, administrador de unas sociedades que operan habitualmente en este sector de la contratación, firmara los contratos en los que se recogen no solamente las condiciones particulares de la primera página sino también las condiciones generales en las que, entre otras, se contiene la previsión de esa comisión, si entendiera que esas condiciones generales no eran aplicables a los contratos suscritos.

6.-Por todo lo cual, el cobro de una comisión por un servicio efectivamente prestado, como se recoge en la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en una cuantía inferior incluso a la prevista en las condiciones generales, no solo tiene soporte contractual sino que además no constituye una actuación que tenga por objeto u efecto obstaculizar de modo desleal la actuación de las demandantes, sino que está destinada a retribuir los servicios de la demandada. Que en un primer momento de sus relaciones contractuales CaixaBank, por razones comerciales o de otro tipo, bonificara completamente esta comisión, no cobrando cantidad alguna por ese concepto, y que más adelante, tras comunicarlo a su cliente, comenzara a cobrarla, si bien en una cuantía significativamente inferior a la prevista en el contrato, tampoco constituye una actuación desleal, pues es una conducta justificada desde el punto de vista económico (cubrir costes de una actividad llevada a cabo por la entidad financiera), amparada legal y contractualmente y reconocida como correcta por el organismo regulador, el Banco de España.

SEXTO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación interpuesto por CaixaBank que ha sido estimado y procede condenar a las demandantes al pago de las costas de su recurso de casación, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas del recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de apelación interpuesto por CaixaBank que ha sido estimado y procede condenar a las demandantes al pago de las costas de su recurso de apelación, con base en esos mismos preceptos legales. Procede asimismo condenar a las demandantes al pago de las costas de primera instancia al haber resultado desestimada su demanda.

2.-Procédase a la devolución del depósito constituido por CaixaBank y se acuerda la pérdida del depósito constituido por las demandantes, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.