Sentencia Civil 361/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2126/2022 de 10 de marzo del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso son de interés los siguientes antecedentes:

El día 30 de marzo de 2005, Juana celebró un contrato de préstamo hipotecario con Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, actualmente, Ibercaja Banco S.A., en adelante Ibercaja, formalizado en escritura pública, por un importe de 180.000 euros, para financiar la adquisición de una vivienda. El interés era variable (Euribor más 1,50) y la cláusula Sexta establecía un límite inferior a la variabilidad del interés (cláusula suelo) del 3,75 por ciento y un límite superior (techo) del 9 por ciento.

Después, el 20 de diciembre de 2008, Juana y Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón concertaron una novación en escritura pública que ampliaba el plazo de amortización del préstamo.

Mas tarde, el 21 de julio de 2015, Juana e Ibercaja Banco S.A. concertaron una segunda novación en documento privado, que modificaba el interés ordinario del préstamo en cuanto que se rebajaba la cláusula suelo al 2,75 por ciento.

En la cláusula tercera del contrato, la prestataria renuncia al ejercicio de acciones en los siguientes términos.

«(...)renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha cuya corrección reconocen.»

2. Juana formuló una demanda contra Ibercaja Banco S.A., en la que solicitaba la nulidad de la cláusula suelo contenida en el contrato de préstamo de 30 de marzo de 2005, la nulidad del contrato de novación y de renuncia de acciones de 21 de julio de 2015 y que se condenara a la entidad demandada, a devolver las cantidades abonadas en exceso en aplicación de la cláusula suelo, con el interés legal, y al pago de las costas.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda. Consideró que el contrato de contrato privado de novación y de renuncia de acciones, de 21 de julio de 2015, no era válido, por no haber sido negociado y no reportar beneficio apreciable a la prestataria; en cuanto a la cláusula suelo del contrato de préstamo entendió que no superaba el control de transparencia (material), al no haberse acreditado la aportación de información suficiente a la prestataria sobre la incidencia de la cláusula suelo en el préstamo antes de la firma de la escritura. Declaró la nulidad de la cláusula suelo inserta en la escritura de préstamo de 30 de marzo de 2005 y del contrato privado de 21 de julio de 2015, y condenó a la demandada a restituir las cantidades percibidas en exceso por aplicación de la cláusula suelo, con el interés legal y al pago de las costas.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Ibercaja Banco S.A. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia apelada con imposición a la apelante de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia considera, al igual que la apelada, que la cláusula suelo del contrato de préstamo adolece de falta de transparencia y que el contrato de novación y de renuncia de acciones carece de validez, por no haber sido objeto de negociación la modificación del interés, y no constar que la prestataria hubiera recibido la información necesaria antes de la firmar dicho contrato.

4.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante, sobre la base de los motivos que se exponen a continuación.

SEGUNDO. Recurso de casación

1.Formulación. El motivo único del recurso denuncia la infracción del artículo 6.2 del Código Civil, en relación con los artículos 1809 y 1819 del Código Civil, y de la doctrina sobre la validez de la transacción referida a las cláusulas suelo celebrada entre una entidad prestamista y un prestatario consumidor, contenida en la sentencia núm. 205/2018 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 y en las SSTS 580 y 581/2020, de 5 de noviembre.

2. Resolución de la Sala. Procede estimar en parte el motivo, por las razones que exponemos a continuación.

El contrato privado de 21 de julio de 2015, contiene dos estipulaciones relevantes en lo que afecta al recurso que han sido predispuestas, por tanto, no negociadas. En la primera, se pacta la reducción del tipo de interés mínimo aplicable de futuro al 2,75 por ciento y, en la tercera, las partes ratifican la validez del préstamo originario y renuncian a ejercitar cualquier acción que traiga causa en su formalización y clausulado, «así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha».

Como hemos dicho en sentencias anteriores, la renuncia al ejercicio de acciones podría llegar a entenderse que tiene su causa en la modificación de la cláusula suelo (en este caso, en la reducción del diferencial y también en el recibo de una compensación económica), de forma que ambas constituirían los dos elementos esenciales de un negocio transaccional: el banco accedería a modificar el interés (en el caso a rebajar la cláusula suelo) y a devolver unas cantidades de dinero, y el cliente, que en ese momento podría ejercitar la acción de nulidad de la originaria cláusula suelo y reclamar la totalidad de las cantidades cobradas en aplicación de esa cláusula, renunciaría a su ejercicio.

3.En la sentencia 675/2020, de 15 de diciembre, que analiza un contrato de transacción que contiene una novación y una renuncia de acciones, a la que nos remitimos en la núm. 759/24 de 29 de mayo, recordamos que en las sentencias 580/2020 y 581/2020, de 5 de noviembre, exponemos que esta sala, en su sentencia de 9 de julio de 2020 admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula, como la cláusula suelo, pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada individualmente, sino que la cláusula ha sido predispuesta por el empresario, en ese caso debería cumplir, entre otras exigencias, con las de transparencia.

En este caso el cumplimento de la exigencia de transparencia en el contrato de novación resulta de las siguientes circunstancias: la fecha en la que se realizó la novación, unos meses después de la sentencia del pleno de esta sala 241/2013, de 9 de mayo, que generó un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de las cláusulas suelo si no cumplían con el control de transparencia; el conocimiento por la prestataria de la repercusión de la originaria cláusula suelo en su préstamo en los meses anteriores; la transcripción manuscrita en la que la prestataria afirma ser conscientes y entender que el tipo de interés de su préstamo nunca bajará del 2,75%, que resalta la existencia y contenido de la cláusula suelo; la información que recibió la prestataria antes de la firma de la escritura; la sencillez y claridad de los términos en los que está redactada la novación; la fácil comprensión por un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de las consecuencias jurídicas y económicas que supone el establecimiento de un periodo de interés fijo y el mantenimiento de una cláusula suelo en el contrato, con un límite mínimo de interés más bajo que el establecido inicialmente en el contrato, en un sistema de interés variable.

4.En cuanto a la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones dentro de un acuerdo transaccional, declaramos lo siguiente:

«La sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 admite su validez siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debería cumplir con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivarían para él de tal cláusula.

»En este sentido, la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 concluye: primero, que "la cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor para la solución de una controversia existente, mediante la que el consumidor renuncia a hacer valer ante el juez nacional las pretensiones que hubiera podido hacer valer en ausencia de esta cláusula, puede ser calificada como "abusiva" cuando, en particular, el consumidor no haya podido disponer de la información pertinente que le hubiera permitido comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula"; y segundo, que la "renuncia, en lo referente a controversias futuras, a las acciones judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al consumidor».

La renuncia a la reclamación del exceso pagado en aplicación de la cláusula suelo, al no haber sido negociada individualmente, debería cumplir las exigencias de transparencia, lo que requería que el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que derivaban para el de tal cláusula. La no aportación de información sobre los factores que le habrían permitido ponderar el alcance de la renuncia, determina la invalidez de la renuncia.

En consecuencia, apreciamos la validez de la novación del interés remuneratorio operada en el contrato privado de 21 de julio de 2015, que realiza una modificación el interés ordinario establecido originariamente en la escritura de préstamo, consistente en la reducción de la cláusula suelo, y la nulidad de la renuncia de acciones, que se tendrá por no puesta.

La modificación del interés operará desde la fecha de aplicación establecida en el acuerdo novatorio.

TERCERO. Costas

1.La estimación en parte del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación en parte del recurso de casación supone la estimación también en parte del recurso de apelación, razón por la cual no procede hacer expresa condena de las costas causadas por dicho recurso. ( art. 398.2 LEC) .

3.Aunque la demanda ha sido parcialmente estimada, no procede modificar el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia (imposición de las costas generadas en aquella instancia al banco demandado), de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución de los depósitos constituidos para el recurso de casación de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ.