Sentencia Civil 553/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5138/2025 de 10 de abril del 2026

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Los días 6 y 7 de octubre de 2022, el diario digital El Confidencial publicó sendos artículos firmados por el periodista D. Marcos. El primer artículo, bajo el antetítulo «Drogas, dinero y una relación íntima», llevaba por titular «Investigan a una jueza por dar un chivatazo a mafiosos rusos vinculados a cargos del PP», y tenía un subtítulo con el texto «La Policía documenta en un informe la relación de la magistrada en Benidorm con criminales del este y las conversaciones de los investigados donde la aluden: "Ella está durmiendo en su casa"».

El segundo de dichos artículos, bajo el antetítulo «Escuchas judiciales», llevaba por titular «La jueza de Benidorm, la mafia serbia y el General colombiano: " Edurne está en el círculo"» y tenía un subtítulo con el texto «La Policía registró conversaciones en las que los delincuentes celebraban como un "logro" tener de contacto a la magistrada: "Vamos a darle 100 gramos de "cristal"».

El contenido de los artículos consistía en un resumen de un informe elaborado por la Brigada Central de Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía (UDYCO) que fue remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el 14 de julio de 2022. En concreto, se resumía el subapartado 2.2 (« Edurne») ubicado en el apartado 2 («Informe de los investigados»). En él se recogían diversas conversaciones grabadas a supuestos miembros de organizaciones criminales en los que hacían mención a su relación con la demandante (a la que en el inicio del informe se mencionaba como «investigada» y «persona [que] resulta encartada en la presente investigación») y el resultado del volcado de alguno de sus teléfonos móviles en cuya agenda aparecía el número de teléfono de la demandante. También se contenían en dicho informe las conclusiones que la Policía extraía de tales datos.

En los artículos se hacía un resumen de este subapartado del informe policial entregado a la Fiscalía, con transcripción literal de algunos de sus pasajes, y se indicaba que tales datos se contenían en un informe policial que había sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción «para que decida qué hacer con esta información». Asimismo, en uno de los artículos, se incluía una fotografía de uno de los presuntos integrantes de uno de estos grupos criminales con ocasión de su asistencia a un acto electoral del partido político con el que se les relacionaba.

2.-D.ª Edurne interpuso una demanda contra D. Ildefonso, D. Marcos y Titania Compañía Editorial S.L. en la que, resumidamente, solicitó que se declarara que los demandados habían cometido una intromisión ilegítima en su honor al imputarle falazmente la comisión de hechos delictivos, se les condenara solidariamente a indemnizarle en 300.000 euros, a difundir la sentencia y a eliminar los artículos del diario y de sus redes sociales.

La demanda se basaba en que los artículos fueron publicados sin contrastar la información; negaba la existencia de investigación policial o judicial sobre la demandante; y alegaba que la información difundida no era cierta.

3.-La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. En lo que es relevante para este recurso, la sentencia declaró:

«En el caso de autos el conflicto se plantea entre el derecho al honor de la demandante y la libertad de información de los demandados, centrándose el debate en la veracidad de la información. La prueba documental presentada por la parte demandada, así como la testifical practicada en el acto del juicio acredita y confirma la existencia de un Informe elaborado por la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional dirigido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de fecha 14 de julio de 2022, en el seno de la Operación Testudo, cuyo punto 2.2. informaba sobre la investigada Edurne y la posible comisión de un delito de revelación de secretos sobre la base de las conversaciones grabadas a distintos miembros de la organización investigada. Una copia de dicho informe fue facilitada al medio informativo demandado, el cual procedió a publicar su contenido en los dos artículos difundidos los días 6 y 7 de octubre de 2022 bajo los titulares "Investigan a una jueza por dar un chivatazo a mafiosos rusos vinculados a cargos del PP"y "Escuchas judiciales. La jueza de Benidorm, la mafia serbia y el General colombiano: Edurne está en el círculo". La Unidad autora del informe ha contrastado el contenido del informe policial con la copia facilitada al periódico demandado, confirmado la coincidencia exacta de la información. La relevancia pública de la información no ha sido controvertida pues era un tema de actualidad en aquel momento al tratarse de la investigación sobre una organización criminal asentada en la provincia de Alicante y dedicada al tráfico internacional de drogas. El medio informativo cita el origen y el objeto de la información y transcribe su contenido, limitándose a narrar la información sin reelaborar su contenido. Es cierto que el periodista autor de los artículos incluye algunos titulares y subtítulos que dan paso a la información, pero ninguno de ellos constituye una infamia o una descalificación personal hacia la actora, y la utilización de la expresión "chivatazo", si bien puede resultar ofensiva, objetivamente no resulta desproporcionada ni desmedida en atención a la información que se publica y la crítica que se persigue. Tampoco puede imputarse falta de diligencia al periodista autor de los artículos pues la información no se basa en meras especulaciones o rumores, sino que se apoya en datos objetivos y contrastables, transcribiendo el informe policial ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pudiera más adelante ser desmentida o no resultar confirmada».

Por tales razones, el juzgado consideró que era aplicable la doctrina del reportaje neutral, por lo que el medio debía quedar exonerado de responsabilidad.

4.-La demandante apeló la sentencia y la audiencia provincial desestimó su recurso. Las razones de la desestimación del recurso fueron, fundamentalmente, las siguientes:

«Los datos que se difunden se limitan a señalar la existencia de una investigación policial, cierta, de la que se hace eco el periodista, que no añade datos, consideraciones ni interpretaciones, encajando en la figura del reportaje neutral.

»[...] la investigación policial y su publicación supusieron un menoscabo en el prestigio profesional y personal pese a lo cual las circunstancias concurrentes, las declaraciones recogidas son noticia, siendo el medio un mero transmisor, sin reelaborar la noticia, excluyen la consideración de vulneración del honor de la conducta denunciada».

5.-La demandante ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Motivo único

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo único del recurso de casación se denuncia la «[i]nfracción de los artículos 18.1 y 20.1 de la CE, en relación con el art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, indebida aplicación de la doctrina del reportaje neutral y labor de contraste de la información difundida».

En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que el medio informativo reelaboró el informe policial (al que califica de mero «informe interno») tanto en la forma como en el fondo, lo publicó de forma sesgada e introdujo titulares escandalosos, sensacionalistas, lo que excluye la aplicación de la doctrina del reportaje neutral. No llevó a cabo una labor de contraste. Las afirmaciones carecen de prueba alguna pues se basan simplemente en conversaciones de supuestos mafiosos. El término «chivatazo» que se usa en el titular de uno de los artículos es peyorativo y excesivo. En el artículo se incluyen imágenes de personas con cargos del PP que no han sido citados en el informe policial y son ajenos al mismo.

En una de las publicaciones se hace alusión a una supuesta relación íntima con uno de los investigados, lo que es absolutamente falso y, por afectar a su vida íntima, no queda amparada por la libertad de información.

Alega también que la sentencia de primera instancia, cuyos argumentos acoge la audiencia provincial, no entra en la valoración de la veracidad de la noticia ni en el examen de si el medio desplegó la labor de contraste que le era exigible, labor de contraste que niega pues el autor de los artículos no se puso en contacto con los policías autores del informe ni con el juzgado que llevaba las investigaciones. El deber de diligencia en la comprobación de la veracidad no se satisface con una pura y genérica remisión a fuentes.

Tanto la parte recurrida como el Ministerio Fiscal se han opuesto a la estimación del recurso al considerar que concurría el requisito de veracidad en la información.

2.-Decisión de la sala. Los artículos a los que la demandante, hoy recurrente, imputa la vulneración de su derecho al honor transcriben literalmente algunos pasajes de un informe de la UDYCO que fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción y resumen otros extremos de dicho informe, incluidas algunas de las conclusiones a que llega la unidad policial redactora del informe. Las sentencias de instancia han considerado que, no siendo controvertida la concurrencia del requisito del interés público de la información, concurría también el requisito de la veracidad de la información, negado por la demandante, pues los artículos cuestionados informan sobre la existencia y el contenido de una investigación policial.

Efectivamente, la comparación del citado informe policial con los artículos periodísticos cuestionados en la demanda muestra con claridad que dichos artículos periodísticos han extractado el informe policial y han reproducido algunos de los pasajes que su autor ha considerado más relevantes.

Es cuestionable que pueda ser aplicable en este caso la doctrina del reportaje neutral, pues los artículos periodísticos no se limitaron a trasladar a sus lectores el contenido de dicho informe policial, sino que extractaron algunos de sus pasajes, relacionaron la información que se contenía en dicho informe con otros hechos relevantes, como era el reciente archivo de una causa penal seguida contra algunas de las personas que aparecían en el informe policial por no haberse acordado en el momento oportuno la prórroga de la instrucción penal, e incluyeron la fotografía de una de dichas personas en el acto electoral del partido político con el que se la relacionaba.

Ciertamente, respecto de su calificación como «reportaje neutral», se trata de un supuesto límite por cuanto que el grueso de la información consiste en transmitir los datos contenidos en un informe ajeno, en este caso policial, con cita expresa de la fuente de tales datos. Pero la reelaboración del contenido de ese informe, para darle un contenido y un formato más propio de un artículo periodístico y relacionarlo con otras informaciones conexas, no casa con las exigencias de la doctrina del reportaje neutral.

Como hemos declarado en otras ocasiones ( sentencias 76/2020, de 4 de febrero, 270/2022, de 30 de marzo, 653/2022, de 11 de octubre, y 1617/2023, de 21 de noviembre), no debe confundirse que la información obtenida y comunicada públicamente haya sido contrastada conforme a pautas profesionales y adecuadas a las circunstancias concurrentes con la institución del «reportaje neutral». Y en las sentencias 426/2017, de 6 de julio, y 1583/2025, de 5 de noviembre, afirmamos:

«Para estar legitimada por el art. 20.1.d de la Constitución, la información periodística no tiene que ser «neutral», como parece entender el recurrente, ni constituir en todo caso un «reportaje neutral». Los requisitos son que sea veraz, que se refiera a asuntos de interés público por la persona concernida o por la materia, y que no se dé un tratamiento innecesariamente ofensivo a las personas afectadas por la información, requisitos que se han cumplido en el caso objeto del recurso».

3.-La veracidad, entendida como diligencia en la contrastación de la información, se cumple cuando el informador ha elaborado su información con base en una fuente fiable. Como declara la sentencia 456/2018, de 18 de julio, con cita de otras anteriores, «la información se reputará veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados que resulten de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos».

Asimismo, hemos declarado en las sentencias 605/2014, de 3 de noviembre, 252/2019, de 7 de mayo, 528/2021, de 13 de julio, 455/2022, de 31 de mayo, y 630/2022, de 27 de septiembre, siguiendo lo declarado por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 158/2003, de 15 de septiembre, y 216/2006, de 3 de julio, que cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria una comprobación mayor que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si esta puede mencionarse en la información misma. Y las sentencias de esta Sala de 2 y 8 de julio de 2004, 18 de octubre de 2005, 9 de marzo de 2006, y 528/2021, de 13 de julio, consideran como seria y fiable la fuente policial.

Los artículos periodísticos cuestionados se ciñeron a los datos contenidos en el informe policial; citaron la fuente, el informe de la UDYCO; e indicaron en qué situación se encontraba tal informe, entregado a la Fiscalía Anticorrupción para que esta tomara la decisión que considerara procedente (no era un mero «informe interno», como se le califica en el recurso). Todos estos datos son ciertos, por lo que no se alcanza a comprender qué plus de fiabilidad hubiera supuesto que el periodista hubiera consultado con los policías autores del informe o con el juzgado en que se había seguido una causa relacionada con los hechos recogidos en el informe, además de que es previsible que el deber de reserva de los policías y del juez o el letrado de la Administración de Justicia no les hubiera permitido informar al periodista sobre tales extremos.

Que las conversaciones entre supuestos mafiosos contuvieran falsedades, como afirma la recurrente, no convierte en falso el informe policial que los transcribe ni menos aún determina la falta de veracidad de los artículos periodísticos que recogen el contenido de dicho informe.

La sentencia de primera instancia, cuyos argumentos son aceptados por la audiencia provincial, sí se pronuncia sobre la veracidad de la información, entendida como diligencia en la contrastación de la información conforme a pautas profesionales, pues declara que «[t]ampoco puede imputarse falta de diligencia al periodista autor de los artículos pues la información no se basa en meras especulaciones o rumores, sino que se apoya en datos objetivos y contrastables, transcribiendo el informe policial ajustándose a las circunstancias del caso [...]».

4.-Tampoco se observa que los titulares empleados por el medio informativo constituyan una intromisión ilegítima en su honor. El desvalor que suponen tales titulares no es mayor que el que resulta del contenido de los artículos periodísticos, a los que sirven de resumen. Y, como se ha dicho, el contenido de tales artículos periodísticos versa sobre cuestiones de relevancia pública, tanto por la materia como por las personas afectadas, es veraz en tanto que está diligentemente contrastado, y no contiene expresiones ofensivas desconectadas del mensaje que se transmite.

El término «chivatazo», en el que el recurso centra sus críticas, no es más que la expresión coloquial usada para referir que el informe policial atribuía a la demandante una revelación de secretos.

5.-Respecto del uso de la imagen de políticos en el artículo, en todo caso quien podría alegar la vulneración del derecho al honor serían tales personas por su inclusión en un artículo sobre redes criminales.

La imagen del Sr. Nemesio no está incluida en los artículos periodísticos pues responde al anuncio de otro artículo del periódico en el que aparece involucrada tal persona. Y respecto de la imagen de un alcalde, el mismo aparece en un cartel publicitario existente en un acto electoral al que asistió uno de los involucrados en la trama criminal sobre la que informaban los artículos, siendo esta persona quien aparece como protagonista de la fotografía. No se trata de una distorsión del periodista por la que trate de introducir elementos sensacionalistas en la información, dado que a la trama criminal en cuestión se le atribuían conexiones con dicho partido político, lo que explica la pertinencia de incluir tal imagen como información gráfica.

6.-Por último, respecto de la información sobre relaciones sentimentales de la demandante, se trata de información contenida en el informe policial que sirve de base a los artículos periodísticos, relacionada con la cuestión de interés público que constituye su objeto (la presunta relación de la demandante con tramas criminales), por lo que concurre el requisito de la relevancia pública de la información.

Por otra parte, como recuerda la sentencia recurrida, en la demanda solo se alegó la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, no en su derecho a la intimidad.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Los días 6 y 7 de octubre de 2022, el diario digital El Confidencial publicó sendos artículos firmados por el periodista D. Marcos. El primer artículo, bajo el antetítulo «Drogas, dinero y una relación íntima», llevaba por titular «Investigan a una jueza por dar un chivatazo a mafiosos rusos vinculados a cargos del PP», y tenía un subtítulo con el texto «La Policía documenta en un informe la relación de la magistrada en Benidorm con criminales del este y las conversaciones de los investigados donde la aluden: "Ella está durmiendo en su casa"».

El segundo de dichos artículos, bajo el antetítulo «Escuchas judiciales», llevaba por titular «La jueza de Benidorm, la mafia serbia y el General colombiano: " Edurne está en el círculo"» y tenía un subtítulo con el texto «La Policía registró conversaciones en las que los delincuentes celebraban como un "logro" tener de contacto a la magistrada: "Vamos a darle 100 gramos de "cristal"».

El contenido de los artículos consistía en un resumen de un informe elaborado por la Brigada Central de Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía (UDYCO) que fue remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el 14 de julio de 2022. En concreto, se resumía el subapartado 2.2 (« Edurne») ubicado en el apartado 2 («Informe de los investigados»). En él se recogían diversas conversaciones grabadas a supuestos miembros de organizaciones criminales en los que hacían mención a su relación con la demandante (a la que en el inicio del informe se mencionaba como «investigada» y «persona [que] resulta encartada en la presente investigación») y el resultado del volcado de alguno de sus teléfonos móviles en cuya agenda aparecía el número de teléfono de la demandante. También se contenían en dicho informe las conclusiones que la Policía extraía de tales datos.

En los artículos se hacía un resumen de este subapartado del informe policial entregado a la Fiscalía, con transcripción literal de algunos de sus pasajes, y se indicaba que tales datos se contenían en un informe policial que había sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción «para que decida qué hacer con esta información». Asimismo, en uno de los artículos, se incluía una fotografía de uno de los presuntos integrantes de uno de estos grupos criminales con ocasión de su asistencia a un acto electoral del partido político con el que se les relacionaba.

2.-D.ª Edurne interpuso una demanda contra D. Ildefonso, D. Marcos y Titania Compañía Editorial S.L. en la que, resumidamente, solicitó que se declarara que los demandados habían cometido una intromisión ilegítima en su honor al imputarle falazmente la comisión de hechos delictivos, se les condenara solidariamente a indemnizarle en 300.000 euros, a difundir la sentencia y a eliminar los artículos del diario y de sus redes sociales.

La demanda se basaba en que los artículos fueron publicados sin contrastar la información; negaba la existencia de investigación policial o judicial sobre la demandante; y alegaba que la información difundida no era cierta.

3.-La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. En lo que es relevante para este recurso, la sentencia declaró:

«En el caso de autos el conflicto se plantea entre el derecho al honor de la demandante y la libertad de información de los demandados, centrándose el debate en la veracidad de la información. La prueba documental presentada por la parte demandada, así como la testifical practicada en el acto del juicio acredita y confirma la existencia de un Informe elaborado por la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional dirigido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de fecha 14 de julio de 2022, en el seno de la Operación Testudo, cuyo punto 2.2. informaba sobre la investigada Edurne y la posible comisión de un delito de revelación de secretos sobre la base de las conversaciones grabadas a distintos miembros de la organización investigada. Una copia de dicho informe fue facilitada al medio informativo demandado, el cual procedió a publicar su contenido en los dos artículos difundidos los días 6 y 7 de octubre de 2022 bajo los titulares "Investigan a una jueza por dar un chivatazo a mafiosos rusos vinculados a cargos del PP"y "Escuchas judiciales. La jueza de Benidorm, la mafia serbia y el General colombiano: Edurne está en el círculo". La Unidad autora del informe ha contrastado el contenido del informe policial con la copia facilitada al periódico demandado, confirmado la coincidencia exacta de la información. La relevancia pública de la información no ha sido controvertida pues era un tema de actualidad en aquel momento al tratarse de la investigación sobre una organización criminal asentada en la provincia de Alicante y dedicada al tráfico internacional de drogas. El medio informativo cita el origen y el objeto de la información y transcribe su contenido, limitándose a narrar la información sin reelaborar su contenido. Es cierto que el periodista autor de los artículos incluye algunos titulares y subtítulos que dan paso a la información, pero ninguno de ellos constituye una infamia o una descalificación personal hacia la actora, y la utilización de la expresión "chivatazo", si bien puede resultar ofensiva, objetivamente no resulta desproporcionada ni desmedida en atención a la información que se publica y la crítica que se persigue. Tampoco puede imputarse falta de diligencia al periodista autor de los artículos pues la información no se basa en meras especulaciones o rumores, sino que se apoya en datos objetivos y contrastables, transcribiendo el informe policial ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pudiera más adelante ser desmentida o no resultar confirmada».

Por tales razones, el juzgado consideró que era aplicable la doctrina del reportaje neutral, por lo que el medio debía quedar exonerado de responsabilidad.

4.-La demandante apeló la sentencia y la audiencia provincial desestimó su recurso. Las razones de la desestimación del recurso fueron, fundamentalmente, las siguientes:

«Los datos que se difunden se limitan a señalar la existencia de una investigación policial, cierta, de la que se hace eco el periodista, que no añade datos, consideraciones ni interpretaciones, encajando en la figura del reportaje neutral.

»[...] la investigación policial y su publicación supusieron un menoscabo en el prestigio profesional y personal pese a lo cual las circunstancias concurrentes, las declaraciones recogidas son noticia, siendo el medio un mero transmisor, sin reelaborar la noticia, excluyen la consideración de vulneración del honor de la conducta denunciada».

5.-La demandante ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Motivo único

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo único del recurso de casación se denuncia la «[i]nfracción de los artículos 18.1 y 20.1 de la CE, en relación con el art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, indebida aplicación de la doctrina del reportaje neutral y labor de contraste de la información difundida».

En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que el medio informativo reelaboró el informe policial (al que califica de mero «informe interno») tanto en la forma como en el fondo, lo publicó de forma sesgada e introdujo titulares escandalosos, sensacionalistas, lo que excluye la aplicación de la doctrina del reportaje neutral. No llevó a cabo una labor de contraste. Las afirmaciones carecen de prueba alguna pues se basan simplemente en conversaciones de supuestos mafiosos. El término «chivatazo» que se usa en el titular de uno de los artículos es peyorativo y excesivo. En el artículo se incluyen imágenes de personas con cargos del PP que no han sido citados en el informe policial y son ajenos al mismo.

En una de las publicaciones se hace alusión a una supuesta relación íntima con uno de los investigados, lo que es absolutamente falso y, por afectar a su vida íntima, no queda amparada por la libertad de información.

Alega también que la sentencia de primera instancia, cuyos argumentos acoge la audiencia provincial, no entra en la valoración de la veracidad de la noticia ni en el examen de si el medio desplegó la labor de contraste que le era exigible, labor de contraste que niega pues el autor de los artículos no se puso en contacto con los policías autores del informe ni con el juzgado que llevaba las investigaciones. El deber de diligencia en la comprobación de la veracidad no se satisface con una pura y genérica remisión a fuentes.

Tanto la parte recurrida como el Ministerio Fiscal se han opuesto a la estimación del recurso al considerar que concurría el requisito de veracidad en la información.

2.-Decisión de la sala. Los artículos a los que la demandante, hoy recurrente, imputa la vulneración de su derecho al honor transcriben literalmente algunos pasajes de un informe de la UDYCO que fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción y resumen otros extremos de dicho informe, incluidas algunas de las conclusiones a que llega la unidad policial redactora del informe. Las sentencias de instancia han considerado que, no siendo controvertida la concurrencia del requisito del interés público de la información, concurría también el requisito de la veracidad de la información, negado por la demandante, pues los artículos cuestionados informan sobre la existencia y el contenido de una investigación policial.

Efectivamente, la comparación del citado informe policial con los artículos periodísticos cuestionados en la demanda muestra con claridad que dichos artículos periodísticos han extractado el informe policial y han reproducido algunos de los pasajes que su autor ha considerado más relevantes.

Es cuestionable que pueda ser aplicable en este caso la doctrina del reportaje neutral, pues los artículos periodísticos no se limitaron a trasladar a sus lectores el contenido de dicho informe policial, sino que extractaron algunos de sus pasajes, relacionaron la información que se contenía en dicho informe con otros hechos relevantes, como era el reciente archivo de una causa penal seguida contra algunas de las personas que aparecían en el informe policial por no haberse acordado en el momento oportuno la prórroga de la instrucción penal, e incluyeron la fotografía de una de dichas personas en el acto electoral del partido político con el que se la relacionaba.

Ciertamente, respecto de su calificación como «reportaje neutral», se trata de un supuesto límite por cuanto que el grueso de la información consiste en transmitir los datos contenidos en un informe ajeno, en este caso policial, con cita expresa de la fuente de tales datos. Pero la reelaboración del contenido de ese informe, para darle un contenido y un formato más propio de un artículo periodístico y relacionarlo con otras informaciones conexas, no casa con las exigencias de la doctrina del reportaje neutral.

Como hemos declarado en otras ocasiones ( sentencias 76/2020, de 4 de febrero, 270/2022, de 30 de marzo, 653/2022, de 11 de octubre, y 1617/2023, de 21 de noviembre), no debe confundirse que la información obtenida y comunicada públicamente haya sido contrastada conforme a pautas profesionales y adecuadas a las circunstancias concurrentes con la institución del «reportaje neutral». Y en las sentencias 426/2017, de 6 de julio, y 1583/2025, de 5 de noviembre, afirmamos:

«Para estar legitimada por el art. 20.1.d de la Constitución, la información periodística no tiene que ser «neutral», como parece entender el recurrente, ni constituir en todo caso un «reportaje neutral». Los requisitos son que sea veraz, que se refiera a asuntos de interés público por la persona concernida o por la materia, y que no se dé un tratamiento innecesariamente ofensivo a las personas afectadas por la información, requisitos que se han cumplido en el caso objeto del recurso».

3.-La veracidad, entendida como diligencia en la contrastación de la información, se cumple cuando el informador ha elaborado su información con base en una fuente fiable. Como declara la sentencia 456/2018, de 18 de julio, con cita de otras anteriores, «la información se reputará veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados que resulten de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos».

Asimismo, hemos declarado en las sentencias 605/2014, de 3 de noviembre, 252/2019, de 7 de mayo, 528/2021, de 13 de julio, 455/2022, de 31 de mayo, y 630/2022, de 27 de septiembre, siguiendo lo declarado por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 158/2003, de 15 de septiembre, y 216/2006, de 3 de julio, que cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria una comprobación mayor que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si esta puede mencionarse en la información misma. Y las sentencias de esta Sala de 2 y 8 de julio de 2004, 18 de octubre de 2005, 9 de marzo de 2006, y 528/2021, de 13 de julio, consideran como seria y fiable la fuente policial.

Los artículos periodísticos cuestionados se ciñeron a los datos contenidos en el informe policial; citaron la fuente, el informe de la UDYCO; e indicaron en qué situación se encontraba tal informe, entregado a la Fiscalía Anticorrupción para que esta tomara la decisión que considerara procedente (no era un mero «informe interno», como se le califica en el recurso). Todos estos datos son ciertos, por lo que no se alcanza a comprender qué plus de fiabilidad hubiera supuesto que el periodista hubiera consultado con los policías autores del informe o con el juzgado en que se había seguido una causa relacionada con los hechos recogidos en el informe, además de que es previsible que el deber de reserva de los policías y del juez o el letrado de la Administración de Justicia no les hubiera permitido informar al periodista sobre tales extremos.

Que las conversaciones entre supuestos mafiosos contuvieran falsedades, como afirma la recurrente, no convierte en falso el informe policial que los transcribe ni menos aún determina la falta de veracidad de los artículos periodísticos que recogen el contenido de dicho informe.

La sentencia de primera instancia, cuyos argumentos son aceptados por la audiencia provincial, sí se pronuncia sobre la veracidad de la información, entendida como diligencia en la contrastación de la información conforme a pautas profesionales, pues declara que «[t]ampoco puede imputarse falta de diligencia al periodista autor de los artículos pues la información no se basa en meras especulaciones o rumores, sino que se apoya en datos objetivos y contrastables, transcribiendo el informe policial ajustándose a las circunstancias del caso [...]».

4.-Tampoco se observa que los titulares empleados por el medio informativo constituyan una intromisión ilegítima en su honor. El desvalor que suponen tales titulares no es mayor que el que resulta del contenido de los artículos periodísticos, a los que sirven de resumen. Y, como se ha dicho, el contenido de tales artículos periodísticos versa sobre cuestiones de relevancia pública, tanto por la materia como por las personas afectadas, es veraz en tanto que está diligentemente contrastado, y no contiene expresiones ofensivas desconectadas del mensaje que se transmite.

El término «chivatazo», en el que el recurso centra sus críticas, no es más que la expresión coloquial usada para referir que el informe policial atribuía a la demandante una revelación de secretos.

5.-Respecto del uso de la imagen de políticos en el artículo, en todo caso quien podría alegar la vulneración del derecho al honor serían tales personas por su inclusión en un artículo sobre redes criminales.

La imagen del Sr. Nemesio no está incluida en los artículos periodísticos pues responde al anuncio de otro artículo del periódico en el que aparece involucrada tal persona. Y respecto de la imagen de un alcalde, el mismo aparece en un cartel publicitario existente en un acto electoral al que asistió uno de los involucrados en la trama criminal sobre la que informaban los artículos, siendo esta persona quien aparece como protagonista de la fotografía. No se trata de una distorsión del periodista por la que trate de introducir elementos sensacionalistas en la información, dado que a la trama criminal en cuestión se le atribuían conexiones con dicho partido político, lo que explica la pertinencia de incluir tal imagen como información gráfica.

6.-Por último, respecto de la información sobre relaciones sentimentales de la demandante, se trata de información contenida en el informe policial que sirve de base a los artículos periodísticos, relacionada con la cuestión de interés público que constituye su objeto (la presunta relación de la demandante con tramas criminales), por lo que concurre el requisito de la relevancia pública de la información.

Por otra parte, como recuerda la sentencia recurrida, en la demanda solo se alegó la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, no en su derecho a la intimidad.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Los días 6 y 7 de octubre de 2022, el diario digital El Confidencial publicó sendos artículos firmados por el periodista D. Marcos. El primer artículo, bajo el antetítulo «Drogas, dinero y una relación íntima», llevaba por titular «Investigan a una jueza por dar un chivatazo a mafiosos rusos vinculados a cargos del PP», y tenía un subtítulo con el texto «La Policía documenta en un informe la relación de la magistrada en Benidorm con criminales del este y las conversaciones de los investigados donde la aluden: "Ella está durmiendo en su casa"».

El segundo de dichos artículos, bajo el antetítulo «Escuchas judiciales», llevaba por titular «La jueza de Benidorm, la mafia serbia y el General colombiano: " Edurne está en el círculo"» y tenía un subtítulo con el texto «La Policía registró conversaciones en las que los delincuentes celebraban como un "logro" tener de contacto a la magistrada: "Vamos a darle 100 gramos de "cristal"».

El contenido de los artículos consistía en un resumen de un informe elaborado por la Brigada Central de Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía (UDYCO) que fue remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el 14 de julio de 2022. En concreto, se resumía el subapartado 2.2 (« Edurne») ubicado en el apartado 2 («Informe de los investigados»). En él se recogían diversas conversaciones grabadas a supuestos miembros de organizaciones criminales en los que hacían mención a su relación con la demandante (a la que en el inicio del informe se mencionaba como «investigada» y «persona [que] resulta encartada en la presente investigación») y el resultado del volcado de alguno de sus teléfonos móviles en cuya agenda aparecía el número de teléfono de la demandante. También se contenían en dicho informe las conclusiones que la Policía extraía de tales datos.

En los artículos se hacía un resumen de este subapartado del informe policial entregado a la Fiscalía, con transcripción literal de algunos de sus pasajes, y se indicaba que tales datos se contenían en un informe policial que había sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción «para que decida qué hacer con esta información». Asimismo, en uno de los artículos, se incluía una fotografía de uno de los presuntos integrantes de uno de estos grupos criminales con ocasión de su asistencia a un acto electoral del partido político con el que se les relacionaba.

2.-D.ª Edurne interpuso una demanda contra D. Ildefonso, D. Marcos y Titania Compañía Editorial S.L. en la que, resumidamente, solicitó que se declarara que los demandados habían cometido una intromisión ilegítima en su honor al imputarle falazmente la comisión de hechos delictivos, se les condenara solidariamente a indemnizarle en 300.000 euros, a difundir la sentencia y a eliminar los artículos del diario y de sus redes sociales.

La demanda se basaba en que los artículos fueron publicados sin contrastar la información; negaba la existencia de investigación policial o judicial sobre la demandante; y alegaba que la información difundida no era cierta.

3.-La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. En lo que es relevante para este recurso, la sentencia declaró:

«En el caso de autos el conflicto se plantea entre el derecho al honor de la demandante y la libertad de información de los demandados, centrándose el debate en la veracidad de la información. La prueba documental presentada por la parte demandada, así como la testifical practicada en el acto del juicio acredita y confirma la existencia de un Informe elaborado por la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional dirigido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de fecha 14 de julio de 2022, en el seno de la Operación Testudo, cuyo punto 2.2. informaba sobre la investigada Edurne y la posible comisión de un delito de revelación de secretos sobre la base de las conversaciones grabadas a distintos miembros de la organización investigada. Una copia de dicho informe fue facilitada al medio informativo demandado, el cual procedió a publicar su contenido en los dos artículos difundidos los días 6 y 7 de octubre de 2022 bajo los titulares "Investigan a una jueza por dar un chivatazo a mafiosos rusos vinculados a cargos del PP"y "Escuchas judiciales. La jueza de Benidorm, la mafia serbia y el General colombiano: Edurne está en el círculo". La Unidad autora del informe ha contrastado el contenido del informe policial con la copia facilitada al periódico demandado, confirmado la coincidencia exacta de la información. La relevancia pública de la información no ha sido controvertida pues era un tema de actualidad en aquel momento al tratarse de la investigación sobre una organización criminal asentada en la provincia de Alicante y dedicada al tráfico internacional de drogas. El medio informativo cita el origen y el objeto de la información y transcribe su contenido, limitándose a narrar la información sin reelaborar su contenido. Es cierto que el periodista autor de los artículos incluye algunos titulares y subtítulos que dan paso a la información, pero ninguno de ellos constituye una infamia o una descalificación personal hacia la actora, y la utilización de la expresión "chivatazo", si bien puede resultar ofensiva, objetivamente no resulta desproporcionada ni desmedida en atención a la información que se publica y la crítica que se persigue. Tampoco puede imputarse falta de diligencia al periodista autor de los artículos pues la información no se basa en meras especulaciones o rumores, sino que se apoya en datos objetivos y contrastables, transcribiendo el informe policial ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pudiera más adelante ser desmentida o no resultar confirmada».

Por tales razones, el juzgado consideró que era aplicable la doctrina del reportaje neutral, por lo que el medio debía quedar exonerado de responsabilidad.

4.-La demandante apeló la sentencia y la audiencia provincial desestimó su recurso. Las razones de la desestimación del recurso fueron, fundamentalmente, las siguientes:

«Los datos que se difunden se limitan a señalar la existencia de una investigación policial, cierta, de la que se hace eco el periodista, que no añade datos, consideraciones ni interpretaciones, encajando en la figura del reportaje neutral.

»[...] la investigación policial y su publicación supusieron un menoscabo en el prestigio profesional y personal pese a lo cual las circunstancias concurrentes, las declaraciones recogidas son noticia, siendo el medio un mero transmisor, sin reelaborar la noticia, excluyen la consideración de vulneración del honor de la conducta denunciada».

5.-La demandante ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Motivo único

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo único del recurso de casación se denuncia la «[i]nfracción de los artículos 18.1 y 20.1 de la CE, en relación con el art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, indebida aplicación de la doctrina del reportaje neutral y labor de contraste de la información difundida».

En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que el medio informativo reelaboró el informe policial (al que califica de mero «informe interno») tanto en la forma como en el fondo, lo publicó de forma sesgada e introdujo titulares escandalosos, sensacionalistas, lo que excluye la aplicación de la doctrina del reportaje neutral. No llevó a cabo una labor de contraste. Las afirmaciones carecen de prueba alguna pues se basan simplemente en conversaciones de supuestos mafiosos. El término «chivatazo» que se usa en el titular de uno de los artículos es peyorativo y excesivo. En el artículo se incluyen imágenes de personas con cargos del PP que no han sido citados en el informe policial y son ajenos al mismo.

En una de las publicaciones se hace alusión a una supuesta relación íntima con uno de los investigados, lo que es absolutamente falso y, por afectar a su vida íntima, no queda amparada por la libertad de información.

Alega también que la sentencia de primera instancia, cuyos argumentos acoge la audiencia provincial, no entra en la valoración de la veracidad de la noticia ni en el examen de si el medio desplegó la labor de contraste que le era exigible, labor de contraste que niega pues el autor de los artículos no se puso en contacto con los policías autores del informe ni con el juzgado que llevaba las investigaciones. El deber de diligencia en la comprobación de la veracidad no se satisface con una pura y genérica remisión a fuentes.

Tanto la parte recurrida como el Ministerio Fiscal se han opuesto a la estimación del recurso al considerar que concurría el requisito de veracidad en la información.

2.-Decisión de la sala. Los artículos a los que la demandante, hoy recurrente, imputa la vulneración de su derecho al honor transcriben literalmente algunos pasajes de un informe de la UDYCO que fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción y resumen otros extremos de dicho informe, incluidas algunas de las conclusiones a que llega la unidad policial redactora del informe. Las sentencias de instancia han considerado que, no siendo controvertida la concurrencia del requisito del interés público de la información, concurría también el requisito de la veracidad de la información, negado por la demandante, pues los artículos cuestionados informan sobre la existencia y el contenido de una investigación policial.

Efectivamente, la comparación del citado informe policial con los artículos periodísticos cuestionados en la demanda muestra con claridad que dichos artículos periodísticos han extractado el informe policial y han reproducido algunos de los pasajes que su autor ha considerado más relevantes.

Es cuestionable que pueda ser aplicable en este caso la doctrina del reportaje neutral, pues los artículos periodísticos no se limitaron a trasladar a sus lectores el contenido de dicho informe policial, sino que extractaron algunos de sus pasajes, relacionaron la información que se contenía en dicho informe con otros hechos relevantes, como era el reciente archivo de una causa penal seguida contra algunas de las personas que aparecían en el informe policial por no haberse acordado en el momento oportuno la prórroga de la instrucción penal, e incluyeron la fotografía de una de dichas personas en el acto electoral del partido político con el que se la relacionaba.

Ciertamente, respecto de su calificación como «reportaje neutral», se trata de un supuesto límite por cuanto que el grueso de la información consiste en transmitir los datos contenidos en un informe ajeno, en este caso policial, con cita expresa de la fuente de tales datos. Pero la reelaboración del contenido de ese informe, para darle un contenido y un formato más propio de un artículo periodístico y relacionarlo con otras informaciones conexas, no casa con las exigencias de la doctrina del reportaje neutral.

Como hemos declarado en otras ocasiones ( sentencias 76/2020, de 4 de febrero, 270/2022, de 30 de marzo, 653/2022, de 11 de octubre, y 1617/2023, de 21 de noviembre), no debe confundirse que la información obtenida y comunicada públicamente haya sido contrastada conforme a pautas profesionales y adecuadas a las circunstancias concurrentes con la institución del «reportaje neutral». Y en las sentencias 426/2017, de 6 de julio, y 1583/2025, de 5 de noviembre, afirmamos:

«Para estar legitimada por el art. 20.1.d de la Constitución, la información periodística no tiene que ser «neutral», como parece entender el recurrente, ni constituir en todo caso un «reportaje neutral». Los requisitos son que sea veraz, que se refiera a asuntos de interés público por la persona concernida o por la materia, y que no se dé un tratamiento innecesariamente ofensivo a las personas afectadas por la información, requisitos que se han cumplido en el caso objeto del recurso».

3.-La veracidad, entendida como diligencia en la contrastación de la información, se cumple cuando el informador ha elaborado su información con base en una fuente fiable. Como declara la sentencia 456/2018, de 18 de julio, con cita de otras anteriores, «la información se reputará veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados que resulten de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos».

Asimismo, hemos declarado en las sentencias 605/2014, de 3 de noviembre, 252/2019, de 7 de mayo, 528/2021, de 13 de julio, 455/2022, de 31 de mayo, y 630/2022, de 27 de septiembre, siguiendo lo declarado por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 158/2003, de 15 de septiembre, y 216/2006, de 3 de julio, que cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria una comprobación mayor que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si esta puede mencionarse en la información misma. Y las sentencias de esta Sala de 2 y 8 de julio de 2004, 18 de octubre de 2005, 9 de marzo de 2006, y 528/2021, de 13 de julio, consideran como seria y fiable la fuente policial.

Los artículos periodísticos cuestionados se ciñeron a los datos contenidos en el informe policial; citaron la fuente, el informe de la UDYCO; e indicaron en qué situación se encontraba tal informe, entregado a la Fiscalía Anticorrupción para que esta tomara la decisión que considerara procedente (no era un mero «informe interno», como se le califica en el recurso). Todos estos datos son ciertos, por lo que no se alcanza a comprender qué plus de fiabilidad hubiera supuesto que el periodista hubiera consultado con los policías autores del informe o con el juzgado en que se había seguido una causa relacionada con los hechos recogidos en el informe, además de que es previsible que el deber de reserva de los policías y del juez o el letrado de la Administración de Justicia no les hubiera permitido informar al periodista sobre tales extremos.

Que las conversaciones entre supuestos mafiosos contuvieran falsedades, como afirma la recurrente, no convierte en falso el informe policial que los transcribe ni menos aún determina la falta de veracidad de los artículos periodísticos que recogen el contenido de dicho informe.

La sentencia de primera instancia, cuyos argumentos son aceptados por la audiencia provincial, sí se pronuncia sobre la veracidad de la información, entendida como diligencia en la contrastación de la información conforme a pautas profesionales, pues declara que «[t]ampoco puede imputarse falta de diligencia al periodista autor de los artículos pues la información no se basa en meras especulaciones o rumores, sino que se apoya en datos objetivos y contrastables, transcribiendo el informe policial ajustándose a las circunstancias del caso [...]».

4.-Tampoco se observa que los titulares empleados por el medio informativo constituyan una intromisión ilegítima en su honor. El desvalor que suponen tales titulares no es mayor que el que resulta del contenido de los artículos periodísticos, a los que sirven de resumen. Y, como se ha dicho, el contenido de tales artículos periodísticos versa sobre cuestiones de relevancia pública, tanto por la materia como por las personas afectadas, es veraz en tanto que está diligentemente contrastado, y no contiene expresiones ofensivas desconectadas del mensaje que se transmite.

El término «chivatazo», en el que el recurso centra sus críticas, no es más que la expresión coloquial usada para referir que el informe policial atribuía a la demandante una revelación de secretos.

5.-Respecto del uso de la imagen de políticos en el artículo, en todo caso quien podría alegar la vulneración del derecho al honor serían tales personas por su inclusión en un artículo sobre redes criminales.

La imagen del Sr. Nemesio no está incluida en los artículos periodísticos pues responde al anuncio de otro artículo del periódico en el que aparece involucrada tal persona. Y respecto de la imagen de un alcalde, el mismo aparece en un cartel publicitario existente en un acto electoral al que asistió uno de los involucrados en la trama criminal sobre la que informaban los artículos, siendo esta persona quien aparece como protagonista de la fotografía. No se trata de una distorsión del periodista por la que trate de introducir elementos sensacionalistas en la información, dado que a la trama criminal en cuestión se le atribuían conexiones con dicho partido político, lo que explica la pertinencia de incluir tal imagen como información gráfica.

6.-Por último, respecto de la información sobre relaciones sentimentales de la demandante, se trata de información contenida en el informe policial que sirve de base a los artículos periodísticos, relacionada con la cuestión de interés público que constituye su objeto (la presunta relación de la demandante con tramas criminales), por lo que concurre el requisito de la relevancia pública de la información.

Por otra parte, como recuerda la sentencia recurrida, en la demanda solo se alegó la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, no en su derecho a la intimidad.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.