Sentencia Civil 1498/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 461/2024 de 11 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso partimos de los antecedentes siguientes:

1.º-Los litigantes D. Secundino y D.ª Josefina contrajeron matrimonio el 18 de mayo del año 2011, en estado de divorciados y bajo el régimen de separación de bienes, que fue sustituido por el de la sociedad legal de gananciales en virtud de escritura de capitulaciones matrimoniales de 5 de mayo de 2016, sin que hayan tenido hijos en común.

2.º-Durante la convivencia marital que se extendió por un periodo de 10 años, el marido trabajo fuera del hogar, mientras que la esposa se ocupaba de las tareas propias de la vivienda familiar. A los tres años del matrimonio, el demandante sufrió un accidente a consecuencia del cual fue declarado en situación de incapacidad permanente mediante resolución administrativa de junio de 2014, con una pensión que, en el momento del divorcio, era de 797 € mensuales, que constituía el sustento del matrimonio.

3.º-Los litigantes, mediante escritura pública de 7 de abril 2020, vendieron un inmueble que tenían en común y adquirieron otro que constituye el domicilio familiar mediante otra escritura de 30 de abril de 2020.

4.º-El conocimiento de la demanda de divorcio correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Villarreal, en dicho procedimiento la demandada D.ª Josefina formuló acción reconvencional, en la que interesó la fijación de una pensión compensatoria a su favor de 400 € mensuales, así como una compensación económica, al amparo del artículo 1438 del Código Civil, por importe de 21.886,56 euros.

Seguido el procedimiento, en todos sus trámites, se dictó sentencia 74/2022, de 11 de julio, en la que se decretó el divorcio de ambos litigantes y se atribuyó a la demandada el uso del domicilio familiar, sin limitación temporal alguna, al tiempo que se desestimó la demanda reconvencional deducida.

5.º-Contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación ambas partes. Su conocimiento correspondió a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Castellón, que dictó sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por la demandada, y con estimación parcial del formulado por el actor se limitó el uso de la vivienda familiar durante 2 años a contar desde la fecha de la sentencia de divorcio, transcurrido dicho plazo máximo, sin que se haya procedido a la liquidación del régimen económico del matrimonio, la señora Josefina deberá desocupar y dejar libre la vivienda a disposición de la comunidad ganancial.

6.º-En lo que ahora interesa, el tribunal provincial razonó que:

«[...] en el caso de la indemnización prevista en el citado artículo 1438 del CC, requisito imprescindible es que nos hallemos ante un matrimonio en régimen de separación de bienes, circunstancia que en el presente caso no concurre al constar acreditado que en el matrimonio rige el régimen de sociedad de gananciales y así lo manifestaron al adquirir la vivienda habitual en la escritura otorgada el día 30 de abril de 2020 que obra en los autos, por lo que la pretensión indemnizatoria de doña Josefina no puede prosperar».

7.º-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por el demandante.

SEGUNDO.- Recurso de casación

El motivo se fundamentó en la vulneración del artículo 24 de la Constitución, en relación con los artículos 316, 326 y 376 de la LEC, por valoración manifiestamente arbitraria, ilógica y errónea de la prueba.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente razonó que la sentencia incurrió en un error manifiesto, en tanto en cuanto no se discutió que los cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, que se sustituyó, en virtud de escritura pública de capitulaciones de 5 de mayo de 2016, por el de la sociedad legal de gananciales; sin embargo, la sentencia del tribunal provincial no tiene en cuenta dicho periodo temporal de vigencia de aquel régimen económico matrimonial que estuvo en vigor al ser el supletorio de primer grado en la comunidad de valenciana.

En las sentencias de esta sala 418/2012, de 28 de junio, 262/2013, de 30 de abril, 44/2015, de 17 de febrero, 303/2016, de 9 de mayo, 411/2016, de 17 de junio, 208/2019, de 5 de abril; 141/2021, de 15 de marzo; 59/2022, de 31 de enero; 391/2022, de 10 de mayo y 1346/2024, de 18 de octubre, entre otras muchas, tras reiterar la excepcionalidad de un control de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia a estos efectos, dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1.º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2.º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

Pues bien, en este caso, es notorio que los cónyuges estuvieron casados bajo el régimen de separación de bienes hasta que otorgaron las capitulaciones matrimoniales, así resulta de la escritura pública de 30 de abril de 2020, en donde el notario autorizante da fe de que tiene a su vista la escritura de 5 de mayo de 2016, en que los cónyuges sustituyeron el régimen de separación y pactaron el de la sociedad legal de gananciales.

En efecto, la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano, estableció, en su artículo 6.2, como régimen supletorio de primer grado, el de la separación de bienes, al normar que:

«A falta de carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales, o cuando estas sean ineficaces, el régimen económico aplicable será el de separación de bienes, sin que la celebración del matrimonio tenga otra trascendencia económica para los consortes que la de afectar a sus respectivas rentas y patrimonios al levantamiento de las cargas del matrimonio».

Dicha ley fue declarada inconstitucional por la STC 82/2016, de 28 de abril, que precisó los efectos dicha declaración en los términos siguientes:

«Nuestro pronunciamiento de inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas, pues este Tribunal entiende que si durante la vigencia de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano, que ahora se declara inconstitucional, los cónyuges sujetos al Derecho civil foral valenciano no han hecho uso de su facultad de capitulación, se debe a su voluntad de someterse al régimen subsidiario en primer grado que aquélla establece».

Pues bien, en el caso presente, es cierto que en el matrimonio de los litigantes rigió inicialmente el régimen de separación de bienes, que sustituyeron por el de la sociedad legal de gananciales. Durante la vigencia de aquel ambos contribuyeron a las cargas del matrimonio, el marido aportando íntegramente sus recursos económicos para satisfacer dichas cargas y la demandada contribuyendo con el trabajo doméstico a la atención de las necesidades del hogar. Incluso, a los tres años de matrimonio, el marido sufrió un accidente por el que fue declarado en situación de incapacidad permanente con una pensión que no alcanzaba los 800 euros, que igualmente se destinó a atender las necesidades comunes. Al sustituir el régimen de separación de bienes por el de gananciales, en el año 2016, no se fijó compensación económica, ni se efectuó reclamación alguna al respecto hasta promoverse la demanda de divorcio cinco años después. Tampoco, el matrimonio tuvo hijos comunes, ni consta que el demandante impidiera a su mujer dedicarse a una actividad laboral; lejos de ello, la sentencia del Juzgado señala que la demandada manifestó, en su interrogatorio, que «antes de casarse con el actor, ya se dedicaba a las labores del hogar, y que trabajo hace muchos años, unos veinte en la campaña de naranja, pero que no ha vuelto a trabajar», lo que igualmente refrendó su hija en la declaración prestada al respecto. En atención a las circunstancias concurrentes, consideramos que no procede la fijación de una compensación económica del art. 1438 CC.

Por todo ello, como hemos señalado, de forma reiterada, por ejemplo, en la sentencia 41/2019, de 22 de enero:

«"[...] no puede producir efecto casacional un motivo que no determine una alteración del fallo recurrido" ( sentencia 1144/2007, de 22 de octubre) ni procede acoger un recurso cuando, "pese al fundamento de alguno de los motivos que lo sustentan, el fallo deba ser mantenido con otros argumentos" ( sentencia 440/2012, de 28 de junio, y en el mismo sentido sentencias 652/2015, de 20 de noviembre, 134/2016, de 4 de marzo, 261/2016, de 20 de abril, 374/2016, de 3 de junio, 721/2016, de 5 de diciembre, 145/2017, de 1 de marzo, 52/2018, de 1 de febrero, y 161/2018 de 21 marzo)».

TERCERO.- Costas y depósito

La desestimación del recurso de casación conlleva la condena en costas y la pérdida del depósito constituido para recurrir ( art. 398 LEC) .