Sentencia Civil 389/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6601/2021 de 11 de marzo del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 6 de marzo de 2008, escritura n.º de protocolo 785, D.ª María Purificación y D. Ernesto, se subrogaron en un préstamo anterior de 10 de enero de 2005 del que resultaba acreedora la entidad demandada, donde, tal y como se refleja en la demanda, no consta, a tenor de la documentación aportada con ella, que se pactase cláusula suelo o de límite mínimo a la variabilidad del tipo de interés, sin negarlo la entidad bancaria, que sólo alega la existencia de un acuerdo de 1 de mayo de 2015 sobre rebaja del tipo mínimo, comprometiéndose los actores a no reclamar por actuaciones relacionadas con el objeto del acuerdo antes de que fuese suscrito.

2.-El 6 de marzo de 2008, escritura n.º de protocolo 787, Dª. María Purificación y D. Ernesto, suscribieron también con Banco de Sabadell, un préstamo donde se establecía un tipo de interés variable, y un límite mínimo o cláusula suelo del 4,25%. Para dicho préstamo se pactó, el 1 de abril de 2011, la fijación de un interés fijo del 3,05%, para la siguiente revisión durante todo el periodo de interés donde era aplicable. En los mismos términos se estipulo la fijación de un tipo de interés fijo, el 1 de abril de 2012 y 2013 (documentos 7 y 8 de la contestación), fijándolo en el 3,4 % y en el 2,5% respectivamente. El 1 de abril de 2014, y respecto del mismo préstamo se convino nuevamente, con el mismo alcance que las novaciones anteriores, el establecimiento de un tipo de interés fijo del 2,5 %, introduciendo el compromiso de los demandantes a no reclamar por actuaciones relacionadas con el objeto del acuerdo antes de que fuese suscrito.

3.-El 23 de septiembre de 2005, escritura n.º de protocolo 4280, D.ª María Purificación y D. Ernesto, suscribieron también con Banco de Sabadell, préstamo donde se establecía un tipo de interés variable, y un límite mínimo o cláusula suelo del 3,05%. Para dicho préstamo se pactó, el 21 de marzo de 2014, la fijación de un interés fijo del 2,5%, introduciendo el compromiso de los actores a no reclamar por actuaciones relacionadas con el objeto del acuerdo antes de que fuese suscrito. En fecha 1 de mayo de 2015 (documento 5 de la contestación a la demanda), rebajando el tipo mínimo al 2%, con renuncia al ejercicio de acciones.

4.-El 30 de septiembre de 2016, y para los tres préstamos anteriores, se estipulo un interés fijo, comprometiéndose los demandantes a no reclamar por la aplicación en los prestamos anteriores de un interés fijo.

SEGUNDO.- Recurso de casación

Planteamiento:«Único motivo.- Al amparo del artículo 477.2.3º de la LEC, infracción de los artículos 80, 82 y 83 de la LGDCU y el artículo 4 de la Directiva 93/13 y la doctrina de la Sala contenida en las sentencias n.º 63/2021 de 9 de febrero, n.º 216/2021 de 20 de abril, n.º 240/2021, n.º 241/2021 y n.º 242/2021, todas de 4 de mayo, en cuanto a los deberes de información y el control de transparencia en las cláusulas contenidas en los acuerdos transaccionales y novatorios sobre cláusulas suelo y en cuanto a la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones cuando al consumidor no se le ha proporcionado información sobre las cantidades aproximadas objeto de renuncia.»

Decisión de la Sala:Estimación del recurso de casación

1.-Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, que siguen la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el auto del TJUE de 3 de marzo de 2021. Y en este sentido ha seguido pronunciándose esta Sala en diversas sentencias en las que se resuelven las cuestiones objeto de este recurso, entre las que pueden citarse las sentencias 208/2021, de 19 de abril, 309/2021, de 12 de mayo, la 530/2021, de 8 de julio y, más recientemente la 143/2023 de 31 de enero, 1106/2023 de 6 de julio y 1185/2023 de 18 de julio. No existen motivos para modificar esta línea jurisprudencial, por lo que resolveremos este recurso aplicando los criterios utilizados en esas sentencias.

2.-En los reseñados contratos privados, debemos distinguir, incluyéndose en ellos estipulaciones predispuestas, por tanto no negociadas, entre los contratos posteriores a la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2013 y los anteriores.

En los primeros (novaciones posteriores a 9 de mayo de 2013), se pacta la reducción del suelo o el establecimiento de un tipo fijo de interés ordinario, temporal o definitivo, y la renuncia al ejercicio de acciones por la existencia o efectos de la cláusula de tipo de interés ordinario mínimo.

Las novaciones anteriores a mayo de 2013 se limitan a establecer un interés fijo temporal.

Todas estas novaciones, incidiendo en la regulación de la cláusula suelo potencialmente nula, serían válida cumpliendo las exigencias de transparencia de las cláusulas predispuestas.

3.-En relación con las novaciones mencionadas, y respecto a la de reducción de la cláusula suelo, ciñéndonos a la novación o modificación real, es decir las realizada respecto a préstamos que incluían cláusula suelo, no a las inexistentes, sin existir previamente cláusula suelo, siendo la realizada posterior a la sentencia de esta Sala, 241/2013, de 9 de mayo, efectuándose, en un contexto de conocimiento generalizado de la eventual nulidad de las cláusulas suelo si no cumplían con el control de transparencia, y de información sobre la evolución de los índices de referencia oficiales objeto de publicación oficial y periódica por el Banco de España, conociendo los prestatarios la repercusión de la originaria cláusula suelo en su préstamo en los meses anteriores, tales circunstancias concurrentes revelan el cumplimiento de los requisitos de transparencia tanto respecto de la reducción de la cláusula suelo, como respecto del establecimiento de un interés fijo, siendo de fácil comprensión las consecuencias jurídicas y económicas que supone, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de tales novaciones.

La regulación contractual, de las novaciones sobre los intereses ordinarios, estableciendo un tipo fijo nominal anual, todas ellas son de gran sencillez, y no se aprecia, como dijimos en la sentencia 560/2020 de 26 de octubre «alteración subrepticia de condiciones, ni enmascaramiento, ocultación u oscurecimiento de los datos relevantes sobre los elementos esenciales del contrato; ni existencia de cláusulas sorpresivas que alteren la apariencia del precio del contrato o de sus consecuencias económicas, tal y como pudo representárselo mentalmente un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (vid. STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, apartado 51).

4.-En cuanto a las cláusulas de renuncia al ejercicio de acciones contenida en los contratos posteriores a 2013, incluyendo en este examen la realizada respecto de la escritura de 6 de marzo de 2008, n.º de protocolo 785, subrogación de préstamo anterior de 10 de enero de 2005, todas ellas serían nulas conforme a la jurisprudencia de aplicación. El hecho que las cláusulas de renuncia se ciñan a las reclamaciones que tengan por objeto la cláusula suelo no excluye que haya de examinarse su transparencia y, en su caso, abusividad, a la luz de los parámetros fijados por la reseñada sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Y en el caso objeto de este recurso, las cláusulas de renuncia de acciones adolecen de falta de transparencia, porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, que resultaban precisos para considerar que la misma fue fruto de un consentimiento libre e informado.

Como hemos declarado reiteradamente (por todas, sentencia 63/2021, de 9 de febrero), «la consecuencia derivada de la falta de transparencia de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, al no haber podido conocer el consumidor sus consecuencias jurídicas y económicas, consecuencias que no se advierten beneficiosas para el consumidor, es su consideración como abusiva, lo que lleva, por tanto, a que declaremos su nulidad de pleno derecho (83 TRLGDCU, 8.2 LCGC y 6.1 de la Directiva 93/13)».

5.-En la sentencia 208/2021 de 19 de abril, desestimamos la contradicción alegada con los actos propios, ya que, en definitiva, no es correcto que el predisponente de una cláusula de renuncia de acciones que ha sido declarada abusiva, por no haberse informado al consumidor adherente de las consecuencias jurídicas y económicas de tal cláusula, considere una exigencia derivada de la buena fe que el consumidor quede vinculado por tal cláusula abusiva, por el hecho de haber prestado su consentimiento mediante la adhesión al contrato predispuesto. La abusividad de la cláusula de renuncia viene determinada justamente porque la falta de información sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha renuncia, causa, en contra de la buena fe, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

6.-En consecuencia, hay que estimar el recurso, y sin perjuicio de estimar válidas las novaciones reales y efectivas que los demandantes pretendían que se declarasen nulas, así como las incluidas en la sentencia de primera instancia, al apreciar su validez, no obstante, procede mantener la declaración de nulidad de la cláusula suelo incorporada en las escrituras de préstamo hipotecario de fecha 23 de septiembre de 2005, n.º NUM001 y 6 de marzo de 2008, n.º 787 de protocolo, debiendo restituir la entidad financiera únicamente lo indebidamente cobrado por la entidad financiera en su aplicación, pero no por lo abonado en virtud de los acuerdos de novación válidos.

Por otra parte, nula la renuncia a no reclamar por aplicación de cláusula suelo en relación con el préstamo de 10 de enero de 2005 en el que se subrogaron los demandantes, el 6 de marzo de 2008, escritura nº de protocolo 785, que no incluía ninguna cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés, debe en este punto estimarse la impugnación de la sentencia de primera instancia realizada por los actores, declarando la indebida aplicación de cláusula suelo que se realizó en el citado préstamo, con restitución de lo indebidamente pagado, en los términos establecidos en la sentencia de primera instancia respecto de la indebida aplicación de cláusula suelo establecida en los restantes préstamos, y todo ello hasta la aplicación del interés válidamente novado, que en este caso sería el interés fijo establecido el 30 de septiembre de 2016.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con el art. 398.2 LEC, y sentencias de Pleno 1785/2025 y 1786/2025, de 4 de diciembre

2.-La estimación parcial del recurso de apelación de la demandada, determina que proceda imponer a Banco Sabadell S.A. la mitad de las costas devengas por su formulación, Sentencia de Pleno 1796/2025, de 5 de diciembre, por la defensa del consumidor a las pretensiones de la predisponente no estimadas.

3.-La estimación de la impugnación de la parte actora implica que deban imponerse a la parte demandada las costas de la segunda instancia, sentencias de Pleno 178/2025 y 1786/2025, de 4 de diciembre, modificando nuestra jurisprudencia anterior, estableciendo que, cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación resulte total o parcialmente estimado, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente.

4.-Debe mantenerse la condena en costas de la primera instancia a la parte demandada, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 ( sentencias de esta Sala Primera del Tribunal Supremo 34/2021, de 26 de enero, y 48 y 49/2021, de 4 de febrero).

5.-Asimismo, procede la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de apelación y de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.