Sentencia Civil 1835/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 97/2023 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.El recurso versa sobre el carácter simbólico de la indemnización fijada por la Audiencia Provincial tras estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia, que desestimó la demanda por vulneración de su derecho al honor al haberse comunicado sus datos a un fichero de solvencia patrimonial sin existir una deuda cierta, líquida y exigible ni haberse efectuado un requerimiento previo de pago.

La Audiencia Provincial considera que la deuda que motivó la inclusión del demandante en el registro de morosos sí era cierta, líquida y exigible. Argumenta que en el caso ni siquiera hubo una controversia judicial sobre la existencia o el importe de la deuda, sino un aquietamiento del demandante frente a las reclamaciones formuladas por la demandada. Reconoce que inicialmente se anotaron cuantías superiores a las finalmente admitidas en los procedimientos monitorios y en sus posteriores ejecuciones, pero que tras la primera inscripción la acreedora instó la modificación de las cantidades, que se ajustaron así la realidad de la deuda.

Añade que, en cualquier caso, esa discrepancia inicial resulta irrelevante, conforme a la jurisprudencia, que destaca que lo determinante no es la cuantía concreta, sino la existencia de la morosidad (cita la sentencia de 14 de septiembre de 2022). Aunque la Audiencia Provincial afirma la existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible que permanecía impagada, entiende que la falta de requerimiento previo de pago antes de la inclusión en el fichero determina la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Por ello fija una indemnización de 1.500 euros, reduciendo la solicitada por el demandante -10.000 euros- al considerarla totalmente desproporcionada e injustificada, pudiendo incluso suponer un abuso de derecho y un enriquecimiento injusto.

2.El demandante ha interpuesto un recurso de casación, que ha sido admitido, informado favorablemente por el Ministerio Fiscal y al que se ha opuesto la parte demandada.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Decisión de la Sala

1.Planteamiento. El recurso de casación se funda en un motivo único en el que se alega la infracción de los arts. 9.2 y 9.3 de la LOPDH en relación con los arts. 18.1 de la CE y 19.1 de la LOPD, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial (se citan sentencias de las siguientes fechas 4 de diciembre de 2014, 18 de febrero, 12 de mayo y 22 de diciembre de 2015, 26 de abril y 21 de septiembre de 2017, 23 de marzo y 21 de junio de 2018, 25 de abril de 2019, 9 de septiembre, 14 de octubre y 10 de diciembre de 2021, y 13 de enero, 2 de febrero, 6 de octubre y 24 de noviembre de 2022).

El recurrente alega que la infracción legal y la vulneración jurisprudencial se cometen al otorgársele una indemnización puramente simbólica que no repara mínimamente el daño al honor inferido a su persona.

2. Decisión de la Sala. El recurso debe desestimarse por las siguientes razones:

La declaración de vulneración del derecho al honor ha quedado firme al no haber sido recurrida por la parte demandada la sentencia de apelación. Ello comporta, conforme al art. 9.3 de la LOPDH, la procedencia de una indemnización por daño moral, que se presume iuris et de iureuna vez apreciada la intromisión ilegítima.

La Audiencia Provincial consideró que la cantidad reclamada en la demanda -10.000 euros- resultaba totalmente desproporcionada e injustificada, pudiendo incluso constituir un abuso de derecho y un enriquecimiento injusto, y fijó una indemnización de 1.500 euros que estimó adecuada a las circunstancias del caso. Corresponde ahora valorar si esa cuantía cumple la función resarcitoria mínima exigida por el art. 9.3 de la LOPDH o si, como sostiene el recurrente, debe reputarse simbólica.

A este respecto, conviene recordar que la indemnización debe guardar proporción con la entidad real del daño moral producido y con las circunstancias concurrentes, que han sido ponderadas por la Audiencia Provincial. Y resulta determinante que la inclusión de los datos del recurrente en el fichero de morosos coincidía plenamente con la realidad objetiva de su situación de impago. Este dejó impagadas las cantidades vencidas por dos contratos de préstamo; no exteriorizó oposición alguna a la deuda; no mostró voluntad de pago ni consignó cantidad alguna; y su conducta desembocó en la tramitación de dos procedimientos monitorios y en sus correspondientes ejecuciones. No hubo, por tanto, un escenario de incertidumbre, error o controversia real sobre la existencia de la deuda que permitiera afirmar que la inclusión lo presentaba como moroso «sin serlo» ( sentencia 1267/2023, de 20 de septiembre). Antes bien, su condición de deudor incumplidor era incuestionable.

Es cierto que esta Sala ha rechazado reiteradamente las indemnizaciones simbólicas o puramente nominales -esto es, aquellas que no satisfacen la reparación mínima del daño moral que la ley presume iuris et de iurecuando se declara la intromisión ilegítima- ( sentencias 386/2011, de 12 de diciembre; 4 de diciembre de 2014; 130/2020, de 27 de febrero; 910/2023, de 8 de junio; y 1476/2023, de 23 de octubre).

Ahora bien, atendidas las circunstancias concurrentes -sustancialmente coincidentes con las ponderadas en la sentencia 280/2024, de 27 de febrero-, la cuantía fijada por la Audiencia Provincial cumple la función resarcitoria mínima que impone la presunción del art. 9.3 LOPDH y no puede ser reputada simbólica.

La indemnización de 1.500 euros no puede incrementarse en un supuesto como el presente, en el que la inclusión en el fichero respondía a una situación objetiva y persistente de morosidad del recurrente, mantenida en el tiempo y nunca contestada ni corregida pese a las reclamaciones extrajudiciales y los procesos monitorios promovidos contra él, seguidos de sus correspondientes ejecuciones.

En este contexto, reconocer una cuantía superior produciría un efecto distorsionador: acabaría premiando al recurrente, pese a que es su propia conducta la que explica, de manera objetiva y continuada, la situación que motivó la inclusión en el fichero y la que, al revelar su condición material de moroso, pone de manifiesto la nula afectación de su esfera personal o reputacional.

Una cosa es que la indemnización fijada por la Audiencia Provincial -que, al igual que la declaración de vulneración del derecho al honor, no ha sido impugnada por la parte demandada, que consintió la sentencia de segunda instancia- no pueda suprimirse -pues hacerlo supondría una evidente reformatio in peius-;y otra muy distinta es que proceda incrementarla, extremo que carecería de justificación, desbordaría la función resarcitoria que informa el art. 9.3 LOPDH y, como acertadamente señala la Audiencia Provincial, generaría un enriquecimiento injusto. Las circunstancias del caso ponen de manifiesto que la falta de pago de la deuda por parte del recurrente no obedeció a un mero despiste, a un error bancario o a alguna circunstancia semejante que hubiera podido subsanarse mediante un requerimiento de pago; simplemente, el hoy demandante no abonó la deuda porque no pudo o no quiso hacerlo. Por ello, la inclusión de sus datos en el registro de morosos responde a la realidad de que se trata de un deudor incumplidor de sus obligaciones dinerarias ( sentencia 284/2024, de 27 de febrero).

En consecuencia, el recurso debe desestimarse.

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso al recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).