Sentencia Civil 715/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4147/2022 de 12 de mayo del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso son de interés los siguientes hechos acreditados en la instancia o no discutidos:

i) El día 16 de noviembre de 2006, Paulina y Rodrigo y Banco de Castilla S.A. (después, Banco Popular Español S.A. y actualmente, Banco Santander, S.A.), celebraron un contrato de préstamo hipotecario, que se formalizó en escritura pública. El préstamo tenía por objeto la financiación de la adquisición de una vivienda El interés era variable (Euribor más 1,10), y el contrato establecía un límite inferior a la variabilidad del interés (cláusula suelo) del 3,75 por ciento.

ii) Paulina y Rodrigo solicitaron a Banco Popular Español S.A. la eliminación de la cláusula suelo, mediante escrito firmado por letrado, petición a la que respondió el Banco con una oferta de suspensión de la cláusula suelo durante cinco años, que no satisfizo a los prestatarios.

iii) Ante la falta de acuerdo con el Banco, el 16 de diciembre de 2014, Paulina y Rodrigo formularon una demanda contra Banco Popular, en la que postulaban la nulidad de la cláusula suelo contenida en el contrato de préstamo hipotecario, y la devolución de las cantidades abonadas en exceso por aplicación de dicha cláusula desde la fecha de la interpelación judicial, con los intereses legales, y al pago de las costas procesales.

La demanda fue turnada al Juzgado núm. 4 de Salamanca, que incoó el procedimiento ordinario número 686/2014.

En el acto de la audiencia previa, las partes llegaron a un acuerdo, que fue homologado mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2015, y determinó el sobreseimiento y archivo del procedimiento.

De dicho acuerdo, interesa destacar los siguientes particulares:

«1.- Dejar sin efecto, con efectos desde el mes de diciembre de 2014, la cláusula 3.3 de la escritura de préstamo hipotecario de fecha 16 de noviembre de 2006 que contiene el límite a la variación del tipo de interés variable fijado el préstamo y que indica textualmente (...)

»2.- Dado que el Banco Popular S.A. había suspendido la aplicación de dicha limitación desde el mes de diciembre de 2014, no procede la devolución de cantidades pagadas de más como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo.

»3.- Banco Popular S.A. abonará por gastos del procedimiento a la parte demandante un importe total de 1.488,30 euros en el plazo de 10 días desde la fecha de homologación, haciéndose Banco Popular S.A. cargo de sus propios gastos. El ingreso de la cantidad se efectuará en la cuenta de consignaciones del Juzgado.»

2. Paulina y Rodrigo interpusieron una segunda demanda contra Banco Santander S.A., en la que interesaban, entre otros pedimentos, el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de interés remuneratorio, por aplicación de la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo, en el periodo comprendido entre la fecha de formalización del contrato de préstamo (16 de noviembre de 2006), y el mes diciembre de 2014, fecha inicial de la reclamación del interés por aplicación de la cláusula suelo en el anterior procedimiento, con los intereses legales, y al pago de las costas.

La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. En lo que es de interés para el recurso, apreció la concurrencia de la «exceptio pacti»,a la que reconoció efectos de cosa juzgada, respecto a la pretensión de restitución de las cantidades abonadas en exceso por aplicación de la cláusula suelo del contrato de préstamo, formalizado en escritura de 16 de noviembre de 2006, con fundamento en el acuerdo transaccional que habían suscrito las partes el 28 de septiembre de 2015, en el que los prestatarios renunciaron a la reclamación dineraria por aplicación de la cláusula suelo («no procede la devolución de cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo»), en contrapartida a la suspensión de la aplicación de la cláusula suelo por parte del banco, con efectos desde el inicio del procedimiento, y, el abonó 1488,30 euros, por los gastos.

3.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Paulina y Rodrigo. La Audiencia Provincial desestima el recurso en lo referente a la pretensión de restitución de las cantidades cobradas por aplicación de la cláusula suelo, sin imposición de las costas.

La sentencia dictada en apelación reitera el compromiso asumido por los prestatarios en el acuerdo transaccional homologado judicialmente de no exigir la devolución de suma alguna por los intereses pagados de más por aplicación de la cláusula suelo (renuncia), y destaca que el acuerdo se alcanzó en el curso de un procedimiento judicial en el que las partes estaban asesoradas jurídicamente y, por tanto, estaban en condiciones de comprender las consecuencias y el alcance económico del acuerdo. Y con fundamento en los efectos que atribuye el art. 1816 CC a la transacción (autoridad de la cosa juzgada), aprecia la concurrencia de cosa juzgada.

4.Contra la sentencia de apelación Paulina y Rodrigo han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, sobre la base de los motivos que se exponen a continuación.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso por infracción procesal.

1.Formulación del motivo. El motivo primero denuncia la infracción del art. 222.2 y 4 LEC, por aplicación indebida. En el desarrollo del motivo aduce, resumidamente, lo siguiente: la sentencia dictada por la Audiencia no acepta la reclamación de las cantidades abonadas en concepto de intereses por aplicación de la cláusula suelo hasta la interposición de la demanda que dio lugar a la incoación del P.O. 686/2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. 4, al apreciar la concurrencia de cosa juzgada; la doctrina jurisprudencial excluye la concurrencia de la situación procesal de cosa juzgada cuando la pretensión que se formula en el ulterior proceso se funda en hechos nuevos; la norma procesal dispone que hay cosa juzgada cuando los hechos y fundamentos jurídicos en un litigio y en otro se consideran los mismos, a no ser que no pudieran haber sido alegados en el primer proceso; los hechos que fundamentan la pretensión que se formula en el proceso actual no son los mismos que los que fundamentaron la demanda anterior, pues cuando se entabló el primer proceso estaba vigente la doctrina establecida en el STS 241/2013, de 9 de mayo, que restringía la restitución de los intereses pagados por aplicación de la cláusula suelo a los abonados después del dictado de la referida sentencia.

2. Resolución de la Sala. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Conforme a la jurisprudencia de esta sala, contenida entre otras, en las sentencias 169/2014, de 8 de abril, y 5/2020, de 8 de enero, y 333/2022, 27 abril, «la cosa juzgada material es el efecto externo que una resolución judicial firme tiene sobre los restantes órganos jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal en un procedimiento distinto, consistente en una vinculación negativa y positiva, regulado en el art. 222 LEC. La vinculación negativa impide un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya juzgado, y conforme a la vinculación positiva, lo resuelto en el primero debe tenerse en cuenta en el segundo cuando sea un antecedente lógico de lo que sea su objeto».

3.El artículo 1816 CC atribuye a la transacción el efecto de cosa juzgada («La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada, pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial»). Pero la atribución del efecto de cosa juzgada a la transacción no es muy rigurosa, tal y como explicamos en la sentencia de Pleno 205/2018, de 11 de abril, en la que precisamos lo siguiente:

«La referencia contenida en el art. 1816 CC al efecto de cosa juzgada de la transacción no es del todo exacta. Como cualquier otro negocio jurídico, lo convenido por las partes tiene eficacia vinculante entre ellas en tanto no se justifique su nulidad. Como en el caso resuelto en la sentencia 344/2017, de 1 de junio, en que no se apreció la nulidad de la transacción por error vicio en el consentimiento.

»En consecuencia, en tanto no se acredite alguna causa de nulidad del acuerdo, las partes quedan vinculadas en los términos transigidos y, por tanto, con renuncia al ejercicio de acciones a cambio de una rebaja en el suelo, lo que impide en un principio enjuiciar la situación previa a la transacción precisamente porque las partes quedan vinculadas por lo transigido. Como afirma la sentencia 751/2009, de 30 de noviembre, «la transacción extrajudicial es un contrato ( art. 1809 del Código Civil; sentencias, entre otras, de 30 de octubre de 1989, 6 de noviembre de 1993 y 30 de julio de 1996), por lo que genera un vínculo obligacional cuyo cumplimiento está sujeto a las reglas generales de los contratos».

»En este sentido es como la jurisprudencia de esta sala ha interpretado el efecto de cosa juzgada previsto en el art. 1816 CC. Jurisprudencia que se contiene, entre otras, en la sentencia 41/1999, de 30 de enero:

»En relación con la eficacia de cosa juzgada que el artículo 1816 del Código Civil atribuye a la transacción entre las partes, declaró la sentencia de 26 de abril de 1963 que "ha de entenderse e interpretarse en el sentido de que una vez acordada la transacción, no será lícito exhumar pactos o cláusulas, vicios o defectos, posiciones o circunstancias afectantes a las relaciones jurídicas cuya colisión o incertidumbre generó el pacto transaccional, sino que será éste, y solo él, quien regule las relaciones futuras ínsitas en la materia transigida, bien integren ésta la ratificación, modificación o extinción de todas o alguna parte de aquéllas o la creación de otras distintas, y por ende, los efectos de la cosa juzgada se manifestarán en el absoluto respeto a la nueva situación y en el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones fijadas en la transacción, pero sin que esto quiera decir que tales obligaciones, en orden a su cumplimiento o incumplimiento, se rijan por normas distintas a las establecidas con carácter general, ya que eso requeriría un precepto legal de excepción que la ley no establece, ni se deduce de sus preceptos", doctrina reiterada en sentencias de 20 de abril de 1989, 4 de abril y 29 de noviembre de 1991 y 6 de noviembre de 1993».

»Pero la eficacia vinculante del acuerdo transaccional no puede confundirse con el efecto de cosa juzgada previsto en el art. 222 LEC [...], y no queda vedada la posibilidad de discutir en sede judicial la validez del contrato de transacción en sí mismo considerado a la luz de las normas que regulan los contratos».

Por tanto, la infracción del art. 222.1 y 4 LEC, por indebida aplicación, que se justifica en la no concurrencia del requisito de identidad entre la demanda que dio lugar a la incoación del proceso que finalizó mediante transacción (PO 686/2014, JPI núm. 4) y la actual, resulta de difícil encaje en el marco de la transacción.

La cosa juzgada es, en rigor, un efecto propio de las sentencias (y de los laudos arbitrales) y la homologación judicial de la transacción no muta su naturaleza de acuerdo privado (no la convierte en una sentencia), ni afecta a los efectos que le son propios (vinculación de las partes a lo transigido), por lo que la discusión sobre si el cambio de doctrina jurisprudencial sobre los efectos de la nulidad de la cláusula suelo (período de la restitución de los intereses abonados por aplicación de la cláusula suelo) constituye o no un hecho o fundamento nuevo, al efecto de la apreciación de cosa juzgada, resulta ociosa, pues lo relevante es si la renuncia contenida en la transacción alcanza a la reclamación ejercitada después, como es el caso.

TERCERO. Motivo segundo del recurso por del recurso por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo segundo denuncia la infracción del art. 218.2 LEC, por falta de motivación. En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia dictada por la Audiencia no hace alusión a la doctrina del Tribunal Supremo que aplica la STJUE de 21 de diciembre de 2016, que reconoce el derecho de los consumidores a obtener la restitución integra de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula suelo.

2. Resolución de la Sala. El motivo se desestima por las razones que exponemos a continuación.

En otras ocasiones hemos precisado el alcance de este motivo de infracción procesal, por ejemplo, en la sentencia 1523/2023, de 7 de noviembre

«(...)el deber de motivación al que se refiere el art. 218.2 LEC requiere, en primer lugar, que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto; y 118/2006, de 24 de abril); Esto último no queda cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio).

»También hemos señalado que «esta exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla ( SSTS de 29 de abril de 2008, de 22 de mayo de 2009 y 9 de julio de 2010)».

En el caso, la justificación aducida en la sentencia dictada por la Audiencia es suficiente para conocer las razones de la decisión. La sentencia desestima la demanda, por apreciar la concurrencia de la excepción de cosa juzgada, con base en la transacción homologada judicialmente, con la que las partes pusieron fin al anterior proceso referente a la misma cláusula suelo, en la que prestatarios, en contrapartida a la suspensión de la aplicación de la cláusula suelo, aceptaron que «no procede la devolución de las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo».

CUARTO. Motivos primero, segundo y tercero del recurso de casación

1.Formulación de los motivos. El motivo primero denuncia la infracción del art. 6.1 de la Directiva 93/13 (CE), y de la jurisprudencia contenida en la STS 123/2017, de 24 de febrero. En el desarrollo del motivo se aduce, en síntesis, que la sentencia dictada por la Audiencia, al apreciar cosa juzgada con relación a los efectos restitutorios de las cantidades abonadas por aplicación de la cláusula suelo antes de la fecha de interposición de la demanda del anterior procedimiento (PO 686/2014), se opone a la jurisprudencia contenida en la sentencia citada, que reconoce el derecho del consumidor a obtener la restitución integra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria.

El motivo segundo denuncia la infracción del art. 1815 CC, y de la jurisprudencia contenida en la STS 580/2020, de 5 de noviembre, sobre la validez y eficacia de la renuncia al ejercicio de acciones, que establece que no puede reconocerse validez a la renuncia por cuestiones ajenas a la controversia que subyace en el acuerdo, y que no vincula al consumidor la renuncia a controversias futuras.

El motivo tercero denuncia la infracción del art. 1815 CC y de la jurisprudencia contenida en las SSTS 101/2012, de 7 de marzo; y 706/2006, de 7 de julio, al apreciar la renuncia respecto a unas cantidades que los consumidores no podían reclamar, por impedirlo la doctrina contenida en la STS 241/2013, de 9 de mayo.

Los tres motivos se estudiarán conjuntamente por la relación que guardan entre sí.

2. Resolución de la Sala. Procede desestimar los motivos por las razones que exponemos a continuación.

Los demandantes, después de fracasar en el intento, con la asistencia de un abogado, de que el banco suprimiera o dejara de aplicar la cláusula suelo de su préstamo, interpusieron una demanda, contra la entidad bancaria, firmada por el mismo abogado, en la que reclamaban, entre otros pedimentos, la nulidad de la cláusula suelo contenida en el contrato de préstamo y la devolución de las cantidades abonadas en exceso, por aplicación de dicha cláusula desde la fecha de la interposición de la demanda (diciembre de 2014), con sus intereses, y la condena al pago de las costas procesales, lo que dio lugar a la incoación del procedimiento ordinario 686/2014, del Juzgado de Primera Instancia nº 4, de Salamanca. Entabladas negociaciones en el curso del procedimiento, en el acto de la audiencia previa llegaron a un acuerdo, que fue homologado judicialmente, que determinó el sobreseimiento y archivo del procedimiento.

En el convenio el banco se comprometía a dejar sin efecto, desde diciembre de 2014 (diez meses antes de la fecha del acuerdo), la aplicación de la cláusula suelo (y se deja constancia del cumplimiento de dicho compromiso por el banco) y a abonar a los prestatarios la suma de 1.488,30 euros, por los gastos del procedimiento, mientras que los prestatarios asumían el compromiso de que «no procedía la devolución de cantidades pagadas como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo» en atención a que el banco había accedido a la pretensión de restitución formulada en la demanda mediante la suspensión de la aplicación de la cláusula suelo

Como hemos dicho en sentencias anteriores, la renuncia al ejercicio de acciones podría llegar a entenderse que tiene su causa en la rebaja de la cláusula suelo (en este caso, en la eliminación de la cláusula), y en el recibo de una compensación económica, consistente en el descuento en la cuota del interés por aplicación de la cláusula suelo o en la reversión de la cantidades abonadas de más por tal concepto, desde la fecha de interposición de la demanda (diez meses antes del acuerdo), y al abono de una cantidad por los gastos procesales, de forma que ambas constituirían los dos elementos esenciales de un negocio transaccional: el banco accedería a eliminar la cláusula suelo y a no exigir o revertir a los prestatarios las cantidades pagadas por aplicación de la cláusula suelo, y el cliente, que en ese momento podría ejercitar la acción de nulidad de la originaria cláusula suelo y reclamar la totalidad de las cantidades cobradas en aplicación de esa cláusula, renunciaría a la reclamación («no procede la devolución de las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo»).

La sentencia de la Audiencia reputa probado que el contrato de 28 de septiembre de 2015 fue negociado.

3.En la sentencia 675/2020, de 15 de diciembre, que analiza un contrato de transacción que contiene una novación y una renuncia de acciones, recordamos que en las sentencias 580/2020 y 581/2020, de 5 de noviembre, exponemos que el TJUE en su sentencia de 9 de julio de 2020 admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula, como la cláusula suelo, pueda ser modificada por las partes con posterioridad, de forma negociada, como es el caso.

En cuanto a la renuncia al ejercicio de acciones del contrato de 28 de septiembre de 2015 (estipulación tercera), dados los términos en que está redactada, no va más allá de la controversia suscitada en torno a la cláusula suelo, y tiene por objeto el ejercicio de acciones basadas en la cláusula suelo (la devolución de cantidades pagadas de más como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo). Además, fue fruto de una negociación y se enmarca en una transacción, lo que excluye que se trate de una condición general de la contratación y, por ello, no es necesario el examen de las exigencias de transparencia en la renuncia.

4.Las consecuencias de la validez de la cláusula de renuncia en el marco de una transacción se exponen en la sentencia de 205/2018, de 11 de abril, a la que nos remitimos en la sentencia 675/2020.

«Como cualquier otro negocio jurídico, lo convenido por las partes tiene eficacia vinculante entre ellas en tanto no se justifique su nulidad (...). En consecuencia, en tanto no se acredite alguna causa de nulidad del acuerdo, las partes quedan vinculadas en los términos transigidos y, por tanto, con renuncia al ejercicio de acciones a cambio de una rebaja en el suelo, lo que impide en un principio enjuiciar la situación previa a la transacción precisamente porque las partes quedan vinculadas por lo transigido (...)».

QUINTO. Costas

La desestimación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación conlleva la imposición de las costas generadas, conforme previene el art. 398.1 LEC, y la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos, de conformidad con la disposición adicional 15.ª apartado 9 LOPJ.