Sentencia Civil 396/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4269/2024 de 13 de marzo del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.El 4 de mayo de 2022, D. Antonio presentó una demanda contra Dª Serafina «en reclamación de determinación de filiación no matrimonial de Angelica» nacida el NUM000 de 2016. El demandante afirma, en el fundamento de derecho segundo, que «[e]jercita la pretensión de reconocimiento de la paternidad, de acuerdo con el art. 133 del CC, por remisión del art. 764 de la L.E.C. », y en el suplico solicita que «[s]e dicte Sentencia por la que se declare la filiación extramatrimonial de la menor Angelica, nacida el NUM000 de 2.016 en Zamora e inscrita en el Registro Civil de Zamora, como hija no matrimonial de Doña Serafina y Don Antonio y practicando la correspondiente inscripción en el Registro Civil, con expresa imposición de costas a la parte demandada».

2.La demandada se opuso a la demanda, alegando la caducidad de la acción con arreglo a lo dispuesto en el art. 133 CC, «[y]a que la menor Angelica ha nacido el NUM000/2016, y la presente demanda se presenta 6 años después».

3.En el acto de la vista al plantearse la caducidad de la acción la parte actora afirmó que la acción era imprescriptible, que se ejercitaba por el padre y que no existía posesión de estado.

4.La sentencia de primera instancia afirma que «[s]e ejercita acción de determinación de filiación no matrimonial al amparo de lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil [...]» y a continuación desestima la demanda al considerar caducada la acción con el siguiente razonamiento:

«De la prueba practicada en las presentes actuaciones, a saber, documental, interrogatorio del actor e informe del Equipo Psico-Social, resulta ser lo cierto que la acción ha caducado y si bien la demandada no discute la paternidad del demandado desde un punto de vista biológico sí alega esta caducidad que debe ser apreciada por cuanto siendo cierto que el nacimiento de la menor se produjo en NUM000 de 2016, no es sino hasta el año 2018 cuando el demandado realiza el primer ingreso económico en concepto de alimentos para la niña entendiendo estos ingresos como acto destinado a interrumpir dicha caducidad; por otro lado, los mensajes de correo electrónico remitidos por el actor a la demandada aportados como documento número 10 con la demanda son del año 2020; de lo anterior existe un óbice procesal que impide que la demanda pueda prosperar; y ello, sin perjuicio de las circunstancias personales que hubieran llevado al actor a desentenderse en un primer momento del embarazo de la demandada y posterior nacimiento de la niña y a desear en un momento posterior, transcurrido más de 1 año, tener relación con la menor; no existe posesión de estado por cuanto faltan los tres requisitos exigidos por la jurisprudencia, a saber, el Nomen, el tractatus y la fama por cuanto la menor no ha utilizado el apellido del actor, los mismos no han mantenido relación de padre e hija ni en la sociedad han sido reconocidos como padre e hija.»

5.El demandante recurrió en apelación. Alegó que la caducidad apreciada por la sentencia se interrumpió en múltiples ocasiones, «[p]rimero en los días posteriores al nacimiento de la menor, segundo en las posteriores llamadas telefónicas realizadas durante el año de nacimiento, tercero la visita al domicilio el día de su primer cumpleaños, cuarto, los ingresos económicos realizados periódicamente y quinto, los correos electrónicos enviados a doña Serafina».

6.La sentencia de segunda instancia estima el recurso de apelación y la demanda interpuesta, rechazando la excepción de caducidad acogida en la sentencia de primera instancia con la siguiente argumentación:

«Entrando en el recurso de apelación, en la demanda se sostiene como base de la reclamación el articulo 133 CC, pero no se desenvuelve con sus consecuencias y si se hace mención en el apartado 5 a que ha venido sufragando gastos de la menor, adjuntando la documentación bancaria que los acredita.

»Efectivamente, aporta los documentos de transferencia bancaria desde su cuenta a la cuenta bancaria de la progenitora que se inician el 1 de noviembre de 2018 hasta el 4 de enero de 2022, primero de 250 euros mensuales y luego de 300 euros al mes, desde 2020.

»La tres primeras veces la demandada rehúsa el pago, devuelve, retrocede el ingreso en su cuenta, pero todos los demás los acepta, no consta su devolución y así durante todo el año 2019, 2020, 2021, durante tres años, haciéndose en cada impreso de transferencia la observación de " Angelica", que es el nombre de la hija menor.

»La posesión de estado exigida por la acción de reclamación de la filiación, prevista en el artículo 131 del Código Civil ,es la que se considera procedente a los hechos acreditados en el procedimiento, haciendo con ello inoperante el plazo de caducidad de un año previsto en el artículo 133 del Código Civil .

»En artículo 131 del Código Civil se establece "Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de estado.

»Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada".

»La STS 267/2018, de 9 de mayo ,refiere, el concepto de posesión de estado es una quaestio iuris y también lo es por tanto la valoración y calificación jurídica de los concretos hechos probados en la instancia, es decir, la determinación de si los hechos acreditados son constitutivos o no del concepto de posesión de estado. La apreciación del concepto que establece la ley como presupuesto para la legitimación de cualquier interesado requiere la presencia de hechos concretos que integren los diversos elementos de la posesión de estado (nomen, tractatus, fama), de modo que conformen una apariencia de filiación creada por el ejercicio constante de sus potestades y deberes, una apariencia de una relación de filiación manifestada por la posesión del estado de filiación. Es preciso, por tanto, que consten hechos públicos repetidos y encadenados de los que resulte el goce público de una relación de filiación.

»Hay que admitir que resulta posible la acreditación de la posesión de estado aun en ausencia de alguno de sus tres elementos clásicos. En particular, puesto que se trata de reclamar una filiación extramatrimonial no determinada, no sería exigible el nomen en el sentido estricto de que el supuesto hijo usara los apellidos del progenitor, pero sí resulta absolutamente imprescindible el tractatus. Es decir, actos del progenitor (a los que pueden sumarse los de su familia) que den credibilidad a la situación posesoria, actos de atención y asistencia al hijo, actos que comporten el cumplimiento de la función propia de un progenitor. E igualmente es necesario que concurra la fama, entendida como notoriedad y reflejo de la naturaleza del fenómeno posesorio. Con independencia de que pueda ser valorada flexiblemente si, en atención a las circunstancias concretas, incluidos los condicionantes sociales, se aprecia que no se ha querido hacer ostensible la relación de paternidad, es preciso que concurra una exteriorización constante de la relación de estado.

»Tenemos que la demanda es presentada el 4 de mayo de 2022, que el ultimo ingreso de la pensión alimenticia por parte del progenitor hacia la hija menor se produce en enero de 2022, lo ha sido durante los tres años anteriores por importe no desdeñable, la suma de 250 euros mensuales y posterior de 300 euros mensuales para sufragar los gastos y alimentos de la hija menor, que el actor ha venido reclamando a su expareja de manera insistente su paternidad y que se permitieran visitas, dándole "largas" la demandada que, no obstante, durante tres años ha venido recibiendo los pagos sin reparo, reserva ni observación, pagos que se hacían de manera voluntaria, libre y espontanea, por parte del actor.

»De ahí que aparezca acreditado que la niña se encontraba al momento de interposición de la demanda o en época anterior o próxima, en constante posesión de estado respecto a su supuesto progenitor, al existir una apariencia de filiación mediante la asistencia económica a la niña, de modo que si la posesión de hecho del estado de progenitor se ostenta al tiempo del ejercicio de la acción, como ocurre en el supuesto, y que la realidad biológica de la paternidad coincide con la reclamación de filiación no matrimonial, es reconocida por la propia madre, es indiferente que en la demanda solo se haga mención al artículo 133 CC y no al precepto del articulo 131 CC, de hecho la sentencia de instancia niega, por lo que la trata y estudia, la posesión de estado, valorándolo de manera diferente a lo reseñado por esta Sala.».

7.La demandada ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones del demandante y del fiscal. Decisión de la Sala.

1. Planteamiento.El recurso, por razón de interés casacional, se funda en seis motivos:

i) En el motivo primero se denuncia la infracción de los arts. 216 y 218.1 de la LEC. Se alega que la acción ejercitada no es la del art. 131 del CC, sino la del art. 133. Asimismo, se sostiene que la Audiencia Provincial sustituyó una acción por otra sin que las partes la ejercitaran ni lo solicitaran, lo que ha generado indefensión. Se añade, que no solo se estimó la demanda en virtud de una acción no ejercitada, sino que, sin haberse solicitado, se acordó que la menor lleve los apellidos del padre.

ii) En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 24 de la CE, en relación con los arts. 316, 326 y 376 de la LEC. Se alega que la Audiencia Provincial a consecuencia de una valoración probatoria que no supera el test de racionalidad ha concluido, con patente error y de forma irracional, que la demandada «recibió los pagos del padre sin reparo, basando en dicho hecho la existencia de una supuesta posesión de estado.».

iii) En el motivo tercero se denuncia la infracción, por inaplicación, del art. 133 del CC. Se alega que la acción ejercitada debe considerarse caducada, ya que la demanda se presentó seis años después del nacimiento de la menor.

iv) En el motivo cuarto se denuncia la infracción de Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Se alega que la sentencia recurrida no detalla los beneficios que supondría para el menor la estimación de la demanda, ignora el contenido del informe psicosocial obrante en las actuaciones y no se pronuncia sobre el interés del menor.

v) En el motivo quinto se denuncia la infracción del art. del art. 131 del CC. Se alega que no existe constante posesión de estado.

vi) Por último, en el motivo sexto se denuncia la infracción del art. 131, párrafo primero, en relación con el art. 133, párrafo segundo, ambos del CC. Se alega que no cabe apreciar la existencia de posesión de estado basándose en los ingresos iniciados unilateralmente por el demandado dos años después del nacimiento de la menor, sin autorización ni consentimiento de la demandante. Asimismo, se sostiene que dichos actos comenzaron tras el vencimiento del plazo de caducidad del art. 133 del CC y que, si este se deja sin efecto por considerar que existe posesión de estado en función de ellos, se estaría incurriendo en un fraude de ley.

2. Alegaciones del demandante y del fiscal

2.1 El demandante se opone. Alega que la prueba practicada acredita la posesión de estado, la interrupción de la caducidad y que la menor es su hija biológica. Añade que el régimen de visitas establecido responde al interés superior de esta.

2.2 El fiscal sostiene que la sentencia, al estimar el recurso de apelación con arreglo a lo dispuesto en el art. 133 del CC, incurre en una incongruencia extra petitaque excede la aplicación del principio iura novit curia,aunque no existe extralimitación en lo resuelto respecto a los apellidos de la menor. Asegura que la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial no puede calificarse como arbitraria ni irracional. Afirma que, si se estima el primer motivo, deberá estimarse el tercero, y que, si se desestima aquel, también debe desestimarse este. Alega que el interés superior del menor no constituye causa suficiente para que el juez atribuya una filiación. Por último, señala que no cabe apreciar una situación de posesión de estado, ya que no puede considerarse constante debido a su insuficiencia en cuanto a persistencia y nitidez. Por todo ello, solicita que se estimen los motivos primero y tercero y se declare caducada la acción. En caso de que la sala no lo estime, pide la desestimación del segundo, del tercero y del cuarto. Y, finalmente, analizados conjuntamente, sostiene que procede estimar el quinto y el sexto.

3. Decisión de la Sala

Procede como sostiene el fiscal y por las razones que expone, estimar los motivos primero y tercero y declarar caducada la acción.

La decisión adoptada por la Audiencia Provincial no es correcta, ya que incurre en una incongruencia extra petita(más allá de lo pedido) que excede los límites del principio iura novit curia(el juez conoce el derecho), al haber resuelto el litigio sobre la base de una causa de pedir distinta a la planteada por las partes, vulnerando el deber de congruencia de las sentencias y los límites del recurso de apelación.

Como hemos recordado en una reciente sentencia, la 129/2025, de 27 de enero, esta Sala ha reiterado, al llevar a cabo la exégesis del art. 218.1 de la LEC: (i) que la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes y el fallo de la sentencia en atención a la petición y a la causa de pedir; (ii) que la resolución fuera de lo pedido constituye un auténtico vicio de incongruencia cuando se superan los límites del objeto del proceso tal y como ha sido configurado por las partes; (iii) que la obligada correlación entre las pretensiones deducidas por los litigantes y lo resuelto en las sentencias judiciales, impuesta por el deber de congruencia, adquiere además relevancia y dimensión constitucional, toda vez que resulta lesionado el principio de contradicción protegido por el art. 24 CE si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, generando indefensión a las partes que, al no tener conciencia del efectivo alcance de la controversia, no pueden activar adecuadamente la defensa de sus intereses; y (iv) que para apreciar una incongruencia vulneradora del art. 24 CE es necesario, conforme a la doctrina constitucional ( STC 1759/2023, de 19 de diciembre), que la desviación del fallo judicial respecto de los términos en que las partes formularon sus pretensiones sea de tal entidad que suponga una modificación sustancial de los términos en que discurrió la controversia procesal.

Esta Sala también ha señalado (por todas, sentencia 267/2025, de 19 de febrero, y las en ella citadas): (i) que en el proceso civil rige el principio de aportación de parte y rogación, al que se refiere el art. 216 de la LEC; (ii) que, manifestación de tal principio, es la regla latina tantum devolutum quantum apellatum(se transfiere lo que se apela), conforme a la cual el tribunal de apelación solo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, según dispone el art. 465.5 LEC; y (iii) que dicha regla constituye una proyección del principio de congruencia en segunda instancia, así como expresión del principio dispositivo que rige el proceso civil.

En este caso, la Audiencia Provincial resolvió el recurso aplicando el art. 131 del CC, cuando la acción ejercitada en la demanda no se fundamentaba en dicho precepto, sino en el art. 133. No se trató, por tanto, de una mera reinterpretación jurídica dentro de la causa de pedir invocada, sino de la introducción de una nueva causa de pedir no planteada ni debatida en el proceso.

Por otro lado, como señalamos en la sentencia 522/2019, de 8 de octubre:

«Es cierto que, en atención al objeto sobre el que versan, entre otros, los procesos sobre filiación, el art. 752 LEC contiene reglas especiales en materia de alegación y prueba de hechos. Pero la posibilidad de que en estos procesos se decida con arreglo a hechos con independencia del momento en que hubiesen sido alegados en el procedimiento solo se refiere a hechos, y no a la acción que se ejercita y, además, requiere que los hechos hayan sido objeto de debate y resulten probados.»

En el presente caso, la posesión de estado no fue invocada como vía de legitimación para accionar ni fue objeto de debate en el procedimiento. De hecho, el propio demandante manifestó en la vista que no existía posesión de estado del padre, lo que descarta cualquier duda sobre la falta de ejercicio de la acción del art. 131 del CC. La sentencia de primera instancia fue clara al determinar que la acción ejercitada era la del art. 133 del CC y resolvió en consecuencia, sin perjuicio de una mención incidental a la posesión de estado.

Es más, aunque se admitiera que la Audiencia Provincial consideró la posesión de estado como fundamento de su fallo, dicha cuestión quedó fuera del ámbito del recurso de apelación. El demandante apelante limitó su argumentación a la interrupción del plazo de caducidad del art. 133 del CC, sin sostener en ningún momento que los hechos invocados constituyeran una posesión de estado que justificara la imposibilidad de considerar caducada la acción. De hecho, ni en el recurso de apelación ni en la sentencia recurrida se analiza la concurrencia de los requisitos exigidos para la posesión de estado.

Por ello, al resolver aplicando el art. 131 del CC, la Audiencia Provincial introdujo una cuestión que no había sido impugnada en la apelación, por lo que no solo desbordó su objeto, conculcando el principio tantum devolutum quantum apellatum,sino que también vulneró la jurisprudencia que establece que los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia no impugnados deben entenderse consentidos y no pueden ser modificados en segunda instancia, so pena de incurrir en reformatio in peius-reforma para peor- ( sentencia 159/2025, de 30 de enero).

En conclusión, la Audiencia Provincial, al resolver la controversia sobre la base del art. 131 del CC en lugar del art. 133 del CC, ha incurrido en incongruencia, contraviniendo los principios de congruencia procesal y los límites del recurso de apelación. Esta actuación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios jurisprudenciales que rigen la segunda instancia, al modificar de oficio el objeto del litigio y pronunciarse sobre una acción no ejercitada ni debatida por las partes.

Por todo ello, procede estimar los motivos primero y tercero y, sin necesidad de examinar los demás, casar la sentencia, desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia por caducidad de la acción.

TERCERO. Costas y depósitos

1.No se imponen las costas del recurso de casación a ninguna de las partes, con devolución del depósito para recurrir ( art. 398.3 LEC y apartado 8 de la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ, respectivamente).

2.Se imponen al apelante las costas del recurso de apelación ( arts. 398.1 y 394.1 de la LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9 de la LOPJ, respectivamente).