Sentencia Civil 743/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6911/2023 de 13 de mayo del 2026

PRIMERO. Cuestión controvertida y resumen de antecedentes

1.La presente controversia jurídica se plantea en la sección de calificación del concurso de una persona natural, y versa sobre si es o no correcta la valoración jurídica de haber calificado el concurso como culpable por haber generado o agravado el deudor su estado de insolvencia con culpa grave ( art. 442 TRLC), en la medida en que no ha justificado debidamente las causas de su endeudamiento ni el destino de la financiación. Sin embargo, el recurso de casación se desestima por plantear cuestiones que no afectan a la ratio decidendi(razón decisoria) de la sentencia recurrida. La inadmisión y consiguiente desestimación del recurso de casación comporta la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

2.Para la resolución de los presentes recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la parte concursada, debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

(i)D.ª Antonia (en adelante, la «Sra. Antonia») fue declarada en concurso de acreedores por auto de 17 de enero de 2022, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 y Mercantil de León (concurso abreviado n.º 308/2021).

El pasivo de la concursada ascendía a 97.017 €, en el que se incluían créditos de varias entidades financieras, de los que se desconocía la fecha de su nacimiento, su importe y destino al que se habían aplicado.

Los ingresos de la Sra. Antonia que constan en las actuaciones (pues no figuran los anteriores al año 2017) eran de 1.666 €/mes en 2017; 1.450 €/mes en 2018; 1.013 €/mes en 2019, 1.591 €/mes en 2020; y 1.700 €/mes en 2021 (de promedio por su trabajo como enfermera), y cifraba los gastos en 1.504 €/mes.

En su informe de vida laboral, la Sra. Antonia consta como autónoma entre 2013 y 2018.

(ii)Mediante auto de 28 de marzo de 2022, se acordó la formación de la sección de calificación.

(iii)El administrador concursal (D. Argimiro) presentó su informe el 20 de junio de 2022, en el que proponía la calificación fortuita del concurso, al entender que no concurría ninguno de los supuestos que determinan la culpabilidad, sino que la situación económica de la concursada provenía de un cúmulo de circunstancias negativas (fundamentalmente, laborales).

(iv)El ministerio fiscal emitió su dictamen el 1 de julio de 2022, en el que proponía la calificación culpable del concurso, al considerar que la Sra. Antonia había generado de manera gravemente negligente su situación de insolvencia, puesto que disponía de unos ingresos periódicos suficientes para atender sus gastos corrientes y no justificó en tal tesitura la causa de su sobreendeudamiento.

(v)La concursada Sra. Antonia presentó el 12 de julio de 2022 un escrito de oposición a la calificación culpable, en atención a que solicitó la financiación para atender los gastos motivados por la discapacidad de su hijo que está a cargo de ella.

3.El Juzgado de Primera Instancia n.º 8 y Mercantil de León dictó la sentencia n.º 66/2022, de 26 de julio, en la que estimó íntegramente la demanda de calificación deducida por el ministerio fiscal, y calificó como culpable el concurso de la Sra. Antonia, a la que condenó a la sanción de inhabilitación para administrar bienes ajenos durante un período de dos años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, y a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal o de la masa. Asimismo, impuso a la Sra. Antonia las costas procesales.

El juzgado fundamentó esta calificación culpable del concurso en la cláusula general de culpabilidad el art. 442 TRLC, por haber generado la Sra. Antonia de manera gravemente negligente su situación de insolvencia, en la medida en que no había justificado debidamente las causas de su endeudamiento.

4.La Sra. Antonia recurrió en apelación la sentencia de primera instancia. Como primer motivo, alegó incongruencia extra petita,ya que la extemporaneidad en la solicitud de concurso, referida por el juzgado, no fue invocada por el ministerio fiscal como fundamento de la calificación culpable. Subsidiariamente, solicitó la calificación del concurso como fortuito, al no haberse acreditado la causa del art. 442 TRLC. Y también con carácter subsidiario, de mantenerse la calificación culpable, pidió que se le absolviera de la condena de inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años.

El administrador concursal se adhirió al recurso de apelación y consideró que el concurso debía calificarse como fortuito.

El ministerio fiscal se opuso al recurso de apelación.

5.La Audiencia Provincial de León (Sección 1.ª) en su sentencia n.º 273/2023, de 25 de abril, desestima el recurso de apelación, y confirma la sentencia del juzgado, con la consiguiente calificación culpable del concurso de la Sra. Antonia, a quien impone las costas de la apelación.

Como fundamento de su resolución, la audiencia provincial comienza por señalar que la sentencia del juzgado no es incongruente, puesto que la calificación culpable se basa en la cláusula general del art. 442 TRLC, en la que también se fundó el dictamen del ministerio fiscal para su propuesta de calificación. En cambio, la referencia de la sentencia del juzgado a que la causa alegada por la deudora en su escrito de oposición no era de aparición reciente, por lo que habría incumplido el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso ( art. 5 TRLC), con la consiguiente presunción de culpabilidad del art. 444.1.º TRLC, se trataba de un argumento colateral o tangencial, que no determinó la calificación culpable, sino que se expuso a mayor abundamiento.

A continuación, la audiencia provincial confirma la valoración de la prueba realizada por el juzgado, con la consiguiente calificación culpable del concurso con el fundamento del art. 442 TRLC. Se considera que la concursada generó de manera gravemente negligente su situación de insolvencia, desencadenada por un sobreendeudamiento no justificado, pues a pesar de contar con ingresos suficientes para atender sus necesidades ordinarias, ha solicitado préstamos cuyo origen y destino no explica ni acredita.

6.Frente a la sentencia de apelación, la Sra. Antonia formula un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y un recurso de casación, articulado también en dos motivos.

SEGUNDO. Motivos primero y segundo del recurso de casación: inadmisibilidad por no atacar la razón decisoria («ratio decidendi»); la inadmisión y consiguiente desestimación del recurso de casación comporta la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Planteamiento. El encabezamiento del primer motivo del recurso de casación indica literalmente: «Inaplicación del nuevo régimen de exoneración del pasivo insatisfecho. Inaplicación del artículo 20 de la Directiva DUE 2019/1023 y la Ley de Trasposición RD-Leg 16/2022, y el principio general contenido en el artículo 486 TRLC. »

Y el encabezamiento del motivo segundo del recurso de casación se formula así: «Aplicabilidad al presente supuesto de la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo sobre el déficit concursal en supuestos de culpabilidad del concurso. Vulneración del art. 24 CE».

En el desarrollo del primer motivo la recurrente alega, resumidamente, que la finalidad del concurso de persona natural (especialmente en el caso de no empresarios) es la exoneración del pasivo insatisfecho, y a este respecto se refiere al art. 20 de la Directiva 2019/1023, y a su transposición al Derecho español por la Ley 16/2022, con referencia a su disp. transit. 1.ª, y la nueva redacción de los arts. 486, 487 y 488 TRLC (exLey 16/2022) sobre la disciplina de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Y al desarrollar el segundo motivo del recurso de casación, la recurrente se refiere a la jurisprudencia dictada por la sala primera del Tribunal Supremo (sentencias n.º 650/2016, de 3 de noviembre, y la del pleno n.º 772/2014, de 12 de noviembre de 2015) sobre la «justificación añadida» para la condena al déficit concursal del administrador de la persona jurídica concursada, a la luz del anterior art. 172 bis LC.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos del recurso de casación por la razón que exponemos a continuación.

Tal y como están planteados, los dos motivos del recurso de casación deben ser desestimados, por incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC), al tratar sobre cuestiones que no afectan a la razón decisoria -ratio decidendi-de la sentencia recurrida. El fundamento de ello es que en el recurso de casación sólo pueden combatirse los argumentos decisivos o determinantes del fallo de la sentencia de la audiencia provincial.

En el presente caso, la sentencia recurrida de la audiencia provincial (al igual que la del juzgado mercantil) versa sobre la calificación culpable del concurso de la Sra. Antonia, con el fundamento de la cláusula general de culpabilidad del art. 442 TRLC. Ésta es la norma aplicada, y la argumentación de la sentencia recurrida se basa en la consideración de que la concursada generó de manera gravemente negligente su situación de insolvencia.

Por el contrario, el recurso de casación plantea cuestiones que no afectan, en absoluto, a la razón determinante de la sentencia recurrida: la calificación culpable del concurso en aplicación de la cláusula general del art. 442 TRLC.

Por una parte, el primer motivo del recurso se refiere a la inaplicación del nuevo régimen de exoneración del pasivo insatisfecho ( arts. 486- 488 TRLC exLey 16/2022). De otro lado, el segundo motivo de este recurso arguye la aplicabilidad de la jurisprudencia dictada en relación con el anterior art. 172 bis LC sobre la condena al déficit concursal al administrador en el concurso culpable de una persona jurídica.

En suma, las normas y jurisprudencia invocadas en ambos motivos del recurso de casación no son, en modo alguno, relevantes para el fallo de la sentencia de la audiencia provincial, en atención a su ratio decidendi.

La exigencia de que la infracción de las normas y jurisprudencia deben ser relevantes y decisivas para el fallo de la sentencia recurrida, atendida su ratio decidendi,se establece también en el Acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, adoptado en el Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017. Concretamente, en el apartado «I. Motivos del recurso», el epígrafe «2. Recurso de casación» comienza por señalar: «La infracción de norma o jurisprudencia aplicable al caso que se invoque en el recurso debe ser relevante para el fallo, atendida la ratio decidendide la sentencia». En consecuencia, en el apartado «III. Requisitos de los recursos», epígrafe «3.3. Requisitos del recurso de casación», letra «A). Requisitos generales», se insiste en ello al exigir: «a) La infracción de norma o jurisprudencia aplicable al caso debe ser relevante para el fallo, atendida la ratio decidendide la sentencia recurrida»; y «f) Los motivos del recurso deben respetar el ámbito de la discusión jurídica habida en la instancia ( art. 477.1 LEC), lo que implica: (...) que no pueden plantearse cuestiones que no afecten a la ratio decidendide la sentencia».

Como corolario de todo lo anterior, el referido Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta sala establece en su apartado «IV. Enumeración de las causas de inadmisión de los recursos», «3. Causas de inadmisión del recurso de casación», epígrafe 3.1 «La carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC) », letra «c) Plantear cuestiones que no afecten a la ratio decidendide la sentencia (rebatir argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia recurrida)».

En este sentido se expresan, entre otras muchas, las sentencias de esta sala n.º 648/2018, de 20 de noviembre, n.º 224/2019, de 10 de abril, n.º 130/2021, de 9 de marzo, n.º 108/2023, de 26 de enero, n.º 970/2024, de 9 de julio, n.º 1165/2025, de 17 de julio, y n.º 531/2026, de 9 de abril. En suma: el recurso de casación debe ser desestimado, porque no ataca la razón decisoria de la sentencia de la audiencia provincial.

Puesto que la presentación del recurso de casación incurrió en un requisito de inadmisión insubsanable ( art. 483.2.1.º LEC), en esta fase procesal debe ser desestimado, ya que las causas de inadmisión devienen en causas de desestimación del recurso. Así lo declaran, por citar sólo algunas, las sentencias de esta sala n.º 72/2009, de 13 de febrero, n.º 33/2011, de 31 de enero, n.º 564/2013, de 1 de octubre, n.º 546/2016, de 16 de septiembre, n.º 25/2017, de 18 de enero, n.º 108/2017, de 17 de febrero, n.º 146/2017, de 1 de marzo, n.º 557/2018, de 9 de octubre, n.º 970/2024, de 9 de julio, n.º 1581/2025, de 5 de noviembre, y n.º 402/2026, de 12 de marzo.

A ello no obsta que en su día el recurso fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de dicha admisión inicial, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia. En esta línea se pronuncian las sentencias de esta sala n.º 97/2011, de 18 de febrero, n.º 548/2012, de 20 de septiembre, n.º 109/2017, de 17 de febrero, n.º 487/2018, de 12 de septiembre, n.º 1581/2025, de 5 de noviembre, y n.º 402/2026, de 12 de marzo, entre otras muchas.

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha afirmado en numerosas resoluciones que «la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos». Esta doctrina se contiene, por citar sólo algunas, en las sentencias del Tribunal Constitucional n.º 32/2002, de 11 de febrero, n.º 204/2005, de 18 de julio, n.º 237/2006, de 17 de julio, n.º 7/2007, de 15 de enero, n.º 28/2011, de 14 de marzo, n.º 29/2011, de 14 de marzo, n.º 69/2011, de 16 de mayo, y n.º 200/2012, de 12 de noviembre.

3.La inadmisión y consiguiente desestimación del recurso de casación acarrea la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

En consecuencia, la inadmisibilidad del recurso de casación conlleva en esta fase procesal su desestimación, así como la del recurso extraordinario por infracción procesal, según establece la regla 5.ª de la disp. fin. 16.ª LEC. Así lo declara también, de manera reiterada y constante, la doctrina de esta sala: entre las más recientes, sentencia n.º 402/2026, de 12 de marzo.

TERCERO. Costas y depósitos

Desestimados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, imponemos las costas de ambos recursos a la parte recurrente, en aplicación de la regla contenida en el art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la disp. adic. 15.ª.9.ª LOPJ.