Sentencia Civil 1533/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5931/2019 de 14 de noviembre del 2024

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Gestiones y Servicios Ortubasa, S.L. (en adelante, Ortubasa) es titular de una parcela incorporada a la Entidad de Conservación Urbanística «Ecu Parque Empresarial Abra Industrial», desde el año 2013, la parcela 1.5.5.

Hasta 2017, el Consorcio de Aguas facturaba a Ecu Parque Empresarial Abra Industrial los consumos de agua, aunque cada parcela tuviera su propio contador de agua.

A partir de 2017, el Consorcio de Aguas empezó a facturar directamente al titular o arrendatario de cada parcela el consumo de agua realizado. En el caso de la parcela titularidad de Ortubasa, esas facturas a partir de noviembre de 2017 han sido pagadas por la arrendataria, Eriks Valves Enterprise S.L.U.

Todos los consumos de agua anteriores habían sido pagados por Ecu Parque Empresarial Abra Industrial. El coste del consumo de agua correspondiente a la parcela titularidad de Ortubasa fue de 9.266,13 euros.

El art. 37 de los estatutos de Ecu Parque Empresarial Abra Industrial prescribe lo siguiente:

«El importe de los impuestos, arbitrios y contribuciones que graven o puedan gravar independientemente o, cuando menos, en cuota determinable cada parcela, y el coste de los servicios o suministros particulares de cada una de ellas, serán sufragados por los respectivos propietarios y considerados como gastos particulares, con total independencia de su cuota de participación».

En una primera demanda, Ecu Parque Empresarial Abra Industrial reclamó a Ortubasa las cuotas correspondientes a su parcela, del periodo comprendido entre diciembre de 2013 y octubre de 2014. Esta primera reclamación dio lugar a un juicio verbal que se tramitó en rebeldía de la demandada (Ortubasa), quien fue condenada al pago de las cantidades reclamadas por medio de sentencia de 29 de octubre de 2014.

2.En la segunda demanda, que inició el presente procedimiento, Ecu Parque Empresarial Abra Industrial, entre otras reclamaciones, ejercitaba una acción de repetición frente a Ortubasa por el coste del consumo de agua realizado en la parcela de la demandada, de 2014 a 2017, que ascendía a 9.266,13 euros, más 3.139,800 euros de intereses calculados a 2 de marzo de 2018. En total 12.405,93 euros y los intereses del 20%.

La acción ejercitada era la prevista en el art. 1158 CC, en cuanto que la demandante afirmaba haber realizado un pago por tercero, una deuda respecto de la que era obligado Ortubasa.

3.La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que no concurrían los requisitos del art. 1158 CC:

«Si bien se hizo el pago por la actora, la acción examinada, sin entrar al ámbito reservado de la jurisdicción contencioso-administrativa, del art. 1158 CC, no puede estimarse. El pago realizado por la entidad de conservación no cumple los requisitos señalados; ni se hace el pago por un tercero ajeno, ya que está vinculado directamente como deudor de parte de los consumos, y además es a quien se giran las facturas por parte del Consorcio. Se suma la exclusión de la realización del pago a nombre del deudor, ya que se hace a nombre de la Entidad, que luego distribuye y aplica su normativa.

»El hecho de que, por parte de la administradora de ECU remitieran al Consorcio las lecturas de los contadores de la parcela efectuando distribución de gasto, no determina un vínculo obligacional directo con cada uno de los propietarios, sino de la ECU con el Consorcio y, a posteriori, dentro de los miembros de la Ecu con arreglo a los acuerdos aprobados y normativa (que no se examina por falta de jurisdicción)».

4.La sentencia fue recurrida en apelación por la demandante y la Audiencia estima el recurso.

La sentencia de apelación analiza los requisitos del art. 1158 CC y concluye que concurren en este caso. En primer lugar advierte que conforme al art. 37 de los estatutos internos el coste del consumo de agua correspondiente a la parcela de la demandada debía ser satisfecho por ella, como se acordó en un pleito anterior, por sentencia de 29 de octubre de 2014. Aunque esta sentencia se dictó en rebeldía, razón por la cual la Audiencia concluye con el siguiente razonamiento:

«Siendo ello así ha de decaer la alegación de que en todo caso deba ser el arrendatario de la parcela quien deba abonar el importe del consumo privativo, por cuanto en el anterior proceso fue la propietaria demandada quien consintiendo la sentencia que devino firme reconoce su legitimidad pasiva al pago, y porque en todo caso será la propiedad con el arrendatario que no el tercero que ha efectuado el pago quien deban solventar a quien le incumbía dicha obligación».

Y luego añade a continuación:

«Es evidente por otro lado que la parcela propiedad de la demandada vino abasteciéndose del agua a través del contador aun cuando el mismo obedezca a la contratación entre la Ecu y el Consorcio de aguas, por tanto es evidente que la parcela se suministraba de agua sin que en ningún caso la parte apelada haya acreditado que haya abonado cantidad alguna por tal concepto, y es un hecho acreditado que a partir del año 2017, el Consorcio de Aguas ha empezado ya a facturar a cada propietario por el consumo registrado en su contador y a la ECU únicamente la diferencia, y así acaece con la parcela propiedad de la demandada. Por otro lado en cuanto a la acreditación de la parte sobre el importe reclamado, ya la sentencia de instancia da por acreditado dicho pago, sin que la parte apelada haya practicado prueba alguna en contrario que desvirtúe dicha acreditación, limitándose a mantener que la misma no tiene obligación de pago alguna, lo que ya hemos señalado va en contra de sus propios actos previos al haber consentido la sentencia dictada en el Juicio verbal en el J1ªI nº 1 de Baracaldo con fecha 29/10/2014 , por el mismo concepto de lo debido desde el mes de diciembre de 2013 hasta octubre de 2014».

5.Frente a la sentencia de apelación, la demandada formula un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y un recurso de casación, articulado en un único motivo.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC y denuncia un error patente en la valoración de la prueba que vulnera la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24 CE e infringe lo dispuesto en el art. 319.1 LEC.

El error en la valoración se habría producido respecto de un documento público, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Barakaldo de 29 de octubre de 2014, dictada en un juicio verbal y en rebeldía de Ortubasa, en la medida en que con base en este documento la sentencia recurrida da por acreditada la obligación de la Ortubasa de pagar los gastos por suministro de agua y saneamiento de la parcela de su propiedad que se le reclaman en este segundo pleito. Y lo hace partiendo de una interpretación errónea, pues considera que en ese primer pleito versó sobre los consumos de agua de diciembre de 2013 a octubre de 2014, cuando en realidad lo fue por las cuotas devengadas por su pertenencia obligatoria a la Entidad de Conservación Urbanística.

2.Decisión del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. En otras ocasiones, hemos recordado cuál es el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC (entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo):

«(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados».

El error patente denunciado ni afecta a la determinación de los hechos objeto de enjuiciamiento, ni es relevante. El error denunciado se refiere al contenido u objeto de la reclamación realizada en el primer pleito, si incluía cuotas o también consumo de agua, pero no a la determinación de la base fáctica de este pleito, que se ciñe al consumo de agua y el importe cobrado por el Consorcio de Aguas a la demandante. Y no es relevante porque, como muy bien advierte Ecu Parque Empresarial Abra Industrial en su contestación al recurso, la referencia que la sentencia de apelación hace a la sentencia del primer pleito lo es para justificar la legitimación pasiva de Ortubasa, en cuanto titular de la parcela, al margen de que esta esté arrendada. Esto último es una valoración jurídica ajena a este cauce de impugnación del recurso extraordinario por infracción procesal.

TERCERO. Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción del art. 222.4 LEC. Se denuncia que la sentencia de apelación ha aplicado indebidamente el efecto de cosa juzgada material en sentido positivo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Barakaldo de 29 de octubre de 2014 al presente litigio, cuando no concurren los requisitos legales porque no existe identidad en la causa de pedir: en el primer pleito se reclamaban cuotas ordinarias devengadas por la pertenencia obligatoria al Parque Empresarial Abra Industrial, mientras que en el segundo se reclama el reintegro de las cantidades que Ecu Parque Empresarial Abra Industrial pagó al Consorcio de aguas por el consumo de agua y saneamiento correspondiente a la parcela de la demandada.

2. Decisión del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El motivo parte del presupuesto erróneo de que la sentencia recurrida ha aplicado el efecto de cosa juzgada material en sentido positivo de la del Juzgado de Primera Instancia 1 de Barakaldo de 29 de octubre de 2014 para justificar la responsabilidad de la demandada en el presente caso, cuando, como se explica en la contestación al recurso ello no es así.

La sentencia de apelación en ningún momento invoca el art. 222.4 LEC para justificar la eficacia vinculante de lo resuelto en el primer pleito, respecto de este segundo, sin perjuicio de que invoque la sentencia de 2014 para justificar que si en aquel primer pleito no discutió su legitimación pasiva porque esta correspondiera a la arrendataria, por actos propios no puede discutirlo en este segundo pleito. Se puede estar de acuerdo o no con la lógica del razonamiento jurídico empleado por la sentencia de la Audiencia, pero de su razonamiento no puede inferirse que se haya hecho uso del efecto de cosa juzgada material en sentido positivo.

La ratio decidendide la sentencia de apelación se basa en que existió un consumo de agua y saneamiento correspondiente a la parcela titularidad de Ortubasa, desde 2014 y hasta el año 2017, que en un importe determinado fue abonado por Ecu Parque Empresarial Abra Industrial, y que el obligado al pago conforme al art. 13 de los estatutos era Ortubasa, en cuanto titular de la parcela.

CUARTO. Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 1158 CC y la jurisprudencia que lo interpreta, en concreto la contenida en las sentencias 1026/2003, de 4 de noviembre, 105/2010, de 26 de febrero, y 154/2017, de 7 de marzo. En relación con la reclamación de reembolso de los importes correspondientes al consumo de agua y saneamiento, la demandada reitera lo ya alegado en su contestación de que Ecu Parque Empresarial Abra Industrial no es un tercero no interesado que hubiera abonado una deuda ajena, sino que pagó una deuda propia. El demandante no es un tercero, no obligado, al estar obligado frente al Consorcio de Aguas al pago del consumo de todo el parque hasta el año 2017; ni el pago se hizo voluntariamente en nombre de Ortubasa, ni para su utilidad «porque la demandada no ha estado nunca dada de alta como titular/usuario del suministro de agua en el punto referido de la parcela 1.5.5. del Parque Empresarial Abra Industrial».

2. Decisión el tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El art. 1158 CC legitima a «quien pagare por cuenta de otra» para «reclamar del deudor lo que hubiera pagado». Establece como excepción que lo hubiera hecho contra su expresa voluntad, y en este caso «sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil».

El que paga, en principio, debe ser un tercero que satisface voluntariamente una deuda ajena. Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 862/2007, de 23 de julio, cuando afirma que el art. 1158 CC «contempla un pago efectuado por "cualquier persona" (que no sea el deudor - sentencia de 4 de noviembre de 2.003 -, pero no porque el mismo no pueda pagar - debe hacerlo -, sino porque el mencionado precepto no tiene por función regular el pago de la deuda propia, sino las consecuencias del de la deuda ajena: sentencia de 12 de junio de 1.976)».

3.Es cierto que el pago de Ecu Parque Empresarial Abra Industrial al Consorcio de Aguas por el consumo de agua y saneamiento realizado en el parque industrial entre los años 2014 a 2017, que comprendía también la parte correspondiente al consumo realizado por la parcela 1.5.5., lo hizo porque estaba obligado frente a la compañía de aguas, sin perjuicio de que luego pudiera reclamar el reembolso a los titulares de cada parcela por el consumo realizado por cada uno de ellos, conforme a lo previsto en el art. 37 de los estatutos de Ecu Parque Empresarial Abra Industrial. Este precepto determina con claridad que cada titular de parcela estará obligado a pagar los servicios o suministros particulares, en este caso los de agua y saneamiento, al margen de la cuota de participación:

«El importe de los impuestos, arbitrios y contribuciones que graven o puedan gravar independientemente o, cuando menos, en cuota determinable cada parcela, y el coste de los servicios o suministros particulares de cada una de ellas, serán sufragados por los respectivos propietarios y considerados como gastos particulares, con total independencia de su cuota de participación».

De tal forma que hasta el año 2017, en que el Consorcio de Aguas pasó a facturar directamente a los titulares o usuarios de cada parcela, por el consumo propio, Ecu Parque Empresarial Abra Industrial estaba obligada frente al Consorcio de Aguas a pagar los servicios prestados al Parque Empresarial. Por eso el pago que correspondía al consumo de la parcela titularidad de la demandada (1.5.5) no lo hizo propiamente como tercero. En consecuencia, su derecho a reclamar el reembolso no se funda en la acción de reembolso que regula el art. 1158 CC, sino en la que deriva de la relación jurídica que mediaba entre Ecu Parque Empresarial Abra Industrial y la titular de la parcela. Con la aclaración prevista en el art. 37 de sus estatutos de que los gastos particulares, entre los que se encuentra los que genere el consumo de agua y saneamiento, corren de cuenta de cada propietario y no se entienden incluidos en la cuota de participación.

4.El que no fuera de aplicación el art. 1158 CC no conlleva la estimación del motivo, por falta de efecto útil.

La pretensión contenida en la demanda, de reclamación del reembolso de las cantidades pagadas por Ecu Parque Empresarial Abra Industrial del consumo de agua y suministros correspondientes a la parcela 1.5.5, titularidad de Ortubasa, se funda en que, aunque hubiera asumido frente a la compañía de aguas el pago de sus servicios durante ese tiempo (2014-2017), lo hacía por cuenta de cada uno de los titulares de las parcelas. En realidad, Ecu Parque Empresarial Abra Industrial actuaba cuando menos como gestor, en interés de los titulares de las parcelas. Y el art. 1893 CC le legitima para reclamar al titular de la parcela 1.5.5. el reembolso del precio pagado por los servicios de agua y saneamiento correspondientes a esa parcela más los intereses correspondientes.

De tal forma que, no cambia el fundamento de la reclamación, pero sí la norma aplicable, dentro de la facultad que se infiere del principio iura novit curia,tal y como ha sido interpretado por esta sala, por ejemplo en la sentencia núm. 777/2000, de 22 de julio:

«(...) tiene declarado esta Sala que se produce mutación de litis cuando se transforma el problema litigioso en otro totalmente distinto con alteración efectiva y sustancial de la causa petendi,lo que no ocurre cuando la sentencia recurrida mantiene adecuación y estricto respeto a los hechos probados en el pleito, no rebasando los juzgadores de instancia el principio iura novit curia,que les autoriza a aplicar las normas jurídicas que estimen procedentes, modificar los fundamentos jurídicos de las pretensiones y calificar las relaciones que medien entre las partes, ya que las denominaciones que éstas den a las acciones que ejercitan, no vinculan a los tribunales, siempre que la resolución que recaiga esté en el ámbito de las pretensiones de la demanda y no supere lo que efectivamente conformó la contienda judicial».

Este principio tiene su reflejo en el párrafo segundo del art. 218.1 LEC, según el cual:

«El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes».

En este caso no se altera de manera efectiva y sustancial la causa petendi,porque lo que se ejercitaba era una acción de reembolso, en cuanto que la demandante había pagado algo, consumos de agua y saneamiento correspondientes a la parcela de la demandada (Ortubasa), a lo que estaba obligado esta última. Cuando el tribunal aprecia que el fundamento del derecho al reembolso no sería propiamente el art. 1158 CC, del pago por tercero, sino el art. 1893 CC por la relación de gestión de negocios ajenos que conllevaba frente a la compañía de aguas la actuación de la demandante de contratar y pagar los servicios de agua y saneamiento hasta el año 2017, se mueve dentro del margen de actuación que se deriva del principio iura novit curiay del art. 218 LEC.

QUINTO. Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer a la recurrente las costas generadas por cada uno de estos recursos, conforme al art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.