Sentencia Civil 1138/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2335/2021 de 14 de julio del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 11 de abril de 2006, D. Vidal y Dña. María Dolores, que tenían la condición legal de consumidores, con la finalidad de financiar la adquisición de una vivienda, celebraron un contrato de préstamo con garantía hipotecaria (por importe de 125.580 euros) y un contrato de préstamo personal (por importe de 125.580 euros) con la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), los cuales incluían sendas cláusulas de comisiones de apertura. Ambos contratos tenían un plazo de duración de cuarenta años.

1.1.-En el contrato de préstamo hipotecario la cláusula era del siguiente tenor:

«Comisión de apertura.- El presente préstamo devengará a favor de U.C.I. y a cargo de la Parte Prestataria, en concepto de comisión de apertura del mismo, un importe de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS, SETENTA CÉNTIMOS DE EURO.

»El devengo, liquidación y pago de esta comisión se realiza en este acto, otorgando U.C.I. a la Parte Prestataria, por este documento, carta de pago de la misma».

1.2.-En el contrato de préstamo personal, la cláusula estipulaba:

«El préstamo otorgado en este acto devengará a favor de U.C.I. y a cargo de la Parte Prestataria las siguientes comisiones:

a) Comisión de apertura, cuyo devengo, liquidación y pago se realiza en este acto y que asciende a 531,30 euros, otorgando U.C.I. a la Parte Prestataria, por este documento, carta de pago».

2.-Los Sres. Vidal y María Dolores presentaron una demanda contra la entidad prestamista, en la que, en lo que ahora interesa, solicitaron la nulidad de las mencionadas cláusulas de comisión de apertura y la restitución de las cantidades abonadas como consecuencia de su aplicación.

3.-Tras la oposición de la parte demandada, la sentencia de primera instancia se pronunció sobre otras cláusulas también impugnadas, pero no sobre las de comisión de apertura, al entender que la parte demandante había desistido respecto de ellas.

4.-La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación formulado por los demandantes, consideró que no había existido desistimiento sobre la pretensión de nulidad de las meritadas cláusulas y las declaró nulas, porque ni se había justificado que correspondieran a un servicio efectivamente prestado ni se había ofrecido información adecuada a los prestatarios.

5.-La entidad de crédito demandada interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue admitido a trámite.

SEGUNDO.- Planteamiento de los motivos de casación. Resolución conjunta

1.-El primer motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 80.1 y 82.1 TRLCU, en relación con el art. 4.2 de la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la comisión de apertura forma parte del precio del préstamo y no puede examinarse la adecuación de su importe respecto de las actuaciones previas que remunera.

2.-El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 82.1 TRLCU, en relación con el art. 5.2 b de la Ley 5/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que el prestamista no tiene que justificar la prestación de los servicios que remunera esta concreta cláusula.

3.-Como los dos motivos contienen una argumentación común, se resolverán conjuntamente para evitar inútiles reiteraciones.

Además, cabe advertir que, aunque los motivos invocan el TRLCU de 2007 y los contratos litigiosos son de fecha anterior, al tratarse de un texto refundido podemos entender que se refiere a la legislación refundida anterior (la Ley de Consumidores y Usuarios de 1984).

TERCERO.- Comisión de apertura. Aplicación de la jurisprudencia de la Sala sobre la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios

1.-La normativa sobre transparencia bancaria de la comisión de apertura se refiere a los préstamos con garantía hipotecaria, sin ofrecer un tratamiento diferenciado para los demás préstamos. Pero a la luz de la jurisprudencia del TJUE plasmada en la sentencia de 16 de marzo de 2023 (asunto C-565/21) y las dos sentencias de 30 de abril de 2025 (asuntos C-699/23 y C-39/24), podemos considerar que los requisitos de validez de esta estipulación en los préstamos hipotecarios establecidos en nuestra jurisprudencia y contenida fundamentalmente en las sentencias 816/2023, de 29 de mayo, y 964/2025 y 965/2025, ambas de 17 de junio, son también aplicables a este tipo de operaciones sin garantía hipotecaria. De hecho, la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque se refiere a préstamos hipotecarios, porque las respectivas peticiones de decisión prejudicial que dieron lugar a sus pronunciamientos tenían por objeto contratos de esa naturaleza, no distingue realmente por el tipo de operación y en la segunda de las sentencias de 30 de abril de 2025, recaída en el asunto C-39/24, el TJUE hace mención expresa a otros contratos similares, entre los que parece evidente que pueden encontrarse los préstamos personales, dada la similitud de la naturaleza y funcionalidad de la comisión de apertura en todos los contratos de préstamo (en sentido amplio, inclusive los de crédito y financiación).

2.-La STJUE de 5 de junio de 2025, C-280/24 (Malicník),no traducida al español, puede tener mayor incidencia en los préstamos personales al referirse a un contrato de crédito al consumo, si bien analiza unas cláusulas de un contrato sujeto al Derecho eslovaco relativas a la formalización del préstamo y unos gastos administrativos de mayor amplitud que lo que en el Derecho español se entiende por comisión de apertura. En concreto se refiere a unas denominadas (la traducción del francés es nuestra) tasas de solicitud, gestión de crédito y seguro de crédito, de las cuales la primera era única y las otras dos periódicas.

No obstante, en la medida en que la denominada tasa de solicitud pueda ser asimilable a nuestra comisión de apertura, la jurisprudencia del TJUE es fundamentalmente la misma que la proferida sobre préstamos hipotecarios, en tanto que exige que se refiera a unas prestaciones razonables por parte del banco, que no haya solapamiento de comisiones y, sobre todo, que no puede considerarse abusiva «simplemente por trasladar al consumidor los costes de la actividad económica de la entidad financiera, siempre que no le imponga comisiones desproporcionadas con respecto a los gastos relacionados con los servicios en cuestión y el importe del préstamo» (nuevamente, la traducción es nuestra). El texto original en francés es el siguiente:

«pour satisfaire aux exigences prévues à ces dispositions, une clause relative aux «frais de dossier», figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, doit correspondre à des services ou à des dépenses effectives, qui relèvent raisonnablement des prestations qui sont effectuées par le prêteur dans le cadre de la conclusion de ce contrat et qui sont nécessaires à celle-ci, à l'exclusion de tout chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent, une telle clause ne pouvant être considérée comme abusive du seul fait qu'elle répercute sur le consommateur des coûts de l'activité économique de l'établissement financier, sous réserve qu'elle ne mette pas à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux dépenses liées aux services concernés et au montant du prêt»(énfasis añadido).

3.-Por ello, los requisitos establecidos para la validez de la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios son trasladables a los préstamos personales como el que se examina en esta sentencia, si bien debe hacerse una precisión respecto de la proporcionalidad de su coste, como trataremos más adelante. En concreto:

A) A los efectos de que el prestatario pueda ser consciente de la carga económica de la comisión de apertura, el prestamista no tiene obligación de precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de la comisión de apertura, pero la naturaleza de tales servicios debe poder entenderse razonablemente o deducirse del contrato en su conjunto. En particular, lo esencial para que el consumidor tenga elementos suficientes para conocer el contenido y el funcionamiento de la cláusula que le impone el pago de la comisión de apertura, así como de su función dentro del contrato de préstamo, es que disponga, antes de su celebración, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha comisión, sin que ello implique que la entidad bancaria esté obligada a detallar con precisión la naturaleza de todos los servicios prestados como contrapartida de la comisión de apertura ni el volumen horario dedicado a la prestación de cada uno de esos servicios, ya que estos elementos no influyen en el importe total de la retribución que debe pagarse en relación con esa comisión ni en la facultad del consumidor de comprender los motivos que justifican esa retribución.

B) En cuanto a sus requisitos de transparencia, son los siguientes: (i) debe comprender todos («cualesquiera») los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo; (ii) debe integrarse obligatoriamente en una única comisión, que tiene que denominarse necesariamente «comisión de apertura»; (iii) dicha comisión se devengará de una sola vez; y (iv) su importe y su forma y fecha de liquidación deben estar especificados en la propia cláusula.

4.-Respecto del requisito de la proporcionalidad, en el caso de los préstamos hipotecarios indicamos con todas las cautelas que supone el tener que examinar este requisito sin incurrir en un control de precios, que las estadísticas del coste medio de comisiones de apertura en España accesibles en internet oscilaban entre 0,25% y 1,50%, por lo que una cláusula que estuviera dentro de esos márgenes no podía considerarse desproporcionada.

Pero como veremos a continuación, en los préstamos no hipotecarios las magnitudes son diferentes. En el caso de los préstamos no hipotecarios, denominados genéricamente como personales, la determinación de unos costes medios es más compleja al existir distintas modalidades (préstamos para el consumo, para financiación de adquisiciones de bienes concretos, préstamos recargables, etc.). La información estadística facilitada por el Banco de España a partir de la Circular 5/2012 (primera que trató específicamente esta materia estadística) se refiere a los tipos, precios y comisiones más habitualmente percibidos por la entidad en sus operaciones, y sobre las comisiones de apertura distingue seis tipos de productos: (i) préstamos personales no destinados a vehículos ni otros bienes de consumo, plazo mayor o igual a 3 años y menor o igual a 5 años; (ii) préstamos personales no destinados a vehículos ni otros bienes de consumo, plazo mayor a 5 años; (iii) préstamos importe no inferior a 3.000 €, destinados a adquisición de vehículos, plazo mayor o igual a 2 años; (iv) préstamos importe igual o inferior a 3.000 €, destinados a bienes de consumo distintos de vehículos, plazo menor a 4 años; (v) créditos hasta 6.000 € en tarjeta de crédito contratada con motivo de adquisición de bienes de consumo; (vi) créditos hasta 4.000 € en tarjeta de crédito no vinculada a adquisición de bienes de consumo.

5.-Con esos datos, se constata que la horquilla de comisiones de apertura en préstamos como el litigioso oscilaba, en la fecha más aproximada a la del contrato sobre la que existen datos oficiales, entre el 0% y el 3%. Por lo que podría considerarse desproporcionada una comisión que superase ese máximo. Y con las salvedades ya indicadas para otros préstamos diferentes, que habrán de ser examinadas en cada caso en función de su tipología y características.

CUARTO.- Aplicación al caso. Estimación del recurso de casación

1.-Respecto de la cláusula inserta en el préstamo hipotecario, reúne los requisitos antes indicados, por cuanto comprende todos los gastos de estudio, concesión o tramitación de la operación, se trata de una única comisión que se denomina «comisión de apertura», se devenga de una sola vez y su importe y su forma y fecha de liquidación están especificados en la propia cláusula.

Asimismo, la cláusula (transcrita literalmente, incluso en cuanto a su presentación y tipografía en el primer fundamento de derecho) es clara y comprensible, incluso con el añadido de estar resaltada en letra negrita y mayúsculas. En cuanto a la posibilidad de que el consumidor pueda entender la naturaleza de los servicios prestados en contrapartida a la comisión de apertura, sobre la citada base legal de que retribuye los gastos de estudio y preparación inherentes a la concesión del préstamo, la cláusula figura claramente en la escritura pública, individualizada en relación con otros pactos y condiciones (incluso los relativos a otras comisiones), sus términos están destacados y queda claro, mediante una lectura comprensiva, que consiste en un pago único e inicial, tal y como se efectuó. Y en cuanto a lo que supone económicamente, también es fácilmente comprensible en cuanto a su coste, que está predeterminado e indicado numéricamente, y además los prestatarios supieron de su cobro en la misma fecha, puesto que se les detrajo del total dispuesto. Aparte de que se incluye como uno de los conceptos integrantes de la TAE.

No hay solapamiento de comisiones por el mismo concepto, ya que del examen de la escritura pública no consta que por el estudio y concesión del préstamo se cobrara otra cantidad diferente. En el documento figuran otras comisiones, pero por conceptos distintos y claramente diferenciados, tanto en su ubicación como en su enunciado.

Y en cuanto a la proporcionalidad, aunque no se especifica el porcentaje (no es imprescindible), el importe es del 1,50%, que está en el límite de los parámetros estadísticos para comisiones de apertura en operaciones similares en esas mismas fechas que hemos citado antes.

De todo lo cual, cabe concluir que, en este concreto caso, la cláusula que impuso el pago de la comisión de apertura en el préstamo hipotecario fue transparente y no abusiva.

2.-En cuanto al préstamo personal, la cláusula reúne los mismos requisitos en cuanto a concepto, exclusividad, falta de solapamiento, cobro único e inmediato e indicación exacta y expresa de su coste en su propia literalidad. Y respecto a la proporcionalidad, también es adecuada, conforme a los parámetros antes indicados, porque asciende al 0,42%.

3.-En su virtud, el recurso de casación debe ser estimado, puesto que la Audiencia Provincial limitó su análisis a una pretendida falta de información que hemos visto que no es tal y al hecho de que no se justificó en qué consistieron los servicios que se retribuyeron con la comisión de apertura en ambos contratos, lo que, como hemos explicado, ha sido descartado expresamente como requisito de validez por el TJUE.

Con la consecuencia de estimar el recurso de apelación de la entidad prestamista, a fin de revocar la declaración de nulidad de las comisiones de apertura.

QUINTO.- Costas y depósitos

1.-Al haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por él, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.-Como la estimación del recurso de casación conlleva la desestimación íntegra del recurso de apelación, deben imponerse a los demandantes las costas de la segunda instancia, según determina el mismo art. 398.1 LEC.

3.-Debe mantenerse la condena en costas de la primera instancia acordada por la Audiencia Provincial, pese a la estimación parcial de la demanda, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19.

4.-Igualmente, debe ordenarse la devolución del depósito constituido para el recurso de casación y la pérdida del prestado para el recurso apelación, a tenor de la Disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 11 de abril de 2006, D. Vidal y Dña. María Dolores, que tenían la condición legal de consumidores, con la finalidad de financiar la adquisición de una vivienda, celebraron un contrato de préstamo con garantía hipotecaria (por importe de 125.580 euros) y un contrato de préstamo personal (por importe de 125.580 euros) con la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), los cuales incluían sendas cláusulas de comisiones de apertura. Ambos contratos tenían un plazo de duración de cuarenta años.

1.1.-En el contrato de préstamo hipotecario la cláusula era del siguiente tenor:

«Comisión de apertura.- El presente préstamo devengará a favor de U.C.I. y a cargo de la Parte Prestataria, en concepto de comisión de apertura del mismo, un importe de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS, SETENTA CÉNTIMOS DE EURO.

»El devengo, liquidación y pago de esta comisión se realiza en este acto, otorgando U.C.I. a la Parte Prestataria, por este documento, carta de pago de la misma».

1.2.-En el contrato de préstamo personal, la cláusula estipulaba:

«El préstamo otorgado en este acto devengará a favor de U.C.I. y a cargo de la Parte Prestataria las siguientes comisiones:

a) Comisión de apertura, cuyo devengo, liquidación y pago se realiza en este acto y que asciende a 531,30 euros, otorgando U.C.I. a la Parte Prestataria, por este documento, carta de pago».

2.-Los Sres. Vidal y María Dolores presentaron una demanda contra la entidad prestamista, en la que, en lo que ahora interesa, solicitaron la nulidad de las mencionadas cláusulas de comisión de apertura y la restitución de las cantidades abonadas como consecuencia de su aplicación.

3.-Tras la oposición de la parte demandada, la sentencia de primera instancia se pronunció sobre otras cláusulas también impugnadas, pero no sobre las de comisión de apertura, al entender que la parte demandante había desistido respecto de ellas.

4.-La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación formulado por los demandantes, consideró que no había existido desistimiento sobre la pretensión de nulidad de las meritadas cláusulas y las declaró nulas, porque ni se había justificado que correspondieran a un servicio efectivamente prestado ni se había ofrecido información adecuada a los prestatarios.

5.-La entidad de crédito demandada interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue admitido a trámite.

SEGUNDO.- Planteamiento de los motivos de casación. Resolución conjunta

1.-El primer motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 80.1 y 82.1 TRLCU, en relación con el art. 4.2 de la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la comisión de apertura forma parte del precio del préstamo y no puede examinarse la adecuación de su importe respecto de las actuaciones previas que remunera.

2.-El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 82.1 TRLCU, en relación con el art. 5.2 b de la Ley 5/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que el prestamista no tiene que justificar la prestación de los servicios que remunera esta concreta cláusula.

3.-Como los dos motivos contienen una argumentación común, se resolverán conjuntamente para evitar inútiles reiteraciones.

Además, cabe advertir que, aunque los motivos invocan el TRLCU de 2007 y los contratos litigiosos son de fecha anterior, al tratarse de un texto refundido podemos entender que se refiere a la legislación refundida anterior (la Ley de Consumidores y Usuarios de 1984).

TERCERO.- Comisión de apertura. Aplicación de la jurisprudencia de la Sala sobre la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios

1.-La normativa sobre transparencia bancaria de la comisión de apertura se refiere a los préstamos con garantía hipotecaria, sin ofrecer un tratamiento diferenciado para los demás préstamos. Pero a la luz de la jurisprudencia del TJUE plasmada en la sentencia de 16 de marzo de 2023 (asunto C-565/21) y las dos sentencias de 30 de abril de 2025 (asuntos C-699/23 y C-39/24), podemos considerar que los requisitos de validez de esta estipulación en los préstamos hipotecarios establecidos en nuestra jurisprudencia y contenida fundamentalmente en las sentencias 816/2023, de 29 de mayo, y 964/2025 y 965/2025, ambas de 17 de junio, son también aplicables a este tipo de operaciones sin garantía hipotecaria. De hecho, la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque se refiere a préstamos hipotecarios, porque las respectivas peticiones de decisión prejudicial que dieron lugar a sus pronunciamientos tenían por objeto contratos de esa naturaleza, no distingue realmente por el tipo de operación y en la segunda de las sentencias de 30 de abril de 2025, recaída en el asunto C-39/24, el TJUE hace mención expresa a otros contratos similares, entre los que parece evidente que pueden encontrarse los préstamos personales, dada la similitud de la naturaleza y funcionalidad de la comisión de apertura en todos los contratos de préstamo (en sentido amplio, inclusive los de crédito y financiación).

2.-La STJUE de 5 de junio de 2025, C-280/24 (Malicník),no traducida al español, puede tener mayor incidencia en los préstamos personales al referirse a un contrato de crédito al consumo, si bien analiza unas cláusulas de un contrato sujeto al Derecho eslovaco relativas a la formalización del préstamo y unos gastos administrativos de mayor amplitud que lo que en el Derecho español se entiende por comisión de apertura. En concreto se refiere a unas denominadas (la traducción del francés es nuestra) tasas de solicitud, gestión de crédito y seguro de crédito, de las cuales la primera era única y las otras dos periódicas.

No obstante, en la medida en que la denominada tasa de solicitud pueda ser asimilable a nuestra comisión de apertura, la jurisprudencia del TJUE es fundamentalmente la misma que la proferida sobre préstamos hipotecarios, en tanto que exige que se refiera a unas prestaciones razonables por parte del banco, que no haya solapamiento de comisiones y, sobre todo, que no puede considerarse abusiva «simplemente por trasladar al consumidor los costes de la actividad económica de la entidad financiera, siempre que no le imponga comisiones desproporcionadas con respecto a los gastos relacionados con los servicios en cuestión y el importe del préstamo» (nuevamente, la traducción es nuestra). El texto original en francés es el siguiente:

«pour satisfaire aux exigences prévues à ces dispositions, une clause relative aux «frais de dossier», figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, doit correspondre à des services ou à des dépenses effectives, qui relèvent raisonnablement des prestations qui sont effectuées par le prêteur dans le cadre de la conclusion de ce contrat et qui sont nécessaires à celle-ci, à l'exclusion de tout chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent, une telle clause ne pouvant être considérée comme abusive du seul fait qu'elle répercute sur le consommateur des coûts de l'activité économique de l'établissement financier, sous réserve qu'elle ne mette pas à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux dépenses liées aux services concernés et au montant du prêt»(énfasis añadido).

3.-Por ello, los requisitos establecidos para la validez de la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios son trasladables a los préstamos personales como el que se examina en esta sentencia, si bien debe hacerse una precisión respecto de la proporcionalidad de su coste, como trataremos más adelante. En concreto:

A) A los efectos de que el prestatario pueda ser consciente de la carga económica de la comisión de apertura, el prestamista no tiene obligación de precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de la comisión de apertura, pero la naturaleza de tales servicios debe poder entenderse razonablemente o deducirse del contrato en su conjunto. En particular, lo esencial para que el consumidor tenga elementos suficientes para conocer el contenido y el funcionamiento de la cláusula que le impone el pago de la comisión de apertura, así como de su función dentro del contrato de préstamo, es que disponga, antes de su celebración, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha comisión, sin que ello implique que la entidad bancaria esté obligada a detallar con precisión la naturaleza de todos los servicios prestados como contrapartida de la comisión de apertura ni el volumen horario dedicado a la prestación de cada uno de esos servicios, ya que estos elementos no influyen en el importe total de la retribución que debe pagarse en relación con esa comisión ni en la facultad del consumidor de comprender los motivos que justifican esa retribución.

B) En cuanto a sus requisitos de transparencia, son los siguientes: (i) debe comprender todos («cualesquiera») los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo; (ii) debe integrarse obligatoriamente en una única comisión, que tiene que denominarse necesariamente «comisión de apertura»; (iii) dicha comisión se devengará de una sola vez; y (iv) su importe y su forma y fecha de liquidación deben estar especificados en la propia cláusula.

4.-Respecto del requisito de la proporcionalidad, en el caso de los préstamos hipotecarios indicamos con todas las cautelas que supone el tener que examinar este requisito sin incurrir en un control de precios, que las estadísticas del coste medio de comisiones de apertura en España accesibles en internet oscilaban entre 0,25% y 1,50%, por lo que una cláusula que estuviera dentro de esos márgenes no podía considerarse desproporcionada.

Pero como veremos a continuación, en los préstamos no hipotecarios las magnitudes son diferentes. En el caso de los préstamos no hipotecarios, denominados genéricamente como personales, la determinación de unos costes medios es más compleja al existir distintas modalidades (préstamos para el consumo, para financiación de adquisiciones de bienes concretos, préstamos recargables, etc.). La información estadística facilitada por el Banco de España a partir de la Circular 5/2012 (primera que trató específicamente esta materia estadística) se refiere a los tipos, precios y comisiones más habitualmente percibidos por la entidad en sus operaciones, y sobre las comisiones de apertura distingue seis tipos de productos: (i) préstamos personales no destinados a vehículos ni otros bienes de consumo, plazo mayor o igual a 3 años y menor o igual a 5 años; (ii) préstamos personales no destinados a vehículos ni otros bienes de consumo, plazo mayor a 5 años; (iii) préstamos importe no inferior a 3.000 €, destinados a adquisición de vehículos, plazo mayor o igual a 2 años; (iv) préstamos importe igual o inferior a 3.000 €, destinados a bienes de consumo distintos de vehículos, plazo menor a 4 años; (v) créditos hasta 6.000 € en tarjeta de crédito contratada con motivo de adquisición de bienes de consumo; (vi) créditos hasta 4.000 € en tarjeta de crédito no vinculada a adquisición de bienes de consumo.

5.-Con esos datos, se constata que la horquilla de comisiones de apertura en préstamos como el litigioso oscilaba, en la fecha más aproximada a la del contrato sobre la que existen datos oficiales, entre el 0% y el 3%. Por lo que podría considerarse desproporcionada una comisión que superase ese máximo. Y con las salvedades ya indicadas para otros préstamos diferentes, que habrán de ser examinadas en cada caso en función de su tipología y características.

CUARTO.- Aplicación al caso. Estimación del recurso de casación

1.-Respecto de la cláusula inserta en el préstamo hipotecario, reúne los requisitos antes indicados, por cuanto comprende todos los gastos de estudio, concesión o tramitación de la operación, se trata de una única comisión que se denomina «comisión de apertura», se devenga de una sola vez y su importe y su forma y fecha de liquidación están especificados en la propia cláusula.

Asimismo, la cláusula (transcrita literalmente, incluso en cuanto a su presentación y tipografía en el primer fundamento de derecho) es clara y comprensible, incluso con el añadido de estar resaltada en letra negrita y mayúsculas. En cuanto a la posibilidad de que el consumidor pueda entender la naturaleza de los servicios prestados en contrapartida a la comisión de apertura, sobre la citada base legal de que retribuye los gastos de estudio y preparación inherentes a la concesión del préstamo, la cláusula figura claramente en la escritura pública, individualizada en relación con otros pactos y condiciones (incluso los relativos a otras comisiones), sus términos están destacados y queda claro, mediante una lectura comprensiva, que consiste en un pago único e inicial, tal y como se efectuó. Y en cuanto a lo que supone económicamente, también es fácilmente comprensible en cuanto a su coste, que está predeterminado e indicado numéricamente, y además los prestatarios supieron de su cobro en la misma fecha, puesto que se les detrajo del total dispuesto. Aparte de que se incluye como uno de los conceptos integrantes de la TAE.

No hay solapamiento de comisiones por el mismo concepto, ya que del examen de la escritura pública no consta que por el estudio y concesión del préstamo se cobrara otra cantidad diferente. En el documento figuran otras comisiones, pero por conceptos distintos y claramente diferenciados, tanto en su ubicación como en su enunciado.

Y en cuanto a la proporcionalidad, aunque no se especifica el porcentaje (no es imprescindible), el importe es del 1,50%, que está en el límite de los parámetros estadísticos para comisiones de apertura en operaciones similares en esas mismas fechas que hemos citado antes.

De todo lo cual, cabe concluir que, en este concreto caso, la cláusula que impuso el pago de la comisión de apertura en el préstamo hipotecario fue transparente y no abusiva.

2.-En cuanto al préstamo personal, la cláusula reúne los mismos requisitos en cuanto a concepto, exclusividad, falta de solapamiento, cobro único e inmediato e indicación exacta y expresa de su coste en su propia literalidad. Y respecto a la proporcionalidad, también es adecuada, conforme a los parámetros antes indicados, porque asciende al 0,42%.

3.-En su virtud, el recurso de casación debe ser estimado, puesto que la Audiencia Provincial limitó su análisis a una pretendida falta de información que hemos visto que no es tal y al hecho de que no se justificó en qué consistieron los servicios que se retribuyeron con la comisión de apertura en ambos contratos, lo que, como hemos explicado, ha sido descartado expresamente como requisito de validez por el TJUE.

Con la consecuencia de estimar el recurso de apelación de la entidad prestamista, a fin de revocar la declaración de nulidad de las comisiones de apertura.

QUINTO.- Costas y depósitos

1.-Al haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por él, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.-Como la estimación del recurso de casación conlleva la desestimación íntegra del recurso de apelación, deben imponerse a los demandantes las costas de la segunda instancia, según determina el mismo art. 398.1 LEC.

3.-Debe mantenerse la condena en costas de la primera instancia acordada por la Audiencia Provincial, pese a la estimación parcial de la demanda, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19.

4.-Igualmente, debe ordenarse la devolución del depósito constituido para el recurso de casación y la pérdida del prestado para el recurso apelación, a tenor de la Disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 11 de abril de 2006, D. Vidal y Dña. María Dolores, que tenían la condición legal de consumidores, con la finalidad de financiar la adquisición de una vivienda, celebraron un contrato de préstamo con garantía hipotecaria (por importe de 125.580 euros) y un contrato de préstamo personal (por importe de 125.580 euros) con la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), los cuales incluían sendas cláusulas de comisiones de apertura. Ambos contratos tenían un plazo de duración de cuarenta años.

1.1.-En el contrato de préstamo hipotecario la cláusula era del siguiente tenor:

«Comisión de apertura.- El presente préstamo devengará a favor de U.C.I. y a cargo de la Parte Prestataria, en concepto de comisión de apertura del mismo, un importe de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS, SETENTA CÉNTIMOS DE EURO.

»El devengo, liquidación y pago de esta comisión se realiza en este acto, otorgando U.C.I. a la Parte Prestataria, por este documento, carta de pago de la misma».

1.2.-En el contrato de préstamo personal, la cláusula estipulaba:

«El préstamo otorgado en este acto devengará a favor de U.C.I. y a cargo de la Parte Prestataria las siguientes comisiones:

a) Comisión de apertura, cuyo devengo, liquidación y pago se realiza en este acto y que asciende a 531,30 euros, otorgando U.C.I. a la Parte Prestataria, por este documento, carta de pago».

2.-Los Sres. Vidal y María Dolores presentaron una demanda contra la entidad prestamista, en la que, en lo que ahora interesa, solicitaron la nulidad de las mencionadas cláusulas de comisión de apertura y la restitución de las cantidades abonadas como consecuencia de su aplicación.

3.-Tras la oposición de la parte demandada, la sentencia de primera instancia se pronunció sobre otras cláusulas también impugnadas, pero no sobre las de comisión de apertura, al entender que la parte demandante había desistido respecto de ellas.

4.-La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación formulado por los demandantes, consideró que no había existido desistimiento sobre la pretensión de nulidad de las meritadas cláusulas y las declaró nulas, porque ni se había justificado que correspondieran a un servicio efectivamente prestado ni se había ofrecido información adecuada a los prestatarios.

5.-La entidad de crédito demandada interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue admitido a trámite.

SEGUNDO.- Planteamiento de los motivos de casación. Resolución conjunta

1.-El primer motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 80.1 y 82.1 TRLCU, en relación con el art. 4.2 de la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la comisión de apertura forma parte del precio del préstamo y no puede examinarse la adecuación de su importe respecto de las actuaciones previas que remunera.

2.-El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 82.1 TRLCU, en relación con el art. 5.2 b de la Ley 5/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que el prestamista no tiene que justificar la prestación de los servicios que remunera esta concreta cláusula.

3.-Como los dos motivos contienen una argumentación común, se resolverán conjuntamente para evitar inútiles reiteraciones.

Además, cabe advertir que, aunque los motivos invocan el TRLCU de 2007 y los contratos litigiosos son de fecha anterior, al tratarse de un texto refundido podemos entender que se refiere a la legislación refundida anterior (la Ley de Consumidores y Usuarios de 1984).

TERCERO.- Comisión de apertura. Aplicación de la jurisprudencia de la Sala sobre la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios

1.-La normativa sobre transparencia bancaria de la comisión de apertura se refiere a los préstamos con garantía hipotecaria, sin ofrecer un tratamiento diferenciado para los demás préstamos. Pero a la luz de la jurisprudencia del TJUE plasmada en la sentencia de 16 de marzo de 2023 (asunto C-565/21) y las dos sentencias de 30 de abril de 2025 (asuntos C-699/23 y C-39/24), podemos considerar que los requisitos de validez de esta estipulación en los préstamos hipotecarios establecidos en nuestra jurisprudencia y contenida fundamentalmente en las sentencias 816/2023, de 29 de mayo, y 964/2025 y 965/2025, ambas de 17 de junio, son también aplicables a este tipo de operaciones sin garantía hipotecaria. De hecho, la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque se refiere a préstamos hipotecarios, porque las respectivas peticiones de decisión prejudicial que dieron lugar a sus pronunciamientos tenían por objeto contratos de esa naturaleza, no distingue realmente por el tipo de operación y en la segunda de las sentencias de 30 de abril de 2025, recaída en el asunto C-39/24, el TJUE hace mención expresa a otros contratos similares, entre los que parece evidente que pueden encontrarse los préstamos personales, dada la similitud de la naturaleza y funcionalidad de la comisión de apertura en todos los contratos de préstamo (en sentido amplio, inclusive los de crédito y financiación).

2.-La STJUE de 5 de junio de 2025, C-280/24 (Malicník),no traducida al español, puede tener mayor incidencia en los préstamos personales al referirse a un contrato de crédito al consumo, si bien analiza unas cláusulas de un contrato sujeto al Derecho eslovaco relativas a la formalización del préstamo y unos gastos administrativos de mayor amplitud que lo que en el Derecho español se entiende por comisión de apertura. En concreto se refiere a unas denominadas (la traducción del francés es nuestra) tasas de solicitud, gestión de crédito y seguro de crédito, de las cuales la primera era única y las otras dos periódicas.

No obstante, en la medida en que la denominada tasa de solicitud pueda ser asimilable a nuestra comisión de apertura, la jurisprudencia del TJUE es fundamentalmente la misma que la proferida sobre préstamos hipotecarios, en tanto que exige que se refiera a unas prestaciones razonables por parte del banco, que no haya solapamiento de comisiones y, sobre todo, que no puede considerarse abusiva «simplemente por trasladar al consumidor los costes de la actividad económica de la entidad financiera, siempre que no le imponga comisiones desproporcionadas con respecto a los gastos relacionados con los servicios en cuestión y el importe del préstamo» (nuevamente, la traducción es nuestra). El texto original en francés es el siguiente:

«pour satisfaire aux exigences prévues à ces dispositions, une clause relative aux «frais de dossier», figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, doit correspondre à des services ou à des dépenses effectives, qui relèvent raisonnablement des prestations qui sont effectuées par le prêteur dans le cadre de la conclusion de ce contrat et qui sont nécessaires à celle-ci, à l'exclusion de tout chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent, une telle clause ne pouvant être considérée comme abusive du seul fait qu'elle répercute sur le consommateur des coûts de l'activité économique de l'établissement financier, sous réserve qu'elle ne mette pas à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux dépenses liées aux services concernés et au montant du prêt»(énfasis añadido).

3.-Por ello, los requisitos establecidos para la validez de la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios son trasladables a los préstamos personales como el que se examina en esta sentencia, si bien debe hacerse una precisión respecto de la proporcionalidad de su coste, como trataremos más adelante. En concreto:

A) A los efectos de que el prestatario pueda ser consciente de la carga económica de la comisión de apertura, el prestamista no tiene obligación de precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de la comisión de apertura, pero la naturaleza de tales servicios debe poder entenderse razonablemente o deducirse del contrato en su conjunto. En particular, lo esencial para que el consumidor tenga elementos suficientes para conocer el contenido y el funcionamiento de la cláusula que le impone el pago de la comisión de apertura, así como de su función dentro del contrato de préstamo, es que disponga, antes de su celebración, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha comisión, sin que ello implique que la entidad bancaria esté obligada a detallar con precisión la naturaleza de todos los servicios prestados como contrapartida de la comisión de apertura ni el volumen horario dedicado a la prestación de cada uno de esos servicios, ya que estos elementos no influyen en el importe total de la retribución que debe pagarse en relación con esa comisión ni en la facultad del consumidor de comprender los motivos que justifican esa retribución.

B) En cuanto a sus requisitos de transparencia, son los siguientes: (i) debe comprender todos («cualesquiera») los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo; (ii) debe integrarse obligatoriamente en una única comisión, que tiene que denominarse necesariamente «comisión de apertura»; (iii) dicha comisión se devengará de una sola vez; y (iv) su importe y su forma y fecha de liquidación deben estar especificados en la propia cláusula.

4.-Respecto del requisito de la proporcionalidad, en el caso de los préstamos hipotecarios indicamos con todas las cautelas que supone el tener que examinar este requisito sin incurrir en un control de precios, que las estadísticas del coste medio de comisiones de apertura en España accesibles en internet oscilaban entre 0,25% y 1,50%, por lo que una cláusula que estuviera dentro de esos márgenes no podía considerarse desproporcionada.

Pero como veremos a continuación, en los préstamos no hipotecarios las magnitudes son diferentes. En el caso de los préstamos no hipotecarios, denominados genéricamente como personales, la determinación de unos costes medios es más compleja al existir distintas modalidades (préstamos para el consumo, para financiación de adquisiciones de bienes concretos, préstamos recargables, etc.). La información estadística facilitada por el Banco de España a partir de la Circular 5/2012 (primera que trató específicamente esta materia estadística) se refiere a los tipos, precios y comisiones más habitualmente percibidos por la entidad en sus operaciones, y sobre las comisiones de apertura distingue seis tipos de productos: (i) préstamos personales no destinados a vehículos ni otros bienes de consumo, plazo mayor o igual a 3 años y menor o igual a 5 años; (ii) préstamos personales no destinados a vehículos ni otros bienes de consumo, plazo mayor a 5 años; (iii) préstamos importe no inferior a 3.000 €, destinados a adquisición de vehículos, plazo mayor o igual a 2 años; (iv) préstamos importe igual o inferior a 3.000 €, destinados a bienes de consumo distintos de vehículos, plazo menor a 4 años; (v) créditos hasta 6.000 € en tarjeta de crédito contratada con motivo de adquisición de bienes de consumo; (vi) créditos hasta 4.000 € en tarjeta de crédito no vinculada a adquisición de bienes de consumo.

5.-Con esos datos, se constata que la horquilla de comisiones de apertura en préstamos como el litigioso oscilaba, en la fecha más aproximada a la del contrato sobre la que existen datos oficiales, entre el 0% y el 3%. Por lo que podría considerarse desproporcionada una comisión que superase ese máximo. Y con las salvedades ya indicadas para otros préstamos diferentes, que habrán de ser examinadas en cada caso en función de su tipología y características.

CUARTO.- Aplicación al caso. Estimación del recurso de casación

1.-Respecto de la cláusula inserta en el préstamo hipotecario, reúne los requisitos antes indicados, por cuanto comprende todos los gastos de estudio, concesión o tramitación de la operación, se trata de una única comisión que se denomina «comisión de apertura», se devenga de una sola vez y su importe y su forma y fecha de liquidación están especificados en la propia cláusula.

Asimismo, la cláusula (transcrita literalmente, incluso en cuanto a su presentación y tipografía en el primer fundamento de derecho) es clara y comprensible, incluso con el añadido de estar resaltada en letra negrita y mayúsculas. En cuanto a la posibilidad de que el consumidor pueda entender la naturaleza de los servicios prestados en contrapartida a la comisión de apertura, sobre la citada base legal de que retribuye los gastos de estudio y preparación inherentes a la concesión del préstamo, la cláusula figura claramente en la escritura pública, individualizada en relación con otros pactos y condiciones (incluso los relativos a otras comisiones), sus términos están destacados y queda claro, mediante una lectura comprensiva, que consiste en un pago único e inicial, tal y como se efectuó. Y en cuanto a lo que supone económicamente, también es fácilmente comprensible en cuanto a su coste, que está predeterminado e indicado numéricamente, y además los prestatarios supieron de su cobro en la misma fecha, puesto que se les detrajo del total dispuesto. Aparte de que se incluye como uno de los conceptos integrantes de la TAE.

No hay solapamiento de comisiones por el mismo concepto, ya que del examen de la escritura pública no consta que por el estudio y concesión del préstamo se cobrara otra cantidad diferente. En el documento figuran otras comisiones, pero por conceptos distintos y claramente diferenciados, tanto en su ubicación como en su enunciado.

Y en cuanto a la proporcionalidad, aunque no se especifica el porcentaje (no es imprescindible), el importe es del 1,50%, que está en el límite de los parámetros estadísticos para comisiones de apertura en operaciones similares en esas mismas fechas que hemos citado antes.

De todo lo cual, cabe concluir que, en este concreto caso, la cláusula que impuso el pago de la comisión de apertura en el préstamo hipotecario fue transparente y no abusiva.

2.-En cuanto al préstamo personal, la cláusula reúne los mismos requisitos en cuanto a concepto, exclusividad, falta de solapamiento, cobro único e inmediato e indicación exacta y expresa de su coste en su propia literalidad. Y respecto a la proporcionalidad, también es adecuada, conforme a los parámetros antes indicados, porque asciende al 0,42%.

3.-En su virtud, el recurso de casación debe ser estimado, puesto que la Audiencia Provincial limitó su análisis a una pretendida falta de información que hemos visto que no es tal y al hecho de que no se justificó en qué consistieron los servicios que se retribuyeron con la comisión de apertura en ambos contratos, lo que, como hemos explicado, ha sido descartado expresamente como requisito de validez por el TJUE.

Con la consecuencia de estimar el recurso de apelación de la entidad prestamista, a fin de revocar la declaración de nulidad de las comisiones de apertura.

QUINTO.- Costas y depósitos

1.-Al haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por él, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.-Como la estimación del recurso de casación conlleva la desestimación íntegra del recurso de apelación, deben imponerse a los demandantes las costas de la segunda instancia, según determina el mismo art. 398.1 LEC.

3.-Debe mantenerse la condena en costas de la primera instancia acordada por la Audiencia Provincial, pese a la estimación parcial de la demanda, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19.

4.-Igualmente, debe ordenarse la devolución del depósito constituido para el recurso de casación y la pérdida del prestado para el recurso apelación, a tenor de la Disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.