Sentencia Civil 24/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5904/2020 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia o que no han resultado controvertidos.

1.1.El 26 de abril de 2006, D. Iván suscribió un contrato de préstamo hipotecario con Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito, por un nominal de 170.000 euros, y un plazo de amortización de 366 meses.

1.2.Banco Cooperativo Español S.A. (en adelante, Banco Cooperativo) es una entidad que aúna al conjunto de cajas rurales, que figuran como accionistas, entre ellas, Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito (en adelante, Caja Granada). El banco contrata las coberturas en el mercado, y la caja comercializa los contratos de cobertura de tipos de interés (swap). El cliente contrata el swap con el banco.

1.3.El 30 de noviembre de 2007, D. Iván, tras serle ofrecido por un comercial de Caja Granada., suscribió con Banco Cooperativo un «Contrato de Confirmación de Operación de Equity Swap», por un nocional de 165.000 euros y un plazo de cuatro años (del 14 de diciembre de 2007 al 14 de diciembre de 2011). Previamente, había suscrito, el 27 de noviembre de 2007, una «Orden de contratación», y el 29 de noviembre de 2007, un contrato marco de operaciones financieras (Cmof).

El funcionamiento del swap se detalla en el apartado «operativa del producto» con el siguiente contenido:

«La operación consiste en un acuerdo con el Banco Cooperativo, por el cual el cliente se compromete a pagar el 4,40% y a recibir el Euríbor 12 meses 12 Meses fijado en cada Fecha de Revisión de Tipo de Interés siempre que éste sea igual o inferior al 5,00%. En caso de que el Euribor 12 Meses en Ia Fecha de Revisión sea superior al 5,00%, el cliente recibirá una bonificación del 0,50% sobre eI importe contratado durante ese año. El año siguiente y sucesivos se procederá con igual metodología a la siguiente observación, hasta llegar al 12 de Diciembre de 2010 donde se hará la última observación».

1.4.La primera liquidación del contrato, el 15 de diciembre de 2008, supuso un abono al Sr. Iván de 785,53 euros. La segunda, el 15 de diciembre de 2009, fue negativa, y le supuso un cargo de -1.479,82 euros. Las siguientes liquidaciones, fechadas el 14 de diciembre de 2010 y el 14 de diciembre de 2011, fueron negativas, por importes respectivos de -5.281,39 y -4.801,27 euros, que estaban impagadas a la fecha de presentación de la demanda.

2.El 13 de febrero de 2017, D. Iván interpuso la demanda que inició este procedimiento, contra Caja Granada y Banco Cooperativo, en la que solicitaba que se declarara la nulidad de los contratos de cobertura suscritos en noviembre de 2007, por falta de los elementos esenciales del contrato, consentimiento, objeto y/o causa y/o por contravención de normas legales imperativas con base en el art. 6.3 CC; subsidiariamente, la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento; y, más subsidiariamente, que se declarase que las demandadas habían incumplido las obligaciones que le incumbían y que se les condenase «a indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios causados mediante el abono de las cantidades entregadas por la actora, sin perjuicio del descuento o reintegro por el actor a la demandada, en su caso, de las cantidades que haya percibido por cualquier concepto, cuya fijación exacta deberá realizarse en fase de ejecución de Sentencia, con aplicación de los intereses correspondientes».

En la audiencia previa fijó la cuantía del procedimiento en la cantidad de 10.778,95 euros.

D. Iván había presentado esta demanda con anterioridad, el 31 de octubre de 2014, ante los juzgados de lo mercantil de Málaga, cuyo conocimiento correspondió al juzgado de lo mercantil número 1, que declaró su falta de competencia por resolución que adquirió firmeza el 11 de abril de 2017.

3.El juzgado de primera instancia desestimó la demanda. Estimó la excepción de caducidad de la acción formulada por la demandada y no entró a conocer sobre el fondo del asunto ni sobre la pretensión subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios. Entendió que el plazo de caducidad debía computarse desde que el actor conoció el funcionamiento del producto, y que dicho plazo había ya transcurrido el 21 de octubre de 2014, cuando se interpuso la demanda ante el juzgado de lo mercantil.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante, y la audiencia desestimó el recurso. La sentencia de apelación, en primer lugar, confirmó que la acción de nulidad estaba caducada. En segundo lugar, desestimó que la alegación de falta de falta de motivación. Y, en tercer lugar, analizó la acción subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de los deberes de información y transparencia a cargo de la entidad financiera demandada. Tras exponer de forma extensa la jurisprudencia de esta sala, desestimó la pretensión con el siguiente razonamiento:

«(...) de manera que un posible error en el consentimiento por déficit informativo puede dar lugar a la nulidad del contrato, conforme a los artículos 1265, 1266 y 1301, todos ellos del Código Civil, pero no a una resolución del mismo por incumplimiento, en los términos del artículo 1124 del mismo Código Civil, dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, tiene que ser posterior a la celebración del contrato, mientras que aquí la falta de información se habría producido con anterioridad, es decir, la vulneración de la normativa legal sobre el deber de información al cliente sobre el riesgos económico es lo que puede propiciar un error en la prestación del consentimiento, pero no determina un incumplimiento con virtualidad resolutoria, por lo que al analizarse la acción subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios en su vertiente postcontractual cabe entender falta de acreditación probatoria de incumplimiento imputable a la demandada, lo que determina el fracaso del motivo sobre el que se sustentaba el recurso apelación (...)».

La parte demandante solicitó la rectificación y/o complemento de la sentencia, que fue desestimada por la audiencia, que razonó del siguiente modo:

«(...) en la jurisprudencia el Tribunal Supremo y de las Audiencias, no se admite la acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de la entidad bancaria demandada de sus deberes de diligencia, transparencia y lealtad, etc., una vez determinada la caducidad de la acción de anulabilidad, de haberse ejercitado, como en el caso, por cuanto que, su inobservancia, puede dar lugar a error en el consentimiento prestado por el cliente Y, por ello, a la nulidad del contrato por falta de un elemento esencial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1261 del Código Civil, pero no el derecho a una indemnización independiente y desligada de esa nulidad, de manera que por vía de acción de resarcimiento del artículo 1101 del Código Civil, no se pueden obtener las consecuencias pretendidas con base en una defectuosa, insuficiente o inexistente información precontractual, es decir, el incumplimiento del deber legal riguroso de información en la formación del consentimiento en el caso de contratos en que median entidades de servicios de inversión, pues, para ello, viene prevista la acción de anulabilidad por error vicio en el consentimiento, lo que determinaba el fracaso del motivo sobre el que se sustentaba el recurso apelación, con las consecuencias consiguientes que se recogían en la parte dispositiva de la sentencia, explicación que determina la improcedente denuncia de incongruencia omisiva invocada por la recurrente, ya que su petición subsidiaria fue debidamente analizada y desestimada (...)».

5.Frente a la sentencia de apelación, el demandante ha formulado un recurso extraordinario por infracción procesal sobre la base de tres motivos, y un recurso de casación articulado en un solo motivo.

SEGUNDO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1.Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal. El motivo se formula «(a)l amparo del artículo 469.1.2.º de la LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia contenidas en el artículo 218 de la LEC -por incongruencia infra o citra petita-».

En el desarrollo del motivo se alega que la sentencia recurrida infringe el art. 218 LEC porque no es respetuosa con lo pedido expresamente en la demanda en relación con la pretensión subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios, que basaba en el incumplimiento precontractual de sus obligaciones por las demandadas, tanto en lo referente al perfil inversor del demandante, como en cuanto al déficit de información sobre el producto y sus riesgos. La sentencia, al analizar el incumplimiento poscontractual, no alegado, ha omitido una pretensión oportunamente deducida, y ha incurrido en un vicio de incongruencia infra petita,por no tener por ejercitada una pretensión oportunamente deducida. También se aparta de la causa petendi,al otorgar menos de lo pedido, con lo que incurre en incongruencia, que no fue subsanada pese a la petición de rectificación y/o complemento de la sentencia.

2.Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal. El motivo se formula «(a)l amparo del 469.1.2.º de la LEC, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia contenidas en el artículo 216 de la LEC -por infringir el principio de justicia rogada-».

En el desarrollo del motivo se alega que, por los mismos argumentos del motivo anterior, la sentencia recurrida infringe el principio de justicia rogada porque no respeta la pretensión subsidiaria ejercitada, que quedó imprejuzgada en la instancia, al considerar la sentencia recurrida que el incumplimiento que se denuncia es poscontractual, y el auto que deniega el complemento, que el incumplimiento no es alegable como pretensión desligada de la acción de nulidad, cuando se trata de dos acciones independientes.

3. Motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal. El motivo se formula «(a)l amparo del artículo 469.1.2.º de la LEC, por infracción del artículo 24 de la CE, con vulneración de derechos fundamentales -por infringir el principio dispositivo como parte de la tutela judicial efectiva-».

En el desarrollo del motivo se alega que la sentencia y el auto que deniega el complemento se apartan de lo solicitado, con el argumento de no haber acreditado el demandante un incumplimiento contractual y no caber la indemnización de daños y perjuicios de por incumplimiento de las obligaciones de la entidad financiera cuando la acción de nulidad ha caducado.

4.Resolución del tribunal. Decisión conjunta de los tres motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

Procede resolver conjuntamente los tres motivos porque, con distintos argumentos y con la denuncia de diversos preceptos, denuncian la misma infracción: la sentencia recurrida se ha apartado de la pretensión ejercitada.

La audiencia ha expuesto en la sentencia recurrida y en el auto posterior que deniega el complemento, las razones por las que considera que no procede la indemnización de daños y perjuicios solicitada como pretensión subsidiaria. La sentencia razona que no cabe la resolución del contrato con indemnización porque el incumplimiento tendría que ser poscontractual. Y el auto que deniega el complemento añade que no cabe una pretensión indemnizatoria desligada de la pretensión de nulidad, que se ha declarado caducada, porque entiende que esas consecuencias solo vienen previstas para la acción de anulabilidad. La discrepancia con esta argumentación, de carácter jurídico, ha de articularse a través del recurso de casación.

TERCERO.- Recurso de casación.

1. Desestimación de los óbices de admisibilidad del recurso.La parte recurrida solicita que se inadmita el recurso por entender que el recurrente pretende, a través del recurso de casación, una revisión probatoria de los hechos declarados probados en la instancia, sin articularlo a través del recurso extraordinario por infracción procesal.

Hemos declarado de forma reiterada que no cabe confundir valoración de la prueba con la valoración jurídica, que sí permite interponer el recurso de casación. De esta forma, en la sentencia 343/2013, 24 de mayo, declaramos que «(p)ara delimitar el ámbito objetivo de la casación, se impone recordar -con las sentencias 1017/2007, de 5 de octubre, 119/2010, de 18 de marzo, y 916/2011, de 21 de diciembre, así como con las que en ellas se citan- "la distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de evaluación de la prueba, y otros juicios de valor que, a partir de lo probado, permiten afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable"». No se puede combatir «como errores de valoración de prueba lo que son valoraciones jurídicas» ( sentencia 583/2017, de 27 de octubre). En el mismo sentido, las sentencias sentencia 26/2017, de 18 de enero, 413/2020, de 9 de julio, y 61/2021, de 8 de febrero.

La objeción planteada no puede ser atendida porque la cuestión que plantea el recurso de casación es jurídica y presenta interés casacional, en tanto el recurrente entiende que la decisión se aparta de la jurisprudencia de la sala sobre la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de información en la comercialización de instrumentos financieros complejos.

2. Formulación del motivo único del recurso de casación. El motivo se formula al amparo del artículo 477.1 LEC, y denuncia «la infracción del artículo 1.101 CC, en relación con el artículo 79 LMV, según la jurisprudencia aplicada sobre el incumplimiento de las obligaciones de información en la comercialización de instrumentos financieros complejos como título de imputación de responsabilidad civil que conlleva el deber de indemnizar los daños y perjuicios causados».

En el desarrollo del motivo se alega que la sentencia recurrida desconoce la jurisprudencia de esta sala sobre la aplicación del art. 1101 CC en casos de incumplimiento de las obligaciones de diligencia, prudencia, lealtad e información, en la contratación de instrumentos financieros complejos, en concreto, en este caso, por el incumplimiento de la normativa Pre-MiFID, esto es, el art. 79 LMV y el anexo al Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, tanto en lo referente al perfil inversor del cliente, como acerca de la información precontractual, que no consta -salvo la contenida en el propio contrato-. La audiencia se aparta de la jurisprudencia de la sala al argumentar en el auto que deniega el complemento de la sentencia que no cabe la indemnización de daños y perjuicios en la comercialización de productos complejos, desvinculada de la acción de nulidad, que declara caducada.

3. Decisión de la sala. Estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia. Procede estimar el recurso de casación por las razones que exponemos a continuación.

Como advertimos en la sentencia 61/2021, de 8 de febrero, es cierto que hemos señalado que no puede fundarse una acción de resolución de un contrato de adquisición de productos financieros en el incumplimiento de los deberes previos a la contratación, al amparo del art. 1124 CC , «[...] dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que aquí el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento» ( sentencias 491/2017, de 13 de septiembre; 165/2020, 11 de marzo, y 628/2020, de 24 de noviembre). No obstante, en el presente caso, en la demanda no se ejercita la acción de resolución del contrato al amparo del art. 1124 del CC, sino una acción de indemnización de daños y perjuicios conforme al art. 1101 del CC.

También hemos de declarado de forma reiterada, que en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esos vínculos jurídicos de asesoramiento, siempre que se cause un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de la inversión y exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño sufrido ( sentencias 677/2016, de 16 de noviembre; 62/2019, de 31 de enero; 303/2019, de 28 de mayo; 165/2020, de 11 de marzo; 615/2020, de 17 de noviembre; y 628/2020, de 24 de noviembre; entre otras, citadas todas ellas en la sentencia 61/2021, de 8 de febrero).

Esta doctrina se aplica no sólo a los casos en que el producto adquirido conlleva una inversión (como las participaciones preferentes o los bonos estructurados), sino también, cuando se contrata un swap, en el que propiamente no cabe hablar de una inversión de tal clase ( sentencias 615/2020, de 17 de noviembre y 628/2020, de 24 de noviembre, entre otras).

Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios es necesario que concurra una relación de causalidad entre el negligente incumplimiento de la entidad financiera de sus obligaciones dimanantes del deber legal de informar y el resultado dañoso producido. Sobre esta relación causal, nos pronunciamos en la sentencia 608/2020, de 12 de noviembre:

«(...) la falta de información sobre los riesgos supuso que la demandante contratara un producto del que desconocía que le podía acarrear graves pérdidas económicas, derivadas de las liquidaciones negativas producto de la bajada continuada de los intereses. Por lo que la relación causal entre la decisión de invertir sin tener la información precisa sobre los riesgos adquiridos y la materialización de tales riesgos en forma de disminuciones patrimoniales por cargos por liquidaciones negativas es directa.

»Para romper dicha relación de causalidad, la parte demandada, obligada legalmente a la prestación de la información con antelación suficiente (art. 79 bis LMV) , tendría que haber probado que, pese a no haber ofrecido esa información, el cliente conocía los riesgos del producto. Lo que no ha sucedido».

4.La sentencia recurrida, al negar la indemnización de daños y perjuicios por entender que solo cabría en caso de resolución por incumplimiento poscontractual, y el auto que deniega el complemento, al vincular la indemnización por el incumplimiento de la obligación de información precontractual exclusivamente a la acción de anulabilidad por error vicio, se aparta de la jurisprudencia expuesta de esta sala (sentencias 677/2016, de 16 de noviembre, 62/2019, de 31 de enero, 249/2019, de 6 de mayo, 608/2020, de 12 de noviembre, y 1715/2025, de 26 de noviembre, entre otras), conforme a la cual, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC , por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al cliente un perjuicio patrimonial.

La sentencia de esta sala 479/2016, de 13 de julio, en la que se basa la Audiencia Provincial para desestimar la pretensión indemnizatoria «se limita a descartar la posibilidad de la acción resolutoria y señalar que la falta de información, en su caso, daría lugar a la nulidad por error, sin descartar la acción derivada del incumplimiento» ( sentencia de esta sala 1040/2025, de 1 de julio).

No es correcto afirmar que la vulneración de las obligaciones de información determinadas en la normativa legal no pueda suponer un incumplimiento contractual, y que solo puede dar lugar a la nulidad por vicio en el consentimiento. La vulneración de las obligaciones de información determinadas en la ley puede dar lugar, no solo a la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento, sino también a la acción de indemnización de daños y perjuicios. Se trata de acciones con distintos fundamentos y requisitos. El incumplimiento de las obligaciones de asesoramiento que incumben al banco, en el marco en que se realiza la contratación del producto financiero, y que determinan que el cliente lo haya contratado sin conocer su naturaleza y sus riesgos, también genera la obligación de indemnizar el quebranto patrimonial que haya sufrido el cliente como consecuencia de dicha contratación. En tal caso existe una relación causal directa entre el incumplimiento por la entidad financiera de sus obligaciones de información y el quebranto sufrido por el cliente por las pérdidas sufridas cuando este cliente no conocía la naturaleza y riesgos del producto.

5. Estimación del recurso de casación. Asunción de la instancia.

Por ello, estimamos el recurso de casación y casamos la sentencia de apelación, lo que nos lleva a asumir la instancia y a estimar el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, que tras apreciar la caducidad de la acción de nulidad (pronunciamiento que ha quedado firme), dejó imprejuzgada la acción ejercitada de forma subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios.

En el presente caso, no consta que se ofreciera al cliente, que era una persona ajena a cualquier perfil inversor experto, la información necesaria sobre los riesgos que asumía en un contrato de permuta financiera, en particular ante la posibilidad de que una bajada abrupta de los tipos de interés pudiera conllevar unas liquidaciones negativas de elevado importe.

Por la fecha de la contratación, aun no se había dictado la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que introdujo una nueva redacción de los arts. 78 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores. La legislación del mercado de valores anterior a la incorporación a nuestro Derecho de la normativa MiFID, obligaba a la entidad financiera a informar debidamente al cliente de los riesgos asociados al producto financiero contratado, puesto que el deber que pesaba sobre la entidad de servicios de inversión no se limitaba a cerciorarse de que el cliente conocía bien en qué consistía el producto que contrataba y los concretos riesgos asociados al mismo, sino que además debía evaluar que, en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más le convenía ( sentencias de esta sala núm. 460/2014, de 10 de septiembre, 769/2014, de 12 de enero de 2015, y 102/21016, de 25 de febrero, entre otras muchas).

6.En supuestos como el presente, en que se ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios, además de identificar el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones de la empresa que presta servicios de inversión, debe haber una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable.

En este caso, la falta de información sobre los riesgos supuso que el inversor contratara un producto del que desconocía que le podía acarrear graves pérdidas económicas, derivadas de las liquidaciones negativas producto de la bajada continuada de los intereses y, en su caso, del elevado coste de cancelación. Por lo que la relación causal entre la decisión de invertir sin tener la información precisa sobre los riesgos adquiridos y la materialización de tales riesgos en forma de disminuciones patrimoniales por cargos por liquidaciones negativas es directa.

Para romper dicha relación de causalidad, la parte demandada, obligada legalmente a la prestación de la información con antelación suficiente, tendría que haber probado que, pese a no haber ofrecido esa información, el cliente conocía los riesgos del producto. Lo que no ha sucedido.

No habiéndose probado que la entidad financiera recurrente hubiera facilitado información adecuada al demandante con antelación suficiente a la celebración del contrato, esta sala ha declarado con reiteración que la información contenida en el propio contrato no es suficiente para considerar cumplida tal obligación pues «la mera referencia a los riesgos en el contrato, no sustituye la necesaria explicación de los mismos, especialmente, con antelación a la firma del contrato, dada la notoria complejidad de los productos estructurados» ( sentencia 427/2025, de 18 de marzo).

7.Por lo expuesto, procede estimar la pretensión subsidiaria de indemnización de daños y perjuicios ejercitada en la demanda. En cuanto a su cuantificación, la indemnización de daños y perjuicios comprende el pago de las liquidaciones negativas satisfechas del contrato de swap, con deducción de las cantidades percibidas por las liquidaciones positivas, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

CUARTO. Costas

1.Pese a la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal de la parte demandante, no procede una expresa imposición de las costas de este recurso, porque suscita dudas, dado que la audiencia parece que entendió que se había ejercitado una acción resolutoria. Procede la pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª LOPJ.

2.Estimado el recurso de casación de la parte demandante, no procede hacer expresa condena de las costas de este recurso, de conformidad con el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª LOPJ.

3.Estimado el recurso de apelación formulado por la parte demandante, tampoco procede hacer una expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

4.Estimada la demanda interpuesta, procede imponer a la parte demandada las costas de la primera instancia ( art. 394 LEC) .