Sentencia Civil Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. de 15 de marzo del 1989

Primero: 1.° El sentido iusprivatista del derecho de familia ha evolucionado en los últimos años hasta el punto de romper los estrechos moldes en que se encontraba enmarcado para pasar a integrarse en el ius cogens y en el ámbito del derecho público.

Esta nueva naturaleza ha marcado las instituciones que la componen y transido los procesos de principios que han sustituido a los arcaicos y tradicionales. Así, en los procesos de filiación y de investigación de la paternidad se ha ido pasando del principio de verdad formal al de verdad material en aras del derecho de la personalidad consagrado en las leyes constitucionales.

2.º Sin embargo, el principio de verdad material aplicado al proceso civil, en trance casacional, requiere ciertas matizaciones para no convertir la casación en una tercera instancia. Es decir, el principio absoluto de verdad material, representado por la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales para averiguar la verdad ha de extraerse de la apreciación que se hubiere hecho de las pruebas practicadas por los Tribunales inferiores para deducir aquella verdad material que como instrumento básico fue utilizado en el proceso.

3.º Estas premisas resultan aplicables al caso de autos si se tienen en cuenta las distintas apreciaciones llevadas a cabo por los órganos de la instancia, y quizá sea ocasión propicia para poner de relieve y destacar el valor que pueda representar el voto particular formulado en el Tribunal colegiado en la elaboración de la sentencia disidente, y en la redacción de la mayoritaria, y aquella otra de Primera Instancia donde, el principio de inmediación en la práctica de las pruebas, y la actitud de las partes e intervinientes en el proceso adquieren el máximo protagonismo.

Así, en el caso de autos son de destacar, de una parte, la sentencia de primera instancia y el voto particular en los que, con fundamentaciones paralelas se llegan a conclusiones idénticas, cuales son, de una parte, la posibilidad de la fecundación de la mujer y, de otra, la negativa obstruccionista por parte del Padre Para someterse a las pruebas biológicas y que es analizada con mesura y acierto por el voto particular.

Segundo: Si se tiene en cuenta lo dicho anteriormente en cuanto al principio de verdad material, la obtención del material probatorio a efectos casacionales en el caso de autos, debe estar supeditada a la valoración que suministran las resoluciones de instancia sin aditamentos que las desnaturalicen. En consecuencia, en modo alguno, podría prosperar el primer motivo del recurso, formulado al amparo del número 4.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en que se denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba testifical mediante la depuración de una contestación marginal, dentro del contexto del interrogatorio, no tanto por tratarse de una prueba que no está basada en documento, como exige el ordinal citado, sino porque supondría una ruptura dentro del esquema general que representa la obtención de la verdad material.

Tercero: 1.° La admisión en nuestro ordenamiento jurídico del principio de investigación de la paternidad ( art. 39.2 de la Constitución y 127 del Código Civil ), ha supuesto un giro copernicano al destacar como primario el derecho del hijo a que se le declare su filiación biológica. Por contra, se ha tratado de oponer a este derecho primigenio un bloque de derechos individualistas representados por los derechos a la intimidad y a la integridad ( arts. 15 y 18 de la Constitución ) para oponerse a las pruebas biológicas.

2ª Todas estas consideraciones fueron objeto de una profunda reflexión en la sentencia de 14 de julio de 1988, en la que se llegó a la conclusión de que no había que olvidar que si la persona de la que se postulaba el reconocimiento de la paternidad era sujeto del proceso, a su vez, era objeto del mismo proceso, hasta tal punto de que el cuerpo humano pasaba a ser el fin de la prueba pericial sobre el que habían de operar las pruebas biológicas y antropológicas y cuya negativa por parte del sujeto que había de someterse a ellas, conculcaría la declaración programática del artículo 39.2 de la Constitución y cuantos preceptos lo desarrollan en el Código Civil por mor de la reforma llevada a cabo por la Ley 11/1981, de 13 de mayo .

Y como ya decía la calendada sentencia se harían ilusorias las posibilidades de obtener la tutela efectiva en derechos tan legítimos como los de filiación y que conducirían, en definitiva, a una denegación de un medio de prueba de una fiabilidad absoluta para demostrar la no filiación, a la par del elevadísimo porcentaje de credibilidad en cuanto a aquellas que determinan la posibilidad de la relación biológica que representa el binomio paternidad-filiación.

Finalmente, mantener a ultranza el derecho individualista a negarse a las pruebas biológicas, supondría un fraude de Ley y un ejercicio antisocial del derecho ( arts. 4 y 7.2 del Código Civil ).

3.° Así, retornando al hilo del proceso, resulta aleccionadora la actitud del demandado, dada su condición de profesional del Derecho, donde el obstruccionismo cobra caracteres inusitados: recurre contra la providencia de admisión a trámite de la demanda por falta de un principio de prueba ( art. 127.2 del Código Civil ) y que fue razonablemente desestimado; en su contestación a la demanda, sigue su misma actitud obstruccionista; pero paradógicamente, y con su deseo de «colaborar en una recta aplicación de la Justicia», por lo que procesalmente valiere, solicitó el recibimiento a prueba y al admitirse la prueba biológica se opone alegando la inconstitucionalidad, y cuando se le requiere para ello recurre afirmando que la misma lleva consigo el riesgo de un resultado «que la ciencia y la práctica no consideran en absoluto seguro, sino sujeto a errores e imprecisiones».

4.° En consecuencia, procede la admisión del segundo de los motivos del recurso, formulado al amparo del número 5.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en que se denuncia la infracción de los artículos 135, in fine y 127 del Código Civil y 39.2 de la Constitución Española , haciendo innecesario el estudio del último motivo y procediendo a casar la sentencia de la Audiencia y confirmar la de Primera Instancia, salvando el error material padecido en el fallo de dicha sentencia al hablar de filiación matrimonial cuando en realidad se trata de reconocimiento de filiación no matrimonial ( art. 267 LOPJ ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y por la autoridad que nos confiere el pueblo español,