Sentencia Civil 412/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 148/2022 de 16 de marzo del 2026

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

La representación procesal de D. Carlos Jesús y Dña. Eulalia interpuso una demanda de juicio ordinario contra Banco Santander, S.A., en su calidad de sucesora universal de Banco Popular Español, S. A., en la que se ejercitaba, respecto de la adquisición por Canje de Bonos Subordinados obligatoriamente convertibles II/2012 de Banco Popular S.A realizado en el mes de mayo de 2012 por importe de 10.000 €, así como de las ordenes de suscripción de acciones de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A de fechas 5 de diciembre de 2012 y 20 de junio de 2016 por importes de 28.613,36 y 16.250 €, respectivamente, como acción principal, la declaración de nulidad o anulabilidad de los mismos por vicio en el consentimiento, dolo o error; y, en relación con las adquisiciones de acciones de fechas 24.11.2009, 9.12.2009, 28.12.2009, 12.01.2010, 6.5.2010, 1.10.2012 y 12.2.2015, la acción de daños y perjuicios derivados de incumplimiento por parte de la demandada en virtud del artículo 124 TRLMV, y de forma subsidiariamente al amparo del artículo 1.101 del Código Civil.

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Móstoles y finalizó con la sentencia núm. 53/2021, de 25 de febrero, cuyo fallo era del siguiente tenor literal:

«Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. De Zulueta, en nombre y representación de D. Nicanor, en los presentes autos de Juicio Ordinario seguido contra la entidad BANCO SANTANDER S.A, debo DECLARAR Y DECLARO la nulidad por vicio en el consentimiento de la parte demandante de los contratos de adquisición de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles II/2012 suscritos entre las partes en fecha 29 de mayo de 2012, así como de las órdenes de suscripción de acciones en las ampliaciones de capital de 5 de diciembre de 2012 y 20 de junio de 2016, por importe total de 54.863,36 €, DECLARANDO asimismo, la obligación de ambas partes de restituirse recíprocamente las cosas objeto del referido contrato, con sus frutos e intereses desde el momento del devengo y hasta la fecha de la sentencia y, por tanto debo CONDENAR y CONDENO a BANCO SANTANDER S.A a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a abonar a la parte actora la cantidad de 54.863,36 € con los intereses legales desde la fecha de la inversión. Por su parte, los demandantes deberán proceder a la devolución de cualquier cantidad que hubieran recibido de la demandada en razón de las citadas acciones, con los intereses legales desde la fecha de su recepción. Asimismo, se DECLARA la responsabilidad de la demandada por incumplimiento de las obligaciones informativas impuestas por el artículo 124 TRLMV en relación con las órdenes de compra suscritas por los actores en fecha 12 de febrero de 2015, CONDENANDO a BANCO SANTANDER S.A. a indemnizar a los demandantes en los daños y perjuicios causados, que se fijan en la suma de 10.962 €, más los intereses legales devengados desde la fecha de la inversión, minorada con las cantidades que, en su caso, hubieran recibido de la demandada en razón de las citadas acciones, con los intereses legales desde la fecha de su percepción. La cantidad resultante devengará el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución y hasta el pago o consignación, ABSOLVIENDO a la demandada del resto de pedimentos formulados en su contra. No procede hacer expresa condena en costas».

Por Auto de 8 de marzo de 2021, se estimó la petición formulada por los demandantes de rectificar el fallo de la Sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 25/02/2021, en el sentido de que donde dice:

«Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. De Zulueta, en nombre y representación de D. Nicanor, en los presentes autos de Juicio Ordinario seguido contra la entidad BANCO SANTANDER S.A, debo DECLARAR Y DECLARO ..." Debe decir: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. De Zulueta, en nombre y representación de D. Carlos Jesús y DÑA. Eulalia, en los presentes autos de Juicio Ordinario seguido contra la entidad BANCO SANTANDER S.A, debo DECLARAR Y DECLARO ...».

SEGUNDO. - Tramitación en segunda instancia.

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Banco Santander, S. A.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 372/2021, y tras seguir los correspondientes trámites dictó la sentencia núm. 341/2021, de 6 de octubre, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil "BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA" contra la SENTENCIA de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno -rectificada por medio de AUTO de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno-, dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO de los de MÓSTOLES, en el PROCESO DECLARATIVO sustanciado por los trámites del JUICIO ORDINARIO ante dicho ÓRGANO JUDICIAL bajo el NÚMERO DE REGISTRO 1255/2019 (ROLLO DE SALA NÚMERO 372/2021), y en su virtud, PRIMERO.- REVOCAR, EN PARTE, la meritada SENTENCIA apelada.

»SEGUNDO.- ESTIMAR la demanda interpuesta por DON Carlos Jesús Y DOÑA Eulalia, representados por la procuradora doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, contra la entidad mercantil «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA», representada por el procurador don Juan Antonio Gómez García.

»TERCERO.- ANULAR, por encontrarse viciado por el error invalidante concurrente en los demandantes, DON Carlos Jesús y DOÑA Eulalia, el negocio jurídico de adquisición de 10 BONOS SUBORDINADOS NECESARIAMENTE CANJEABLES POR ACCIONES DE BANCO POPULAR, SA I/2009, posteriormente canjeados por 10 BONOS SUBORDINADOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES DEL BANCO POPULAR ESPAÑOL II/2012 y finalmente canjeados por 567 acciones de BANCO POPULAR ESPAÑOL concluido por dichos demandantes con la entidad «BANCO POPULAR ESPAÑOL, SOCIEDAD ANÓNIMA» -actualmente «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA»-, en octubre de 2009, condenando a la entidad demandada, «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA» a restituir a DON Carlos Jesús y doña Eulalia el importe nominal del capital invertido en dicha adquisición, 10 000,00 euros, incrementado con sus correspondientes intereses legales devengados desde la fecha en que se produjo su cargo en la cuenta de los actores -fecha del pago del precio- y hasta su total satisfacción; debiendo, correlativamente, los mencionados demandantes, DON Carlos Jesús y DOÑA Eulalia, reintegrar a la entidad mercantil demandada, «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA», los títulos adquiridos en virtud del reseñado contrato -los 10 BONOS SUBORDINADOS o las 567 ACCIONES por las que fueron canjeados-, con el importe de todos los rendimientos brutos que hubieren sido abonados por la demandada y percibidos por la actora como titular de dichos títulos, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de cada abono.

»CUARTO.- ANULAR, por encontrarse viciado por el error invalidante concurrente en los demandantes, DON Carlos Jesús y DOÑA Eulalia, el negocio jurídico de adquisición o suscripción de 13 000 ACCIONES DE NUEVA CREACIÓN concluido por dichos demandantes con la entidad «BANCO POPULAR ESPAÑOL, SOCIEDAD ANÓNIMA» -actualmente «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA»-, en fecha 20 de junio de 2016, condenando a la entidad demandada, «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA» a restituir a DON Carlos Jesús y DOÑA Eulalia el importe nominal del capital invertido en dicha adquisición, 16 250,00 euros, incrementado con sus correspondientes intereses legales devengados desde la fecha en que se produjo su cargo en la cuenta de la actora - fecha del pago del precio- y hasta su total satisfacción; debiendo, correlativamente, los mencionados demandantes, DON Carlos Jesús y DOÑA Eulalia, reintegrar a la entidad mercantil demandada, «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA», los títulos adquiridos en virtud del reseñado contrato - las 13 000 acciones de nueva emisión-, con el importe de todos los rendimientos brutos que hubieren sido abonados por la demandada y percibidos por la actora como titular de dichos títulos, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de cada abono.

»QUINTO.- DECLARAR la RESPONSABILIDAD CIVIL de la entidad demandada, «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA», conforme a lo prevenido por el artículo 28 de la Ley de Mercado de Valores - artículo 38 del actual texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre-, condenando a dicha entidad a indemnizar a DON Carlos Jesús y DOÑA Eulalia, en la suma resultante de minorar la pérdida de la inversión sufrida -28 613,36 euros- en el importe de los rendimientos - dividendos- brutos percibidos por la actora como titular de las acciones (71 355) de la entidad «BANCO POPULAR ESPAÑOL, SOCIEDAD ANÓNIMA» adquiridas el 5 de diciembre de 2012, desde el momento de su adquisición; suma que deberá ser incrementada con sus correspondientes intereses moratorios, computados al tipo del interés legal del dinero desde la fecha de la interpelación judicial. Cantidades que, por imperativo legal, devengarán los intereses legales prevenidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la presente sentencia por cuanto es en este momento en el que se determina y concreta la obligación indemnizatoria que corresponde a la entidad demandada.

»SEXTO.- DECLARAR la RESPONSABILIDAD CIVIL de la entidad demandada, «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA», conforme a lo prevenido por el artículo 35 ter de la Ley de Mercado de Valores - artículo 124 del actual texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre-, condenando a dicha entidad a indemnizar a DON Carlos Jesús y DOÑA Eulalia, en la suma resultante de minorar la pérdida de la inversión sufrida -10 962,00 euros- en el importe de los rendimientos -dividendos- brutos percibidos por los actores como titulares de las 3000 acciones de la entidad «BANCO POPULAR ESPAÑOL, SOCIEDAD ANÓNIMA» adquiridas el 12 de febrero de 2015, desde el momento de su adquisición; suma que habrá de incrementarse con sus correspondientes intereses moratorios, computados al tipo del interés legal del dinero desde la fecha de la interpelación judicial. Cantidades que, por imperativo legal, devengarán los intereses legales prevenidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el 25 de febrero de 2021, la fecha de la sentencia de primera instancia.

»SÉPTIMO.- CONDENAR a la entidad demandada, «BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA», al pago de las COSTAS originadas en la primera instancia del proceso.

»OCTAVO.- NO HACER expresa y especial imposición a alguno de los litigantes de las COSTAS originadas en esta alzada, debiendo, en consecuencia, cada una de las partes, abonar las causadas y devengadas a su instancia y las comunes por mitad.

»NOVENO.- DEVOLVER a la parte recurrente el DEPÓSITO en su día constituido para la interposición del recurso».

Por Auto de 16 de noviembre de 202, la sala acordó:

«RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL apreciado en la SENTENCIA dictada por la SALA en fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, en el presente rollo de apelación número 372/2021, de modo que: 1.º.- Su FUNDAMENTO DE DERECHO DECIMOTERCERO ha de quedar sustituido por el del siguiente tenor:

»DECIMOTERCERO.- COSTAS PROCESALES DE PRIMERA INSTANCIA. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad. En el supuesto enjuiciado es evidente -conforme a lo precedentemente razonado en el Fundamento de Derecho Primero de esta resolución- que la estimación de las pretensiones formuladas en la demanda inicial frente a la entidad «BANCO SANTANDER, SA», que han configurado el objeto de esta alzada, no pueden determinar, en ningún caso, una estimación total de lo pretendido en la demanda. Sobre la base de ello, y dado que no se evidencia la concurrencia de elementos o datos fácticos objetivos que permitan racional y razonablemente apreciar que alguna de las partes hubiere litigado con temeridad, esto es, con una falta elemental de prudencia y sin presentar la diligencia debida que, de haberse prestado, le habría permitido conocer que no le asistía la razón, para interponer la demanda u oponerse a ella; no procede efectuar expresa y especial imposición a alguna de las partes de las costas originadas en la primera instancia del proceso, debiendo, en consecuencia, cada una de las partes abonar las causadas y devengadas a su instancia y las comunes por mitad.

»2.º.- Y, en su consecuencia, el APARTADO SÉPTIMO de su FALLO ha de quedar sustituido por el siguiente: SÉPTIMO.- NO HACER expresa y especial imposición a alguno de los litigantes de las COSTAS originadas en la primera instancia del proceso, debiendo, en consecuencia, cada una de las partes, abonar las causadas y devengadas a su instancia y las comunes por mitad».

TERCERO. - Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1.La representación de Banco Santander, S.A., interpuso sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

El recurso extraordinario por infracción procesal se apoya en tres motivos formulados bajo los siguientes encabezamientos:

»Motivo Primero. Al amparo del motivo segundo del artículo 469.1 de la LEC, la Sentencia impugnada infringe lo dispuesto en los artículos 37.2. b) y 39.2 de la Ley 11/2015 en relación con el artículo 10 LEC al admitir la legitimación activa de los antiguos accionistas de una Entidad resuelta para deducir contra la Entidad sucesora una acción de nulidad por error/dolo en el consentimiento padecido al tiempo de ejecutar la inversión en acciones. La acción de nulidad ejercitada, así como las acciones indemnizatorias, no son compatibles con los instrumentos de recapitalización interna y venta de la entidad aplicados por el FROB como órgano de ejecución de la decisión de la JUR de resolución del Banco Popular."

»Motivo Segundo La sentencia de segunda instancia funda su ratio decidendi en supuestos hechos que califica expresamente como notorios, que no merecerían tal consideración y que en todo caso no probarían que Banco Popular fuese insolvente cuando los actores adquirieron acciones de la entidad, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 469.1.4º de la LEC) . Infracción del artículo 281.4 de la LEC"

»Motivo segundo [rectius, tercero]. La sentencia de apelación valora la prueba practicada de manera arbitraria, irrazonable e ilógica. La circunstancia que se declara probada en tales condiciones (que Banco Popular falseó sus estados financieros por lo menos desde 2012, cuando la actora había adquirido sus acciones años antes, en 2010 y que era insolvente) es la razón para estimar tanto la acción de anulabilidad como la acción de responsabilidad derivada de la información periódica y se traslada directamente al fallo, por lo que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 469.1.4º de la LEC) .»

El recurso de casación se basa en tres motivos articulados bajo los siguientes encabezamientos:

«PRIMERO. Al amparo del motivo segundo del artículo 477 de la LEC, la Sentencia impugnada infringe lo dispuesto en los artículos 37.2. b) y 39.2 de la Ley 11/2015 en relación con el artículo 10 LEC al admitir la legitimación activa de los antiguos accionistas de una Entidad resuelta para deducir contra la Entidad sucesora una acción de responsabilidad civil derivada de la información suministrada en un folleto informativo. La acción indemnizatoria no es compatible con los instrumentos de recapitalización interna y venta de la entidad aplicados por el FROB como órgano de ejecución de la decisión de la JUR de resolución del Banco Popular."

»Motivo segundo. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 de la LEC, infracción del artículo 124 del TRLMV (régimen especial de responsabilidad civil derivada de la información periódica), norma con una vigencia inferior a cinco años ( art. 477.3 de la LEC) , sin que exista doctrina jurisprudencial sobre la norma previamente en vigor al respecto (art. 35 ter de la LMV). Se interesa que se establezca jurisprudencia al respecto, pues sentencia estima ese remedio sin que concurran los presupuestos exigidos al respecto: daño, doble nexo causal, imputación objetiva, naturaleza de la responsabilidad y exención de responsabilidad."

»Motivo Tercero. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 477.1 de la LEC, infracción de los artículos 1265 y 1266 del CC y la doctrina jurisprudencial que los interpreta: la sentencia recurrida valora jurídicamente los hechos probados de manera contraria a los criterios establecidos por la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala y no se ajusta a los criterios que se ha considerado que deben regir la apreciación del error como vicio en la contratación de acciones. La sentencia declara la concurrencia de error invalidante del consentimiento sin que concurran los presupuestos jurídicos exigidos para ello (identificación del error, esencialidad, excusabilidad y nexo causal). Se conculca la doctrina jurisprudencial establecida, entre otras, por las sentencias 102/2016, de 25 de febrero, 66/2016, de 16 de febrero, 504/2015, de 30 de septiembre, 467/2015, de 21 de julio, 400/2015, de 9 de julio, 377/2015, de 6 de julio, 323/2015, de 30 de junio, 82/2014, de 20 de febrero, 41/2014, de 17 de febrero, 683/2013, de 21 de noviembre, 626/2013, de 29 de octubre, 244/2013, de 8 de abril, 840/2013, de 20 de enero, 683/2012, de 21 de noviembre, 199/2010, de 5 de abril, 998/2005, de 16 de diciembre, 1215/2002, de 20 de diciembre, 868/2002, de 30 de septiembre, 67/1998, de 6 de febrero, 756/1996, de 28 de septiembre, 712/1995, de 14 de julio, y 295/1994, de 29 de marzo. El recurso de casación tiene como propósito que se declare que la sentencia de apelación vulnera la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala en los términos enunciados, que se desarrollarán seguidamente, para evitar que se alteren los principios establecidos a lo largo de constantes resoluciones."

2.Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, mediante auto de 9 de abril de 2025 fueron admitidos los recursos y se acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.La parte recurrida se opuso a los recursos formulados dentro del plazo legal concedido al efecto. Para el caso de que el recurso de casación fuese estimado, interesó que no le fueran impuestas las costas.

4.Ambas partes hicieron alegaciones sobre la doctrina fijada por el TJUE en su sentencia de 5 de mayo de 2022 (C-410/2020).

5.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 10 de marzo de 2026, fecha en que ha tenido lugar.