Sentencia Civil 403/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5531/2023 de 16 de marzo del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) La entidad Lácteos Casa Macán S.L. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 1 de junio de 2017, en el que la concursada quedaba sujeta a la intervención de la administración concursal.

En este concurso se aprobó un convenio, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2018.

Y por auto de 7 de julio de 2022, se declaró la apertura de la liquidación, a instancia del propio deudor al no poder cumplir con las obligaciones asumidas en el convenio.

ii) Con anterioridad al concurso, el 1 de marzo de 2016, Lácteos Casa Macán S.L. concertó con Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. un contrato marco, que regulaba las relaciones comerciales entre ambas sociedades.

2.El 12 de junio de 2018, después de la declaración de concurso y antes de la aprobación del convenio, la concursada Lácteos Casa Macán S.L., con autorización de la administración concursal, interpuso una demanda de resolución del reseñado contrato por incumplimiento de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A., para que se condenara a la demandada a pagar a Lácteos Casa Macán S.L. el importe del saldo que había a favor de esta última (27.204,03 euros) y a una indemnización de daños y perjuicios que cifraba en 6.665.334,47 euros.

3.La sentencia dictada en primera instancia estimó en parte la demanda. Apreció que el contrato ya se había resuelto extrajudicialmente y por eso entendió que no procedía declararlo resuelto, condenó a la demandada a pagar el saldo a favor de la concursada (27.204,03 euros) y no atendió a la pretensión indemnizatoria.

4.El 10 de febrero de 2020, Lácteos Casa Macán S.L. recurrió en apelación la sentencia de primera instancia y la audiencia provincial desestima el recurso por falta de legitimación para recurrir, ya que entiende que entonces estaba en concurso y no había recabado la autorización de la administración concursal, conforme a lo previsto en el art. 54 LC.

5.Frente a la sentencia de apelación, la administración concursal de Lácteos Casa Macán S.L. formula un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de cuatro motivos, y un recurso de casación, basado en dos motivos. Ambos recursos impugnan el pronunciamiento de la audiencia que niega la legitimación a Lácteos Casa Macán S.L. para recurrir en apelación.

Aunque la cuestión hubiera podido abordarse tanto por un recurso como por otro, según la jurisprudencia de esta sala, en este caso vemos más oportuno examinar el recurso de casación.

6.Con carácter previo al examen de ese recurso, desestimamos la objeción formulada por la parte recurrida a la admisión de ambos recursos, basada en que cuando se formularon, el 13 de junio de 2023, ya se había abierto la liquidación, y acordada la suspensión de facultades patrimoniales del deudor, por lo que carecía de legitimación para formularlo. No puede atenderse a esta objeción en atención al motivo por el que se desestimó la apelación, que cuestionaba la legitimación entonces de la concursada para recurrir en apelación, y a que con el recurso se pretendía dejar sin efecto esa sentencia para reponer las actuaciones al momento en que se cometió la infracción denunciada.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo se basa en la infracción, por aplicación indebida, «del art. 51.3 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación con lo dispuesto en su artículos 48.3 y 133.2, con vulneración de la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, contenida, entre otras, en las sentencias 295/2018, de 23 de mayo; 570/2018 de 15 de octubre; y 389/2020, de 1 de julio; pues la sentencia impugnada niega la legitimación activa al apelante por falta de autorización de la administración concursal para recurrir, a pesar de que consta en autos que, al tiempo de interponer el recurso, no se hallaba bajo el régimen de intervención por la administración concursal de sus facultades patrimoniales».

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Tal y como se afirma en el recurso de apelación, cuando se interpuso este recurso, el día 10 de febrero de 2020, el concurso de acreedores se encontraba en la fase de cumplimiento de convenio, que había sido aceptado por los acreedores y aprobado judicialmente mediante sentencia de 18 de septiembre de 2018. Por lo tanto se encontraba en fase de cumplimiento de convenio y todavía no se había declarado la apertura de la liquidación, que ocurrió por auto de 7 de julio de 2022.

Por lo tanto, en el momento de interponerse el recurso de apelación, como consecuencia de la aprobación del convenio y de conformidad con el art. 133 LC, se habían levantado las medidas que restringían las facultades patrimoniales del deudor del art. 40 LC, esto es, había cesado la intervención de la administración concursal. Así lo hemos entendido en otras ocasiones, por ejemplo en la sentencia, citada por el recurso, 295/2018, de 23 de mayo:

«La aprobación del convenio conllevaba como efecto consiguiente, según el art. 133.2 LC, el cese de todos los efectos de la declaración de concurso, sin perjuicio de su sustitución por lo que se hubieran podido establecer en el propio convenio. Entre los efectos que habían cesado con la aprobación del convenio estaban los previstos en el art. 40 (sobre las facultades patrimoniales del deudor), el art. 48 (sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras) y los arts. 50 y ss. (sobre las acciones individuales)»

Bajo esas condiciones, no operaban las exigencias de los artículos 51 y 54 LC para recurrir en apelación, por lo que la concursada (en fase de cumplimiento de convenio) no precisaba de la autorización de la administración concursal para interponer el recurso de apelación.

3.Razón por la cual procede estimar el recurso de casación, sin necesidad de entrar a resolver el otro motivo de casación, ni el recurso extraordinario por infracción procesal.

En la medida en que la audiencia provincial, al apreciar un óbice procesal, ha desestimado el recurso sin entrar a juzgar sobre el fondo de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, casamos la sentencia y le remitimos las actuaciones para que resuelva las cuestiones de fondo planteadas en la apelación.

TERCERO. Costas

Como la improcedencia de negar legitimación a la concursada para recurrir en apelación podía haberse abordado tanto por el recurso extraordinario por infracción procesal como por el recurso de casación, estimado este último no procede hacer expresa condena en costas respecto de ambos recursos, en aplicación del art. 398.2 LEC. También procede la devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) La entidad Lácteos Casa Macán S.L. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 1 de junio de 2017, en el que la concursada quedaba sujeta a la intervención de la administración concursal.

En este concurso se aprobó un convenio, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2018.

Y por auto de 7 de julio de 2022, se declaró la apertura de la liquidación, a instancia del propio deudor al no poder cumplir con las obligaciones asumidas en el convenio.

ii) Con anterioridad al concurso, el 1 de marzo de 2016, Lácteos Casa Macán S.L. concertó con Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. un contrato marco, que regulaba las relaciones comerciales entre ambas sociedades.

2.El 12 de junio de 2018, después de la declaración de concurso y antes de la aprobación del convenio, la concursada Lácteos Casa Macán S.L., con autorización de la administración concursal, interpuso una demanda de resolución del reseñado contrato por incumplimiento de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A., para que se condenara a la demandada a pagar a Lácteos Casa Macán S.L. el importe del saldo que había a favor de esta última (27.204,03 euros) y a una indemnización de daños y perjuicios que cifraba en 6.665.334,47 euros.

3.La sentencia dictada en primera instancia estimó en parte la demanda. Apreció que el contrato ya se había resuelto extrajudicialmente y por eso entendió que no procedía declararlo resuelto, condenó a la demandada a pagar el saldo a favor de la concursada (27.204,03 euros) y no atendió a la pretensión indemnizatoria.

4.El 10 de febrero de 2020, Lácteos Casa Macán S.L. recurrió en apelación la sentencia de primera instancia y la audiencia provincial desestima el recurso por falta de legitimación para recurrir, ya que entiende que entonces estaba en concurso y no había recabado la autorización de la administración concursal, conforme a lo previsto en el art. 54 LC.

5.Frente a la sentencia de apelación, la administración concursal de Lácteos Casa Macán S.L. formula un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de cuatro motivos, y un recurso de casación, basado en dos motivos. Ambos recursos impugnan el pronunciamiento de la audiencia que niega la legitimación a Lácteos Casa Macán S.L. para recurrir en apelación.

Aunque la cuestión hubiera podido abordarse tanto por un recurso como por otro, según la jurisprudencia de esta sala, en este caso vemos más oportuno examinar el recurso de casación.

6.Con carácter previo al examen de ese recurso, desestimamos la objeción formulada por la parte recurrida a la admisión de ambos recursos, basada en que cuando se formularon, el 13 de junio de 2023, ya se había abierto la liquidación, y acordada la suspensión de facultades patrimoniales del deudor, por lo que carecía de legitimación para formularlo. No puede atenderse a esta objeción en atención al motivo por el que se desestimó la apelación, que cuestionaba la legitimación entonces de la concursada para recurrir en apelación, y a que con el recurso se pretendía dejar sin efecto esa sentencia para reponer las actuaciones al momento en que se cometió la infracción denunciada.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo se basa en la infracción, por aplicación indebida, «del art. 51.3 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación con lo dispuesto en su artículos 48.3 y 133.2, con vulneración de la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, contenida, entre otras, en las sentencias 295/2018, de 23 de mayo; 570/2018 de 15 de octubre; y 389/2020, de 1 de julio; pues la sentencia impugnada niega la legitimación activa al apelante por falta de autorización de la administración concursal para recurrir, a pesar de que consta en autos que, al tiempo de interponer el recurso, no se hallaba bajo el régimen de intervención por la administración concursal de sus facultades patrimoniales».

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Tal y como se afirma en el recurso de apelación, cuando se interpuso este recurso, el día 10 de febrero de 2020, el concurso de acreedores se encontraba en la fase de cumplimiento de convenio, que había sido aceptado por los acreedores y aprobado judicialmente mediante sentencia de 18 de septiembre de 2018. Por lo tanto se encontraba en fase de cumplimiento de convenio y todavía no se había declarado la apertura de la liquidación, que ocurrió por auto de 7 de julio de 2022.

Por lo tanto, en el momento de interponerse el recurso de apelación, como consecuencia de la aprobación del convenio y de conformidad con el art. 133 LC, se habían levantado las medidas que restringían las facultades patrimoniales del deudor del art. 40 LC, esto es, había cesado la intervención de la administración concursal. Así lo hemos entendido en otras ocasiones, por ejemplo en la sentencia, citada por el recurso, 295/2018, de 23 de mayo:

«La aprobación del convenio conllevaba como efecto consiguiente, según el art. 133.2 LC, el cese de todos los efectos de la declaración de concurso, sin perjuicio de su sustitución por lo que se hubieran podido establecer en el propio convenio. Entre los efectos que habían cesado con la aprobación del convenio estaban los previstos en el art. 40 (sobre las facultades patrimoniales del deudor), el art. 48 (sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras) y los arts. 50 y ss. (sobre las acciones individuales)»

Bajo esas condiciones, no operaban las exigencias de los artículos 51 y 54 LC para recurrir en apelación, por lo que la concursada (en fase de cumplimiento de convenio) no precisaba de la autorización de la administración concursal para interponer el recurso de apelación.

3.Razón por la cual procede estimar el recurso de casación, sin necesidad de entrar a resolver el otro motivo de casación, ni el recurso extraordinario por infracción procesal.

En la medida en que la audiencia provincial, al apreciar un óbice procesal, ha desestimado el recurso sin entrar a juzgar sobre el fondo de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, casamos la sentencia y le remitimos las actuaciones para que resuelva las cuestiones de fondo planteadas en la apelación.

TERCERO. Costas

Como la improcedencia de negar legitimación a la concursada para recurrir en apelación podía haberse abordado tanto por el recurso extraordinario por infracción procesal como por el recurso de casación, estimado este último no procede hacer expresa condena en costas respecto de ambos recursos, en aplicación del art. 398.2 LEC. También procede la devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) La entidad Lácteos Casa Macán S.L. fue declarada en concurso de acreedores por auto de 1 de junio de 2017, en el que la concursada quedaba sujeta a la intervención de la administración concursal.

En este concurso se aprobó un convenio, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2018.

Y por auto de 7 de julio de 2022, se declaró la apertura de la liquidación, a instancia del propio deudor al no poder cumplir con las obligaciones asumidas en el convenio.

ii) Con anterioridad al concurso, el 1 de marzo de 2016, Lácteos Casa Macán S.L. concertó con Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. un contrato marco, que regulaba las relaciones comerciales entre ambas sociedades.

2.El 12 de junio de 2018, después de la declaración de concurso y antes de la aprobación del convenio, la concursada Lácteos Casa Macán S.L., con autorización de la administración concursal, interpuso una demanda de resolución del reseñado contrato por incumplimiento de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A., para que se condenara a la demandada a pagar a Lácteos Casa Macán S.L. el importe del saldo que había a favor de esta última (27.204,03 euros) y a una indemnización de daños y perjuicios que cifraba en 6.665.334,47 euros.

3.La sentencia dictada en primera instancia estimó en parte la demanda. Apreció que el contrato ya se había resuelto extrajudicialmente y por eso entendió que no procedía declararlo resuelto, condenó a la demandada a pagar el saldo a favor de la concursada (27.204,03 euros) y no atendió a la pretensión indemnizatoria.

4.El 10 de febrero de 2020, Lácteos Casa Macán S.L. recurrió en apelación la sentencia de primera instancia y la audiencia provincial desestima el recurso por falta de legitimación para recurrir, ya que entiende que entonces estaba en concurso y no había recabado la autorización de la administración concursal, conforme a lo previsto en el art. 54 LC.

5.Frente a la sentencia de apelación, la administración concursal de Lácteos Casa Macán S.L. formula un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de cuatro motivos, y un recurso de casación, basado en dos motivos. Ambos recursos impugnan el pronunciamiento de la audiencia que niega la legitimación a Lácteos Casa Macán S.L. para recurrir en apelación.

Aunque la cuestión hubiera podido abordarse tanto por un recurso como por otro, según la jurisprudencia de esta sala, en este caso vemos más oportuno examinar el recurso de casación.

6.Con carácter previo al examen de ese recurso, desestimamos la objeción formulada por la parte recurrida a la admisión de ambos recursos, basada en que cuando se formularon, el 13 de junio de 2023, ya se había abierto la liquidación, y acordada la suspensión de facultades patrimoniales del deudor, por lo que carecía de legitimación para formularlo. No puede atenderse a esta objeción en atención al motivo por el que se desestimó la apelación, que cuestionaba la legitimación entonces de la concursada para recurrir en apelación, y a que con el recurso se pretendía dejar sin efecto esa sentencia para reponer las actuaciones al momento en que se cometió la infracción denunciada.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo se basa en la infracción, por aplicación indebida, «del art. 51.3 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación con lo dispuesto en su artículos 48.3 y 133.2, con vulneración de la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, contenida, entre otras, en las sentencias 295/2018, de 23 de mayo; 570/2018 de 15 de octubre; y 389/2020, de 1 de julio; pues la sentencia impugnada niega la legitimación activa al apelante por falta de autorización de la administración concursal para recurrir, a pesar de que consta en autos que, al tiempo de interponer el recurso, no se hallaba bajo el régimen de intervención por la administración concursal de sus facultades patrimoniales».

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Tal y como se afirma en el recurso de apelación, cuando se interpuso este recurso, el día 10 de febrero de 2020, el concurso de acreedores se encontraba en la fase de cumplimiento de convenio, que había sido aceptado por los acreedores y aprobado judicialmente mediante sentencia de 18 de septiembre de 2018. Por lo tanto se encontraba en fase de cumplimiento de convenio y todavía no se había declarado la apertura de la liquidación, que ocurrió por auto de 7 de julio de 2022.

Por lo tanto, en el momento de interponerse el recurso de apelación, como consecuencia de la aprobación del convenio y de conformidad con el art. 133 LC, se habían levantado las medidas que restringían las facultades patrimoniales del deudor del art. 40 LC, esto es, había cesado la intervención de la administración concursal. Así lo hemos entendido en otras ocasiones, por ejemplo en la sentencia, citada por el recurso, 295/2018, de 23 de mayo:

«La aprobación del convenio conllevaba como efecto consiguiente, según el art. 133.2 LC, el cese de todos los efectos de la declaración de concurso, sin perjuicio de su sustitución por lo que se hubieran podido establecer en el propio convenio. Entre los efectos que habían cesado con la aprobación del convenio estaban los previstos en el art. 40 (sobre las facultades patrimoniales del deudor), el art. 48 (sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras) y los arts. 50 y ss. (sobre las acciones individuales)»

Bajo esas condiciones, no operaban las exigencias de los artículos 51 y 54 LC para recurrir en apelación, por lo que la concursada (en fase de cumplimiento de convenio) no precisaba de la autorización de la administración concursal para interponer el recurso de apelación.

3.Razón por la cual procede estimar el recurso de casación, sin necesidad de entrar a resolver el otro motivo de casación, ni el recurso extraordinario por infracción procesal.

En la medida en que la audiencia provincial, al apreciar un óbice procesal, ha desestimado el recurso sin entrar a juzgar sobre el fondo de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, casamos la sentencia y le remitimos las actuaciones para que resuelva las cuestiones de fondo planteadas en la apelación.

TERCERO. Costas

Como la improcedencia de negar legitimación a la concursada para recurrir en apelación podía haberse abordado tanto por el recurso extraordinario por infracción procesal como por el recurso de casación, estimado este último no procede hacer expresa condena en costas respecto de ambos recursos, en aplicación del art. 398.2 LEC. También procede la devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ.