Sentencia Civil 405/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6279/2022 de 16 de marzo del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1.La representación procesal de Ildefonso, que había sido declarado en concurso, solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, por la vía del plan de pagos.

La TGSS y la AEAT se opusieron a la exoneración de su crédito, porque estaba excluida conforme al art. 491 TRLC (en su redacción originaria). Según este precepto, los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto, sea cual sea su calificación. Además, indicaba que el art. 495.1 TRLC dispone que los créditos públicos deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago.

2.La sentencia del juzgado de primera instancia que conocía del concurso y de las demandas de oposición desestimó las objeciones del concursado, concedió el beneficio de exoneración y expresamente declaró que la exoneración no podía afectar al crédito público.

3. Ildefonso recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma la sentencia de primera instancia sobre la base de que no aprecia la existencia de ultra vires en la redacción de los artículos 491, 495 y 497 TRLC por lo que no es aplicable la interpretación hecha por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de julio de 2019 del art. 178 bis LC.

4. Ildefonso recurre en casación la sentencia de apelación, sobre la base de cuatro motivos.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1.Formulación de los motivos.

El motivo primerodenuncia la infracción del « art. 178 bis de la LC, norma aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso, ultra vires o exceso de delegación legislativa de los arts. 491, 495 y 497 del TRLC; y, por oponerse a la doctrina jurisprudencial del TS relativa a la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (en adelante BEPI) al crédito público ordinario y subordinado en los concursos de persona física, contenida en la STS de Pleno núm. 381/2019 de 02/06/2019 y en la STS núm. 383/2020 de 01/07/2020.»

El motivo segundo«por presentar interés casacional, pues la Sentencia objeto de recurso se opone a la doctrina del TS contenida en la STS de Pleno núm. 381/2019 de 02/06/2019 y en la STS núm. 383/2020 de 01/07/2020 relativa a la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (en adelante BEPI) al crédito público ordinario y subordinado en los concursos de persona física, resolviendo una cuestión sobre la que existe numerosa jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales».

El motivo tercerorefiere que «la Sentencia objeto de recurso aplica el TRLC que entró en vigor el 01/09/2020 y no tiene en cuenta la aplicación directa de la Directiva UE 2019/1023 el Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 20/06/2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, cuyo art. 35 establece que entrada en vigor será veinte días después de su publicación en el DOUE, esto es, 16/07/19, fecha a partir de la que los estados miembros tienen hasta dos años para adoptarla y publicarla (17/07/2021), sin que exista doctrina jurisprudencial del TS relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.».

El motivo cuartodenuncia la infracción del « art. 9.3 de la CE, pues la proyección de las disposiciones del TRLC, en concreto arts. 491, 495 y 497 TRLC supone una alteración sobrevenida, de carácter restrictivo o limitativo de derechos, en relación a las condiciones de acceso a la exoneración de pasivo insatisfecho del deudor que infringe del principio de seguridad jurídica, tratándose de una norma que no lleva más de cinco años en vigor».

2.Resolución del Tribunal. Procede estimar el primero de los motivos, sin que sea preciso examinar los siguientes, por las razones que exponemos a continuación.

El recurso cuestiona la interpretación realizada por la Audiencia Provincial, por que concluye que la exclusión del crédito público de la exoneración prevista en la originaria redacción del art. 497 TRLC no supuso una extralimitación del refundidor.

Esta cuestión ha sido resuelta ya por esta sala, en la sentencia de pleno 450/2025 de 20 de marzo, en el siguiente sentido:

»[...] el exceso o extralimitación afecta al último inciso del art. 491.1 TRLC 2020, que en caso de optarse por el sistema de exoneración inmediata, después de decir que "el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos ", añade: "exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos". Por lo tanto, la consecuencia de entender que este añadido fue una extralimitación, será que se tenga por no incorporada al texto legal.

»[...] el alcance de la exoneración mediante un plan de pagos, del ordinal 5º del art. 178 bis.3 LC, se regulaba en el art. 178 bis.5 LC : «"El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos: 2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado".

»La sentencia de pleno 381/2019, de 2 de julio, interpretó este precepto, de forma sistemática con el resto de las normas contenidas en el art. 178 bis LC y atendiendo a la finalidad perseguida con esta institución, en el sentido siguiente: "En principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5ª) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos". Y, en consecuencia, entendió que los créditos públicos que no tuvieran la consideración de crédito contra la masa o privilegiado, quedaban afectados por la exoneración.

»En el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, esta norma contenida en el art. 178 bis.5 LC pasó al art. 497.1 TRLC (...). Al margen de la interpretación jurisprudencial mencionada, el refundidor, al mantener la misma dicción legal que el art. 178 bis.5 LC, no incurre en ninguna extralimitación. Cuestión distinta es que bajo esa misma dicción legal siga operando la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia de pleno 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración en caso de optarse por la vía del plan de pagos».

3.La consecuencia de todo ello es que el tribunal de instancia no ha aplicado correctamente la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración si se opta por la vía del plan de pagos, al no extenderlo también a los créditos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (salvo los créditos que merecieran la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general). Procede, por tanto, casar la sentencia y, al asumir la instancia, estimar el recurso de apelación en el sentido de aprobar el plan de pagos propuesto por el concursado y extender los efectos de la exoneración a los créditos públicos, y en concreto al de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

TERCERO. Costas.

1.ºEstimado el recurso de casación formulado por Ildefonso, no hacemos expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª LOPJ.

2.ºEstimado el recurso de apelación por Ildefonso, tampoco hacemos expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.

3.ºAunque ha sido desestimada la pretensión de la AEAT, no procede hacer expresa condena en costas, en atención a las dudas que la cuestión litigiosa podría suscitar, y que justificaban la oposición de la TGSS ( art. 394 LEC) .

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1.La representación procesal de Ildefonso, que había sido declarado en concurso, solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, por la vía del plan de pagos.

La TGSS y la AEAT se opusieron a la exoneración de su crédito, porque estaba excluida conforme al art. 491 TRLC (en su redacción originaria). Según este precepto, los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto, sea cual sea su calificación. Además, indicaba que el art. 495.1 TRLC dispone que los créditos públicos deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago.

2.La sentencia del juzgado de primera instancia que conocía del concurso y de las demandas de oposición desestimó las objeciones del concursado, concedió el beneficio de exoneración y expresamente declaró que la exoneración no podía afectar al crédito público.

3. Ildefonso recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma la sentencia de primera instancia sobre la base de que no aprecia la existencia de ultra vires en la redacción de los artículos 491, 495 y 497 TRLC por lo que no es aplicable la interpretación hecha por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de julio de 2019 del art. 178 bis LC.

4. Ildefonso recurre en casación la sentencia de apelación, sobre la base de cuatro motivos.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1.Formulación de los motivos.

El motivo primerodenuncia la infracción del « art. 178 bis de la LC, norma aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso, ultra vires o exceso de delegación legislativa de los arts. 491, 495 y 497 del TRLC; y, por oponerse a la doctrina jurisprudencial del TS relativa a la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (en adelante BEPI) al crédito público ordinario y subordinado en los concursos de persona física, contenida en la STS de Pleno núm. 381/2019 de 02/06/2019 y en la STS núm. 383/2020 de 01/07/2020.»

El motivo segundo«por presentar interés casacional, pues la Sentencia objeto de recurso se opone a la doctrina del TS contenida en la STS de Pleno núm. 381/2019 de 02/06/2019 y en la STS núm. 383/2020 de 01/07/2020 relativa a la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (en adelante BEPI) al crédito público ordinario y subordinado en los concursos de persona física, resolviendo una cuestión sobre la que existe numerosa jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales».

El motivo tercerorefiere que «la Sentencia objeto de recurso aplica el TRLC que entró en vigor el 01/09/2020 y no tiene en cuenta la aplicación directa de la Directiva UE 2019/1023 el Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 20/06/2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, cuyo art. 35 establece que entrada en vigor será veinte días después de su publicación en el DOUE, esto es, 16/07/19, fecha a partir de la que los estados miembros tienen hasta dos años para adoptarla y publicarla (17/07/2021), sin que exista doctrina jurisprudencial del TS relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.».

El motivo cuartodenuncia la infracción del « art. 9.3 de la CE, pues la proyección de las disposiciones del TRLC, en concreto arts. 491, 495 y 497 TRLC supone una alteración sobrevenida, de carácter restrictivo o limitativo de derechos, en relación a las condiciones de acceso a la exoneración de pasivo insatisfecho del deudor que infringe del principio de seguridad jurídica, tratándose de una norma que no lleva más de cinco años en vigor».

2.Resolución del Tribunal. Procede estimar el primero de los motivos, sin que sea preciso examinar los siguientes, por las razones que exponemos a continuación.

El recurso cuestiona la interpretación realizada por la Audiencia Provincial, por que concluye que la exclusión del crédito público de la exoneración prevista en la originaria redacción del art. 497 TRLC no supuso una extralimitación del refundidor.

Esta cuestión ha sido resuelta ya por esta sala, en la sentencia de pleno 450/2025 de 20 de marzo, en el siguiente sentido:

»[...] el exceso o extralimitación afecta al último inciso del art. 491.1 TRLC 2020, que en caso de optarse por el sistema de exoneración inmediata, después de decir que "el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos ", añade: "exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos". Por lo tanto, la consecuencia de entender que este añadido fue una extralimitación, será que se tenga por no incorporada al texto legal.

»[...] el alcance de la exoneración mediante un plan de pagos, del ordinal 5º del art. 178 bis.3 LC, se regulaba en el art. 178 bis.5 LC : «"El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos: 2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado".

»La sentencia de pleno 381/2019, de 2 de julio, interpretó este precepto, de forma sistemática con el resto de las normas contenidas en el art. 178 bis LC y atendiendo a la finalidad perseguida con esta institución, en el sentido siguiente: "En principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5ª) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos". Y, en consecuencia, entendió que los créditos públicos que no tuvieran la consideración de crédito contra la masa o privilegiado, quedaban afectados por la exoneración.

»En el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, esta norma contenida en el art. 178 bis.5 LC pasó al art. 497.1 TRLC (...). Al margen de la interpretación jurisprudencial mencionada, el refundidor, al mantener la misma dicción legal que el art. 178 bis.5 LC, no incurre en ninguna extralimitación. Cuestión distinta es que bajo esa misma dicción legal siga operando la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia de pleno 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración en caso de optarse por la vía del plan de pagos».

3.La consecuencia de todo ello es que el tribunal de instancia no ha aplicado correctamente la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración si se opta por la vía del plan de pagos, al no extenderlo también a los créditos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (salvo los créditos que merecieran la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general). Procede, por tanto, casar la sentencia y, al asumir la instancia, estimar el recurso de apelación en el sentido de aprobar el plan de pagos propuesto por el concursado y extender los efectos de la exoneración a los créditos públicos, y en concreto al de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

TERCERO. Costas.

1.ºEstimado el recurso de casación formulado por Ildefonso, no hacemos expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª LOPJ.

2.ºEstimado el recurso de apelación por Ildefonso, tampoco hacemos expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.

3.ºAunque ha sido desestimada la pretensión de la AEAT, no procede hacer expresa condena en costas, en atención a las dudas que la cuestión litigiosa podría suscitar, y que justificaban la oposición de la TGSS ( art. 394 LEC) .

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1.La representación procesal de Ildefonso, que había sido declarado en concurso, solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, por la vía del plan de pagos.

La TGSS y la AEAT se opusieron a la exoneración de su crédito, porque estaba excluida conforme al art. 491 TRLC ( en su redacción originaria). Según este precepto, los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto, sea cual sea su calificación. Además, indicaba que el art. 495.1 TRLC dispone que los créditos públicos deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago.

2.La sentencia del juzgado de primera instancia que conocía del concurso y de las demandas de oposición desestimó las objeciones del concursado, concedió el beneficio de exoneración y expresamente declaró que la exoneración no podía afectar al crédito público.

3. Ildefonso recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma la sentencia de primera instancia sobre la base de que no aprecia la existencia de ultra vires en la redacción de los artículos 491, 495 y 497 TRLC por lo que no es aplicable la interpretación hecha por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de julio de 2019 del art. 178 bis LC.

4. Ildefonso recurre en casación la sentencia de apelación, sobre la base de cuatro motivos.

SEGUNDO. Recurso de casación.

1.Formulación de los motivos.

El motivo primerodenuncia la infracción del « art. 178 bis de la LC, norma aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso, ultra vires o exceso de delegación legislativa de los arts. 491, 495 y 497 del TRLC; y, por oponerse a la doctrina jurisprudencial del TS relativa a la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (en adelante BEPI) al crédito público ordinario y subordinado en los concursos de persona física, contenida en la STS de Pleno núm. 381/2019 de 02/06/2019 y en la STS núm. 383/2020 de 01/07/2020.»

El motivo segundo«por presentar interés casacional, pues la Sentencia objeto de recurso se opone a la doctrina del TS contenida en la STS de Pleno núm. 381/2019 de 02/06/2019 y en la STS núm. 383/2020 de 01/07/2020 relativa a la extensión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (en adelante BEPI) al crédito público ordinario y subordinado en los concursos de persona física, resolviendo una cuestión sobre la que existe numerosa jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales».

El motivo tercerorefiere que «la Sentencia objeto de recurso aplica el TRLC que entró en vigor el 01/09/2020 y no tiene en cuenta la aplicación directa de la Directiva UE 2019/1023 el Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 20/06/2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, cuyo art. 35 establece que entrada en vigor será veinte días después de su publicación en el DOUE, esto es, 16/07/19, fecha a partir de la que los estados miembros tienen hasta dos años para adoptarla y publicarla (17/07/2021), sin que exista doctrina jurisprudencial del TS relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.».

El motivo cuartodenuncia la infracción del « art. 9.3 de la CE, pues la proyección de las disposiciones del TRLC, en concreto arts. 491, 495 y 497 TRLC supone una alteración sobrevenida, de carácter restrictivo o limitativo de derechos, en relación a las condiciones de acceso a la exoneración de pasivo insatisfecho del deudor que infringe del principio de seguridad jurídica, tratándose de una norma que no lleva más de cinco años en vigor».

2.Resolución del Tribunal. Procede estimar el primero de los motivos, sin que sea preciso examinar los siguientes, por las razones que exponemos a continuación.

El recurso cuestiona la interpretación realizada por la Audiencia Provincial, por que concluye que la exclusión del crédito público de la exoneración prevista en la originaria redacción del art. 497 TRLC no supuso una extralimitación del refundidor.

Esta cuestión ha sido resuelta ya por esta sala, en la sentencia de pleno 450/2025 de 20 de marzo, en el siguiente sentido:

»[...] el exceso o extralimitación afecta al último inciso del art. 491.1 TRLC 2020, que en caso de optarse por el sistema de exoneración inmediata, después de decir que "el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos ", añade: "exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos". Por lo tanto, la consecuencia de entender que este añadido fue una extralimitación, será que se tenga por no incorporada al texto legal.

»[...] el alcance de la exoneración mediante un plan de pagos, del ordinal 5º del art. 178 bis.3 LC, se regulaba en el art. 178 bis.5 LC : «"El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos: 2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado".

»La sentencia de pleno 381/2019, de 2 de julio, interpretó este precepto, de forma sistemática con el resto de las normas contenidas en el art. 178 bis LC y atendiendo a la finalidad perseguida con esta institución, en el sentido siguiente: "En principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5ª) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos". Y, en consecuencia, entendió que los créditos públicos que no tuvieran la consideración de crédito contra la masa o privilegiado, quedaban afectados por la exoneración.

»En el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, esta norma contenida en el art. 178 bis.5 LC pasó al art. 497.1 TRLC ( ...). Al margen de la interpretación jurisprudencial mencionada, el refundidor, al mantener la misma dicción legal que el art. 178 bis.5 LC, no incurre en ninguna extralimitación. Cuestión distinta es que bajo esa misma dicción legal siga operando la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia de pleno 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración en caso de optarse por la vía del plan de pagos».

3.La consecuencia de todo ello es que el tribunal de instancia no ha aplicado correctamente la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia 381/2019, de 2 de julio, sobre el alcance de la exoneración si se opta por la vía del plan de pagos, al no extenderlo también a los créditos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (salvo los créditos que merecieran la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general). Procede, por tanto, casar la sentencia y, al asumir la instancia, estimar el recurso de apelación en el sentido de aprobar el plan de pagos propuesto por el concursado y extender los efectos de la exoneración a los créditos públicos, y en concreto al de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

TERCERO. Costas.

1.ºEstimado el recurso de casación formulado por Ildefonso, no hacemos expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª LOPJ.

2.ºEstimado el recurso de apelación por Ildefonso, tampoco hacemos expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.

3.ºAunque ha sido desestimada la pretensión de la AEAT, no procede hacer expresa condena en costas, en atención a las dudas que la cuestión litigiosa podría suscitar, y que justificaban la oposición de la TGSS ( art. 394 LEC) .