Sentencia Civil 1151/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4810/2024 de 16 de julio del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia rechazó el recurso de apelación interpuesto por D. Cesar y confirmó la dictada en primera instancia, que había desestimado la demanda de reclamación de filiación no matrimonial interpuesta el 5 de octubre de 2021 frente a D.ª Amanda, en relación con el menor Luis, nacido el NUM000 de 2017, por caducidad de la acción al no existir posesión de estado.

La Audiencia Provincial, con cita de la STC 88/2022, de 27 de junio, y de las sentencias de esta Sala 457/2018, de 18 de julio, y 522/2019, de 8 de octubre, afirma que el interés superior del menor no puede considerarse vulnerado por la aplicación de un plazo de caducidad legalmente establecido. Sostiene que el hecho de que el demandante no estuviera documentado como residente en España no le priva de acceso a la justicia. Finalmente, rechaza que el juzgado haya incurrido en error en la valoración de la prueba al descartar la existencia de posesión de estado. Razona, en este sentido, que no concurren los requisitos del tractatus(trato o comportamiento) y la reputatio(reputación o consideración), ya que el demandante no ha contribuido ni afectiva ni materialmente a la necesaria asistencia al menor, sin que haya quedado acreditado que su falta de presencia se deba a causas no imputables a él. Además, resulta incuestionable que las fotografías aportadas son un mero reflejo de momentos puntuales. Por último, en el entorno o círculo social próximo al menor, este no es identificado ni reconocido como descendiente del presunto progenitor.

2.El demandante-apelante ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones de la fiscal. Decisión de la Sala.

1. Planteamiento

El recurso, por razón de interés casacional, se funda en cuatro motivos:

1.1.En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 218.1 de la LEC «al contradecir y no aplicar las normas aplicables al caso», arts. 131, 132, 133 y 134 del CC. El recurrente alega, en síntesis, que en el presente caso resulta muy difícil acreditar la posesión de estado, ya que la madre ha impedido de forma continuada la relación entre el padre y el hijo, lo que hace inviable el cumplimiento de los requisitos exigidos por la doctrina para apreciar dicha figura jurídica.

1.2.En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 218.2 de la LEC por falta de motivación.

1.3.En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 24 de la CE.

El recurrente alega que la Audiencia Provincial ha incurrido en error al valorar la prueba y ha adoptado una decisión, al igual que el juzgado, arbitraria e ilógica.

1.4.En el motivo cuarto se denuncia la infracción del art. 767.4 de la LEC en relación con los arts. 7.8 de la CDN, 39.2 de la CE y 2 de la LOPJM, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el interés superior del menor.

El recurrente alega que la Audiencia Provincial ha aplicado incorrectamente el principio del interés superior del menor «al desconocer el derecho del menor a conocer quien (sic) es su padre biológico» y no valorar «el interés público en la averiguación de la verdad biológica.».

Finalmente, el recurrente sostiene que «no puede apreciarse que el ejercicio de la acción de reclamación de paternidad [...] sea abusiva [...]»; que «También debemos de valorar si el Juzgado de Primera instancia ante el conflicto del menor y la madre demandada, ante el conflicto de intereses apreciados, se debiera haber nombrado a un defensor del menor.»; y que «[e]l no haber realizado una prueba biológica que determinaría sin dudas la paternidad, el tribunal ha hurtado a las partes la verdad, y en particular al niño que le ha prohibido el saber quién eran sus progenitores biológicos. Y por ello al haber creado esta indefensión, se ha vulnerado por la Sala, el a artículo 24 de la CE. » (sic).

2. Alegaciones de la fiscal

La fiscal sostiene que, atendiendo a las circunstancias del caso y siguiendo las pautas de la sentencia 1526/2024, de 13 de noviembre, no procede declarar la nulidad de actuaciones para que se nombre defensor al menor, ya que no se aprecia que este haya sufrido indefensión.

Además, se opone a todos los motivos del recurso: (i) al primero, porque construye un relato fáctico que no se corresponde con los hechos que la sentencia declara probados y no plantea la existencia de un error de hecho patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones; (ii) al segundo, porque carece de desarrollo; (iii) al tercero, porque no se argumenta dónde radica el error de hecho patente e inmediatamente verificable; (iv) y al cuarto, porque carece de un desarrollo coherente, ignora la conformidad con la Constitución del plazo de caducidad previsto en el art. 133 del CC, y porque no se ha discutido el vínculo biológico entre el menor y el demandante.

3. Decisión de la Sala

3.1.Es cierto que en el presente caso el menor debía haber sido demandado con arreglo a lo dispuesto en el art. 766 de la LEC y no lo ha sido. Sin embargo, ello no puede conllevar la nulidad de actuaciones.

En la sentencia 1526/2024, de 13 de noviembre, declaramos:

«La necesidad de traer al hijo al procedimiento ( art. 766 LEC) debe ponerse en conexión con la exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que trata de evitar una indefensión material y no puramente abstracta. En palabras de la STC 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5, "no podemos partir de una consideración abstracta del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, sino que, por la naturaleza instrumental de éste [ STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11 c)], es preciso tener en cuenta los derechos o intereses en juego que determinan los bienes constitucionales protegidos"».

Añadimos también que:

«[l]a preceptiva intervención en estos procesos del Ministerio Fiscal, que debe velar por el interés superior del menor ( art. 749 LEC) , hace que no sea procedente que la defensa de los intereses de la niña se encomiende a un defensor judicial».

Y en la sentencia 208/2012, de 11 de abril, dijimos:

«[p]ara decidir el caso concreto, debe procederse a la interpretación de la norma, en este caso, el art. 766 LEC, de acuerdo con su espíritu y finalidad, según dispone el art. 3.1 CC», latiendo en dicha resolución la idea de que las razones que están en la base del art. 766 LEC van más allá de un puro formalismo, por lo que debe rechazarse, si no se ha producido una real y efectiva indefensión, que «[s]e haya producido una falta de litisconsorcio pasivo necesario, que deba llevar a la anulación de todo el procedimiento. Una solución de este tipo implicaría volver al inicio, demandar a la madre [en nuestro caso al hijo] y dilatar la solución que muy probablemente sea la misma que se ha producido en las sentencias recaídas hasta ahora».

En el proceso han intervenido tanto quien se considera padre biológico del menor -cuya paternidad no está legalmente reconocida- como la madre, defendiendo posiciones procesales contradictorias. Igualmente ha intervenido el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el art. 749 LEC, actuando como garante del interés superior del menor, que constituye el eje rector de este tipo de procedimientos. En este contexto, no se ha generado una situación de indefensión real para el menor, ni puede entenderse comprometido su derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE) .

Tal como se infiere de la doctrina jurisprudencial mencionada, la necesidad de intervención del menor en el proceso debe interpretarse desde la perspectiva de una tutela judicial efectiva real y no meramente formal. En el presente caso, no consta que la ausencia de dicha intervención haya producido una situación de indefensión material, ni que resultara necesaria la designación de un defensor judicial, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal como garante del interés superior del menor. Tampoco se aprecia que, por el solo hecho de retrotraer las actuaciones para demandar al menor, pudiese evitarse la aplicación de la caducidad de la acción, correctamente apreciada por la sentencia impugnada, que confirmó la de primera instancia, como se expondrá a continuación.

3.2. Primer motivo

El motivo carece de consistencia, ya que la eventual vulneración de las normas sustantivas que se citan como infringidas -todas ellas relativas a la reclamación de la filiación, traídas a colación de forma indiscriminada y sin mayor explicación- no constituye, por sí sola, una infracción procesal de las normas reguladoras de la sentencia por falta de exhaustividad o congruencia ( art. 218.1 LEC) , que es lo que en realidad se denuncia.

Además, el recurrente no combate la apreciación de la sentencia en cuanto a la inexistencia de posesión de estado, sino que, asumiendo en realidad su ausencia, se limita a afirmar que no pudieron cumplirse sus requisitos porque la madre habría impedido de forma continuada la relación con su hijo, circunstancia que no ha sido reconocida ni declarada probada por la sentencia recurrida y que, en cualquier caso, no le impedía -tal y como señala la fiscal- ejercitar la acción de reclamación de filiación no matrimonial sin posesión de estado en plazo.

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.3. Motivo segundo.

El recurrente no desarrolla ni explica la infracción -falta de motivación- que alega.

En cualquier caso, es claro que la sentencia impugnada, al considerar caducada la acción con arreglo a lo previsto en el art. 133.2 del Código Civil, ofrece una justificación clara, precisa y suficiente de la decisión adoptada, por lo que no vulnera, en modo alguno, lo que sobre el deber de motivación hemos señalado en numerosas resoluciones, como la sentencia 1523/2023, de 7 de noviembre, citada a su vez por la 715/2025, de 12 de mayo, en la que se afirma, en síntesis:

«[E]l deber de motivación al que se refiere el art. 218.2 LEC requiere, en primer lugar, que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto; y 118/2006, de 24 de abril) [...]».

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.3. Motivo tercero.

Dispone el art. 477.5 de la LEC que:

«La valoración de la prueba y la fijación de hechos no podrán ser objeto de recurso de casación, salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.».

Tal y como expone la fiscal, el recurrente no argumenta «[d]ónde radica el "error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones", exigido por el art. 477.5 LEC. ».

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.4. Motivo cuarto.

Las alegaciones del recurrente sobre el vínculo biológico con el menor, la no realización de la prueba biológica de paternidad y la inexistencia de abuso de derecho carecen de virtualidad, ya que se construyen al margen de la ratio decidendide la sentencia, sin tenerla en cuenta ni impugnarla expresamente. Como hemos señalado en numerosas resoluciones -por todas, la sentencia 40/2024, de 15 de enero-, esta forma de argumentar es improcedente en casación. De ahí que la fiscal sostenga, también con razón, que el motivo está desenfocado.

La razón de la decisión de la sentencia impugnada es la apreciación de la caducidad de la acción, y la norma que establece el plazo aplicable -el art. 133.2 del Código Civil- no es contraria a la Constitución.

Por tanto, el motivo se desestima.

TERCERO. Costas

Al desestimarse el recurso de casación procede imponer las costas de dicho recurso al recurrente.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia rechazó el recurso de apelación interpuesto por D. Cesar y confirmó la dictada en primera instancia, que había desestimado la demanda de reclamación de filiación no matrimonial interpuesta el 5 de octubre de 2021 frente a D.ª Amanda, en relación con el menor Luis, nacido el NUM000 de 2017, por caducidad de la acción al no existir posesión de estado.

La Audiencia Provincial, con cita de la STC 88/2022, de 27 de junio, y de las sentencias de esta Sala 457/2018, de 18 de julio, y 522/2019, de 8 de octubre, afirma que el interés superior del menor no puede considerarse vulnerado por la aplicación de un plazo de caducidad legalmente establecido. Sostiene que el hecho de que el demandante no estuviera documentado como residente en España no le priva de acceso a la justicia. Finalmente, rechaza que el juzgado haya incurrido en error en la valoración de la prueba al descartar la existencia de posesión de estado. Razona, en este sentido, que no concurren los requisitos del tractatus(trato o comportamiento) y la reputatio(reputación o consideración), ya que el demandante no ha contribuido ni afectiva ni materialmente a la necesaria asistencia al menor, sin que haya quedado acreditado que su falta de presencia se deba a causas no imputables a él. Además, resulta incuestionable que las fotografías aportadas son un mero reflejo de momentos puntuales. Por último, en el entorno o círculo social próximo al menor, este no es identificado ni reconocido como descendiente del presunto progenitor.

2.El demandante-apelante ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones de la fiscal. Decisión de la Sala.

1. Planteamiento

El recurso, por razón de interés casacional, se funda en cuatro motivos:

1.1.En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 218.1 de la LEC «al contradecir y no aplicar las normas aplicables al caso», arts. 131, 132, 133 y 134 del CC. El recurrente alega, en síntesis, que en el presente caso resulta muy difícil acreditar la posesión de estado, ya que la madre ha impedido de forma continuada la relación entre el padre y el hijo, lo que hace inviable el cumplimiento de los requisitos exigidos por la doctrina para apreciar dicha figura jurídica.

1.2.En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 218.2 de la LEC por falta de motivación.

1.3.En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 24 de la CE.

El recurrente alega que la Audiencia Provincial ha incurrido en error al valorar la prueba y ha adoptado una decisión, al igual que el juzgado, arbitraria e ilógica.

1.4.En el motivo cuarto se denuncia la infracción del art. 767.4 de la LEC en relación con los arts. 7.8 de la CDN, 39.2 de la CE y 2 de la LOPJM, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el interés superior del menor.

El recurrente alega que la Audiencia Provincial ha aplicado incorrectamente el principio del interés superior del menor «al desconocer el derecho del menor a conocer quien (sic) es su padre biológico» y no valorar «el interés público en la averiguación de la verdad biológica.».

Finalmente, el recurrente sostiene que «no puede apreciarse que el ejercicio de la acción de reclamación de paternidad [...] sea abusiva [...]»; que «También debemos de valorar si el Juzgado de Primera instancia ante el conflicto del menor y la madre demandada, ante el conflicto de intereses apreciados, se debiera haber nombrado a un defensor del menor.»; y que «[e]l no haber realizado una prueba biológica que determinaría sin dudas la paternidad, el tribunal ha hurtado a las partes la verdad, y en particular al niño que le ha prohibido el saber quién eran sus progenitores biológicos. Y por ello al haber creado esta indefensión, se ha vulnerado por la Sala, el a artículo 24 de la CE. » (sic).

2. Alegaciones de la fiscal

La fiscal sostiene que, atendiendo a las circunstancias del caso y siguiendo las pautas de la sentencia 1526/2024, de 13 de noviembre, no procede declarar la nulidad de actuaciones para que se nombre defensor al menor, ya que no se aprecia que este haya sufrido indefensión.

Además, se opone a todos los motivos del recurso: (i) al primero, porque construye un relato fáctico que no se corresponde con los hechos que la sentencia declara probados y no plantea la existencia de un error de hecho patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones; (ii) al segundo, porque carece de desarrollo; (iii) al tercero, porque no se argumenta dónde radica el error de hecho patente e inmediatamente verificable; (iv) y al cuarto, porque carece de un desarrollo coherente, ignora la conformidad con la Constitución del plazo de caducidad previsto en el art. 133 del CC, y porque no se ha discutido el vínculo biológico entre el menor y el demandante.

3. Decisión de la Sala

3.1.Es cierto que en el presente caso el menor debía haber sido demandado con arreglo a lo dispuesto en el art. 766 de la LEC y no lo ha sido. Sin embargo, ello no puede conllevar la nulidad de actuaciones.

En la sentencia 1526/2024, de 13 de noviembre, declaramos:

«La necesidad de traer al hijo al procedimiento ( art. 766 LEC) debe ponerse en conexión con la exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que trata de evitar una indefensión material y no puramente abstracta. En palabras de la STC 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5, "no podemos partir de una consideración abstracta del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, sino que, por la naturaleza instrumental de éste [ STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11 c)], es preciso tener en cuenta los derechos o intereses en juego que determinan los bienes constitucionales protegidos"».

Añadimos también que:

«[l]a preceptiva intervención en estos procesos del Ministerio Fiscal, que debe velar por el interés superior del menor ( art. 749 LEC) , hace que no sea procedente que la defensa de los intereses de la niña se encomiende a un defensor judicial».

Y en la sentencia 208/2012, de 11 de abril, dijimos:

«[p]ara decidir el caso concreto, debe procederse a la interpretación de la norma, en este caso, el art. 766 LEC, de acuerdo con su espíritu y finalidad, según dispone el art. 3.1 CC», latiendo en dicha resolución la idea de que las razones que están en la base del art. 766 LEC van más allá de un puro formalismo, por lo que debe rechazarse, si no se ha producido una real y efectiva indefensión, que «[s]e haya producido una falta de litisconsorcio pasivo necesario, que deba llevar a la anulación de todo el procedimiento. Una solución de este tipo implicaría volver al inicio, demandar a la madre [en nuestro caso al hijo] y dilatar la solución que muy probablemente sea la misma que se ha producido en las sentencias recaídas hasta ahora».

En el proceso han intervenido tanto quien se considera padre biológico del menor -cuya paternidad no está legalmente reconocida- como la madre, defendiendo posiciones procesales contradictorias. Igualmente ha intervenido el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el art. 749 LEC, actuando como garante del interés superior del menor, que constituye el eje rector de este tipo de procedimientos. En este contexto, no se ha generado una situación de indefensión real para el menor, ni puede entenderse comprometido su derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE) .

Tal como se infiere de la doctrina jurisprudencial mencionada, la necesidad de intervención del menor en el proceso debe interpretarse desde la perspectiva de una tutela judicial efectiva real y no meramente formal. En el presente caso, no consta que la ausencia de dicha intervención haya producido una situación de indefensión material, ni que resultara necesaria la designación de un defensor judicial, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal como garante del interés superior del menor. Tampoco se aprecia que, por el solo hecho de retrotraer las actuaciones para demandar al menor, pudiese evitarse la aplicación de la caducidad de la acción, correctamente apreciada por la sentencia impugnada, que confirmó la de primera instancia, como se expondrá a continuación.

3.2. Primer motivo

El motivo carece de consistencia, ya que la eventual vulneración de las normas sustantivas que se citan como infringidas -todas ellas relativas a la reclamación de la filiación, traídas a colación de forma indiscriminada y sin mayor explicación- no constituye, por sí sola, una infracción procesal de las normas reguladoras de la sentencia por falta de exhaustividad o congruencia ( art. 218.1 LEC) , que es lo que en realidad se denuncia.

Además, el recurrente no combate la apreciación de la sentencia en cuanto a la inexistencia de posesión de estado, sino que, asumiendo en realidad su ausencia, se limita a afirmar que no pudieron cumplirse sus requisitos porque la madre habría impedido de forma continuada la relación con su hijo, circunstancia que no ha sido reconocida ni declarada probada por la sentencia recurrida y que, en cualquier caso, no le impedía -tal y como señala la fiscal- ejercitar la acción de reclamación de filiación no matrimonial sin posesión de estado en plazo.

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.3. Motivo segundo.

El recurrente no desarrolla ni explica la infracción -falta de motivación- que alega.

En cualquier caso, es claro que la sentencia impugnada, al considerar caducada la acción con arreglo a lo previsto en el art. 133.2 del Código Civil, ofrece una justificación clara, precisa y suficiente de la decisión adoptada, por lo que no vulnera, en modo alguno, lo que sobre el deber de motivación hemos señalado en numerosas resoluciones, como la sentencia 1523/2023, de 7 de noviembre, citada a su vez por la 715/2025, de 12 de mayo, en la que se afirma, en síntesis:

«[E]l deber de motivación al que se refiere el art. 218.2 LEC requiere, en primer lugar, que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto; y 118/2006, de 24 de abril) [...]».

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.3. Motivo tercero.

Dispone el art. 477.5 de la LEC que:

«La valoración de la prueba y la fijación de hechos no podrán ser objeto de recurso de casación, salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.».

Tal y como expone la fiscal, el recurrente no argumenta «[d]ónde radica el "error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones", exigido por el art. 477.5 LEC. ».

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.4. Motivo cuarto.

Las alegaciones del recurrente sobre el vínculo biológico con el menor, la no realización de la prueba biológica de paternidad y la inexistencia de abuso de derecho carecen de virtualidad, ya que se construyen al margen de la ratio decidendide la sentencia, sin tenerla en cuenta ni impugnarla expresamente. Como hemos señalado en numerosas resoluciones -por todas, la sentencia 40/2024, de 15 de enero-, esta forma de argumentar es improcedente en casación. De ahí que la fiscal sostenga, también con razón, que el motivo está desenfocado.

La razón de la decisión de la sentencia impugnada es la apreciación de la caducidad de la acción, y la norma que establece el plazo aplicable -el art. 133.2 del Código Civil- no es contraria a la Constitución.

Por tanto, el motivo se desestima.

TERCERO. Costas

Al desestimarse el recurso de casación procede imponer las costas de dicho recurso al recurrente.

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia rechazó el recurso de apelación interpuesto por D. Cesar y confirmó la dictada en primera instancia, que había desestimado la demanda de reclamación de filiación no matrimonial interpuesta el 5 de octubre de 2021 frente a D.ª Amanda, en relación con el menor Luis, nacido el NUM000 de 2017, por caducidad de la acción al no existir posesión de estado.

La Audiencia Provincial, con cita de la STC 88/2022, de 27 de junio, y de las sentencias de esta Sala 457/2018, de 18 de julio, y 522/2019, de 8 de octubre, afirma que el interés superior del menor no puede considerarse vulnerado por la aplicación de un plazo de caducidad legalmente establecido. Sostiene que el hecho de que el demandante no estuviera documentado como residente en España no le priva de acceso a la justicia. Finalmente, rechaza que el juzgado haya incurrido en error en la valoración de la prueba al descartar la existencia de posesión de estado. Razona, en este sentido, que no concurren los requisitos del tractatus(trato o comportamiento) y la reputatio(reputación o consideración), ya que el demandante no ha contribuido ni afectiva ni materialmente a la necesaria asistencia al menor, sin que haya quedado acreditado que su falta de presencia se deba a causas no imputables a él. Además, resulta incuestionable que las fotografías aportadas son un mero reflejo de momentos puntuales. Por último, en el entorno o círculo social próximo al menor, este no es identificado ni reconocido como descendiente del presunto progenitor.

2.El demandante-apelante ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones de la fiscal. Decisión de la Sala.

1. Planteamiento

El recurso, por razón de interés casacional, se funda en cuatro motivos:

1.1.En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 218.1 de la LEC «al contradecir y no aplicar las normas aplicables al caso», arts. 131, 132, 133 y 134 del CC. El recurrente alega, en síntesis, que en el presente caso resulta muy difícil acreditar la posesión de estado, ya que la madre ha impedido de forma continuada la relación entre el padre y el hijo, lo que hace inviable el cumplimiento de los requisitos exigidos por la doctrina para apreciar dicha figura jurídica.

1.2.En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 218.2 de la LEC por falta de motivación.

1.3.En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 24 de la CE.

El recurrente alega que la Audiencia Provincial ha incurrido en error al valorar la prueba y ha adoptado una decisión, al igual que el juzgado, arbitraria e ilógica.

1.4.En el motivo cuarto se denuncia la infracción del art. 767.4 de la LEC en relación con los arts. 7.8 de la CDN, 39.2 de la CE y 2 de la LOPJM, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el interés superior del menor.

El recurrente alega que la Audiencia Provincial ha aplicado incorrectamente el principio del interés superior del menor «al desconocer el derecho del menor a conocer quien (sic) es su padre biológico» y no valorar «el interés público en la averiguación de la verdad biológica.».

Finalmente, el recurrente sostiene que «no puede apreciarse que el ejercicio de la acción de reclamación de paternidad [...] sea abusiva [...]»; que «También debemos de valorar si el Juzgado de Primera instancia ante el conflicto del menor y la madre demandada, ante el conflicto de intereses apreciados, se debiera haber nombrado a un defensor del menor.»; y que «[e]l no haber realizado una prueba biológica que determinaría sin dudas la paternidad, el tribunal ha hurtado a las partes la verdad, y en particular al niño que le ha prohibido el saber quién eran sus progenitores biológicos. Y por ello al haber creado esta indefensión, se ha vulnerado por la Sala, el a artículo 24 de la CE. » (sic).

2. Alegaciones de la fiscal

La fiscal sostiene que, atendiendo a las circunstancias del caso y siguiendo las pautas de la sentencia 1526/2024, de 13 de noviembre, no procede declarar la nulidad de actuaciones para que se nombre defensor al menor, ya que no se aprecia que este haya sufrido indefensión.

Además, se opone a todos los motivos del recurso: (i) al primero, porque construye un relato fáctico que no se corresponde con los hechos que la sentencia declara probados y no plantea la existencia de un error de hecho patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones; (ii) al segundo, porque carece de desarrollo; (iii) al tercero, porque no se argumenta dónde radica el error de hecho patente e inmediatamente verificable; (iv) y al cuarto, porque carece de un desarrollo coherente, ignora la conformidad con la Constitución del plazo de caducidad previsto en el art. 133 del CC, y porque no se ha discutido el vínculo biológico entre el menor y el demandante.

3. Decisión de la Sala

3.1.Es cierto que en el presente caso el menor debía haber sido demandado con arreglo a lo dispuesto en el art. 766 de la LEC y no lo ha sido. Sin embargo, ello no puede conllevar la nulidad de actuaciones.

En la sentencia 1526/2024, de 13 de noviembre, declaramos:

«La necesidad de traer al hijo al procedimiento ( art. 766 LEC) debe ponerse en conexión con la exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que trata de evitar una indefensión material y no puramente abstracta. En palabras de la STC 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5, "no podemos partir de una consideración abstracta del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, sino que, por la naturaleza instrumental de éste [ STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11 c)], es preciso tener en cuenta los derechos o intereses en juego que determinan los bienes constitucionales protegidos"».

Añadimos también que:

«[l]a preceptiva intervención en estos procesos del Ministerio Fiscal, que debe velar por el interés superior del menor ( art. 749 LEC) , hace que no sea procedente que la defensa de los intereses de la niña se encomiende a un defensor judicial».

Y en la sentencia 208/2012, de 11 de abril, dijimos:

«[p]ara decidir el caso concreto, debe procederse a la interpretación de la norma, en este caso, el art. 766 LEC, de acuerdo con su espíritu y finalidad, según dispone el art. 3.1 CC», latiendo en dicha resolución la idea de que las razones que están en la base del art. 766 LEC van más allá de un puro formalismo, por lo que debe rechazarse, si no se ha producido una real y efectiva indefensión, que «[s]e haya producido una falta de litisconsorcio pasivo necesario, que deba llevar a la anulación de todo el procedimiento. Una solución de este tipo implicaría volver al inicio, demandar a la madre [en nuestro caso al hijo] y dilatar la solución que muy probablemente sea la misma que se ha producido en las sentencias recaídas hasta ahora».

En el proceso han intervenido tanto quien se considera padre biológico del menor -cuya paternidad no está legalmente reconocida- como la madre, defendiendo posiciones procesales contradictorias. Igualmente ha intervenido el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el art. 749 LEC, actuando como garante del interés superior del menor, que constituye el eje rector de este tipo de procedimientos. En este contexto, no se ha generado una situación de indefensión real para el menor, ni puede entenderse comprometido su derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE) .

Tal como se infiere de la doctrina jurisprudencial mencionada, la necesidad de intervención del menor en el proceso debe interpretarse desde la perspectiva de una tutela judicial efectiva real y no meramente formal. En el presente caso, no consta que la ausencia de dicha intervención haya producido una situación de indefensión material, ni que resultara necesaria la designación de un defensor judicial, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal como garante del interés superior del menor. Tampoco se aprecia que, por el solo hecho de retrotraer las actuaciones para demandar al menor, pudiese evitarse la aplicación de la caducidad de la acción, correctamente apreciada por la sentencia impugnada, que confirmó la de primera instancia, como se expondrá a continuación.

3.2. Primer motivo

El motivo carece de consistencia, ya que la eventual vulneración de las normas sustantivas que se citan como infringidas -todas ellas relativas a la reclamación de la filiación, traídas a colación de forma indiscriminada y sin mayor explicación- no constituye, por sí sola, una infracción procesal de las normas reguladoras de la sentencia por falta de exhaustividad o congruencia ( art. 218.1 LEC) , que es lo que en realidad se denuncia.

Además, el recurrente no combate la apreciación de la sentencia en cuanto a la inexistencia de posesión de estado, sino que, asumiendo en realidad su ausencia, se limita a afirmar que no pudieron cumplirse sus requisitos porque la madre habría impedido de forma continuada la relación con su hijo, circunstancia que no ha sido reconocida ni declarada probada por la sentencia recurrida y que, en cualquier caso, no le impedía -tal y como señala la fiscal- ejercitar la acción de reclamación de filiación no matrimonial sin posesión de estado en plazo.

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.3. Motivo segundo.

El recurrente no desarrolla ni explica la infracción -falta de motivación- que alega.

En cualquier caso, es claro que la sentencia impugnada, al considerar caducada la acción con arreglo a lo previsto en el art. 133.2 del Código Civil, ofrece una justificación clara, precisa y suficiente de la decisión adoptada, por lo que no vulnera, en modo alguno, lo que sobre el deber de motivación hemos señalado en numerosas resoluciones, como la sentencia 1523/2023, de 7 de noviembre, citada a su vez por la 715/2025, de 12 de mayo, en la que se afirma, en síntesis:

«[E]l deber de motivación al que se refiere el art. 218.2 LEC requiere, en primer lugar, que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto; y 118/2006, de 24 de abril) [...]».

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.3. Motivo tercero.

Dispone el art. 477.5 de la LEC que:

«La valoración de la prueba y la fijación de hechos no podrán ser objeto de recurso de casación, salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.».

Tal y como expone la fiscal, el recurrente no argumenta «[d]ónde radica el "error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones", exigido por el art. 477.5 LEC. ».

Por tanto, el motivo debe ser desestimado.

3.4. Motivo cuarto.

Las alegaciones del recurrente sobre el vínculo biológico con el menor, la no realización de la prueba biológica de paternidad y la inexistencia de abuso de derecho carecen de virtualidad, ya que se construyen al margen de la ratio decidendide la sentencia, sin tenerla en cuenta ni impugnarla expresamente. Como hemos señalado en numerosas resoluciones -por todas, la sentencia 40/2024, de 15 de enero-, esta forma de argumentar es improcedente en casación. De ahí que la fiscal sostenga, también con razón, que el motivo está desenfocado.

La razón de la decisión de la sentencia impugnada es la apreciación de la caducidad de la acción, y la norma que establece el plazo aplicable -el art. 133.2 del Código Civil- no es contraria a la Constitución.

Por tanto, el motivo se desestima.

TERCERO. Costas

Al desestimarse el recurso de casación procede imponer las costas de dicho recurso al recurrente.