Sentencia Civil 1447/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4167/2020 de 17 de octubre del 2025

PRIMERO.Resumen de antecedentes

1.La sentencia recurrida desestima el recurso de apelación interpuesto por D. Sixto y Seguros Catalana Occidente, S.A. y confirma la sentencia dictada en primera instancia, que estimó la demanda «de reclamación de cantidad y responsabilidad de obligaciones derivadas de contrato de seguro» interpuesta por D. Romulo, D. Ángel Jesús y D. Adrian. Dicha sentencia, tras declarar la responsabilidad civil de los demandados por el incendio «acaecido el día 14 de agosto de 2014 causante de los daños irrogados a la nave [...] propiedad de los demandantes», les condenó solidariamente a pagar a estos la cantidad de 200.871,69 euros, así como los intereses legales más dos puntos en el caso del Sr. Sixto, y los del art. 20 de la LCS en el caso de Catalana Occidente.

2.La sentencia de primera instancia considera negligente al Sr. Sixto, porque el incendio que causó los daños en las instalaciones de los demandados se inició en la nave de su propiedad y se propagó por la ausencia o precariedad de las necesarias medidas de seguridad contra incendios. Por ello, aquel deviene responsable y obligado a indemnizar a los demandados de conformidad con el art. 1902 del CC, extendiéndose dicha obligación a su compañía aseguradora con arreglo a los arts. 73 y 76 de la LCS.

Se añade que la eventual responsabilidad de la arrendataria de la nave en la que se produjo el incendio no exonera al propietario de la suya, sin perjuicio de las acciones que le puedan corresponder contra aquella.

Además, el Juzgado de Primera Instancia considera que procede imponer a la aseguradora demandada los intereses del art. 20 de la LCS, al no constar ofrecimiento ni consignación, aunque mínima, por su parte a los demandantes dentro del plazo de tres meses desde el siniestro, ni siquiera tras la reclamación extrajudicial realizada por estos, considerando que no concurre causa que justifique tal comportamiento.

3.La Audiencia Provincial confirma y ratifica en su totalidad la sentencia dictada en primera instancia. Tras una breve consideración sobre el art. 1903.4 del CC, afirma que:

«[...] el elemento valorativo determinante de la declaración de responsabilidad de D. Sixto se refleja en el párrafo séptimo del fundamento de derecho tercero de la sentencia cuando afirma: ... en cualquier caso la propagación del mismo (refiriéndose al incendio) y la afectación a otras instalaciones vino motivada por la ausencia o precariedad de las necesarias medidas de seguridad contra incendios, lo que implica una evidente negligencia del propietario de las mismas, que hace surgir su responsabilidad y su obligación de indemnizar de conformidad con el artículo 1902 del Código Civil, que se extiende obviamente a la compañía aseguradora demanda en virtud el (sic) contrato de seguro suscrito en aplicación de los artículos 73 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro, razonamiento que asumimos plenamente.».

Añade, respecto de los intereses del art. 20 de la LCS, que:

«[...] las razones esgrimidas por la apelante no pueden ser acogidas considerando razonable y justo el acuerdo reflejado en la sentencia impugnada, entendiendo que la falta de satisfacción de la indemnización o del pago del importe mínimo no se encuentra fundada en una causa justificada o que no le fuera imputable, remitiéndonos una vez más a los argumentos de hecho y de derecho invocadas con cita de la propia doctrina jurisprudencial.».

4.Los demandados han interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido y al que los demandantes se han opuesto.

SEGUNDO.Planteamiento del recurso de casación. Decisión de la Sala

1.Planteamiento. El recurso de casación se funda en tres motivos.

1.1. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 1903.4 del CC y la vulneración de la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias 603/2009, de 24 de septiembre, y 868/2007, de 11 de julio.

Los recurrentes alegan que:

«[...] la Sentencia de apelación declara responsabilidad (sic) de mi representado, arrendador de la nave en la que se originó el incendio de autos, al imputarle culpa "in eligendo" o "in vigilando" respecto de los actos de su inquilino, cuando entre las partes de un contrato de arrendamiento no se da la relación jerárquica, de subordinación o de dependencia, que exige la doctrina del Tribunal Supremo para el nacimiento de responsabilidad por hecho ajeno.»

1.2. En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 1902 del CC y la vulneración de la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias 603/2009, de 24 de septiembre, y 17/2005, de 3 de febrero.

Los recurrentes alegan que «[...] la Sentencia de apelación imputa el resultado dañoso al propietario del inmueble por su mera condición de propietario; infringiendo ello la doctrina del Tribunal Supremo que establece que, cuando el propietario es ajeno a la posesión y uso del inmueble arrendado, no es responsable de las consecuencias dañosas del uso del mismo por parte de terceros que escapan a su poder de control o disposición.»; que «[...] es el titular de la actividad mercantil o comercial el que debe cumplir, en el ejercicio de la misma, la normativa de protección contra incendios que le sea aplicable. El propietario no desarrolla ninguna actividad en la actividad (sic) en la nave, simplemente cede su uso y la posesión.»; y que « la propia Sentencia de primera instancia -confirmada por la de apelación- estableció que en (sic) la actividad desarrollada en la nave (almacén de productos de marroquinería) no era constitutiva de un riesgo anormal en relación a los estándares medios».

1.3. En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 20.8 de la LCS y la vulneración de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias 255/2011, de 15 de abril, y 224/2001, de 12 de marzo.

Se alega que:

«[...] la Sentencia de apelación impone a la aseguradora los intereses moratorios del art. 20 LCS pese a la existencia de causa justificada del impago, infringiendo la doctrina de esta Sala que estima que, en los supuestos de incendio, concurre dicha causa cuando es preciso un procedimiento judicial para determinar su origen y causa.»

2.Decisión de la Sala. Si bien la sentencia recurrida alude al art. 1903.4 del CC, basa jurídicamente su decisión -como la de primera instancia- en el art. 1902 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, y alterando el orden en que los motivos han sido planteados, procede examinar en primer lugar el segundo.

2.1. Motivo segundo. Sostienen los recurrentes que la resolución impugnada atribuye al Sr. Sixto la responsabilidad por los daños sufridos por los recurridos en virtud de su mera condición de propietarios de la nave en la que se originó el incendio, a pesar de que en el momento del siniestro esta se hallaba arrendada a un tercero, que era quien ostentaba su posesión y la utilizaba como almacén de los productos propios de su actividad -bolsos, maletas, carteras, maletines, monederos, cinturones, carros de compra, mochilas y otros similares-. Se apoyan para ello en la doctrina recogida en las sentencias de esta Sala núms. 17/2005, de 3 de febrero, y 603/2009, de 24 de septiembre, que exoneran al propietario arrendador de la responsabilidad derivada de los daños causados por el uso del inmueble cuando carece de la posesión y del control efectivo sobre él.

Sin embargo, las circunstancias concurrentes en el presente caso difieren sustancialmente de las contempladas en dichas resoluciones. En primer lugar, no puede afirmarse que el propietario se hallara completamente desvinculado del inmueble arrendado o carente de toda posibilidad de control sobre su estado y las condiciones de seguridad en que se desarrollaba la actividad de la arrendataria. Del propio contrato de arrendamiento resultan diversas estipulaciones que acreditan lo contrario: la prohibición de realizar obras sin autorización expresa y escrita de la parte arrendadora, el reconocimiento por la arrendataria de que la nave no se encontraba en perfecto estado de uso en el momento de la entrega, y la obligación de esta de adoptar las medidas de seguridad necesarias conforme a la normativa vigente para la protección contra incendios. Tales previsiones contractuales revelan que la arrendadora conservó facultades de supervisión y control sobre el inmueble, al menos en lo relativo a su estado de conservación y a la adecuación de las medidas de seguridad.

La arrendadora, conocedora de que la nave no se encontraba en perfecto estado de uso, de que la actividad desarrollada por la arrendataria comportaba el almacenamiento de productos de evidente naturaleza no ignífuga, y de que esta asumía la obligación de adoptar cuantas medidas de seguridad para la protección contra incendios resultaran necesarias para garantizar en todo momento que la actividad a desarrollar discurriera sin riesgo alguno para las personas o las cosas, se desentendió por completo del cumplimiento por la arrendataria de aquello a lo que se obligaba, sin comprobar la existencia ni suficiencia de los medios de protección exigibles en materia de prevención y seguridad contra incendios. Dicha omisión, valorada a la luz de la diligencia exigible al propietario que pone en el tráfico un inmueble destinado a un uso industrial -la nave se arrendó para ser destinada al almacenamiento de artículos de marroquinería, actividad que, aun sin implicar procesos de fabricación, se encuadra en el uso industrial a los efectos de la normativa de seguridad contra incendios (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, en vigor al momento de los hechos)-, constituye una infracción del deber de cuidado y vigilancia que le incumbía y que tenía la posibilidad real de ejercer.

No puede compartirse, por tanto, la tesis de que la responsabilidad del Sr. Sixto se haya declarado de modo objetivo por la sola titularidad dominical de la nave en la que se originó el incendio. La sentencia recurrida le reprocha la ausencia o precariedad de las necesarias medidas de seguridad contra incendios, puntualizando que el hecho de que la nave estuviera arrendada no le exonera de responsabilidad, sin perjuicio de las acciones que le puedan corresponder contra la arrendataria. En definitiva, lo que la Audiencia Provincial le imputa es una culpa por omisión, al haber abdicado, como propietario de la nave arrendada en la que se originó el incendio, de un control que le correspondía ejercer sobre el cumplimiento por parte de la arrendataria de las medidas de seguridad legalmente exigibles y a cuya adopción esta se había obligado en virtud del contrato. En tal sentido, dicha conducta omisiva integra el presupuesto del art. 1902 del CC, pues la inobservancia de dicho deber de control no puede desvincularse de la inexistencia o insuficiencia de unas medidas de seguridad que favorecieron la propagación del fuego y el daño a las instalaciones de los recurridos.

Por lo demás, la cláusula contractual por la que la arrendataria asumía toda la responsabilidad frente a terceros, declinando la arrendadora cualquier responsabilidad por los daños que pudieran ocasionarse, no puede oponerse a los perjudicados conforme al art. 1257 del CC, por lo que no puede servir de fundamento para excluir la responsabilidad de la arrendadora frente a quien no fue parte en el contrato.

En consecuencia, al haber apreciado la sentencia recurrida la existencia de una conducta negligente imputable al Sr. Sixto, con incidencia causal en el resultado dañoso, su decisión no vulnera la doctrina jurisprudencial. Esta Sala no ha exonerado de responsabilidad al propietario arrendador cuando este, aun careciendo de la posesión inmediata sobre el bien arrendado, omite el control que le correspondía ejercer sobre el cumplimiento, por parte de la arrendataria, de las medidas de seguridad legalmente exigibles y a cuya adopción esta se había obligado en virtud del contrato.

Por todo ello, el motivo debe ser desestimado y, con él, el recurso en cuanto declara responsables por los daños causados por el incendio y obligados al pago de la correspondiente indemnización al Sr. Sixto, con arreglo al art. 1902 del CC, y a Catalana Occidente, conforme a lo dispuesto por los arts. 73 y 76 de la LCS, sin que resulte necesario el análisis del motivo primero.

2.2. Motivo tercero. El motivo tercero se desestima por las siguientes razones:

El art. 20 de la LCS establece, en su apartado 8.º, que «[n]o habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.».

Esta Sala ha declarado de manera reiterada (por todas, sentencias 559/2021, de 22 de julio, y 630/2020, de 24 de noviembre) que la mera existencia de un proceso judicial o de un recurso por parte del asegurador no constituye causa justificada de demora. Para que pueda apreciarse causa justificada, es necesario que la intervención judicial resulte imprescindible para despejar dudas legítimas sobre la realidad del siniestro, su cobertura o la cuantía de la obligación de indemnizar. En ausencia de tales circunstancias, la oposición judicial carece de justificación objetiva y no exime al asegurador del devengo de intereses.

En el presente caso: i) el incendio se inició en la nave arrendada de la que era propietario el Sr. Sixto, cuya seguridad contra incendios era inexistente o muy precaria, facilitando la propagación del fuego y la afectación de las instalaciones de los recurridos; ii) la aseguradora no realizó ningún ofrecimiento de pago ni consignación mínima durante el plazo de tres meses desde la producción del siniestro, ni atendió la reclamación extrajudicial formulada por los perjudicados; iii) los informes de la Guardia Civil y del perito judicial no permiten afirmar que el incendio fuera intencionado; iv) no se han generado dudas sobre la existencia del siniestro o la cobertura aseguradora; y v) la actuación procesal de la aseguradora, al agotar todos los recursos posibles, no permite considerar justificada su oposición, y sugiere que, más que perseguir aclarar dudas legítimas sobre la obligación de pago, su verdadera finalidad ha sido retrasarla.

Por tanto, la sentencia recurrida que impone los intereses del art. 20 se ajusta a derecho, y las alegaciones de la aseguradora deben ser desestimadas.

TERCERO.Costas y depósitos

Las costas del recurso se imponen a los recurrentes, con pérdida del depósito constituido para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).