Sentencia Civil 407/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3049/2024 de 17 de marzo del 2025

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente proceso es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas siguientes:

1.º-Los litigantes se encuentran divorciados en virtud de una sentencia de 29 de octubre del año 2020, dictada en un procedimiento de mutuo acuerdo por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Orihuela, que aprobó el convenio regulador suscrito por las partes.

2.º-En dicho convenio se atribuía a la madre la guarda y custodia de la hija común del matrimonio, nacida el NUM000 de 2008, se fijaba un régimen de visitas a favor del padre y una pensión de alimentos a cargo de éste en la cantidad de 375 euros al mes, actualizables cada año conforme al IPC, así como gastos extraordinarios por mitad. Los cónyuges liquidaron también su sociedad legal de gananciales.

3.º-Mediante demanda presentada el 7 de marzo de 2022, se promovió por D. Desiderio una solicitud de modificación de las medidas de divorcio acordadas en la precitada sentencia de 29 de octubre de 2020. En concreto, interesó se acordase un régimen de guarda y custodia compartida con convivencia de la hija del matrimonio con sus progenitores durante períodos semanales alternos, así como que cada uno de ellos contribuya con la suma de 120 euros mensuales a ingresar en una cuenta bancaria de titularidad conjunta y mancomunada para atender a los gastos de alimentación, ropa, colegio, material escolar, libros, excursiones, actividades extraescolares, viajes y en general todas aquellas que fueran necesarias para la menor.

4.º-El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia número dos de Orihuela. Seguido el procedimiento en todos sus trámites se dictó sentencia que, con estimación parcial de la demanda, fijó un régimen de guarda y custodia compartida por periodos semanales alternos, se estableció el régimen de vacaciones de la menor con sus progenitores, y se acordó la apertura de una cuenta bancaria conjunta para sufragar gastos comunes aportando cada uno de los litigantes 50 euros al mes.

5.º-Contra dicha sentencia se interpuso por la demandada recurso de apelación. Su conocimiento correspondió a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante. El padre no evacuo el traslado conferido del recurso interpuesto.

En el suplico del recurso de apelación consta:

«Se dicte en su día sentencia revocando la de instancia en cuanto a ESTABLECIMIENTO DE LA CUSTODIA COMPARTIDA Y SUPRESIÓN DE LOS ALIMENTOS, debiendo mantenerse la EXCLUSIVA MATERNA en atención al I.S.M CON LOS ALIMENTOS, SIN PERJUICIO DE AMPLIAR LOS DÍAS DE VISITA Y PERNOCTAS y su atemperación de los alimentos en caso, con todos los pronunciamientos favorables a esta parte, con expresa imposición de costas a la apelante de las dos instancias».

6.º-El tribunal provincial, teniendo en cuenta los deseos de la menor, que no se adaptaba al régimen de custodia compartida, así como al existir al respecto la conformidad de los padres, acordó la revocación de la sentencia de instancia y el retorno al régimen de custodia por parte de la madre; no obstante, resolvió reducir la pensión de alimentos a cargo del padre a la suma de 200 euros al mes.

La sentencia del tribunal provincial contiene el razonamiento siguiente con respecto a la rebaja de la pensión alimenticia:

«Esto pone en evidencia que el propio padre entiende y acepta que la hija no se encuentra bien por falta de adaptación a la situación concurrente de custodia compartida. Si a ello unimos que no consta que efectivamente se haya producido un cambio en la situación laboral del padre interesando una modificación del horario por razones de conciliación familiar y que el progenitor no se ha opuesto al recurso de apelación interpuesto de contrario, parece efectivamente razonable dejar sin efecto el régimen de custodia compartida y volver a la existente con anterioridad, pero reduciendo la pensión de alimentos a la de €200 mensuales, con su correspondiente actualización en la forma en que estaba prevista, tal como solicita la propia parte recurrente».

7.º-Contra dicha sentencia se interpuso por la demandada recurso de casación, que fue admitido a trámite por auto de 16 de octubre de 2024.

8.º-El Ministerio fiscal entendió que la sentencia dictada por la audiencia provincial adolece de falta motivación, citando en apoyo la jurisprudencia de esta sala. En consecuencia, entendió procedía la estimación del primero de los motivos del recurso de casación interpuesto, al tiempo que consideraba procedente se dictase sentencia resolviendo el recurso en cuanto a su pretensión de mantenimiento de los alimentos precedentemente fijados, al existir en las actuaciones elementos suficientes para pronunciarse sobre tal cuestión una vez asumida la distancia.

El segundo motivo del recurso interpuesto carece de desarrollo, por lo que se incurre en causa de inadmisión. Es redundante y nada aporta respecto del motivo tercero.

En cuanto a este último, entiende el Ministerio Fiscal, que no se ha constatado la alteración de la situación económica de los progenitores, y razona que, en el escrito de oposición al recurso de casación, reconoce el demandado que lleva más de 25 años trabajando en Mercadona, manifestando que gana lo mismo que cuando suscribió el convenio regulador, sin aclaración de sus ingresos. Aduce unos gastos por compra de vehículo y por un préstamo hipotecario sin especificar cuantías y sin aportar prueba suficiente. Por lo expuesto, entiende que la audiencia quebrantó el principio de proporcionalidad, al reducir injustificadamente el quantumde la pensión de la hija menor a 200 euros al mes, con lo que apoya el recurso interpuesto por la demandada en la manera indicada.

SEGUNDO.- Examen de los dos primeros motivos del recurso de casación: el deber de motivación de las sentencias judiciales

El primero de los motivos del recurso interpuesto se fundamenta en la infracción del art. 218.2 LEC, por falta de motivación o, subsidiariamente, motivación incorrecta y arbitraria, que causa indefensión al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

En su desarrollo, se razona que la sentencia recurrida carece de motivación por cuanto no explica la razón y criterios en virtud de los cuales se fija la suma de 200 euros mensuales, en concepto de alimentos, reduciendo la inicial de 375 euros al mes que, una vez revalorizada, ascendía al momento de la vista a 424,10 euros.

El segundo motivo consiste en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, al haber incurrido la sentencia en error de hecho o fáctico manifiesto, notorio o patente, que determina la irracionalidad o arbitrariedad de la sentencia, concretamente por haber considerado que la recurrente solicitó la reducción de la prestación de alimentos.

La íntima conexión existente entre ambos motivos conlleva a que sean objeto de tratamiento y decisión conjunta.

Como destaca el Ministerio Fiscal, la presente impugnación está sometida a la reforma del recurso de casación llevada a efecto por Real decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, que incorporó en su ámbito normativo la infracción de las normas tanto de derecho material o sustantivo como de naturaleza adjetiva o procesal, lo que implicó la derogación del recurso extraordinario por infracción procesal de los arts. 468 y siguientes de la LEC.

La recurrente denuncia la ausencia de motivación de la sentencia dictada por parte del tribunal provincial con respecto a la reducción de la pensión de alimentos a la mitad de su importe. El recurso debe ser estimado.

La motivación, en cuanto proceso comunicativo de las razones que determinan la decisión del litigio, de la forma consignada en el fallo de la sentencia, constituye una obligación positivizada constitucionalmente, toda vez que el art. 120.3 CE norma que: «las sentencias serán siempre motivadas». En el mismo sentido, se expresan los arts. 248.3 de la LOPJ y 218.2 de la LEC, y así este último establece que:

«Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón».

La sentencia no es un mero acto de autoridad sino manifestación de la racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a través de la motivación, concebida como la exteriorización del camino lógico que condujo a la decisión tomada. En definitiva, la motivación, como requisito ineludible del ejercicio de la función judicial, es la narración del proceso mental que explica el sentido de la resolución adoptada, explicitando el enlace entre las normas aplicadas y el caso resuelto.

En efecto, en un sistema regido por la legalidad, su función radica en demostrar que la sentencia, que pone fin al proceso, se ha dictado conforme a derecho, y que, por lo tanto, no es producto de la arbitrariedad. Comprende una argumentación justificativa que ha de abarcar tanto los aspectos fácticos, que incluyen la valoración probatoria, es decir, la porción de decisión judicial sobre la cuestión de hecho, como jurídico normativos, relativos a la interpretación y aplicación de las leyes al caso enjuiciado. La argumentación ha de ser suficiente, sin lagunas inasumibles, lógica, razonable, no absurda ni arbitraria o manifiestamente inconsistente.

Esta Sala se ha referido al deber de motivación de las resoluciones judiciales, entre otras muchas, en la sentencia 754/2024, de 28 de mayo, en la que señalamos:

«No cabe duda que la motivación es una exigencia legal indeclinable cuya ausencia provoca la nulidad de la sentencia ( arts. 120.3 CE y 218 LEC) , la cual se ha de extender no sólo a su fundamentación jurídica, sino también a los aspectos fácticos o de hecho.

»Podemos hablar de sendos fundamentos de la motivación, uno extraprocesal o de política-jurídica democrática; y otro endoprocesal o de técnica-jurídica o burocrática.

»El primero se conecta con una dimensión pedagógica o de explicación de la racionalización de la decisión tomada, en el que son sus destinatarios los ciudadanos en general y los justiciables en particular, que encuentra su manifestación en el principio de publicidad de las resoluciones judiciales.

»La segunda función -endoprocesal- posibilita el control interno de las decisiones judiciales a través del sistema de recursos, en tanto en cuanto la motivación constituye la exteriorización de la solidez y consistencia de los argumentos en los que se fundan las resoluciones de los tribunales, única manera de hacer factible su revisión por el tribunal superior; toda vez que lo que se desconoce, por no explicitarse en el texto de la sentencia, difícilmente puede ser objeto de control en una instancia superior o por medio de un recurso extraordinario de casación.

»La jurisprudencia del Tribunal Supremo es reiterada en la interpretación de tan esencial requisito de las sentencias; y así hemos destacado:

»a) Su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva del que constituye una ineludible manifestación, al corresponderse con el derecho de todas las personas a obtener una respuesta fundada de los tribunales de justicia, al tiempo que constituye una expresión de la sujeción de los jueces al imperio de la ley, en el ejercicio de sus exclusivas facultades jurisdiccionales ( art. 117.1 CE) .

»b) Las tres funciones fundamentales, que le están reservadas en un Estado de Derecho, cuales son: garantizar la aplicación de la ley al margen de cualquier clase de arbitrariedad, comprobando que la resolución judicial que zanja el conflicto responde a una razonada aplicación del ordenamiento jurídico ( art. 9.3 CE) ; permitir el control jurisdiccional interno a través del régimen legal de los recursos preestablecidos en las leyes; y tercero, la consideración de la persona como centro del sistema merecedora de explicaciones dimanantes de la Administración de Justicia, de manera tal que cualquier ciudadano/a tenga acceso real y efectivo a las razones por mor de las cuales se estiman o desestiman sus pretensiones ( sentencias 465/2019, de 17 de septiembre y 438/2021, de 22 de junio, entre otras).

»c) La motivación ha de ser manifestación suficiente de la justificación causal del fallo, mediante la expresión de las razones de hecho y de derecho que integran el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión tomada, al margen de que satisfaga o no los intereses y pretensiones de las partes (sentencias del Tribunal Constitucional - SSTC-14/91, 28/94, 153/95 y 33/96 y sentencias de esta Sala 889/2010, de 12 de enero de 2011 y 465/2019, de 17 de septiembre, entre otras).

»En consecuencia, se vulnera tan ineludible exigencia constitucional, cuando no hay motivación -carencia total-, o cuando es completamente insuficiente; pero también cuando la motivación está desconectada con la realidad de lo actuado o da lugar a un resultado desproporcionado o paradójico ( sentencia 180/2011, de 17 de marzo).

»d) Apreciar si una resolución judicial está motivada exige un juicio circunstancial; puesto que la determinación de la fundamentación suficiente hay que realizarla mediante la ponderación de las particularidades fácticas y jurídicas que singularicen los casos sometidos a consideración judicial; por lo tanto, no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el proceso concreto para determinar, a la vista de las circunstancias concurrentes, si se ha cumplido o no con tan esencial requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3 y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4 y STS 464/2019, de 17 de septiembre».

Por otra parte, existe un deber de motivación reforzado con respecto a las resoluciones judiciales en las que esté en juego el interés superior de los menores ( SSTC 28/2024, de 27 de febrero; 53/2024, de 8 de abril y 126/2024, de 27 de noviembre, así como de esta sala SSTS 984/2023, de 20 de junio; 129/2024, de 5 de febrero; 754/2024, de 28 de mayo; 981/2024, de 10 de julio; 1695/2024, de 17 de diciembre y 237/2025, de 12 de febrero, entre otras muchas), como es el caso que nos ocupa en tanto en cuanto se discute la prestación de alimentos para cubrir, con dignidad y proporcionalidad, las necesidades vitales de la menor mediante la prestación de alimentos ( arts. 92.1, 93 y 154.1 CC) .

TERCERO.- Estimación de los motivos del recurso

Pues bien, la aplicación de la doctrina expuesta al caso presente conlleva a que consideremos que la sentencia de la audiencia no se encuentra motivada al proceder a la reducción de la cuantía de los alimentos.

En efecto, las partes suscribieron un convenio regulador de mutuo acuerdo, en el que fijaron la cuantía de los alimentos de la menor en 375 euros mensuales con actualización mediante IPC. Este convenio, como negocio jurídico de familia, vincula a las partes que lo suscribieron sin que fuera reputado contrario al interés superior de la menor por la sentencia que lo aprobó ( art. 90.2 CC) .

El artículo 90.3 del referido texto legal norma, por su parte, que las medidas convenidas por los cónyuges podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Alteración de circunstancias que habrá de ser además sustancial por imperativo del art. 91 CC.

Al amparo de tales preceptos, el padre promovió una demanda de modificación de medidas para que se acordase una guarda y custodia compartida. Lógicamente, el establecimiento de un nuevo régimen de comunicación entre los progenitores con su hija requería una adaptación de las medidas económicas previamente pactadas con respecto a la atención de las necesidades de la menor. Así se hizo por la sentencia del juzgado.

No obstante, la sentencia fue recurrida por la madre que no postuló, en su escrito de recurso de apelación, que se rebajase el importe de la pensión de alimentos; lejos de ello, interesó el mantenimiento de la guarda materna y los alimentos, y solo para el caso de que se ampliase el régimen de comunicación padre e hija, sobre el previamente pactado en el convenio regulador, se atemperase la prestación alimenticia, en tanto en cuanto el padre ya atendería de esta forma a las necesidades de su hija manteniéndola durante más tiempo en su compañía.

La audiencia acuerda dejar sin efecto la guarda y custodia compartida, lo que supone la desestimación de la pretensión revisora de los pactos alcanzados por las partes en el convenio regulador. Sin embargo, reduce la prestación de alimentos a la suma de 200 €, sin explicitar ninguna razón para ello que no sea la petición de la recurrente que, desde luego, no se interesó de tal forma.

Tampoco la sentencia de la audiencia analiza la capacidad económica de los progenitores, ni una supuesta alteración sustancial de las circunstancias, desde el momento de la suscripción del convenio regulador, pues los compromisos asumidos han de ser respetados, salvo modificaciones sustanciales e imprevisibles derivadas del transcurso del tiempo, que tampoco se explicitan en la resolución del tribunal provincial.

El demandante, al no evacuar el traslado del recurso de apelación interpuesto, no introdujo en el debate tales circunstancias, con la correlativa explicación detallada y remisión a los concretos elementos probatorios que justificasen la supuesta alteración circunstancial que, no obstante, aprecia la audiencia.

Comprar una vivienda por dinero, en parte ahorrado y mediante un préstamo, no implica que los gastos de habitación del padre se hayan incrementado, toda vez que desconocemos como, con anterioridad, satisfacía sus necesidades de vivienda y el importe de las cuotas de amortización del préstamo. La adquisición de un vehículo nuevo implica demostrar la inhabilidad del anterior, su precio y forma de pago de éste. Independientemente del carácter prioritario que ostentan los alimentos de su hija sobre tal gasto, que debió ponderar el demandado antes de la realización de dicho acto adquisitivo al que no cabe subordinar las necesidades de la menor. La sentencia del tribunal provincial ningún razonamiento contiene sobre tan esenciales aspectos.

Todo ello, además, en un contexto en el que prima el interés superior de la niña que ha de ser debidamente protegido y, por consiguiente, sus necesidades preferentemente atendidas. No corresponde al padre priorizar sus propios intereses sobre los alimenticios de su hija previamente asumidos y trasladar a la madre un mayor esfuerzo contributivo, que rompa la proporcionalidad pactada en el convenio regulador del que no cabe se desvincule unilateralmente.

En definitiva, procede la estimación de los motivos.

CUARTO.- Análisis del último de los motivos del recurso de casación

En este motivo, se denuncia la infracción de los arts. 93, 145 y 146 CC, así como de la doctrina del Tribunal Supremo relativa al juicio de proporcionalidad en la fijación de la pensión de alimentos ( STS 636/2016 de 25 de octubre, con cita de las de 28 de marzo de 2014, 21 de octubre de 2015, y 6 octubre 2016), vulneración producida al no atenderse a la relación que debe existir entre las necesidades reales del alimentista y la capacidad económica del alimentante.

A los efectos resolutorios del recurso es necesario partir de una consideración previa, cual es la especial protección de los alimentos de los hijos menores de edad en los procedimientos de familia, a la que nos referimos, entre otras muchas, en las SSTS 860/2023, de 1 de junio; 1210/2023, de 21 de julio, 1365/2023, de 4 de octubre; 4/2024, de 8 de enero; 378/2024, de 14 de marzo; 1150/2024, de 18 de septiembre y 1713/2024, de 19 de diciembre, dado que dicha obligación tiene unas connotaciones particulares, que la distinguen de las restantes deudas alimentarias legales, al posibilitar una mayor flexibilidad en la fijación del importe de la pensión y en la interpretación del principio de proporcionalidad, de manera que los hijos puedan gozar del mejor nivel de vida que los recursos económicos de sus progenitores les puedan brindar, una de cuyas manifestaciones la encontramos en el art. 608 LEC.

El art. 145 del CC norma que, cuando recaiga en dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo, así como que la cuantía de los alimentos será proporcional al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe ( art. 146 CC) .

También hemos señalado, como recuerdan las sentencias 30/2019, de 17 de enero; 573/2020, de 4 de noviembre; 92/2024, de 24 de enero; 754/2024, de 28 de mayo y 1341/2024, de 18 de octubre, entre otras, que el juicio de proporcionalidad, en la fijación del quantumde las pensiones alimenticias por el tribunal de instancia, debe ser, en principio, respetado, salvo que resulte arbitrario o ajeno al canon de razonabilidad.

Pues bien, en este caso, los progenitores fijaron de común acuerdo la contribución del padre a los alimentos de la hija, que fue aprobada judicialmente. Tras dejarse sin efecto la custodia compartida, que apenas duró unos pocos meses, se ha vuelto a la situación precedente del procedimiento consensuado de divorcio. No existe prueba alguna de la variación de las necesidades de la hija, ni de la capacidad económica de la madre, y con respecto al padre ninguna otra que no sean sus unilaterales alegaciones, tampoco fundadas en datos concretos y pruebas aportadas, acreditativas de la existencia de nuevos gastos que gravan su disponibilidad económica que, además, deberían ser imprevisibles y no imputables a su voluntaria gestión patrimonial en detrimento de las obligaciones contraídas. Sus datos económicos brillan por su ausencia y el tribunal provincial no hace referencia a ellos en la fundamentación de su sentencia. La madre no pide la rebaja, la acepta condicionada a que se ampliase la estancia de la menor con su padre, lo que no se acuerda.

Por todo ello, se mantiene la pensión de alimentos fijada en el convenio regulador con sus actualizaciones con el IPC.

QUINTO.- Costas y depósito

La estimación parcial del recurso de casación conlleva no se haga especial condena en costas ( art. 398 LEC) y que proceda la devolución del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional 15.ª, apartado 8 de la LOPJ) . No se hace especial pronunciamiento con respecto a las costas de ambas instancias al estimarse el recurso de apelación y desestimarse la demanda por razones sobrevenidas de la falta de adaptación al régimen de custodia compartida por parte de la menor.