Sentencia Civil 1677/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 67/2025 de 19 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

En el seno de un procedimiento de divorcio y adopción de medidas, el padre de una menor nacida el NUM001 de 2011 interpone un recurso de casación contra la sentencia de apelación que, revocando la dictada en primera instancia, en la que se estableció un sistema de custodia compartida, atribuye a la madre la guarda y custodia exclusiva.

Para resolver el recurso de casación son antecedentes necesarios los siguientes.

1.Por lo que ahora interesa, en el auto de medidas provisionales, en fecha 26 de enero de 2021 se fijaron las siguientes medidas:

«1º) La patria potestad sobre la hija menor Tamara, será ejercida conjuntamente por ambos progenitores, por lo que deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto a sus hijas adopten en el futuro y establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias, obligándose a respetarlo y cumplirlo. 2º) Se atribuye la guarda y custodia de la hija a la madre, D.ª Enma. 3º) Se atribuye el uso de la vivienda familiar, sita en la DIRECCION000, Murcia, así como el ajuar familiar existente en la misma, a la hija menor y al progenitor en cuya compañía queda, esto es, a D.ª Enma. 4º) En defecto de acuerdo entre las partes se fija el siguiente régimen de visitas entre la menor y D. Rogelio: a) Fines de semana alternos desde el viernes a las 17:00 horas, al domingo a las 20:00 horas, siendo recogida y reintegrada la menor en el domicilio materno. b) Las tardes de los martes y los jueves de las 17:00 horas a las 20:00 horas, siendo recogida y reintegrada la menor en el domicilio materno. c) Las vacaciones de verano se dividirán en periodos quincenales que se distribuirán entre ambos progenitores de forma alternativamente. 5º) Se establece, como contribución al levantamiento de las cargas familiares a abonar por D. Rogelio, la cantidad de 300 euros mensuales (doce mensualidades al año). 6º) En cuando a los gastos extraordinarios que comporte el mantenimiento de la menor, D. Rogelio deberá abonar el 80% del importe de dichos gastos, debiendo ser abonado el otro 20% por D.ª Enma».

2.La sentencia de primera instancia, dictada el 4 de noviembre de 2021, acuerda la guarda y custodia compartida de los padres de Tamara. Tras citar la STS 571/2015, de 14 de octubre, los razonamientos de la sentencia de primera instancia son los siguientes:

«En aplicación de la jurisprudencia expuesta, teniendo en este caso la menor una edad de 10 años; trabajando la madre dos horas al día, de 14:00 a 16:00 horas como monitora de comedor escolar, y teniendo el padre un trabajo con un horario plenamente compatible con la custodia de la menor, tal y como se desprende del certificado de empresa aportado en el acto de la vista, sin perjuicio de los apoyos puntuales que ambos progenitores puedan requerir de familiares o terceras personas; no habiendo resultado acreditado que ninguno de ellos carezca de las competencias y habilidades adecuadas para ejercer la custodia de la menor en beneficio e interés de esta; acreditada con los interrogatorios practicados una buena relación de la menor con ambos progenitores, así como una adecuada comunicación entre ambos sobre las cuestiones relativas a la hija común (documental aportada por el demandado); estando las viviendas de ambos progenitores próximas entre ellas y con el centro escolar (documental aportada por el demandado), se estima como régimen más adecuado en interés de la menor, el de custodia compartida».

A continuación, el juzgado detalla la forma de llevar a cabo el sistema de alternancia en la guarda que establece. En atención a la disparidad de ingresos, atribuye el uso temporal de la vivienda familiar (de carácter ganancial) a la madre durante dos años, al realizar un juicio prospectivo sobre la posibilidad que tiene, por su formación, de mejorar su situación laboral. Establece después un uso alternativo anual de la vivienda hasta que se liquide, atribuyendo el primer año de uso al padre. Establece también una pensión de alimentos a favor de la hija y a cargo del padre de 200 euros mensuales, con obligación del pago de los gastos extraordinarios en una proporción del 65% a cargo del padre y 35% a cargo de la madre, así como una pensión por desequilibrio a favor de la exesposa de 200 euros mensuales durante 30 meses.

3.La sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el 19 de septiembre de 2024, justifica la revocación de la custodia compartida y el establecimiento de una custodia exclusiva en favor de la madre de la siguiente forma:

«Respecto a la custodia de la menor apreció el juzgado que no había resultado acreditado que ninguno de los progenitores careciera de las competencias y habilidades adecuadas para ejercer la custodia de la menor en beneficio e interés de esta y se había probado que la relación de la menor con sus padres era buena.

»Sin embargo, son criterios a valorar para el establecimiento de la custodia compartida el que se refiere a la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores y sus aptitudes personales así como el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos.

»En el presente caso en medidas provisionales se atribuyó la guardia y custodia a la madre que era quien se había venido ocupando de Tamara desde el primer momento y el interés de la menor hace procedente mantener dicho pronunciamiento tal como entiende el Ministerio fiscal sobre todo habiendo alegado la señora incumplimientos del señor Rogelio que hicieron necesario que doña Enma y su hija Tamara se trasladarán a vivir al domicilio del abuelo materno y falta de pago de la pensión alimenticia además de la disponibilidad horaria de 1 y otro progenitor debe concluirse en definitiva que el superior interés de la menor hace procedente mantener la Guardia y custodia exclusiva para la madre».

Como consecuencia de dicho pronunciamiento, la Audiencia atribuye a la madre el uso de la vivienda familiar en cuanto que custodia de la hija. También incrementa a 250 euros la pensión de alimentos y a otros 250 euros, y por el mismo plazo de 30 meses fijado por el juzgado, la pensión por desequilibrio a favor de la exesposa.

4.El padre de Tamara ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO.- Recurso de casación. Planteamiento. Oposición de la parte recurrida. Informe del Ministerio Fiscal

1. Formulación de los motivos.El recurso se funda en tres motivos.

El primero, al amparo de lo previsto en el art. 477.2.3.º de la LEC, denuncia la infracción, por aplicación indebida/incorrecta de los arts. 92.5, 6, 7 y 8 CC, del art. 3.1 de la Convención de Derechos del Niño y del art. 2 de la LO 1/1996, de Protección del Menor (por vulneración del principio favor filii).Cita la STS 257/2013, de 19 de abril. En su desarrollo explica que, después de más de 35 meses de funcionamiento correcto de la custodia compartida, sin motivación alguna, la sentencia adopta la custodia exclusiva a favor de la madre.

El segundo, al amparo de lo previsto en el art. 477.2.3.º LEC, invoca la infracción del art. 92.5, 6 y 7 CC, por el desconocimiento de la doctrina jurisprudencial sobre la medida de guarda y custodia compartida. En su desarrollo reprocha a la sentencia que no haya valorado el interés de la menor y que haya dado lugar a una regresión en las relaciones familiares prescindiendo de los criterios que tuvo en cuenta el juzgado y que aconsejan la custodia compartida. Se refiere también a la falta de exploración de la menor. También alude a la falta de motivación para establecer un incremento de la pensión compensatoria.

El tercero, al amparo de lo previsto en el art. 477.2.3.º, invoca la infracción del art. 92.5, 6 y 7 del CC y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina que no es motivo para no establecerla una práctica anterior y/o adaptación a un entorno. Cita las sentencias 182/2018, de 4 de abril, 11/2018, de 11 de enero, 579/2017, de 25 de octubre, 33/2016, de 2 de febrero, 9/2016, de 21 de enero, y 753/2015, de 30 de diciembre.

2. Oposición de la parte recurrida. La parte recurrida se opone al recurso alegando que presenta deficiencias formales y que solo pretende una tercera instancia mediante una nueva valoración de la prueba, pues la Audiencia tuvo en cuenta que la situación anterior al dictado de la sentencia de primera instancia era la que se fijó en el auto de medidas provisionales, esto es, la custodia por la madre, que es la que se venía ocupando de la hija común. También que la Audiencia ha tenido en cuenta los incumplimientos por el padre de los deberes que le incumben así como la conflictividad existente entre las partes. Añade que existe mala fe por parte del recurrente, que va contra sus actos propios, porque nunca hasta ahora se ha referido a la falta de exploración de Tamara, a pesar de que ya tenía doce años en la fase de apelación. Argumenta que la única finalidad del recurrente es privar a la madre del uso de la vivienda familiar fijado por la sentencia hasta la mayoría de edad de la hija.

3. Informe del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal apoya los dos motivos e interesa que se declare la nulidad de la sentencia recurrida con devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial.

TERCERO.- Admisibilidad del recurso. Doctrina de la sala

1. Admisibilidad del recurso. Frente a las alegaciones de la parte recurrida debemos señalar que el recurso no incurre en los óbices de inadmisibilidad que esta sala considera absolutos y plantea, con cita de los preceptos adecuados, la cuestión jurídica relativa a la valoración del interés de los niños y adolescentes mediante una motivación reforzada cuando se trata de establecer una medida que les afecta de manera directa, como es el caso del sistema de guarda y custodia cuando los progenitores ya no viven juntos. Procede por ello que la sala aborde la cuestión jurídica planteada porque el recurrente no altera la base fáctica sobre la que se dicta la sentencia de apelación, sino la valoración jurídica efectuada por la sentencia de apelación.

2. Doctrina de la sala. La audiencia del menor como derecho que ha de ser garantizado para apreciar las medidas que personalmente le afecten conforme a su interés superior. El deber de motivación

En la sentencia 268/2025, de 19 de febrero, con cita de las sentencias 1709/2024, de 18 de diciembre, y 1695/2024, de 17 de diciembre, que a su vez sintetizan la doctrina de la sala, sobre la audiencia del menor como derecho que ha de ser garantizado para apreciar las medidas que personalmente le afecten conforme a su interés superior, hemos declarado:

«Para apreciar cuál es ese interés superior prevalente, es necesario dar a los menores, que cuenten con suficiente juicio, la oportunidad de ser oídos.

»Esta audiencia se configura como un derecho que corresponde a los niños y niñas de ser escuchados antes de tomar cualquier decisión sobre aspectos que personalmente les afecten, y que es reconocido en distintas disposiciones normativas como son los arts. 92.6 y 159 CC; 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica al menor; 12.2 de la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU de 1989; 3 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los Derechos de los Niños; apartado 15 de la Carta Europea de Derechos del Niño; art. 6 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, hecho en Estrasburgo, el 5 de diciembre de 1997, ratificado por España el 11 de noviembre de 2014 y en vigor desde el 1 de abril de 2015; así como el art. 24.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, entre otros textos legales.

»Por su parte, la Observación n.º 12 de la Convención sobre Derechos del Niño (2009), señala que: "1. Los Estados Parte garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional".

»La STC 64/2019, de 9 de mayo, explica la transcendencia del derecho del menor a ser oído, y su relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y nos enseña al respecto que: "El derecho del menor a ser 'oído y escuchado' forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos ( STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5). Su relevancia constitucional está recogida en diversas resoluciones de este Tribunal, que han estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) de los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal ( SSTC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 5; en el mismo sentido, SSTC 71/2004, de 19 de abril, FJ 7; 152/2005, de 6 de junio, FFJJ 3 y 4, y 17/2006, de 30 de enero, FJ 5)".

»Más recientemente, tal doctrina es reproducida en la STC 5/2023, de 20 de febrero, FJ 3.

»Esta sala se ha ocupado igualmente de la importancia y trascendencia que encierra tal derecho, siendo manifestación al respecto la contenida en las sentencias 413/2014, de 20 de octubre; 157/2017, de 7 de marzo; 578/2017, de 25 de octubre; 18/2018, de 15 de enero; 648/2020, de 30 de noviembre; 548/2021, de 19 de julio; 577/2021, de 27 de julio, o más recientemente 984/2023, de 20 de junio, entre otras, de las que cabe extraer, en lo que ahora nos interesa, a modo de líneas directrices, las dos siguientes: (i) La audiencia del menor tiene por objeto indagar sobre su interés con la finalidad de garantizar su debida y mejor protección, por lo que, en su caso, debe ser acordada de oficio por el tribunal. (ii) No se puede decir que los tribunales estén obligados a oír siempre al menor en el seno de los procedimientos judiciales, pues eso dependerá de las circunstancias particulares de cada supuesto en función de la edad, madurez e interés de los menores. Precisamente en atención a dichos factores y siempre que el menor tenga menos de 12 años, es posible que se prescinda de su audiencia, o que se considere más adecuado que se lleve a cabo a través de un experto, o estar a la practicada por este medio. Ahora bien, para que el tribunal pueda decidir no practicarla será necesario que lo resuelva de forma motivada.

»No es de extrañar, entonces, que en sentencias 548/2021, de 19 de julio, 577/2021, de 27 de julio y 308/2022, de 19 de abril, se decretase la nulidad de actuaciones para dar audiencia a los menores sobre las medidas que les afectaban personalmente.

»En la STEDH, sección 3.ª, de 11 de octubre de 2016, contra España, se señaló que: "[s]ería ir demasiado lejos afirmar que los tribunales internos tienen siempre la obligación de oír a los hijos en audiencia cuando está en juego el derecho de visita del progenitor no custodio. En efecto, esto depende de circunstancias particulares de cada causa y en todo caso se ha de tener en cuenta la edad y madurez del hijo afectado". Y añade, en particular, por lo que hace al Derecho español: "[e]n los procedimientos de divorcio contencioso, los hijos menores deben ser oídos si se estima necesario y tienen capacidad de discernimiento y en todo caso si son mayores de doce años. En todo caso, el rechazo de audiencia debe ser motivado".

»La STC 53/2024, de 8 de abril, FJ 4, anuda el deber de motivación con la necesidad de dar audiencia a los menores, y así señala: "La falta de audiencia al menor está indisolublemente unida al deber de motivación reforzada, y viene a reforzar la insuficiencia de justificación de la decisión sobre el régimen de visitas en que incurren las sentencias impugnadas. Escuchar a la persona menor permite al órgano judicial conocer sus deseos, sentimientos y opiniones, que el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 incluye entre los criterios y elementos generales que han de tenerse en cuenta en la ponderación de qué deba entenderse, en cada caso, como interés superior del menor, y que han de ser valorados conjuntamente, al desarrollar el juicio de proporcionalidad estricta, de forma que la medida que se adopte en favor de dicho interés superior no sacrifique con mayor intensidad el derecho fundamental concernido que el beneficio que se obtenga con la restricción. El apartado 5 d) de este art. 2 señala expresamente que la decisión debe incluir en su motivación 'los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas'. Entre dichos criterios se encuentran '[l]a consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor' [art. 2.2 b)], '[l]a edad y madurez del menor' [art. 2.3 a)], '[e]l irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo' [art. 2.3 c)], (...)».

La doctrina de la sala otorga gran relevancia al resultado de la audiencia a los menores cuando se cumplen determinados estándares. En particular, se considera relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada o interferida por la conducta o la influencia de alguno de los padres, cuando las razones del menor sean atendibles porque no están inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo, y seguir su opinión no esté desaconsejado por la especial incidencia de otros criterios con los que, según la norma, debe ser ponderada conjuntamente la opinión de los menores ( SSTS 124/2025, de 23 de enero, y 705/2021, de 19 de octubre).

CUARTO.- Decisión de la sala. Estimación del recurso de casación

Dada la estrecha relación de lo que se plantea en los diferentes motivos y, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, cuyos argumentos compartimos, procede estimar el recurso de casación, porque la sentencia recurrida infringe los preceptos citados por el recurrente y es contraria a la doctrina de esta sala, tal y como explicamos a continuación.

1.En este caso, como pone de manifiesto el fiscal, Tamara, nacida el NUM001 de 2011, no ha sido oída y escuchada, a pesar de que cuando se dicta la sentencia de segunda instancia ya tenía trece años. El tribunal de apelación tampoco ha justificado el motivo por el que no pudiera realizarse la audiencia ni ha mencionado que fuera perjudicial para Tamara.

La sentencia del juzgado, dictada cuando Tamara tenía diez años, no menciona si fue oída, y los escritos de los progenitores en la apelación son contradictorios. En el recurso de apelación la madre aludió a que el deseo de la niña era estar con ella, aunque no había podido ser oída. En su oposición a la apelación, en cambio, el padre sugiere que sí lo fue, pues en su escrito señaló: «alega la recurrente que el deseo expreso de la menor es la custodia materna, si bien, hemos de decir al respecto que la menor mostró vinculación afectiva con ambos, así como también ser instrumentalizada por la madre, puesto que fue ella quien solicitó y forzó una exploración judicial el mismo día de la vista con apenas nueve años, en lugar de haberla mantenido al margen o haber recabado la intervención de un perito profesional. A mayor abundamiento, la hija en común se encuentra totalmente adaptada a la custodia compartida en este momento y plenamente feliz y estable».

Cuando se dicta la sentencia de apelación, Tamara ya había cumplido trece años y, sin haberla escuchado, se cambia un sistema de guarda que llevaba tiempo funcionando. Pese a ello, la Audiencia dicta una sentencia el 19 de septiembre de 2024 por la que decide revocar un sistema de custodia que estaba en vigor desde el dictado de la sentencia de primera instancia el 4 de noviembre de 2021, sin dejar constancia tampoco de cómo estaba funcionando.

Como bien dice el fiscal, no puede ser atendido el argumento de la parte recurrida, que se opone al recurso denunciando la incoherencia del recurrente, que no interesó en la instancia la audiencia, y se opuso a la solicitud de la madre. Nos encontramos ante un derecho de Tamara que puede ser acordado de oficio. Como declara la STS 1709/2024, de 18 de diciembre, «el tribunal, con independencia del cumplimiento o no por la parte de los requisitos procesales, estaba obligado de oficio a garantizar la audiencia del menor».

Con anterioridad, la 157/2017, de 7 de marzo, declaró:

«En relación a la falta de exploración de la hija, esta sala se ha pronunciado con reiteración respecto a la necesidad de ser oído el menor en los procedimientos que directamente les afectan. La sentencia de 20 de octubre de 2014 establece lo siguiente: "La aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a ser aclarada por la Ley del Menor y por el Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio". En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2005».

2.Además de infringir el derecho de Tamara a ser oída, la sentencia recurrida, como bien señala el fiscal, presenta importantes déficits de motivación acerca de que la medida que adopta responda a su interés.

La Audiencia basa su decisión de atribuir la custodia a la madre en las siguientes consideraciones: i) que la custodia materna era el régimen que se acordó en medidas provisionales; ii) en la mayor disponibilidad horaria de la madre (sin rebatir la valoración de primera instancia de que el padre tenía también disponibilidad horaria suficiente); iii) en que la madre denunció incumplimientos (sin hacer la menor referencia a si tal denuncia tenía fundamento y sin tener en cuenta que en todo caso se refería a hechos anteriores al establecimiento del régimen de custodia compartida) y iv) en el dictamen del fiscal.

Frente a estas consideraciones debemos señalar lo siguiente:

i) Debemos partir de que no se ha realizado una adecuada y motivada valoración del interés superior de la hija, en la medida que no se han analizado sus deseos y opiniones, ni se ha acordado su audiencia a pesar de tratarse de una materia que le concernía directamente.

ii) La Audiencia no toma en consideración que el sistema de custodia materna adoptado en las medidas provisionales fue modificado por la sentencia del juzgado y estuvo en vigor durante casi tres años, por lo que debía valorarse esa situación y en qué medida era más favorable para los intereses de Tamara modificarla.

iii) El juzgado constató una serie de parámetros favorables a la custodia compartida que la Audiencia simplemente ignora en su decisión (el padre tiene un trabajo con un horario plenamente compatible con la custodia de la menor; ninguno de los progenitores carece de las competencias y habilidades adecuadas para ejercer la custodia de la menor en beneficio e interés de esta; hay buena relación de la menor con ambos progenitores y hay adecuada comunicación entre ambos sobre las cuestiones relativas a la hija común; las viviendas de ambos progenitores están próximas entre ellas y con el centro escolar).

iv) Además, como observa acertadamente el fiscal en su informe ante esta sala, la Audiencia ni siquiera da por probado para revocar la custodia compartida que hubiera habido incumplimientos por parte del marido durante la ejecución de la custodia compartida, sino que simplemente afirma que la Sra. Enma ha alegado incumplimientos del Sr. Rogelio. Consta en las actuaciones que las alegaciones de la Sra. Enma sobre los incumplimientos del Sr. Rogelio se refieren al período anterior al establecimiento de la custodia compartida y las propias alegaciones de la representación de la Sra. Enma en la impugnación del recurso de casación confirman la ubicación temporal de los incumplimientos alegados, sin que en la oposición al recurso de casación se mencionen incumplimientos durante la vigencia de la custodia compartida o un mal funcionamiento de la misma.

v) No podemos sino compartir el criterio del fiscal expuesto ante esta sala cuando señala que el informe del Ministerio Fiscal debe tener el valor que se desprenda del rigor y peso de sus argumentos. La Audiencia no explica en qué consistió el informe del fiscal y, examinadas las actuaciones, nos encontramos con que en la contestación al recurso de apelación se limitó a exponer lo siguiente: «El fiscal, despachando el traslado conferido sobre recurso de apelación entablado por la representación de Enma, contra la sentencia de fecha 4/11/2021, se adhiere al recurso interpuesto en los motivos relativos a la custodia de la menor, uso de la vivienda familiar y pensión de alimentos. Es por lo que interesa de la sala la estimación del recurso interpuesto en los motivos señalados».

Incluso, sin fundamentación previa, y a ello se alude también a lo largo de los motivos del recurso, el fallo de la sentencia recurrida, que estima parcialmente el recurso de apelación de la madre y revoca el sistema de custodia compartida para pasar a un sistema de custodia exclusiva por la madre, la Audiencia establece que «los regímenes de visitas y estancias de la menor con su padre serán los que libremente acuerden».

Esta solución no está motivada y no obedece a lo solicitado por ninguna de las partes, hasta el punto de que la madre, al oponerse a la petición de complemento formulada por el padre para la determinación del régimen de visitas, justificó la indeterminación de la Audiencia en la presuposición de que habría tenido en cuenta que las visitas respecto de una adolescente son difíciles de fijar, pero añadió: «Mención distinta cabe realizar en relación al régimen de visitas respecto a los fines de semana alternos y mitad del periodo vacacional de verano (por quincenas), Semana Santa y Navidad, mucho más fácil de materializar por los menores adolescentes en esta edad. Al respecto sería deseable el acuerdo libre entre las partes, y para caso de desacuerdo esta parte propone que el padre elija los períodos en los años pares y la madre en los impares».

Por todo ello procede estimar el recurso de casación y, dada la interrelación entre todas las medidas que deben adoptarse, procede anular la sentencia recurrida y la devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4.ª) para que, tras la audiencia de Tamara, el tribunal de apelación dé respuesta motivada a todas las cuestiones planteadas por las partes.

QUINTO.- Costas

La estimación del recurso de casación determina que no se impongan las costas ocasionadas por el recurso, conforme a lo regulado en el art. 398.1 LEC.