Sentencia Civil 1678/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6705/2020 de 19 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

El 4 de febrero de 2009, D. Aurelio y D.ª Angelina, adquirieron unas participaciones preferentes nominadas PA. BPE. PREF. INTNAL LTDA A ISIN KYG717151099, convertibles en bonos subordinados, canjeables por acciones, por un valor de 420.000 euros.

El 23 de marzo de 2012, las participaciones preferentes se canjearon por unos bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones. El 27 de enero de 2014, estos bonos se convirtieron en 95.833 acciones de Banco Popular.

El 17 de diciembre de 2010, D. Aurelio y D.ª Angelina, adquirieron unos bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones nominados BO. POPULAR CAPITAL 8% E/2010, por un importe nominal de 300.000 euros.

El 25 de junio de 2012, esos bonos se convirtieron en 154.639 acciones de Banco Popular.

No constan las órdenes de compra suscritas por los inversores.

El 7 de junio de 2017, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español S.A. (DO 2017, L 178, p. 15); la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08 que activó el dispositivo de resolución de Banco Popular; y el FROB adoptó las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de resolución (BOE de 30 de junio de 2017).

El instrumento de resolución adoptado consistió en la venta del negocio, mediante la transmisión de las acciones a un comprador (Banco Santander), que las adquirió por el valor de un euro. Para ello, el art. 6 de la Decisión de la Junta Única de Resolución acordó lo siguiente: a) amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular, con la consiguiente cancelación del 100 % de las acciones de Banco Popular (las acciones existentes); b) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución, en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones I»; c) amortizar a cero el valor nominal de las «nuevas acciones I», con la consiguiente cancelación del 100 % de esas «nuevas acciones I»; y d) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones II».

Como consecuencia de esta resolución de Banco Popular, las acciones de la parte demandante perdieron todo su valor.

2.En la demanda que inició el presente procedimiento, D. Aurelio y D.ª Angelina, ejercitaron una acción de nulidad radical o absoluta de las operaciones financieras ejecutadas el 4 de febrero de 2009 y el 17 de diciembre de 2010, y solicitaron que se condenara a Banco Popular Español, S.A., conforme al artículo 1303 del Código Civil, a la restitución íntegra de las prestaciones que fueron objeto del contrato. Subsidiariamente, ejercitaron una acción de indemnización de daños y perjuicios, basada en el incumplimiento de las obligaciones de diligencia, lealtad, transparencia e información que pesaban sobre el banco demandado, respecto de la comercialización de estos productos financieros.

3.El banco demandado no contestó la demanda y fue declarado en rebeldía.

4.La sentencia de primera instancia estimó la acción de nulidad por falta de consentimiento, al no constar firmadas las órdenes de compra de los títulos.

5.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandada. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación.

6.Banco Popular Español, S.A., interpuso frente a la sentencia de apelación un recurso extraordinario por infracción procesal articulado en cuatro motivos y un recurso de casación sobre la base de tres motivos.

SEGUNDO. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones y otros valores del Banco Popular. Alteración del orden de resolución de los recursos.

1.-Las cuestiones planteadas en el recurso de casación han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia 113/2025, de 22 de enero, reiterada en otras posteriores de la sala, que aplican la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia de 5 de mayo de 2022, al conocer de recursos similares. Dicha semejanza nos aboca a resolver el presente recurso conforme a lo acordado en los reseñados precedentes, sin que sea necesario reiterar su extensa argumentación.

2.-Esta sala ha admitido la posibilidad de alterar el orden legal en el que, en principio, deberían resolverse los recursos ( disposición final 16.ª 1. regla 6.ª LEC) , y examinar, en primer lugar, el recurso de casación, porque una eventual estimación de este determinaría la carencia de efecto útil del recurso por infracción procesal igualmente interpuesto, «[t]oda vez que las denuncias sobre infracción de normas procesales, en cuanto instrumentales de la controversia sustantiva objeto del recurso de casación, habrían perdido relevancia» ( sentencias 910/2011, de 21 de diciembre; 641/2012, de 6 de noviembre; 223/2014, de 28 de abril; 71/2016, de 17 de febrero; 634/2017, de 23 de noviembre y 170/2019, de 20 de marzo, entre otras muchas).

TERCERO.Decisión de la sala. Incidencia de la doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024 en la resolución del recurso de casación.

1.Con posterioridad a la formulación del recurso de casación, el Tribunal de Justicia de la UE dictó la sentencia de 5 de mayo de 2022 (C-410/20), que interpreta la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, al amparo de la cual se llevó a cabo la resolución de Banco Popular.

2.El artículo 34, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2014/5 establece el principio de que son los accionistas de la entidad objeto del procedimiento de resolución quienes deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento; y el artículo 53, apartado 3, por su parte, dispone que cuando una autoridad de resolución reduzca a cero el principal o el importe pendiente de un pasivo, cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento de la resolución se considerarán liberadas a todos los efectos, y no podrán oponerse a la entidad de crédito objeto de la medida de resolución o a otra sociedad que la suceda, en una eventual liquidación posterior. Por lo que se refiere a los titulares de los instrumentos de capital amortizados en virtud de la decisión de resolución, el artículo 60 apartado 2, párrafo primero, letra b), señala que no subsistirá responsabilidad alguna, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso en el que se impugne la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización.

3.-La sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20), al responder a una cuestión prejudicial que guardaba relación con los efectos de la decisión de la resolución del banco respecto de las acciones previamente adquiridas en el marco de una OPS, declaró que la Directiva 2014/59 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios.

En definitiva, el TJUE concluye que la Directiva 2014/59 excluye el ejercicio de las acciones de responsabilidad o de nulidad e impide que «[q]uienes hayan adquirido acciones [...] ejerciten contra esa entidad [...] o contra la entidad de que suceda, una acción de responsabilidad [...] o una acción de nulidad».

4.Como señalamos en nuestra sentencia 113/2025, de 22 de enero, esta Sala Primera del Tribunal Supremo tenía alguna duda sobre la incidencia de la doctrina contenida en esa sentencia del TJUE a casos como el presente.

Las dudas guardaban relación con la interpretación de los artículos 53.3 y 60.2.b) de la Directiva 2014/59 y, en concreto, con qué debía entenderse por «pasivo no devengado», a fin de determinar si aquellas participaciones preferentes convertidas en subordinadas y luego en acciones, antes de la decisión de resolución de Banco Popular, quedaban excluidas de la condición de «pasivo no devengado». Es decir, si el crédito o derecho que surgiría de la condena a restituir como consecuencia de la nulidad de la adquisición de un instrumento de capital (participaciones preferentes) que acabó convirtiéndose en acciones, antes de que se hubieran adoptado las medidas de resolución de Banco Popular, el 7 de junio de 2017, sería un pasivo afectado por la previsión de los arts. 53.3 y 60.2.b) de la Directiva 2014/59.

Ello motivó la formulación de sendas cuestiones prejudiciales por esta sala al TJUE, que fue resuelta por la sentencia de 5 de septiembre de 2024 (asuntos acumulados C-775/22, C-779/22 y C-794/22), que aclaró que los arts. 34.1.a) y b); 53.1 y 3; y 60.2.b) y c) de la Directiva 2014/59,

«[s]e oponen a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital social de una entidad de crédito objeto de un procedimiento de resolución, quienes hayan adquirido instrumentos de capital convertidos en acciones de esa entidad antes de que se adoptaran medidas de resolución respecto de la misma ejerciten, contra esa entidad o contra la entidad que la suceda, una acción de responsabilidad por la información defectuosa y falsa contenida en el folleto, como la prevista en el artículo 6 de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esos instrumentos de capital con arreglo al Derecho nacional que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, daría lugar a la restitución del contravalor de tales instrumentos de capital adquiridos inicialmente, y convertidos después en acciones, más los intereses devengados desde la fecha de celebración de dicho contrato».

Con ello, el Tribunal de Justicia ha dejado claro que los pasivos que pudieran derivar de la eventual nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones, antes de la decisión de resolución de Banco Popular), en ningún caso formarían parte de esos «pasivos ya devengados» a los que se refiere la exclusión de los efectos liberatorios de la amortización contenida en el artículo 60.2.b) Directiva 2014/59 , ni de las obligaciones o reclamaciones ya vencidas en el momento de la Decisión de resolución a que se refiere el artículo 53.3 Directiva 2014/59.

Estas circunstancias han privado a las pretensiones de los accionistas del fundamento que pudieran tener si no se hubiera producido la resolución del banco. Esta sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. En efecto, «[l]a interpretación que el Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, realiza de una norma del Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor», de donde resulta «[q]ue la norma que ha sido interpretada puede y debe ser aplicada por el juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma» ( sentencias del TJUE de 14 de mayo de 2020, C-749/18 y de 12 de mayo de 2022, (C- 556/20).

5.En las sentencias que hemos dictado, en que también se ejercitaban acciones de nulidad, pero por error vicio, o de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de información y asesoramiento en la comercialización de productos financieros equivalentes al de este caso (instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por el Banco Popular, que antes de la decisión de resolución del banco se habían canjeado en acciones de Banco Popular), apreciamos de oficio la falta de legitimación de los demandantes en aplicación de la doctrina contenida en las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024.

Así en la sentencia 113/2025, de 22 de enero, concluimos que

«[s]i, como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito que comercializó las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones), o contra la entidad que la suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda».

No hay razones para excluir de la doctrina del TJUE a una acción, como la ejercitada en este caso, de nulidad contractual por falta de consentimiento, porque a estos efectos, no se distingue entre nulidad absoluta o relativa.

Por todo ello, procede estimar el recurso de casación, y sin necesidad de examinar el recurso extraordinario por infracción procesal, casar y anular la sentencia recurrida, estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Banco Santander, S.A., respecto de la sentencia n.º 189/2018, de 13 de julio, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Pamplona, con desestimación de la demanda interpuesta por D. Aurelio y D.ª Angelina.

CUARTO. Costas y depósitos

No procede la imposición de las costas procesales en ninguna de las instancias ni en este trámite casacional, ya que la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto, con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.