Sentencia Civil 1917/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2763/2021 de 19 de diciembre del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Civis Global, SLU interpuso una demanda contra el Real Club Celta de Vigo, SAD solicitando la resolución por incumplimiento contractual y la reclamación de cantidad por los trabajos ejecutados y no satisfechos (699.080,71 euros), así como por lucro cesante (196.802,86 euros), en relación con el contrato de obra suscrito el 30 de mayo de 2016 para la «reforma del edificio Príncipe, sede del Celta de Vigo», con precio cerrado de 3.166.323,03 euros y plazo de finalización fijado para el 24 de diciembre de 2016. Asimismo, la demanda se refería al Anexo al contrato, suscrito el 6 de septiembre de 2016, relativo a la «demolición de medianera y ampliación de sótano», en el que se recogían obras ejecutadas a mayores por importe de 205.350,29 euros, con unos costes indirectos de 28.555 euros mensuales y una ampliación del plazo de ejecución de 2,54 meses, fijando la fecha de finalización en el 12 de marzo de 2017.

2.El Celta se opuso a la demanda negando el incumplimiento imputado y formuló reconvención, atribuyendo a Civis el incumplimiento del contrato por haber abandonado injustificadamente la obra en julio de 2017, y reclamando su condena al pago de 1.087.067,07 euros en concepto de penalización por retraso, así como por daños y perjuicios derivados del alquiler de la antigua sede, pérdida de beneficios y obras mal ejecutadas. Civis se opuso a la reconvención.

3.La sentencia de primera instancia estimó parcialmente tanto la demanda como la reconvención. En particular, rechazó la pretensión resolutoria deducida por Civis y declaró no ajustada a Derecho la resolución contractual formalizada el 21 de julio de 2017, pero condenó al Celta a abonar a Civis, en concepto de liquidación de los trabajos efectivamente ejecutados hasta esa fecha, la suma de 480.816,10 euros. Asimismo, condenó a Civis a pagar al Celta la cantidad de 150.000 euros en concepto de penalización por retraso en el cumplimiento del contrato de obra de 30 de mayo de 2016.

4.Contra dicha sentencia, el Celta interpuso recurso de apelación, al que Civis se opuso e impugnó la resolución.

5.La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Celta y estimó parcialmente la impugnación formulada por Civis, con el resultado de desestimar íntegramente la reconvención y condenar al Celta a abonar a Civis la suma de 485.854,49 euros.

6.En la sentencia de apelación se razona, en síntesis:

i) Que no se ha acreditado un incumplimiento exclusivamente imputable al Celta con carácter esencial, grave o trascendente que justificara la resolución contractual, pues las modificaciones del diseño de determinados elementos de la obra y los retrasos en la adopción de soluciones técnicas, aun pudiendo constituir supuestos de mora, no alcanzan la entidad necesaria para la resolución, de carácter excepcional frente al principio de conservación de los contratos.

ii) Que el retraso en la ejecución de las obras fue imputable a ambas partes, como ya declaró la sentencia de primera instancia, que atribuyó al Celta un retraso de dos meses y a Civis de setenta días hasta el 21 de julio de 2017. En este contexto, no puede calificarse la extinción del contrato como un abandono unilateral e injustificado por parte de Civis, sin que ello permita, sin embargo, apreciar una resolución justificada del contrato, lo que conduce a considerar que la relación contractual se extinguió por mutuo disenso, con la consiguiente necesidad de proceder a su liquidación, conforme a la doctrina de la STS de 4 de octubre de 2017 y otras anteriores.

iii) Que la inviabilidad sobrevenida de la obra para ambas partes, los reiterados desencuentros y la actuación del Celta tras la comunicación de resolución -al no requerir la continuación de los trabajos, anunciar una reclamación de daños y contratar a otra empresa para finalizar la obra- evidencian la aceptación de la extinción del contrato y la procedencia de su liquidación, lo que equivale a una extinción por mutuo disenso.

iv) Que durante la ejecución de la obra se introdujeron modificaciones que alteraron las bases inicialmente previstas para la fijación del plazo, especialmente tras el Anexo contractual, de modo que las obras adicionales relativas a la estructura recalculada, nueva medianera y casquete esférico necesariamente repercutieron en los costes y en el plazo de entrega. La complejidad de la obra y la aparición de imprevistos derivados del estado del edificio justifican la ampliación del plazo de ejecución hasta el 12 de mayo de 2017, sin que ello permita fundamentar una penalización por retraso, al existir retrasos imputables a ambas partes.

v) Que el incumplimiento mutuo y recíproco de las obligaciones sinalagmáticas impide apreciar causa de resolución y conceder indemnización por daños y perjuicios, siendo además insuficiente la prueba aportada en relación con las rentas de alquiler y la pérdida de beneficios alegadas por el Celta.

vi) Que la interpretación sostenida por el Celta de la expresión «a buena cuenta» carece de apoyo contractual y que, no habiéndose acreditado que se superara el precio total pactado, no procede revisar partidas de obra ejecutadas, aprobadas por la dirección facultativa y ya satisfechas.

vii) Que el contrato no contiene pacto alguno que someta, en caso de resolución anticipada, la liquidación de la obra a la medición realizada por la dirección facultativa, ni resulta aplicable la doctrina de los actos propios, por lo que Civis no queda vinculada al dictamen liquidatorio emitido el 16 de octubre de 2018, sin que la valoración probatoria efectuada por el juzgado pueda calificarse de ilógica o arbitraria.

viii) Y que procede reconocer a Civis, en concepto de trabajos ejecutados y pendientes de pago, la partida correspondiente a las mamparas de madera interiores por importe de 5.038,39 euros.

7.Contra la sentencia de apelación, el Celta ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación, que han sido admitidos, formulando Civis oposición a ambos.

SEGUNDO. Planteamiento de los recursos

1. Recurso extraordinario por infracción procesal.El recurso extraordinario por infracción procesal se funda en dos motivos:

1.1. En el motivo primero, al amparo del art. 469.1.2.ª LEC, se denuncia la infracción del art. 218.1 LEC, por vulneración del deber de congruencia de las resoluciones judiciales, en relación con la declaración de extinción por mutuo disenso, que en ningún momento fue sometida por las partes a la consideración de la Audiencia Provincial. Ambas fundaron sus respectivas pretensiones en el incumplimiento resolutorio de la contraria, por lo que, si la Audiencia Provincial consideraba «que la causa de resolución de los contratos fue el mutuo incumplimiento, la única respuesta en derecho posible era desestimar demanda y reconvención».

1.2. En el motivo segundo, al amparo del art. 469.1.4.ª LEC, se denuncia la infracción del art. 348 LEC, en relación con el art. 24 CE, por la valoración que la Audiencia Provincial efectúa de la prueba pericial, al considerar que vulnera las reglas de la sana crítica, lo que «permite el acceso de la valoración probatoria a los recursos extraordinarios cuando se trate de una interpretación ilógica, irracional o arbitraria».

2. Recurso de casación.El recurso de casación se funda en cuatro motivos:

2.1. En el primero se denuncia la infracción del art. 1124 CC por falta de aplicación y de los arts. 1255 y 1156 CC por aplicación indebida, así como la vulneración de la doctrina judicial que los interpreta -se citan las SSTS 657/2013, de 22 de octubre, 39 y 133/2015, de 16 de febrero y 23 de marzo, y 868/2018, de 8 de octubre-, ya que la sentencia yerra al considerar que el contrato ha quedado extinguido por mutuo disenso.

2.2. En el segundo se denuncia la infracción de los arts. 1101 y 1152 CC, así como la vulneración de la doctrina judicial que los interpreta, pues la Audiencia Provincial «[c]omo consecuencia de su previa errónea decisión de considerar extinguido el contrato por mutuo disenso -en lugar de resuelto por incumplimiento grave de Civis Global- [...] no entra a considerar los daños y perjuicios causados [...] por dicha resolución, cuando es evidente que se han producido».

2.3. En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 1544 CC en relación con los arts. 1281 y 1282 CC, así como la vulneración de la doctrina judicial que los interpreta, en relación con el rechazo de las partidas mal ejecutadas y que fueron pagadas «a buena cuenta» por la dirección facultativa. La recurrente alega que la Audiencia Provincial obvia o no interpreta conforme a su tenor literal y a la conducta de la recurrida posterior a la firma del contrato las cláusulas tercera y decimoquinta del contrato relativas a las «certificaciones parciales» y a la «resolución», respectivamente.

2.4. Por último, en el motivo cuarto se denuncia la infracción de los arts. 1101 y 1106 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial que los interpreta, pues «[c]omo consecuencia de la previa estimación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, es evidente que una correcta valoración de la prueba pericial debe llevar a considerar plenamente acreditado tanto el daño emergente como el lucro cesante».

TERCERO. Decisión de la Sala

1.Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal: desestimación. La recurrente denuncia la infracción del deber de congruencia del art. 218.1 LEC, pues estima que la Audiencia Provincial ha incurrido en incongruencia extra petitaal considerar -sin que ninguna de las partes lo haya invocado expresamente- que el incumplimiento por retraso imputable a ambas partes, la inviabilidad sobrevenida de la obra para las dos, los reiterados desencuentros y la actuación de la propia recurrente tras la comunicación de resolución por la recurrida -al no requerir la continuación de los trabajos, anunciar una reclamación de daños y contratar a otra empresa para finalizar la obra- evidencian la aceptación de la extinción del contrato y la procedencia de su liquidación, lo que equivale a una extinción por mutuo disenso.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que el deber de congruencia exige la necesaria conformidad entre el fallo de la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, entendidas estas como las formuladas en los suplicos de los escritos rectores, sin que sea exigible una correspondencia literal o rígida, sino una adecuación racional y flexible entre lo pedido y lo resuelto. La incongruencia solo concurre cuando el órgano judicial altera sustancialmente el objeto del proceso, concede algo no pedido o deja imprejuzgada alguna de las pretensiones deducidas, con vulneración de la causa de pedir (por todas, sentencias 1679/2025, de 24 de noviembre, 1387/2025, de 7 de octubre, y 1186/2025, de 21 de junio).

En el presente caso, ambas partes articularon sus respectivas pretensiones sobre una misma base fáctica: la frustración del contrato de obra, imputando cada una de ellas a la contraria un incumplimiento resolutorio que justificaría la extinción del vínculo contractual con las correspondientes consecuencias económicas. La Audiencia Provincial, tras valorar los hechos acreditados, descarta que concurra un incumplimiento esencial exclusivamente imputable a una de las partes y aprecia, por el contrario, un incumplimiento recíproco que impidió la consecución de la finalidad contractual. A partir de esa premisa, concluye que la situación creada por la conducta de ambas partes resulta equivalente, en la práctica, a una extinción del contrato por mutuo disenso, con la consiguiente necesidad de proceder a su liquidación.

Este razonamiento no supone una alteración del objeto del proceso ni la introducción de una cuestión ajena a las pretensiones deducidas, sino el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional de calificación jurídica de los hechos alegados y probados. Como tiene declarado esta Sala (así por ejemplo en la mencionada sentencia 1186/2025), no se incurre en incongruencia por el hecho de que el tribunal subsuma los hechos en una categoría jurídica distinta de la sostenida por las partes, ni es exigible que la acción o figura jurídica aplicada haya sido expresamente mencionada en la demanda, siempre que se respeten los hechos y la causa de pedir. La apreciación de la resolución y extinción del contrato por mutuo disenso no constituye una pretensión autónoma nueva, sino la consecuencia jurídica que, a juicio de la Audiencia Provincial, se anuda al incumplimiento recíproco apreciado, en coherencia con las solicitudes de resolución contractual formuladas por ambas partes.

Tampoco puede compartirse la afirmación de la recurrente de que, apreciado el incumplimiento mutuo, la única respuesta jurídicamente posible fuera la desestimación lisa y llana de demanda y reconvención. La sentencia recurrida, en efecto, desestima las pretensiones resolutorias fundadas en un incumplimiento unilateral imputable a la contraparte, pero añade un pronunciamiento necesario sobre la suerte del contrato y su liquidación, evitando dejar imprejuzgada una cuestión directamente vinculada al objeto del proceso.

En definitiva, la discrepancia de la parte recurrente se dirige no contra una falta de correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, sino contra la calificación jurídica efectuada por la Audiencia Provincial y las consecuencias que de ella se derivan, lo que constituye una cuestión de fondo ajena al ámbito propio del recurso extraordinario por infracción procesal ( sentencia 506/2018, de 19 de septiembre, y 169/2016, de 17 de marzo).

Por ello, no apreciándose vulneración alguna del deber de congruencia del art. 218.1 LEC, el motivo debe ser desestimado.

2. Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal: examen diferido por posible falta de efecto útil. El motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal denuncia la vulneración del art. 348 LEC, en relación con el art. 24 CE, por una supuesta valoración ilógica o arbitraria de la prueba pericial efectuada por la Audiencia Provincial, en conexión directa con la desestimación de la pretensión indemnizatoria formulada por daño emergente y lucro cesante derivados del alquiler de la antigua sede y de la imposibilidad de rentabilizar la nueva.

Dicho motivo está estrechamente ligado a los motivos segundo y cuarto del recurso de casación. En efecto, ambos motivos de casación parten expresamente de la premisa de que la Audiencia Provincial habría incurrido en un error al considerar extinguido el contrato por mutuo disenso, en lugar de resuelto por incumplimiento grave imputable a la recurrida, y sostienen que, de haberse aplicado correctamente el art. 1124 CC, habría debido reconocerse la indemnización de los daños y perjuicios reclamados, cuya acreditación -según la parte recurrente- resultaría de una correcta valoración de la prueba pericial.

Sin embargo, tales motivos de casación se encuentran, a su vez, condicionados de manera necesaria por el motivo primero del recurso de casación, en el que se denuncia la infracción del art. 1124 CC por falta de aplicación y de los arts. 1255 y 1156 CC por aplicación indebida, al haberse considerado que el contrato se extinguió por mutuo disenso.

De este modo, la eventual estimación o desestimación del motivo primero del recurso de casación resulta determinante para la suerte no solo de los motivos segundo y cuarto de dicho recurso, sino también del motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal. En concreto, si se desestima el motivo primero de casación y se confirma la corrección de la extinción contractual por mutuo disenso apreciada por la Audiencia Provincial, quedará cerrada, por razones sustantivas, la posibilidad de reconocer una indemnización por daños y perjuicios, lo que conllevaría la desestimación de los motivos segundo y cuarto de casación y haría innecesario, por falta de efecto útil (por todas, sentencia 1581/2025, de 5 de noviembre), el examen del motivo segundo por infracción procesal sobre la valoración de la prueba pericial relativa a la cuantificación del daño emergente y del lucro cesante.

Procede, por tanto, dejar en suspenso el examen del motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal y abordar con carácter previo el análisis del motivo primero del recurso de casación.

3.Motivo primero del recurso de casación: desestimación. El recurso denuncia la infracción de los arts. 1124, 1156 y 1255 CC, así como de la doctrina jurisprudencial que los interpreta, al considerar que la sentencia recurrida se equivoca al apreciar que el contrato quedó extinguido por mutuo disenso.

En la sentencia 169/2016, de 17 de marzo, citada por la 3/2021, de 13 de enero, declaramos:

«1.- Dado que el art. 1.156 CC no agota todas las posibilidades de extinción de las obligaciones, es admitido generalmente por la doctrina y la jurisprudencia que el mutuo disenso, también conocido como contrarius consensus,mutuo acuerdo resolutorio o pacto de resolución, constituye también en nuestro ordenamiento jurídico una causa de extinción de las obligaciones por resolución, disolución o ruptura del vínculo contractual, conforme al principio de autonomía de la voluntad presente en el art. 1255 CC ( sentencias de esta Sala núm. 156/2013, de 25 de marzo; y 133/2015, de 23 de marzo). Definido como un acuerdo de voluntades por el que las partes dejan sin efecto un contrato válidamente celebrado, pero no consumado, tiene la virtualidad de un contrato extintivo o cancelatorio, por el que las partes, que han celebrado con anterioridad otro, acuerdan que la regulación puesta en vigor pierda vigencia.

»2.- Para apreciar la existencia del mutuo disenso es necesaria la constancia de un consentimiento de signo contrario al constitutivo del vínculo contractual, que puede manifestarse tanto expresa como tácitamente, a través de actos que inequívoca y concluyentemente revelen la común voluntad de los contratantes de dejar sin efecto el negocio concluido, desligándose de las obligaciones por ellos contraídas y renunciando a exigir su efectividad y cumplimiento. Para ello, como indicó la sentencia de esta Sala núm. 1026/2007, de 10 de octubre, es imprescindible que dicho consentimiento aparezca probado y aceptado por las personas que primitivamente se obligaron, sin que pueda tener efectos liberatorios la voluntad unilateral de una de las partes. Si bien no hace falta que dicha voluntad concurrente tenga que manifestarse expresamente, pues como afirmó la sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 1999, el abandono voluntario y recíproco del contrato por ambas partes evidencia la existencia de un supuesto de mutuo disenso que supone la extinción o resolución del vínculo contractual por retractación bilateral. Además, como aclaramos en la sentencia núm. 657/2013, de 22 de octubre, la figura del mutuo disenso opera en contratos bilaterales como el de arrendamiento de obra o el de compraventa, puesto que ningún precepto legal impide que los contratantes puedan abandonar sus pretensiones, antes de su consumación, de forma pactada o concurrente, y no tiene que manifestarse simultáneamente o en unidad de acto:

»"[...] dicho desistimiento concurrente y concorde, pero no expresado en unidad de acto, no contraviene el art. 1255 del C. Civil ni supone dejar el cumplimiento de un contrato al arbitrio de una de las partes pues son ambas las que pretenden la resolución ( art. 1256 del C. Civil) , constituyendo un modo de extinguir el contrato"».

Y en la 566/2022, de 15 de julio, dijimos:

«Incluso, hemos señalado que una supuesta actuación incumplidora de ambas partes, frustrando la finalidad del contrato, resulta equivalente en la práctica a su extinción por mutuo disenso ( SSTS 404/2002, de 6 de mayo y 605/2010, de 4 de octubre entre otras) [...]»

En el presente caso, el incumplimiento por retraso imputable a ambas partes, la inviabilidad sobrevenida de la obra para las dos, los reiterados desencuentros y la actuación de la propia recurrente tras la comunicación de resolución por la recurrida -al no requerir la continuación de los trabajos, anunciar una reclamación de daños y contratar a otra empresa para finalizar la obra-, que son las circunstancias consideradas por la Audiencia Provincial con base en los hechos probados, ponen de manifiesto la concurrencia de la voluntad de ambas partes de extinguir el contrato, cumpliéndose los requisitos exigidos por la doctrina jurisprudencial del mutuo disenso.

En consecuencia, el motivo primero del recurso de casación no puede prosperar, toda vez que la sentencia recurrida aplica correctamente la normativa y la jurisprudencia citada, no vulnera los preceptos indicados y justifica de manera suficiente la extinción del contrato por mutuo disenso.

Por todo lo expuesto, el motivo debe ser desestimado.

4. Motivos segundo y cuarto del recurso de casación: desestimación. Motivo segundo del recurso por infracción procesal: falta de efecto útil.La desestimación del motivo primero del recurso de casación conlleva la de los motivos segundo y cuarto, y hace innecesario el examen del motivo segundo del recurso por infracción procesal, por las razones ya expuestas en el apartado 2 inmediatamente anterior.

5. Motivo tercero del recurso de casación: desestimación. En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 1544 CC, en relación con los arts. 1281 y 1282 CC, así como de la doctrina jurisprudencial que los interpreta, al sostener la recurrente que la Audiencia Provincial habría interpretado incorrectamente las cláusulas tercera y decimoquinta del contrato en relación con las partidas de obra mal ejecutadas y certificadas «a buena cuenta».

En primer lugar, la argumentación de la recurrente incurre en el defecto de pretender una alteración de la base fáctica de la sentencia recurrida y de las conclusiones alcanzadas por la Audiencia Provincial tras una valoración razonada y exhaustiva de la prueba practicada. Bajo la invocación formal de una infracción sustantiva en materia de interpretación contractual, lo que en realidad se pretende es sustituir la valoración probatoria efectuada por los tribunales de instancia -en particular, la relativa a la ejecución, medición y eventual defectuosidad de determinadas partidas de obra- por la propia, haciendo prevalecer el criterio de la dirección facultativa y de determinados informes periciales frente a los que el juzgador consideró más convincentes. Tal planteamiento es incompatible con la naturaleza del recurso de casación, que no permite revisar los hechos probados ni efectuar una nueva valoración de la prueba.

En efecto, como hemos vuelto a recodar muy recientemente en la sentencia 1671/2025, de 18 de noviembre:

«los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión)».

En segundo lugar, la interpretación del contrato realizada por la Audiencia Provincial no puede reputarse ilógica, irracional o arbitraria. La sentencia recurrida ofrece una lectura coherente y fundada de las cláusulas contractuales controvertidas, descartando razonadamente que la expresión «a buena cuenta» implicara la posibilidad de revisar partidas ya ejecutadas, aprobadas y abonadas mientras no se hubiera superado el precio cerrado del contrato, ni que existiera pacto alguno que sometiera, en caso de resolución anticipada, la liquidación de la obra al dictamen vinculante de la dirección facultativa. Esta interpretación se apoya tanto en el tenor literal de las cláusulas como en la ausencia de un acuerdo expreso en el sentido pretendido por la recurrente, y se ve reforzada por la detallada valoración de la prueba pericial efectuada por el juzgador de primera instancia, que la Audiencia Provincial asume y confirma sin que se aprecie error patente o razonamiento arbitrario.

Conforme a la reiterada doctrina de esta Sala sobre el alcance de la revisión casacional (por todas, sentencia 1404/2025, de 13 de octubre):

«la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, que ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario ( sentencias 524/2013, de 23 de julio, y 252/2014, de 14 de mayo). El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( sentencias 198/2021, de 26 de marzo, y 1577/2023, de 15 de noviembre, y las muchas que en ellas se citan)».

Por todo ello, el motivo tercero del recurso de casación debe ser desestimado.

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación procede imponer las costas de dichos recursos a la recurrente, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).