Sentencia Civil 438/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8688/2023 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D.ª Maribel interpuso una demanda contra el Banco de Sabadell, SA por vulneración de su derecho al honor como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef. En la demanda reclamó 7.000 euros en concepto de indemnización por daños morales -«[o] alternativamente la cuantía que su Señoría estime pertinente atendiendo a las circunstancias del caso, dado que la cuantíficación del derecho al honor es un concepto de difícil precisión, respetando siempre el criterio establecido por el Tribunal Supremo de que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas (sic)»-, así como la exclusión de sus datos del «fichero de morosos». Alegó (págs. 2 y 3):

«No se ha seguido en ningún momento con los requisitos exigidos para llevar a cabo una inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, ni el primero ya que no existe ninguna deuda, y ni siquiera el tercer requisito, aquel que obliga al acreedor a efectuar un requerimiento previo de pago con preaviso de inclusión al menos 30 días antes de la misma no se ha visto cumplido.»

2.La entidad demandada se opuso a la demanda. En el escrito de contestación alegó (págs. 2 y 3):

«[...] la inclusión de la parte demandante en el registro referido fue consecuencia del impago, perfectamente acreditado e individualizado, de la parte actora en el producto que contrató con mi mandante. Deuda de la que la contraparte era perfectamente consciente, habiéndosele remitido numerosas notificaciones y requerimientos de pago, con expresa mención y apercibimiento de que ante el incumplimiento, podría ser incluida en los ficheros de morosidad citados de contrario [...] la inclusión en los ficheros de solvencia de la demandante, fueron causa de los descubiertos causados en su cuenta corriente por haber impagados las cuotas del préstamo personal, ambos contratos fueron suscritos con esta entidad [...] (sic)»

3.La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda al considerar que se había producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, y condenó a la entidad demandada a indemnizarla por daños morales con la suma de 4.000 euros, así como a realizar lo necesario para excluirla del «fichero de morosos».

Sobre la existencia previa de deuda cierta, vencida y exigible, el juzgado declara:

«[...] por tanto no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza, principio que se cumple en el presente caso a la vista de soporte contractual que justifique la ruptura del compromiso de permanencia y por ende la de deuda reclamada inicialmente (sic)»

Y a la vista de la documentación acompañada por la demandada, el juzgado añade, respecto del requerimiento de pago previo:

«[...] considero que dicha certificación y medio probatorio es insuficiente para poder acreditar tal extremo, es decir que la hoy demandante haya sido requerida, sino que simplemente acredita que se encarga a una entidad privada el envío de la misiva, poniéndola ésta a disposición del servicio de Correos, obviando otros medios más garantistas como pudiera ser el correo certificado o un burofax, que si sirven para acreditar que dicho requerimiento al menos está en la esfera de la demandante, lo que unido a los razonamientos anteriores, evidencia que estamos ante una intromisión ilegítima en el derecho al honor (sic)»

4.La entidad demandada interpuso un recurso de apelación en el que alegó que «[e]n el presente caso [...] hablamos de una deuda cierta, que la parte actora era consciente y conocía la misma, debido a que la entidad se le comunicó, y el mismo recibió las comunicaciones (sic)». Asimismo, por lo que respecta al requerimiento previo de pago, sostuvo que «[c]onstan acreditados varias comunicaciones con el deudor, que han sido debidamente aportadas al procedimiento (sic)».

5.La demandante se opuso al recurso. Alegó que «[n]o existe ninguna deuda de mi mandante con la demandada. La demandada no ha aportado ningún contrato incumplido, ni ningún recibo devuelto». Y añadió que «[l]a demandada ni si quiera ha remitido a mi mandante ningún requerimiento de pago previo a la inclusión».

6.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación, revocó la dictada en primera instancia y desestimó la demanda.

La Audiencia Provincial afirma que «[...] la demanda no puso en entredicho la calidad del dato y, en consonancia con dicho planteamiento, no prueba en modo alguno haber disentido de la liquidación hecha por el Banco demandado previamente a su inclusión en los ficheros antes mentados, de manera que su crítica se centra en la ausencia de requerimiento de pago con apercibimiento de que, en otro caso, sus datos serían comunicados a tercero (sic)», y a continuación, tras considerar acreditada la realización del requerimiento de pago previo, concluye «[...] el recurso de apelación ha de ser estimado, con el consiguiente rechazo de la demanda pues la comunicación al fichero de morosos de los datos personales relacionados con el impago de una deuda por razón del crédito del que es titular la demandada no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la actora.»

7.La demandante ha interpuesto recurso un de casación, que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones del fiscal

1. Planteamiento.El recurso de casación se funda en seis motivos.

1.1. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha puesto en entredicho la calidad del dato en el escrito de demanda para dar la deuda por cierta».

1.2. En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha señalado ninguna incidencia que justifique la pérdida o extravío de las comunicaciones postales en relación a los documentos 3, 4, 5 y 6 de la contestación.»

1.3. En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error, irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de la prueba al declarar la Audiencia Provincial que «las cartas fueron enviadas y no devueltas por el operador postal, siendo tal declaración errónea y concluye la recepción del requerimiento previo de pago sin que existan medios de prueba que lo afirmen en relación a los docs. 3, 4, 5 y 6 de la contestación.»

1.4. En el motivo cuarto se denuncia la infracción del art. 217 LEC al invertir la Audiencia Provincial «la carga probatoria exigiendo al actor acreditar la inexistencia de la deuda y la no recepción de las comunicaciones.»

1.5. En el motivo quinto se denuncia la infracción del art. 38.1.a) RPDP «porque la sentencia recurrida infringe las normas relativas a la protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos. Por la inexistencia de una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada.

1.6. En el motivo sexto se denuncia la infracción del art. 38.1.c) RPDP «porque la sentencia recurrida infringe las normas relativas a la protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos. Por la infracción del requisito de requerimiento previo de pago.»

2. Alegaciones del fiscal.El fiscal considera que deben estimarse los motivos primero y quinto y desestimarse los demás. Alega, en relación con el primero, que concurre el error denunciado y que este alcanza la intensidad que la jurisprudencia exige para apreciarlo, por lo que debe estimarse y partirse de la no acreditación de la certeza y exigibilidad de la deuda inscrita en el fichero, lo que determina, a su vez, la estimación del motivo quinto. Por el contrario, considera que los motivos segundo y tercero deben desestimarse, pues no cabe apreciar a partir de ellos la concurrencia del error pretendido, y que el motivo cuarto es reiterativo de los dos anteriores y mezcla cuestiones heterogéneas; y que el motivo sexto vuelve a plantear la infracción del requisito del requerimiento previo, y mezcla de forma heterogénea e improcedente las alegaciones sobre no acreditación de la deuda y no acreditación de la recepción de las cartas.

TERCERO. Decisión de la Sala. Estimación de los motivos primero y quinto. Estimación del recurso de casación, sin necesidad de examinar los motivos segundo, tercero y cuarto y sexto.

1.Los motivos primero y quinto, que pueden examinarse conjuntamente por su estrecha conexión, deben ser estimados.

En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha puesto en entredicho la calidad del dato en el escrito de demanda para dar la deuda por cierta». En el motivo quinto se denuncia la infracción del art. 38.1.a) RPDP por haberse considerado lícita la inclusión de los datos de la demandante en un fichero de morosos pese a no concurrir el presupuesto de la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que hubiera resultado impagada.

2.La sentencia recurrida afirma que «la demanda no puso en entredicho la calidad del dato y, en consonancia con dicho planteamiento, no prueba en modo alguno haber disentido de la liquidación hecha por el Banco demandado previamente a su inclusión en los ficheros antes mentados, de manera que su crítica se centra en la ausencia de requerimiento de pago con apercibimiento de que, en otro caso, sus datos serían comunicados a tercero (sic)».

Sin embargo, esta afirmación no se corresponde con lo actuado. En la demanda se alegó expresamente (págs. 2 y 3): «No se ha seguido en ningún momento con los requisitos exigidos para llevar a cabo una inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, ni el primero ya que no existe ninguna deuda [...]». En la misma línea, en el escrito de oposición al recurso de apelación la demandante reiteró que «[n]o existe ninguna deuda de mi mandante con la demandada. La demandada no ha aportado ningún contrato incumplido, ni ningún recibo devuelto».

3.En consecuencia, la sentencia recurrida incurre en un error patente, consistente en atribuir a la demanda un contenido que objetivamente no tiene. Se trata de un error de hecho de constatación inmediata a partir de las propias actuaciones y con relevancia decisiva para la resolución del litigio, pues conduce a la Audiencia Provincial a considerar pacífica la existencia de la deuda cuando esta había sido expresamente negada por la demandante y no solo en la demanda, sino también en el escrito de oposición al recurso de apelación. Un error de esta naturaleza vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE y debe ser corregido en casación, como ha declarado reiteradamente esta sala (por todas, sentencias 853/2021, de 10 de diciembre, y 478/2025, de 24 de marzo).

4.Corregido ese error, debe partirse de que la demandante negó la existencia de la deuda, por lo que correspondía a la entidad demandada acreditar su realidad y exigibilidad. Sin embargo, la demandada no ha aportado prueba suficiente al respecto, pues no lo son a tales efectos, como señala el fiscal, ni el «[a]nexo información detallada sobre protección de datos de carácter personal (2ª capa de información en protección de datos)» ni las comunicaciones de requerimiento de pago previo que obran en las actuaciones. En su contestación a la demanda se limitó a afirmar que «[...] la inclusión de la parte demandante en el registro referido fue consecuencia del impago, perfectamente acreditado e individualizado, de la parte actora en el producto que contrató con mi mandante. [...] la inclusión en los ficheros de solvencia de la demandante, fueron causa de los descubiertos causados en su cuenta corriente por haber impagados las cuotas del préstamo personal, ambos contratos fueron suscritos con esta entidad [...] (sic)», y en el recurso de apelación sostuvo igualmente que «[...] hablamos de una deuda cierta [...]». No obstante, tales afirmaciones no aparecen respaldadas por prueba alguna que permita identificar con precisión la deuda reclamada, su origen contractual, su cuantía o las concretas circunstancias de su exigibilidad. Como afirma el fiscal «[n]inguna documentación se aporta que acredite la certeza y exigibilidad de la deuda que fue inscrita» y «[t]ampoco consta que se haya aportado prueba para acreditar la deuda en la audiencia (acontecimiento 212 expediente digital).»

5.De este modo, no ha quedado acreditada la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que hubiera resultado impagada, presupuesto imprescindible para la comunicación de datos personales a ficheros de solvencia patrimonial. La inclusión de los datos de la demandante en un fichero de morosos sin que concurra tal presupuesto determina que haya sido tratada como morosa sin serlo, lo que constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor (por todas, sentencia 5/2026, de 8 de enero).

6.La estimación de los motivos primero y quinto determina la estimación del recurso de casación y hace innecesario el examen de los restantes motivos. En consecuencia, procede casar la sentencia recurrida, desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

CUARTO. Costas y depósitos

1.Al estimarse el recurso casación no se condena en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes, con devolución del depósito para recurrir ( arts. 398.2 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª , LOPJ, respectivamente).?

2.Al desestimarse el recurso de apelación se imponen las costas de dicho recurso a la entidad apelante, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).?

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D.ª Maribel interpuso una demanda contra el Banco de Sabadell, SA por vulneración de su derecho al honor como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef. En la demanda reclamó 7.000 euros en concepto de indemnización por daños morales -«[o] alternativamente la cuantía que su Señoría estime pertinente atendiendo a las circunstancias del caso, dado que la cuantíficación del derecho al honor es un concepto de difícil precisión, respetando siempre el criterio establecido por el Tribunal Supremo de que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas (sic)»-, así como la exclusión de sus datos del «fichero de morosos». Alegó (págs. 2 y 3):

«No se ha seguido en ningún momento con los requisitos exigidos para llevar a cabo una inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, ni el primero ya que no existe ninguna deuda, y ni siquiera el tercer requisito, aquel que obliga al acreedor a efectuar un requerimiento previo de pago con preaviso de inclusión al menos 30 días antes de la misma no se ha visto cumplido.»

2.La entidad demandada se opuso a la demanda. En el escrito de contestación alegó (págs. 2 y 3):

«[...] la inclusión de la parte demandante en el registro referido fue consecuencia del impago, perfectamente acreditado e individualizado, de la parte actora en el producto que contrató con mi mandante. Deuda de la que la contraparte era perfectamente consciente, habiéndosele remitido numerosas notificaciones y requerimientos de pago, con expresa mención y apercibimiento de que ante el incumplimiento, podría ser incluida en los ficheros de morosidad citados de contrario [...] la inclusión en los ficheros de solvencia de la demandante, fueron causa de los descubiertos causados en su cuenta corriente por haber impagados las cuotas del préstamo personal, ambos contratos fueron suscritos con esta entidad [...] (sic)»

3.La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda al considerar que se había producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, y condenó a la entidad demandada a indemnizarla por daños morales con la suma de 4.000 euros, así como a realizar lo necesario para excluirla del «fichero de morosos».

Sobre la existencia previa de deuda cierta, vencida y exigible, el juzgado declara:

«[...] por tanto no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza, principio que se cumple en el presente caso a la vista de soporte contractual que justifique la ruptura del compromiso de permanencia y por ende la de deuda reclamada inicialmente (sic)»

Y a la vista de la documentación acompañada por la demandada, el juzgado añade, respecto del requerimiento de pago previo:

«[...] considero que dicha certificación y medio probatorio es insuficiente para poder acreditar tal extremo, es decir que la hoy demandante haya sido requerida, sino que simplemente acredita que se encarga a una entidad privada el envío de la misiva, poniéndola ésta a disposición del servicio de Correos, obviando otros medios más garantistas como pudiera ser el correo certificado o un burofax, que si sirven para acreditar que dicho requerimiento al menos está en la esfera de la demandante, lo que unido a los razonamientos anteriores, evidencia que estamos ante una intromisión ilegítima en el derecho al honor (sic)»

4.La entidad demandada interpuso un recurso de apelación en el que alegó que «[e]n el presente caso [...] hablamos de una deuda cierta, que la parte actora era consciente y conocía la misma, debido a que la entidad se le comunicó, y el mismo recibió las comunicaciones (sic)». Asimismo, por lo que respecta al requerimiento previo de pago, sostuvo que «[c]onstan acreditados varias comunicaciones con el deudor, que han sido debidamente aportadas al procedimiento (sic)».

5.La demandante se opuso al recurso. Alegó que «[n]o existe ninguna deuda de mi mandante con la demandada. La demandada no ha aportado ningún contrato incumplido, ni ningún recibo devuelto». Y añadió que «[l]a demandada ni si quiera ha remitido a mi mandante ningún requerimiento de pago previo a la inclusión».

6.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación, revocó la dictada en primera instancia y desestimó la demanda.

La Audiencia Provincial afirma que «[...] la demanda no puso en entredicho la calidad del dato y, en consonancia con dicho planteamiento, no prueba en modo alguno haber disentido de la liquidación hecha por el Banco demandado previamente a su inclusión en los ficheros antes mentados, de manera que su crítica se centra en la ausencia de requerimiento de pago con apercibimiento de que, en otro caso, sus datos serían comunicados a tercero (sic)», y a continuación, tras considerar acreditada la realización del requerimiento de pago previo, concluye «[...] el recurso de apelación ha de ser estimado, con el consiguiente rechazo de la demanda pues la comunicación al fichero de morosos de los datos personales relacionados con el impago de una deuda por razón del crédito del que es titular la demandada no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la actora.»

7.La demandante ha interpuesto recurso un de casación, que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones del fiscal

1. Planteamiento.El recurso de casación se funda en seis motivos.

1.1. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha puesto en entredicho la calidad del dato en el escrito de demanda para dar la deuda por cierta».

1.2. En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha señalado ninguna incidencia que justifique la pérdida o extravío de las comunicaciones postales en relación a los documentos 3, 4, 5 y 6 de la contestación.»

1.3. En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error, irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de la prueba al declarar la Audiencia Provincial que «las cartas fueron enviadas y no devueltas por el operador postal, siendo tal declaración errónea y concluye la recepción del requerimiento previo de pago sin que existan medios de prueba que lo afirmen en relación a los docs. 3, 4, 5 y 6 de la contestación.»

1.4. En el motivo cuarto se denuncia la infracción del art. 217 LEC al invertir la Audiencia Provincial «la carga probatoria exigiendo al actor acreditar la inexistencia de la deuda y la no recepción de las comunicaciones.»

1.5. En el motivo quinto se denuncia la infracción del art. 38.1.a) RPDP «porque la sentencia recurrida infringe las normas relativas a la protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos. Por la inexistencia de una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada.

1.6. En el motivo sexto se denuncia la infracción del art. 38.1.c) RPDP «porque la sentencia recurrida infringe las normas relativas a la protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos. Por la infracción del requisito de requerimiento previo de pago.»

2. Alegaciones del fiscal.El fiscal considera que deben estimarse los motivos primero y quinto y desestimarse los demás. Alega, en relación con el primero, que concurre el error denunciado y que este alcanza la intensidad que la jurisprudencia exige para apreciarlo, por lo que debe estimarse y partirse de la no acreditación de la certeza y exigibilidad de la deuda inscrita en el fichero, lo que determina, a su vez, la estimación del motivo quinto. Por el contrario, considera que los motivos segundo y tercero deben desestimarse, pues no cabe apreciar a partir de ellos la concurrencia del error pretendido, y que el motivo cuarto es reiterativo de los dos anteriores y mezcla cuestiones heterogéneas; y que el motivo sexto vuelve a plantear la infracción del requisito del requerimiento previo, y mezcla de forma heterogénea e improcedente las alegaciones sobre no acreditación de la deuda y no acreditación de la recepción de las cartas.

TERCERO. Decisión de la Sala. Estimación de los motivos primero y quinto. Estimación del recurso de casación, sin necesidad de examinar los motivos segundo, tercero y cuarto y sexto.

1.Los motivos primero y quinto, que pueden examinarse conjuntamente por su estrecha conexión, deben ser estimados.

En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha puesto en entredicho la calidad del dato en el escrito de demanda para dar la deuda por cierta». En el motivo quinto se denuncia la infracción del art. 38.1.a) RPDP por haberse considerado lícita la inclusión de los datos de la demandante en un fichero de morosos pese a no concurrir el presupuesto de la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que hubiera resultado impagada.

2.La sentencia recurrida afirma que «la demanda no puso en entredicho la calidad del dato y, en consonancia con dicho planteamiento, no prueba en modo alguno haber disentido de la liquidación hecha por el Banco demandado previamente a su inclusión en los ficheros antes mentados, de manera que su crítica se centra en la ausencia de requerimiento de pago con apercibimiento de que, en otro caso, sus datos serían comunicados a tercero (sic)».

Sin embargo, esta afirmación no se corresponde con lo actuado. En la demanda se alegó expresamente (págs. 2 y 3): «No se ha seguido en ningún momento con los requisitos exigidos para llevar a cabo una inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, ni el primero ya que no existe ninguna deuda [...]». En la misma línea, en el escrito de oposición al recurso de apelación la demandante reiteró que «[n]o existe ninguna deuda de mi mandante con la demandada. La demandada no ha aportado ningún contrato incumplido, ni ningún recibo devuelto».

3.En consecuencia, la sentencia recurrida incurre en un error patente, consistente en atribuir a la demanda un contenido que objetivamente no tiene. Se trata de un error de hecho de constatación inmediata a partir de las propias actuaciones y con relevancia decisiva para la resolución del litigio, pues conduce a la Audiencia Provincial a considerar pacífica la existencia de la deuda cuando esta había sido expresamente negada por la demandante y no solo en la demanda, sino también en el escrito de oposición al recurso de apelación. Un error de esta naturaleza vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE y debe ser corregido en casación, como ha declarado reiteradamente esta sala (por todas, sentencias 853/2021, de 10 de diciembre, y 478/2025, de 24 de marzo).

4.Corregido ese error, debe partirse de que la demandante negó la existencia de la deuda, por lo que correspondía a la entidad demandada acreditar su realidad y exigibilidad. Sin embargo, la demandada no ha aportado prueba suficiente al respecto, pues no lo son a tales efectos, como señala el fiscal, ni el «[a]nexo información detallada sobre protección de datos de carácter personal (2ª capa de información en protección de datos)» ni las comunicaciones de requerimiento de pago previo que obran en las actuaciones. En su contestación a la demanda se limitó a afirmar que «[...] la inclusión de la parte demandante en el registro referido fue consecuencia del impago, perfectamente acreditado e individualizado, de la parte actora en el producto que contrató con mi mandante. [...] la inclusión en los ficheros de solvencia de la demandante, fueron causa de los descubiertos causados en su cuenta corriente por haber impagados las cuotas del préstamo personal, ambos contratos fueron suscritos con esta entidad [...] (sic)», y en el recurso de apelación sostuvo igualmente que «[...] hablamos de una deuda cierta [...]». No obstante, tales afirmaciones no aparecen respaldadas por prueba alguna que permita identificar con precisión la deuda reclamada, su origen contractual, su cuantía o las concretas circunstancias de su exigibilidad. Como afirma el fiscal «[n]inguna documentación se aporta que acredite la certeza y exigibilidad de la deuda que fue inscrita» y «[t]ampoco consta que se haya aportado prueba para acreditar la deuda en la audiencia (acontecimiento 212 expediente digital).»

5.De este modo, no ha quedado acreditada la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que hubiera resultado impagada, presupuesto imprescindible para la comunicación de datos personales a ficheros de solvencia patrimonial. La inclusión de los datos de la demandante en un fichero de morosos sin que concurra tal presupuesto determina que haya sido tratada como morosa sin serlo, lo que constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor (por todas, sentencia 5/2026, de 8 de enero).

6.La estimación de los motivos primero y quinto determina la estimación del recurso de casación y hace innecesario el examen de los restantes motivos. En consecuencia, procede casar la sentencia recurrida, desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

CUARTO. Costas y depósitos

1.Al estimarse el recurso casación no se condena en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes, con devolución del depósito para recurrir ( arts. 398.2 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª , LOPJ, respectivamente).?

2.Al desestimarse el recurso de apelación se imponen las costas de dicho recurso a la entidad apelante, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).?

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D.ª Maribel interpuso una demanda contra el Banco de Sabadell, SA por vulneración de su derecho al honor como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero Asnef. En la demanda reclamó 7.000 euros en concepto de indemnización por daños morales -«[o] alternativamente la cuantía que su Señoría estime pertinente atendiendo a las circunstancias del caso, dado que la cuantíficación del derecho al honor es un concepto de difícil precisión, respetando siempre el criterio establecido por el Tribunal Supremo de que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas (sic)»-, así como la exclusión de sus datos del «fichero de morosos». Alegó (págs. 2 y 3):

«No se ha seguido en ningún momento con los requisitos exigidos para llevar a cabo una inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, ni el primero ya que no existe ninguna deuda, y ni siquiera el tercer requisito, aquel que obliga al acreedor a efectuar un requerimiento previo de pago con preaviso de inclusión al menos 30 días antes de la misma no se ha visto cumplido.»

2.La entidad demandada se opuso a la demanda. En el escrito de contestación alegó (págs. 2 y 3):

«[...] la inclusión de la parte demandante en el registro referido fue consecuencia del impago, perfectamente acreditado e individualizado, de la parte actora en el producto que contrató con mi mandante. Deuda de la que la contraparte era perfectamente consciente, habiéndosele remitido numerosas notificaciones y requerimientos de pago, con expresa mención y apercibimiento de que ante el incumplimiento, podría ser incluida en los ficheros de morosidad citados de contrario [...] la inclusión en los ficheros de solvencia de la demandante, fueron causa de los descubiertos causados en su cuenta corriente por haber impagados las cuotas del préstamo personal, ambos contratos fueron suscritos con esta entidad [...] (sic)»

3.La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda al considerar que se había producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, y condenó a la entidad demandada a indemnizarla por daños morales con la suma de 4.000 euros, así como a realizar lo necesario para excluirla del «fichero de morosos».

Sobre la existencia previa de deuda cierta, vencida y exigible, el juzgado declara:

«[...] por tanto no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza, principio que se cumple en el presente caso a la vista de soporte contractual que justifique la ruptura del compromiso de permanencia y por ende la de deuda reclamada inicialmente (sic)»

Y a la vista de la documentación acompañada por la demandada, el juzgado añade, respecto del requerimiento de pago previo:

«[...] considero que dicha certificación y medio probatorio es insuficiente para poder acreditar tal extremo, es decir que la hoy demandante haya sido requerida, sino que simplemente acredita que se encarga a una entidad privada el envío de la misiva, poniéndola ésta a disposición del servicio de Correos, obviando otros medios más garantistas como pudiera ser el correo certificado o un burofax, que si sirven para acreditar que dicho requerimiento al menos está en la esfera de la demandante, lo que unido a los razonamientos anteriores, evidencia que estamos ante una intromisión ilegítima en el derecho al honor (sic)»

4.La entidad demandada interpuso un recurso de apelación en el que alegó que «[e]n el presente caso [...] hablamos de una deuda cierta, que la parte actora era consciente y conocía la misma, debido a que la entidad se le comunicó, y el mismo recibió las comunicaciones (sic)». Asimismo, por lo que respecta al requerimiento previo de pago, sostuvo que «[c]onstan acreditados varias comunicaciones con el deudor, que han sido debidamente aportadas al procedimiento (sic)».

5.La demandante se opuso al recurso. Alegó que «[n]o existe ninguna deuda de mi mandante con la demandada. La demandada no ha aportado ningún contrato incumplido, ni ningún recibo devuelto». Y añadió que «[l]a demandada ni si quiera ha remitido a mi mandante ningún requerimiento de pago previo a la inclusión».

6.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación, revocó la dictada en primera instancia y desestimó la demanda.

La Audiencia Provincial afirma que «[...] la demanda no puso en entredicho la calidad del dato y, en consonancia con dicho planteamiento, no prueba en modo alguno haber disentido de la liquidación hecha por el Banco demandado previamente a su inclusión en los ficheros antes mentados, de manera que su crítica se centra en la ausencia de requerimiento de pago con apercibimiento de que, en otro caso, sus datos serían comunicados a tercero (sic)», y a continuación, tras considerar acreditada la realización del requerimiento de pago previo, concluye «[...] el recurso de apelación ha de ser estimado, con el consiguiente rechazo de la demanda pues la comunicación al fichero de morosos de los datos personales relacionados con el impago de una deuda por razón del crédito del que es titular la demandada no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la actora.»

7.La demandante ha interpuesto recurso un de casación, que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones del fiscal

1. Planteamiento.El recurso de casación se funda en seis motivos.

1.1. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha puesto en entredicho la calidad del dato en el escrito de demanda para dar la deuda por cierta».

1.2. En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha señalado ninguna incidencia que justifique la pérdida o extravío de las comunicaciones postales en relación a los documentos 3, 4, 5 y 6 de la contestación.»

1.3. En el motivo tercero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error, irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de la prueba al declarar la Audiencia Provincial que «las cartas fueron enviadas y no devueltas por el operador postal, siendo tal declaración errónea y concluye la recepción del requerimiento previo de pago sin que existan medios de prueba que lo afirmen en relación a los docs. 3, 4, 5 y 6 de la contestación.»

1.4. En el motivo cuarto se denuncia la infracción del art. 217 LEC al invertir la Audiencia Provincial «la carga probatoria exigiendo al actor acreditar la inexistencia de la deuda y la no recepción de las comunicaciones.»

1.5. En el motivo quinto se denuncia la infracción del art. 38.1.a) RPDP «porque la sentencia recurrida infringe las normas relativas a la protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos. Por la inexistencia de una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada.

1.6. En el motivo sexto se denuncia la infracción del art. 38.1.c) RPDP «porque la sentencia recurrida infringe las normas relativas a la protección del derecho al honor en la cesión de datos personales a ficheros de morosos. Por la infracción del requisito de requerimiento previo de pago.»

2. Alegaciones del fiscal.El fiscal considera que deben estimarse los motivos primero y quinto y desestimarse los demás. Alega, en relación con el primero, que concurre el error denunciado y que este alcanza la intensidad que la jurisprudencia exige para apreciarlo, por lo que debe estimarse y partirse de la no acreditación de la certeza y exigibilidad de la deuda inscrita en el fichero, lo que determina, a su vez, la estimación del motivo quinto. Por el contrario, considera que los motivos segundo y tercero deben desestimarse, pues no cabe apreciar a partir de ellos la concurrencia del error pretendido, y que el motivo cuarto es reiterativo de los dos anteriores y mezcla cuestiones heterogéneas; y que el motivo sexto vuelve a plantear la infracción del requisito del requerimiento previo, y mezcla de forma heterogénea e improcedente las alegaciones sobre no acreditación de la deuda y no acreditación de la recepción de las cartas.

TERCERO. Decisión de la Sala. Estimación de los motivos primero y quinto. Estimación del recurso de casación, sin necesidad de examinar los motivos segundo, tercero y cuarto y sexto.

1.Los motivos primero y quinto, que pueden examinarse conjuntamente por su estrecha conexión, deben ser estimados.

En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 24 CE por error patente al declarar la Audiencia Provincial que «la parte actora no ha puesto en entredicho la calidad del dato en el escrito de demanda para dar la deuda por cierta». En el motivo quinto se denuncia la infracción del art. 38.1.a) RPDP por haberse considerado lícita la inclusión de los datos de la demandante en un fichero de morosos pese a no concurrir el presupuesto de la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que hubiera resultado impagada.

2.La sentencia recurrida afirma que «la demanda no puso en entredicho la calidad del dato y, en consonancia con dicho planteamiento, no prueba en modo alguno haber disentido de la liquidación hecha por el Banco demandado previamente a su inclusión en los ficheros antes mentados, de manera que su crítica se centra en la ausencia de requerimiento de pago con apercibimiento de que, en otro caso, sus datos serían comunicados a tercero (sic)».

Sin embargo, esta afirmación no se corresponde con lo actuado. En la demanda se alegó expresamente (págs. 2 y 3): «No se ha seguido en ningún momento con los requisitos exigidos para llevar a cabo una inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, ni el primero ya que no existe ninguna deuda [...]». En la misma línea, en el escrito de oposición al recurso de apelación la demandante reiteró que «[n]o existe ninguna deuda de mi mandante con la demandada. La demandada no ha aportado ningún contrato incumplido, ni ningún recibo devuelto».

3.En consecuencia, la sentencia recurrida incurre en un error patente, consistente en atribuir a la demanda un contenido que objetivamente no tiene. Se trata de un error de hecho de constatación inmediata a partir de las propias actuaciones y con relevancia decisiva para la resolución del litigio, pues conduce a la Audiencia Provincial a considerar pacífica la existencia de la deuda cuando esta había sido expresamente negada por la demandante y no solo en la demanda, sino también en el escrito de oposición al recurso de apelación. Un error de esta naturaleza vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE y debe ser corregido en casación, como ha declarado reiteradamente esta sala (por todas, sentencias 853/2021, de 10 de diciembre, y 478/2025, de 24 de marzo).

4.Corregido ese error, debe partirse de que la demandante negó la existencia de la deuda, por lo que correspondía a la entidad demandada acreditar su realidad y exigibilidad. Sin embargo, la demandada no ha aportado prueba suficiente al respecto, pues no lo son a tales efectos, como señala el fiscal, ni el «[a]nexo información detallada sobre protección de datos de carácter personal (2ª capa de información en protección de datos)» ni las comunicaciones de requerimiento de pago previo que obran en las actuaciones. En su contestación a la demanda se limitó a afirmar que «[...] la inclusión de la parte demandante en el registro referido fue consecuencia del impago, perfectamente acreditado e individualizado, de la parte actora en el producto que contrató con mi mandante. [...] la inclusión en los ficheros de solvencia de la demandante, fueron causa de los descubiertos causados en su cuenta corriente por haber impagados las cuotas del préstamo personal, ambos contratos fueron suscritos con esta entidad [...] (sic)», y en el recurso de apelación sostuvo igualmente que «[...] hablamos de una deuda cierta [...]». No obstante, tales afirmaciones no aparecen respaldadas por prueba alguna que permita identificar con precisión la deuda reclamada, su origen contractual, su cuantía o las concretas circunstancias de su exigibilidad. Como afirma el fiscal «[n]inguna documentación se aporta que acredite la certeza y exigibilidad de la deuda que fue inscrita» y «[t]ampoco consta que se haya aportado prueba para acreditar la deuda en la audiencia (acontecimiento 212 expediente digital).»

5.De este modo, no ha quedado acreditada la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que hubiera resultado impagada, presupuesto imprescindible para la comunicación de datos personales a ficheros de solvencia patrimonial. La inclusión de los datos de la demandante en un fichero de morosos sin que concurra tal presupuesto determina que haya sido tratada como morosa sin serlo, lo que constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor (por todas, sentencia 5/2026, de 8 de enero).

6.La estimación de los motivos primero y quinto determina la estimación del recurso de casación y hace innecesario el examen de los restantes motivos. En consecuencia, procede casar la sentencia recurrida, desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

CUARTO. Costas y depósitos

1.Al estimarse el recurso casación no se condena en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes, con devolución del depósito para recurrir ( arts. 398.2 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª , LOPJ, respectivamente).?

2.Al desestimarse el recurso de apelación se imponen las costas de dicho recurso a la entidad apelante, con pérdida del depósito para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª , LOPJ, respectivamente).?