Sentencia Civil 437/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 1718/2021 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

El 11 de diciembre de 2001, D. Isaac y D.ª Eva María concertaron un préstamo hipotecario con Liberbank, S.A. (hoy Unicaja Banco, S.A.), por un importe de 96.161,94 euros. Se pactó un plazo de amortización de 25 años, por lo que vencía el 11 de diciembre de 2026.

Respecto del interés remuneratorio, se estableció que durante los doce primeros meses se devengaría un interés fijo del 4,75% nominal anual. La TAE del préstamo para el primer ciclo de interés aplicable era de 6,028%. A partir de entonces, el tipo de interés anual variaría, aplicándose el tipo de referencia consistente en el último tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre del conjunto de las entidades de crédito (IRPH Entidades) publicado por el Banco de España antes del día 15 del mes precedente a la fecha de variación, incrementado en 0,25 puntos. En el supuesto de que dejara de publicarse este índice de referencia, se establecía como sustitutivo, el tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorros Confederadas publicado en el BOE.

En cuanto al interés moratorio (cláusula sexta), las cantidades vencidas y no satisfechas a sus respectivos vencimientos devengarían desde la fecha del incumplimiento y hasta su regularización o cancelación, «un interés nominal moratorio equivalente al que resulte de adicionar seis enteros sobre el último interés remuneratorio aplicable al préstamo y que para el primer ciclo será del diez setenta y cinco por ciento (10,75%) anual (...)».

La entidad acreedora se reservaba, en la cláusula sexta bis, la facultad de exigir la amortización total del préstamo antes de su vencimiento, entre otros, en caso de incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones del contrato que revistieran carácter o trascendencia real, especialmente, la falta de pago de cualquiera de las cuotas del préstamo, fueran comprensivas de capital, intereses o de ambos a la vez. También preveía esta facultad a favor de la entidad acreedora para los supuestos en que concurriera cualquiera de las causas de vencimiento anticipado establecidas por el Derecho.

La escritura también contenía una cláusula de gastos, en virtud de la cual, serían de cargo de la parte prestataria, los gastos, impuestos y demás conceptos que relacionaba.

Los prestatarios dejaron de abonar las cuotas del préstamo desde el 11 de mayo de 2013 al 11 de enero de 2016, por un importe total de 17.681,19 euros. El saldo deudor del préstamo a 26 de enero de 2016, según la liquidación de Liberbank, S.A., ascendía a la cantidad de 71.716,25 euros, de los cuales, 54.035,06 euros correspondían al capital, 10.694,32 euros a las amortizaciones impagadas, 5.747,56 euros a los intereses remuneratorios, y 1.239,31 euros a los intereses moratorios.

2.Liberbank, S.A. presentó la demanda que inició el presente procedimiento contra D. Isaac y D.ª Eva María, en la que interesaba, en relación con el contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado el 11 de diciembre de 2001 con los demandados: i) de forma principal, la declaración de resolución contractual y el vencimiento anticipado de la obligación total de pago del préstamo con condena al pago de todas las cantidades debidas por principal e intereses ordinarios devengados hasta la interposición de la demanda, por un importe de 70.476,94 euros, y de los intereses desde el cierre de la cuenta hasta la sentencia al tipo del interés remuneratorio, así como, los intereses procesales desde la sentencia, y el pago de costas procesales; ii) de forma subsidiaria, para el caso de desestimar la pretensión de declaración de resolución contractual y vencimiento anticipado, la condena al pago de las cantidades vencidas hasta la certificación del saldo deudor (16.441,88 euros), así como, las cuotas que se fueran devengando y los intereses remuneratorios hasta la sentencia, y desde entonces y hasta el pago, el interés legal más dos puntos.

3.Dª Eva María contestó la demanda, interesó su desestimación, y formuló reconvención en la que interesaba la declaración de nulidad de las cláusulas tercera bis y quinta, con los efectos de tal declaración expresados en el suplico de la reconvención.

4.D. Isaac contestó la demanda, se opuso a esta, pidió la declaración de nulidad de la cláusula sexta bis relativa al vencimiento anticipado, y se adhirió al escrito de demanda reconvencional de la codemandada Sra. Eva María.

5.La parte actora contestó la reconvención e interesó su desestimación.

6.La sentencia del juzgado estimó íntegramente la demanda y en parte la reconvención. Resumidamente, acordó: i) estimar la pretensión de resolución del contrato por considerar demostrado el grave y reiterado incumplimiento del deudor; ii) declarar la nulidad de la cláusula quinta relativa a los gastos hipotecarios, y la sexta bis, relativa al pacto sobre el vencimiento anticipado, con los efectos restitutorios que estimó procedentes; iii) imponer las costas de la demanda a la parte demandada y no imponer las costas de la reconvención. Y desestimó la pretensión formulada en la demanda reconvencional de nulidad de la cláusula IRPH, para lo que razonó del siguiente modo:

«En el caso que nos ocupa, el préstamo fue referenciado al índice IRPH-Entidades, definido legalmente, por lo que no corresponde al control de la jurisdicción civil conocer si dichos índices aplican o no la normativa reguladora, sino a la Administración.

»Por tanto, el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia. Así lo determinan tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, ya que 4 de la LCGC y el art. 1.2 de la Directiva 93/12 excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda controlarse que la condición general de la contratación por la que se incluye en un contrato con consumidores esa disposición o previsión legal esté redactada de un modo claro y comprensible y sea transparente. Para lo cual, ha de tenerse en cuenta, que el interés remuneratorio es el precio del contrato de préstamo, es decir, afecta a un elemento esencial del contrato que incide en la determinación del precio.

»En el caso de autos, al igual que sucede en el caso analizado por la STS 669/2017, el interés remuneratorio variable se determina conforme a la aplicación de uno de los tipos legales de referencia, en concreto el IRPH Entidades, y la cláusula que lo incorpora supera el control de inclusión por cuanto que desde el punto de vista gramatical es clara y comprensible, y no se encuentra ubicada entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quede enmascarada y que diluyan la atención del consumidor, de forma que permite al prestatario conocer, comprender y aceptar que el interés variable de su préstamo hipotecario se calcula con referencia a un tipo fijado y controlado por el Banco de España.

»En cuanto al control de transparencia propiamente dicho (...) para determinar la transparencia de la cláusula que incorpora el índice de referencia (IRPH Entidades) habrá que ver si el consumidor era consciente, porque había sido informado, de que esa cláusula configuraba un elemento esencial, así como la manera en que se calculaba el interés variable, y en el presenten caso dado el carácter esencial de la propia cláusula, no cabe considerar que el consumidor no advirtiera su importancia económica y jurídica o no pudiera conocer que el interés resultante en dicho periodo se calculaba mediante la aplicación de un índice oficial, consistente en una media de los índices hipotecarios de todas las entidades que actuaban en España, al que se sumaba un margen o diferencial.

»Al tratarse de índices oficiales utilizados por las diversas entidades financieras en sus ofertas comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, (como también afirma STS 669/2017) conocer que se utilizan diferentes sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas en un elemento tan esencial como el propio precio del préstamo (...).

»En cuanto a la evolución de Euribor, más favorable que la del IRPH, tal circunstancia no puede tenerse en cuenta a efectos del control de transparencia, pues este ha de efectuarse al tiempo de la celebración del contrato, es decir, en 2001, así lo ha afirmado reiteradamente el TJUE (...)».

7.Frente a dicha sentencia Dª Eva María interpuso un recurso de apelación con los siguientes motivos: i) la improcedente desestimación de la petición de nulidad de la cláusula tercera bis relativa a la aplicación del índice IRPH y sus efectos derivados; ii) en el caso de estimarse el primer motivo, la necesidad de recálculo de la deuda implicaría que la parte demandada no fuera deudora al momento de presentación de la demanda, por lo que procedería la desestimación de la demanda; iii) la errónea imposición de las costas procesales de la demanda presentada, bien por acogimiento de las pretensiones anteriores, bien por apreciar la existencia de suficientes y serias dudas de hecho y derecho.

8.La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación e impuso las costas a la parte recurrente. Analizó la nulidad de la cláusula IRPH. Tras exponer la jurisprudencia de las sentencias del Pleno de esta sala 595, 596, 597 y 598/2020, de 12 de noviembre, dictadas tras la sentencia del TJUE (Gran Sala), de 3 de marzo de 2020 (C-125/18), desestimó los dos primeros motivos del recurso de apelación, con el siguiente razonamiento:

«6. La doctrina establecida por el Tribunal Supremo en las recientes sentencias de Pleno coincide con el criterio de esta sección de la Audiencia Provincial, en sus recientes sentencias número 347 y 348/2020, de 8 de junio, en las que se aprecia igualmente la falta de transparencia, pero no, al contrario, el carácter abusivo necesario para determinar sus efectos invalidantes.

»7. La anterior apreciación obliga a rechazar el primer y fundamental motivo del recurso, que pretendía la nulidad de la cláusula de interés ordinario por el tipo de referencia. Pero también el segundo, según lo ya expuesto, en cuanto que la correcta aplicación del índice de referencia supone que no pueda hacer crítica del cálculo de la deuda que ha sido reclamada y que, por ello, el impago íntegro de 33 cuotas ordinarias (entre el 11 de mayo de 2013 al 14 de enero de 2016 ) es causa justificativa suficiente de la fijación del saldo -sin perjuicio de que después no se hizo pago alguno- y de la existencia probada de un incumplimiento grave y esencial que permita aplicación la condición resolutoria tácita prevista en el art. 1124 CC».

En cuanto al pronunciamiento sobre costas, argumentó que la demanda había sido estimada íntegramente y que igual que en instancia no se habían apreciado motivos serios para dudar, por los hechos o por el derecho, de la materia objeto de debate, tampoco la audiencia los apreciaba, porque «el criterio de este tribunal ha quedado perfilado, antes pero en coincidencia con el Tribunal Supremo, en las sentencias citadas de 8 de junio de 2020, que reiteran lo expresado con anterioridad siguiendo la doctrina previa del alto tribunal (sentencia de 14 de diciembre de 2017), pero con las variantes introducidas por la doctrina reciente del TJUE. En consecuencia, no es apreciable la existencia de dudas, y dudas serias, de derecho que permitan atenuar el principio del vencimiento para no imponer las costas procesales de la demanda».

8.-La demandada D.ª Eva María ha interpuesto frente a la sentencia de la Audiencia Provincial un recurso de casación articulado en un solo motivo.

SEGUNDO. Motivo único del recurso de casación relativo al contenido y alcance del control de transparencia de la cláusula del índice de referencia IRPH. La falta de transparencia es condición necesaria para apreciar la abusividad de la cláusula, pero no es suficiente.

1.El motivo único del recurso de casación denuncia «la infracción de los artículos 5.4, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en la redacción que tenían el 11 de diciembre de 2001, y en la vulneración de los artículos 3, 4.2, 5 y 6 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores».

El desarrollo del motivo se funda en la pendencia de la resolución de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona, en relación con la sentencia de la Gran Sala del TJUE de 3 de marzo de 2020. La sentencia recurrida considera que para ser declarada nula la cláusula tiene que ser abusiva, cuando el efecto de la contravención de la normativa aplicable ya está establecido en esta. Si una cláusula contraviene la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y no es transparente, o se tiene por no incorporada o es nula, y, en su caso se integra el contrato, pero no hay un doble juicio para ver si la cláusula es nula o no. Añade el recurrente que «la justificación de la necesidad de establecer jurisprudencia viene dada porque es preciso señalar qué efecto jurídico tiene la contravención del artículo 5.4 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Esto es, si una cláusula del contrato no supera el control de transparencia, y en la normativa tanto aplicable ratione temporiscomo en la vigente, se dice que dichas condiciones se tendrán por no incorporadas (art. 7), y que serán nulas las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en la ley (art. 8.1), será preciso aclarar por qué hay que hacer un control de abusividad, cuando tanto la normativa estatal como la europea ya establecen el efecto de la falta de transparencia, ya que se tendrán por no puestas y serán nulas».

2. Decisión de la sala. Procede desestimar el motivo único del recurso de casación por las razones que exponemos a continuación.

La cuestión planteada en el recurso versa sobre el efecto que produce la apreciación de la falta de transparencia de la cláusula IRPH: si produce su nulidad, como sostiene el recurrente, o si constituye el presupuesto para el enjuiciamiento de su abusividad, que es la ratio decidendide la sentencia recurrida.

En el recurso se solicita la suspensión de la decisión de la sala hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, por la incidencia que pudiera tener en la cuestión que suscita, esto es, en la necesidad o no de un ulterior juicio de abusividad, una vez declarada la ausencia de transparencia de la cláusula IRPH. Dicha cuestión prejudicial ha sido resuelta por el auto del TJUE (sala novena) de 17 de noviembre de 2021 (C-655-20).

La controversia planteada en el recurso ha sido analizada por la reciente sentencia de esta sala 18/2026, de 14 de enero, dictada tras las sentencias del TJUE de 13 de julio de 2023 (C-265/22) y de 12 de diciembre de 2024 (C-300/23), a cuyos razonamientos más extensos nos remitimos.

3. Este Tribunal se pronunció sobre esta cuestión en las sentencias del Pleno 595/2020, 596/2020, 597/2020 y 598/2020, todas ellas de 12 de noviembre, que se dictaron tras la STJUE de 3 de marzo de 2020 (C-125/18), cuyo criterio contrario al sostenido en el recurso reconoce el recurrente.

Con posterioridad, dictamos las sentencias 13/2021 y 17/2021, de 19 de enero, 42/2022, 43/2022 y 44/2022, todas ellas de 27 de enero, 67/2022, de 1 de febrero, y la 423/2022, de 25 de mayo. En esta última, señalamos que las consideraciones de esta sala expuestas en las citadas sentencias habían sido ratificadas por los dos autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021 (C-655/2020 y C-79/21). El primero de ellos, como hemos señalado, resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, a la que se refiere el recurso. Entendimos que vinieron a confirmar que la jurisprudencia de esta sala sobre el control de abusividad de la cláusula que referencia el interés al índice IRPH había interpretado correctamente la Directiva 93/13/CEE. Argumentamos que, según reiterada jurisprudencia del TJUE, cuando se trata de elementos esenciales del contrato (precio y prestación), el efecto de la falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato no es su nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, permite valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato (por todas, SSTJUE de 30 de abril de 2014 (C-26/13, Kásler ); de 26 febrero de 2015 (C-143/13, Matei);de 20 de septiembre de 2017 ( C-186/16, Andriciuc);de 14 de marzo de 2019 ( C-118/17, Dunai);y de 5 de junio de 2019 ( C-38/17, GT).

La corrección de esta jurisprudencia estimamos que había sido ratificada por los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021, C-655/2020 y C-79/21, al responder a las cuestiones específicamente dirigidas al efecto respecto de préstamos con interés variable referenciados al índice IRPH.

Por tanto, conforme a los citados autos del TJUE, respecto de esta cláusula IRPH, entendimos que una hipotética falta de transparencia no conllevaba por sí misma su nulidad, sino que únicamente permitía realizar el control de abusividad.

4.La posterior sentencia del TJUE de 13 de julio de 2023 (C-265/22) razona en igual sentido. Recuerda que la transparencia de una cláusula contractual (exigida en el artículo 5 de la Directiva 93/13), es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva ( sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank,C-621/17 ), pero aclara que del artículo 4, apartado 2, de la Directiva, se deduce que la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, un carácter abusivo ( auto de 17 de noviembre de 2021, Gómez del Moral Guasch,C-655/20 ) [apartado 66]. Y ello lo reitera el apartado 110 de la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024 (C-300/23).

Más recientemente, se ha pronunciado el TJUE de igual modo en la sentencia (Sala Tercera) de 12 de febrero de 2026 (C-471/24), al resolver la cuestión prejudicial planteada por el S¹d Okrêgowy w Czêstochowie(Tribunal Regional de Czêstochowa,Polonia), en relación con el índice de referencia WIBOR, cuyo apartado 109 dispone:

«En este contexto, es preciso subrayar que, si bien el eventual incumplimiento de esta exigencia de transparencia es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si una cláusula contractual es abusiva, del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 se desprende que el incumplimiento de dicha exigencia no puede, por sí solo, conferir a esa cláusula carácter abusivo [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C-265/22, EU:C:2023:578, apartado 66 y jurisprudencia citada]».

5.-Por todo lo expuesto, el pronunciamiento de la sentencia recurrida que declara que la eventual falta de transparencia de la cláusula IRPH no determina por sí su abusividad, se ajusta a la doctrina del TJUE y a la jurisprudencia de la sala, por lo que procede desestimar el recurso de casación.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.De conformidad con el artículo 398.1, en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la desestimación del recurso de casación, procede imponer las costas a la parte recurrente, sin que apreciemos dudas de hecho o de derecho. El recurso se basa en la pendencia en el momento de su interposición de la resolución de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, que después fue resuelta por el auto del TJUE (sala novena) de 17 de noviembre de 2021 (C-655-20). Tras esta resolución esta sala confirmó la jurisprudencia anterior contraria a la tesis del recurrente. Y, tras el dictado de las más recientes sentencias del TJUE de 13 de julio de 2023 (C-265/22) y de 12 de diciembre de 2024 (C-300/23) sobre la cláusula IRPH, nos hemos pronunciado sobre idéntica cuestión a la planteada en el recurso en la sentencia 18/2026, de 14 de enero. Por tanto, no concurren dudas que justifiquen que no se impongan las costas y no se aplique el principio del vencimiento.

2.Debe acordarse la pérdida del depósito constituido para el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la LOPJ.