Sentencia Civil 782/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6703/2024 de 19 de mayo del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de primera instancia desestima la demanda de modificación de medidas interpuesta por D. Antonio contra D.ª Carmela, en la que solicitaba sustituir la guarda y custodia materna, acordada en la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2020 por el Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 7 de Madrid, respecto del hijo menor, Pio, nacido el NUM000 de 2018, por un régimen de guarda y custodia compartida.

El juzgado justifica la decisión basándose en las siguientes razones: (i) existe un obstáculo legal para acordar la custodia compartida, ya que no hay acuerdo entre los progenitores y no se demuestra que solo mediante esta fórmula se proteja adecuadamente el interés superior de Pio; (ii) quien propone la modificación debe demostrar que esta redunda claramente en beneficio del menor, lo que no ocurre en el presente caso; (iii) la relación entre los progenitores no es buena; (iv) las medidas acordadas están siendo positivas para el menor y este necesita estabilidad en las mismas, por lo que no procede modificarlas; (v) el menor está muy vinculado a su madre; (vi) la situación laboral del padre, caracterizada por la falta de estabilidad y unos horarios incompatibles con el interés del menor -pues obligarían al niño, cuyo horario escolar es de 9:00 a 16:00 h, a levantarse a las 6:00 para ser llevado al colegio antes de que el progenitor acuda a su trabajo a las 7:30-, resulta incompatible con la custodia compartida, máxime al tratarse de un empleo interino sujeto a ceses o traslados incluso a destinos alejados del centro escolar; (vii) la madre, en cambio, presenta una mayor estabilidad laboral y flexibilidad horaria.

2.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la resolución de primera instancia.

La Audiencia Provincial considera que la sentencia recurrida es correcta y ajustada a Derecho. Asimismo, alude al informe pericial emitido por el equipo técnico adscrito al tribunal, que descarta la idoneidad de la guarda y custodia compartida al considerar que no es la medida más protectora ni la más acorde a los intereses y necesidades de Pio. En este sentido, la Audiencia Provincial expone lo siguiente:

«Así, se expresa en repetido informe que el proyecto de parentalidad que plantea el progenitor es incierto, o dudoso, basado en una situación y horarios ficticios que apoya en los acuerdos que dice haber alcanzado en su entorno laboral en aras a la conciliación parental, extremo que no acredita ni puede tenerse en consideración en el momento actual, cuando no garantiza positivamente la disponibilidad real de apoyos externos a los que ni siquiera recurrió en sus últimas situaciones de emergencia personales por él mismo presentadas.

»Valoran dichas profesionales la custodia materna como la más beneficiosa a este niño sobre la base de la disponibilidad plena de Dª. Carmela para su cuidado, habida cuenta la flexibilidad laboral de que goza, que le permite conciliar vida laboral y familiar para su atención, contando además, ella sí, con apoyo de familiares extensos; y en absoluta estabilidad de entorno, avala la continuidad de las rutinas cotidianas y educativas a las que viene adaptado Pio, a diferencia de lo que acontece respecto del padre, por cuanto el menor lo ha interiorizado desde muy corta edad, nada de lo cual supone perdida de la relación afectiva y vinculación con el padre, que queda asegurada a través del sistema de contactos amplio, sin que ello suponga desajuste alguno, debiendo aquí recordarse a D. Antonio que no incumben a la progenitora mayores facultades respecto del niño que al padre cuando con este le corresponde la permanencia.

»Destacan de la observación del niño la adecuada relación que mantiene con ambos progenitores, no obstante, sitúan como figura de apego y cuidado seguro a la madre, sin inferirse de las manifestaciones de aquel, deseos de que se introduzcan cambios en su vida y en su dinámica de organización familiar.

»Reseñan igualmente que no se aprecia proyecto común de cuidado hacia el hijo entre los progenitores ni se estima la existencia de una comunicación positiva que conlleve a la responsabilidad compartida de la crianza, evidenciándose incluso dificultades para alcanzar acuerdos, así como una ausencia de comunicación y desconfianza mutua; añadiendo que Pio sitúa como referencia de cuidado a la progenitora, con la que ha permanecido en todo momento, sin que se detecte desajuste alguno en ese tiempo, quedando garantizadas condiciones idóneas para el con la madre, lo que no ocurre en el entorno paterno, donde se informan carencias, así como, reiteramos ahora, ausencia de proyecto realista de guarda.

»Por todo ello, la Sala, haciéndose eco de las recomendaciones de dichas profesionales, concluye en igual sentido que estas, considerando que en el momento actual es lo más adecuado a Pio mantener la custodia materna, dando prioridad al superior interés del menor, que es el que desde aquí se ha de salvaguardar, haciéndole prevalecer respecto del de su progenitor a ostentar la custodia compartida de su hijo, por más que podamos considerar legítimo su deseo de ello.

»Procede por las razones expuestas la anunciada desestimación del recurso, con lógica confirmación de la sentencia de instancia en lo que afecta a la custodia, como correcta, cautelosa, modulada, sensible para con el bonum filii, y prudente, decayendo por derivación cuantas pretensiones se hubieren anudado a esta, sin que respecto de ninguna de ellas proceda en la (sic) presente pronunciamiento.».

3.El demandante ha interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido y al que se han opuesto tanto la demandada como el fiscal.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Decisión de la sala

1. Planteamiento del recurso.

El recurso, por interés casacional, se funda en dos motivos.

1.1.El motivo primero se introduce con el siguiente encabezamiento:

«Motivo casacional que formulamos al amparo de lo previsto en el art. 477.2 LEC, por infracción de normas procesales ( artículos 270.1, 1º, 283, 286. 1 y 4, 460.1 y 752.1, párr. primero, LEC, con referencia a la práctica de prueba en segunda instancia), causando ello una evidente indefensión de nuestro patrocinado, con vulneración manifiesta de su derecho a la tutela judicial efectiva, previsto y amparado en los arts. 24.1 Constitución (CE) y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; y a poder utilizar todos los medios de prueba pertinentes en defensa de sus pretensiones, que se le garantiza al mismo en el art. 24.2 CE, con generación de indefensión.».

En su desarrollo, el recurrente alega que la prueba que propuso en segunda instancia, que se inadmitió por providencia de 21 de mayo de 2024, contra la que recurrió en reposición, acordándose no haber lugar al recurso interpuesto, «[d]ebió ser admitida por cuanto su proposición cumple con todos los requisitos establecidos por la LEC [...]». Añade que con dicha prueba pretendía acreditar que tiene un empleo desde el 22 de marzo de 2024, con un horario laboral flexible, así como con unos ingresos estables, «Y ello particularmente [... porque] en el informe psicosocial de 12 de diciembre de 2023 [...] se aconseja el mantenimiento de la guarda y custodia materna respecto del menor por el hecho de que [...] "no dispone de actividad laboral en el momento actual", "desde junio de 2023 se encuentra desempleado",concluyéndose que el proyecto de parentabilidad (sic) planteado por esta parte era "incierto"pues el mismo estaba "basado en una situación y horarios ficticios".».

1.2.El motivo segundo se introduce con el siguiente encabezamiento:

«Motivo casacional que formulamos, al amparo de lo previsto en el art. 477.2 LEC, por infracción de normas sustantivas ( arts. 92. 2 y 8 del Código Civil; 3.1 de la Convención de Derechos del Niño; 39 de la Constitución; y 2 y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección del Menor), presentando la cuestión planteada intereses casacional porque la sentencia que se recurre en casación se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en lo referente a los beneficios de la custodia compartida y a la preferencia en su establecimiento como mejor forma de proteger el interés superior de los menores.».

En su desarrollo, el recurrente alega que «El criterio predominante en la actualidad, tanto en vía jurisprudencial como doctrinal, es el de que preferentemente se fije la custodia compartida cuando no existan razones que justifiquen lo contrario.». Sostiene que «[l]os presuntos beneficios que para Pio tenga el mantenimiento de la situación preexistente y/o su mayor vinculación con la figura materna no deben ser considerados argumentos relevantes para denegar la custodia compartida ya que, al contrario, lo más beneficioso para el mismo es poder relacionarse con sus dos progenitores de la manera más parecida posible a la existente antes de la ruptura de la pareja (además, es su derecho), y eso sólo se consigue con la custodia compartida.». Dice que no se ha tenido en cuenta el principio de protección del interés superior del menor, ya que ambos progenitores residen en domicilios cercanos entre sí y con relación al colegio donde está matriculado su hijo, habitan viviendas idóneas para la estancia de su hijo con ellos, cuentan con familia extensa a la que poder acudir en caso de necesidad, están capacitados para el cuidado de su hijo, y mantienen buena relación y vinculación con él y él con ellos que los valora de forma positiva. Añade que su trabajo y su horario laboral son plenamente compatibles con una custodia compartida, y que las dificultades que pudieran surgirle en el cuidado de su hijo en función de su actividad y horario laborales es obligación suya solventarlas, pero no pueden considerarse un inconveniente u obstáculo para el establecimiento de la custodia compartida. Concluye que «En conformidad a todo lo expuesto no concurre ninguna razón para desaconsejar la custodia compartida en el caso que nos ocupa, siendo que el mayor interés y beneficio de Pio (favor filii)sólo se consigue con la misma.».

2. Decisión de la Sala: desestimación del recurso.

2.1.El motivo primero se desestima por lo que exponemos a continuación.

En la STC 106/2024, de 9 de septiembre, con cita de la 148/2023, de 6 de noviembre, se recuerda: (i) que para que una irregularidad u omisión procesal en materia de prueba -referida a su admisión, práctica o valoración- cause por sí sola una indefensión material constitucionalmente relevante, es necesario que la prueba inadmitida o no practicada fuera decisiva en términos de defensa, de modo que, de haberse practicado, la resolución del proceso pudiera haber sido distinta y favorable al denunciante de la vulneración; y (ii) que corresponde al recurrente la carga de acreditar la indefensión sufrida, debiendo demostrar la relación entre los hechos que intentó probar y las pruebas no admitidas o practicadas, así como argumentar cómo su práctica podría haber incidido favorablemente en la estimación de sus pretensiones.

La jurisprudencia de esta Sala también se ha pronunciado sobre la relevancia de la prueba propuesta como uno de los requisitos que perfilan el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva. En consonancia con la doctrina constitucional mencionada, ha declarado que corresponde a la parte recurrente, sobre quien recae la carga procesal correspondiente, acreditar la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, lo que implica demostrar que la actividad probatoria inadmitida o no practicada era decisiva en términos de defensa, es decir, que hubiera podido influir de forma determinante en la resolución del pleito, al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente (por todas, sentencias 1449/2024, de 4 de noviembre; 465/2019, de 17 de septiembre; y 647/2014, de 26 de noviembre).

En el presente caso, no cabe apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por supuesta indefensión derivada de la inadmisión de la prueba propuesta por el recurrente, ya que esta no resulta decisiva en términos de defensa.

Ni la sentencia de primera instancia ni la de apelación fundamentan el rechazo de la custodia compartida en la falta de actividad laboral o desempleo del recurrente -circunstancia que la prueba pretendida, ciertamente, habría desmentido-, sino en razones autónomas que no quedarían alteradas aunque se hubiese admitido y practicado dicha prueba. Concretamente, la resolución de primera instancia, ratificada en apelación, razona que la situación laboral del recurrente no resulta adecuada para la implantación de un régimen de custodia compartida, toda vez que su condición de trabajador interino comporta el riesgo cierto de cese o traslado, incluso a destinos alejados del domicilio del menor, riesgo reconocido por el propio interesado y que la documental no admitida -un contrato de trabajo temporal de duración desconocida- no habría desvirtuado.

Asimismo, se pondera el horario laboral propuesto, concluyéndose que resulta objetivamente perjudicial para el menor, ya que implicaría que este deba levantarse a las 6:00 h para ser dejado en el centro escolar a las 7:00 h, cuando el horario de inicio de clases es a las 9:00 h. Esta afectación a las rutinas del niño no se vería corregida por la mera acreditación de un contrato laboral con horario de 7:30 a 15:00 h de lunes a viernes.

Por otro lado, la prueba propuesta tampoco habría alterado la conclusión de las resoluciones de instancia relativa a la falta de apoyos externos fiables para la atención del menor en situaciones de necesidad. La sentencia de apelación incide en que el proyecto de parentalidad del progenitor es incierto y carente de viabilidad práctica, dado que, en anteriores situaciones de emergencia, no acudió a ninguna red de apoyo. La documental pretendida no se dirigía a acreditar la disponibilidad efectiva de tales apoyos, por lo que su práctica resultaba irrelevante a estos efectos.

En definitiva, la prueba cuya inadmisión se denuncia carecía de la virtualidad necesaria para modificar las circunstancias esenciales valoradas por los órganos de instancia. Por ello, su inadmisión no ha generado indefensión constitucionalmente relevante. En el mismo sentido se pronuncia el fiscal cuando razona:

«Es evidente que la parte buscaba con la presentación de los documentos desvirtuar los hechos revelados durante la pericial acerca de su falta de estabilidad laboral y no se considera que ninguno de los documentos denegados sirvan para tal fin, puesto que solo acreditan la existencia de un trabajo temporal cuya duración se desconoce, por lo que no servirían para dotar de una mayor certidumbre de estabilidad el plan parental presentado por el padre y mitigar la falta de apoyos externos apreciada por la Audiencia.».

2.2.El motivo segundo debe ser desestimado porque la sentencia recurrida aplica correctamente el principio de protección del interés superior del menor, conforme a la doctrina consolidada de esta Sala, y ofrece una fundamentación razonada y acorde con las circunstancias del caso. La argumentación del recurrente no pone en cuestión dicha aplicación ni revela error alguno en la valoración del interés del menor que justifique la revisión del fallo.

El recurrente sostiene que la custodia compartida constituye hoy el modelo preferente y que solo debe descartarse cuando concurran razones graves que así lo aconsejen. Apela para ello tanto a la jurisprudencia como a la doctrina que valoran positivamente dicho régimen como el que más favorece, con carácter general, la plena realización del interés del menor. Lo anterior, que planteado de forma teórica o abstracta, es correcto, no permite, sin embargo, erigir la custodia compartida en una solución automática o incondicionada, desvinculada del examen riguroso de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto.

Así lo hemos recordado en la sentencia 981/2024, de 10 de julio, cuya doctrina reitera la 1231/2024, de 3 de octubre, al señalar:

«Abstractamente considerado, el interés y beneficio de los niños se concilia más adecuadamente bajo un régimen de custodia compartida, en tanto en cuanto favorece una relación más fluida e intensa de los progenitores con sus hijos, evita los sentimientos de pérdida, permite la participación continua y más intensa en la crianza de los menores con distribución equitativa de la sobrecarga parental, al tiempo que favorece la consolidación de vínculos de apego seguros entre los niños y sus padres y, en definitiva, una mejor adaptación al nuevo modus vivendi derivado de la crisis de pareja. La adopción de una medida de tal naturaleza cuenta además con el aval de las ciencias de la conducta humana, como la psicología de familia, que la consideran, en situaciones normales, como la mejor de las opciones en beneficio de los niños.

»En este sentido favorable, la Sala se ha pronunciado con reiteración (sentencias 386/2014, 2 de julio; 393/2017, de 21 de junio; 311/2020, de 16 de junio; 559/2020, de 26 de octubre; 175/2021, de 29 de marzo, y 404/2022, de 18 de mayo, entre otras), en tanto en cuanto dicho régimen de custodia: 1) fomenta la integración del niño con ambos padres, sin desequilibrios en los tiempos de presencia; 2) se evita el sentimiento de pérdida; 3) no se cuestiona la idoneidad de los progenitores; 4) se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores ( sentencias, 433/2016, de 27 de junio; 526/2016, de 12 de septiembre; 545/2016, de 16 de septiembre; 413/2017, de 27 de junio; 442/2017, de 13 de julio; 654/2018, de 30 de noviembre, 175/2021, 29 de marzo; 870/2021, de 20 de diciembre; 238/2022, de 28 de marzo, y 404/2022, de 18 de mayo, entre otras).

»Ahora bien, lo expuesto no significa que la custodia compartida sea el modelo de comunicación entre los progenitores y sus hijos que deba adoptarse incondicionalmente en todos los casos de fijación de medidas relativas a los menores en los procesos judiciales, prescindiendo de las concretas circunstancias concurrentes; pues existen factores negativos que desaconsejan acordar una medida de tal naturaleza, que puede resultar contraproducente para la estabilidad emocional y desarrollo de la personalidad de los niños en contra de la finalidad pretendida con su adopción.

»En efecto, esta sala se ha manifestado, también, en reiteradas ocasiones, al analizar la esencia de ese concepto jurídico indeterminado en que consiste el interés y beneficio de los menores, que éste no puede ser concebido desde un punto de vista abstracto o general, sino de una manera circunstancial en atención al específico escenario concurrente en cada supuesto en que se vean comprometidos el desarrollo integral y bienestar de los niños y de las niñas.

»Así se ha expresado, también, el Tribunal Constitucional cuando enseña que, para valorar lo que resulta más beneficioso para el menor, "ha de atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio" ( SSTC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3 y 81/2021, de 19 de abril, FJ 2).

»De la misma manera, nosotros hemos señalado, por ejemplo, en la sentencia 281/2023, de 21 de febrero, que el interés del menor no puede concebirse:

»"[...] mediante una simple especulación intelectual que prescinda del concreto examen del contexto en que se manifiesta. O dicho de otro modo, no puede fijarse a priori para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relación a un menor determinado en unas concretas circunstancias.

Como dice la sentencia de esta sala 444/2015, de 14 de julio, cuya doctrina reproduce expresamente la STS 720/2022, de 2 de noviembre:

»"El interés que se valora es el de unos menores perfectamente individualizados, con nombres y apellidos, que han crecido y se han desarrollado en un determinado entorno familiar, social y económico que debe mantenerse en lo posible, si ello les es beneficioso ( STS 13 de febrero 2015). El interés en abstracto no basta ni puede ser interpretado desde el punto de vista de la familia biológica, sino desde el propio interés del menor".

»Por otra parte, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, norma. en su art. 11, como principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores, en lo que ahora nos interesa: "a) La supremacía de su interés superior [...]; d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal [...]; i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico".

»De igual forma, hemos señalado que son criterios determinantes para enjuiciar la procedencia del régimen de custodia compartida, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven ( sentencias 242/2016, 12 de abril; 369/2016, de 3 de junio; 545/2016, de 16 de septiembre; 559/2016, de 21 de septiembre; 116/2017, de 22 de febrero; 311/2020, de 16 de junio; 175/2021, de 29 de marzo y 545/2022, de 7 de julio; entre otras muchas).»

En el presente caso, la sentencia recurrida ha llevado a cabo precisamente ese examen individualizado y ha ofrecido una motivación detallada y congruente sobre las razones que desaconsejan la adopción del régimen de custodia compartida. Razones que, además, no se limitan a una mera inercia conservadora de la situación previa ni se basan exclusivamente en la mayor vinculación afectiva del menor con la madre, como parece sugerir el recurrente, sino que descansan en una pluralidad de circunstancias objetivas que inciden directamente en el bienestar del menor.

Al asumirse la sentencia de primera instancia, se considera que la situación laboral del padre, marcada por la inestabilidad derivada de su condición de interino, con riesgo de cese o traslado a destinos alejados, así como por un horario laboral que obligaría al menor a alterar sustancialmente sus rutinas -al tener que ser conducido al colegio dos horas antes del inicio de la jornada escolar-, resulta incompatible con la implantación del modelo compartido. Frente a ello, se constata que la madre goza de una mayor estabilidad y flexibilidad horaria, cuenta con una red de apoyo familiar efectiva y ha garantizado al menor un entorno estable, seguro y favorable a su desarrollo.

A ello se suma la conclusión del informe del equipo psicosocial, que desaconseja la custodia compartida por no considerar el proyecto de parentalidad del padre suficientemente definido ni viable, al no garantizar una disponibilidad real de apoyos externos ni una implicación suficientemente estructurada en la dinámica cotidiana del menor.

El recurrente niega la existencia de obstáculos reales a la custodia compartida y sostiene que las dificultades laborales que puedan presentarse son responsabilidad suya y no deben operar en su contra. Sin embargo, este planteamiento desconoce que el régimen de custodia compartida no puede imponerse en abstracto por razones de equidad entre progenitores, sino que debe responder al mayor beneficio del menor, el cual, como se ha explicado, requiere de un entorno organizado, previsible y estable, tanto desde el punto de vista material como emocional. La estabilidad y la adecuación del entorno familiar son condiciones que no se presumen, sino que deben demostrarse, y en el caso del padre, la prueba no ha permitido acreditar su viabilidad con un grado de certeza que permita alterar el statu quoactual, cuya adecuación y beneficio para el menor en este momento han quedado suficientemente constatados.

Por otra parte, tampoco ha quedado acreditado que la denegación de la custodia compartida vaya a suponer una pérdida de la relación afectiva y vinculación del menor con su padre, puesto que esta, tal y como señala la Audiencia Provincial, con base en el informe pericial, «queda asegurada a través del sistema de contactos amplio, sin que ello suponga desajuste alguno, debiendo aquí recordarse a D. Antonio que no incumben a la progenitora mayores facultades respecto del niño que al padre cuando con este le corresponde la permanencia».

En suma, la sentencia recurrida no ha vulnerado el principio de protección del interés superior del menor, sino que lo ha aplicado de forma razonada, suficiente y conforme a la doctrina jurisprudencial y constitucional, primando en todo momento el bienestar y el interés concreto del menor sobre cualquier expectativa legítima -pero subordinada- del progenitor, sin incurrir en ninguna infracción normativa ni interpretativa que pueda justificar la estimación del recurso. Como hemos recordado en la sentencia 244/2025, de 14 de febrero:

«[e]l recurso de casación no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia. Aunque la sala ha reiterado que el interés del menor presenta interés casacional (entre otras, sentencia 348/2018, de 7 de junio, y 705/2021, de 19 de octubre), también ha reiterado que el recurso habrá de ser desestimado cuando la sentencia recurrida haya valorado adecuadamente el interés del menor ( sentencias 400/2018, de 27 de junio, 413/2018, de 3 de julio, 393/2017, de 21 de junio, 84/2018, de 14 de febrero, entre otras muchas). En estos recursos solo puede examinarse si el juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de la medida de que se trate (entre otras, sentencias 614/2009, de 28 septiembre, 623/2009, de 8 octubre, 469/2011, de 7 julio 641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo, 579/2011, de 22 julio 578/2011, de 21 julio y 323/2012, de 21 mayo).».

2.3.En consecuencia, el recurso se desestima.

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse el recurso de casación procede imponer las costas generadas por dicho recurso al recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir ( arts. 398.2 y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).?