Sentencia Civil 1077/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2009/2019 de 02 de julio del 2026

PRIMERO.- Antecedentes del caso.

1.El 30 de abril de 2003 D. Gaspar y D.ª Eugenia suscribieron con Banco de Andalucía, S.A. (luego Banco Popular Español, S.A., en adelante BP, y actualmente Banco Santander S.A., en adelante BS) un préstamo hipotecario por un importe de 75.000 euros a amortizar en 360 cuotas mensuales.

Por lo que ahora interesa, el interés remuneratorio quedó establecido en la cláusula 3.- que llevaba por rúbrica «Intereses», apartados 3.1. y 3.2. Según el apartado 3.1. «Tipo de interés inicial», a partir del otorgamiento de la escritura y hasta el día 4 de mayo de 2004 regiría un tipo de interés nominal anual del 4,5%. De acuerdo con el apartado 3.2. «Variación del Tipo de Interés Inicial», desde el 4 de mayo de 2004 y durante el resto de la vida del préstamo regiría un interés variable definido en estos términos (se respeta el énfasis original de la escritura):

«[...] el tipo de interés anual aplicable a las liquidaciones que se produzcan se determinará mediante la adición de un margen o diferencial de 0,250 puntosporcentuales al tipo de interés de referencia, y en su caso, la sustracción de una "tasa de bonificación" sobre la resultante de la adición anterior, en los casos en que corresponda de acuerdo con lo previsto en el siguiente punto 3.2.4.

»3.2.1.- A estos efectos, se establece como tipo básico de referenciael tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre del conjunto de entidades de crédito (BPT), publicado mensualmente en el BOE como índice o tipo de referencia oficial, definido en el apartado 3 del Anexo VIII de la circular 5/94 del Banco de España [...].

»3.2.3.- En el caso eventual de que dicho tipo de interés de referencia dejara de publicarse definitivamente, se aplicará como índice sustitutorio,la referencia Interbancaria a un año o media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes del tipo de contado publicado por la Federación de Banca Europea para las operaciones de depósito en Euros a plazo de un año calculado a partir del ofertado por una nuestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación (EURIBOR), B.O.E. a un año, vigente el momento de la revisión.

»3.2.4.- TASA DE BONIFICACIÓN.- El tipo de interés resultante de adicionar el margen pactgado al tipo de interés de referencia vigente en cada momento podrá experimentar diversas reducciones, a modo de bonificación, en función de los productos o servicios bancarios que la parte prestataria tenga suscritos o domiciliados con el Banco en cada momento [...]».

2.En junio de 2016 los prestatarios interpusieron la demanda de este procedimiento en la que, además de pedir la nulidad por abusiva de la cláusula suelo, también pidieron la nulidad por abusiva de la cláusula sobre interés variable referenciada a IRPH, su eliminación del contrato, la reliquidación del préstamo conforme al Euríbor más diferencial, y el reembolso de las cantidades cobradas indebidamente por aplicación de las cláusulas nulas, más intereses legales y costas.

Al respecto de la cláusula IRPH adujeron, en síntesis, que era una condición general de la contratación impuesta por el banco en su propio beneficio, y que no era transparente, dado que el banco no informó a los prestatarios de la forma de cálculo del índice -que decían era susceptible de manipulación-, funcionamiento y consecuencias de su aplicación (en particular, del sobrecoste que entrañaba el índice de referencia IRPH-Entidades frente otros índices oficiales más favorables como el Euríbor), siendo la consecuencia de esa falta de transparencia su nulidad por abusiva, si bien también hizo una soslayada referencia a la inexistencia de contrato por falta de consentimiento sobre dicha estipulación (pág. 12 de la demanda).

3.El banco se opuso a la demanda. Respecto de la cláusula IRPH alegó que era válida, porque fue negociada individualmente y, en todo caso, porque era transparente, al tener una redacción clara, plenamente inteligible y haber prestado su consentimiento los prestatarios tras su lectura por el notario autorizante, y añadió que pedir su nulidad después de haber estado los prestatarios pagando las cuotas del préstamo durante 13 años era ir en contra de sus propios actos.

4.La sentencia de primera instancia, estimando en parte la demanda, declaró la nulidad de la cláusula suelo y desestimó la pretensión de nulidad de la cláusula IRPH, todo ello, sin hacer expresa imposición de costas.

Sobre la cláusula IRPH razonó, en síntesis, que el índice de referencia, por ser oficial y estar bajo el control y supervisión del Banco de España (BdE), no era manipulable; que la cláusula contractual en cuestión era una condición general, sometida a un doble control de transparencia, formal o de comprensibilidad gramatical, y material o de comprensibilidad real, este último dirigido a que el consumidor pudiera advertir la carga económica y jurídica del contrato; que en este caso la cláusula IRPH estaba «redactada en términos claros, sencillos y concretos, habiendo tenido la demandante efectivo conocimiento de su existencia, extremo este en concreto que no es negado en la demanda, sin perjuicio de la alegada falta de información respecto a su modo de cálculo y funcionamiento»; y que, conforme a la sentencia de esta sala de 9 de mayo de 2013, al ser una cláusula «que define y describe el objeto principal del contrato» no era posible ni declarar la nulidad del índice de referencia IRPH Entidades por falta de transparencia ni realizar un control de abusividad de la cláusula por falta de equilibrio de las prestaciones.

5.La parte demandante apeló impugnando únicamente el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia relativo a la cláusula IRPH y la sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación, confirmó la sentencia apelada en su integridad e impuso a la parte apelante las costas de la segunda instancia.

Razonó, en síntesis, y con remisión a la sentencia 699/2017, de 14 de diciembre, dictada por el pleno de esta sala, que la cláusula superaba el control de transparencia, no solo formal sino también material, porque su redacción era clara y gramaticalmente comprensible, y porque, al tratarse el IRPH Entidades de un índice de referencia oficial, plenamente válido cuando se firmó el contrato, sometido al control del BdE y que se publicaba en el BOE, era fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, conocer que se utilizan diferentes sistemas de cálculo, comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas a la hora de definir un elemento tan esencial como el precio del préstamo, y en definitiva, saber de manera sencilla que durante la parte de la vida del préstamo regida por un tipo de interés variable tendría que pagar una cantidad que sería el resultado de sumar dicho índice oficial y el diferencial, que en este caso era del 0,25%.

6.Contra dicha sentencia la parte demandante interpuso recurso de casación por interés casacional, tanto en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala como en la de existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, articulado en dos motivos, cuyo enunciado ha sido transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución, el primero de ellos sobre la falta de transparencia de la cláusula de interés variable referenciada a IRPH Entidades, y el segundo, sobre su anulabilidad por error en el consentimiento.

SEGUNDO. Recurso de casación. Motivo primero relativo al contenido y alcance del control de transparencia de la cláusula del índice de referencia IRPH Entidades. Planteamiento y oposición de la parte recurrida.

1.El primer motivo del recurso de casación denuncia infracción del art. 3.2 de la Directiva 93/13/CEE, en relación con el art. 8.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), y con los arts. 60.1 y 80.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ( TRLDCU), si bien, por la fecha de celebración del préstamo, estas últimas normas serían las equivalentes de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGCU), vigente en ese momento, aunque la cuestión no es relevante para la resolución del recurso.

La parte recurrente comenzó solicitando la suspensión de la tramitación del presente recurso hasta que se resolviera la cuestión prejudicial C-125/18, planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona, petición que ha quedado ya vacía de contenido, pues la cuestión prejudicial C-125/18 fue resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) en sentencia de 3 de marzo de 2020, a la que han seguido otras resoluciones del mismo tribunal sobre las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Sobre la falta de transparencia de la cláusula alegaba, en síntesis: (i) que aunque los tribunales no puedan controlar el índice, sí están obligados a examinar la transparencia de la condición general que lo incorpora al contrato, a fin de asegurarse que el prestatario pudo advertir la carga económica y jurídica de dicha cláusula; (ii) que el banco no proporcionó la debida información al respecto, al no explicar el método de cálculo del IRPH ni ofrecer comparativas con el Euríbor, y haberse limitado solo a usar el «señuelo» de ofrecer un diferencial menor que el que se usaba en préstamos referenciados a Euríbor, pese a que la evolución más favorable de este último hiciera que al final los demandantes pagaran más intereses; y (iii) que el deber de transparencia no se cumple con meras referencias a la normativa reguladora del índice IRPH, sino que, como ha declarado esta sala respecto de las cláusulas suelo o de las hipotecas multidivisa, exige un plus de información por parte de la entidad prestamista, en particular, sobre «otros índices de aplicación, su evolución en los años anteriores y la prevista en años posteriores», sin que baste con advertir que la hipoteca está referenciada al IRPH y que se trata de un índice oficial previsto normativamente.

2.La parte recurrida se ha opuesto al motivo alegando su inadmisibilidad, según se deduce de sus argumentos, por incumplimiento de los requisitos de encabezamiento y desarrollo de los motivos (en concreto reprocha que se hayan enunciado dos, pero solo desarrollado uno, y que la parte recurrente haya acumulado en este único motivo preceptos de naturaleza heterogénea), y por pretender esencialmente que se revise la valoración probatoria. También se ha opuesto por razones de fondo, sosteniendo al respecto, resumidamente, que la cláusula IRPH es transparente conforme a los parámetros fijados por la sentencia de pleno 1590/2025, de 11 de noviembre, dado que en la escritura se identifica el índice de referencia «en términos inequívocos» y aparece vinculado además con «su fuente normativa» y «su publicación oficial»; que la recurrente pretende aplicar unos parámetros distintos, carentes de respaldo jurisprudencial (en concreto, pretende hacer depender la transparencia de la necesidad de informar sobre la forma de configuración del índice y sobre su evolución en comparación con el Euríbor), y en fin, que también comete el error de identificar falta de negociación con nulidad automática de la cláusula y convertir el control de transparencia en un control de conveniencia económica ex post.Como argumento subsidiario, el banco aduce que la eventual falta de transparencia de la cláusula no determinaría automáticamente su nulidad, por no ser abusiva, lo que obvia la parte recurrente al no acreditar «la existencia de un desequilibrio relevante apreciable ex ante, ni mala fe en el sentido exigido por la Directiva». Para sostener la falta de abusividad aduce que la parte prestataria podía saber que tras el periodo inicial a tipo fijo regiría un interés variable que resultaba de sumar el diferencial pactado al IRPH Entidades, definido en la Circular 5/1994, que se publicaba mensualmente en el BOE, y que podía también comparar ese interés resultante con la TAE del primer año de vida del préstamo (4,460 %), al disponer en la fecha de contratación del préstamo, por su publicación en el BOE, del índice IRPH Entidades correspondiente al mes de marzo de 2003, que era del 3,976 %, el cual, sumado al diferencial, daba como resultado un tipo de interés efectivo inferior al tipo fijo y a la referida TAE.

Puesto que los óbices de admisibilidad invocados por la parte recurrida no son de los que esta sala considera absolutos, quedarán respondidos al analizar el motivo.

TERCERO.Decisión de la sala. Parámetros del control de transparencia de la cláusula IRPH en las SSTJUE de 13 de julio de 2023 (C-265/22 ) y 12 de diciembre de 2024 (C-300/23 ), plasmados en la sentencia de pleno de esta sala 1590/2025, de 11 de noviembre . La declaración de la falta de transparencia de la cláusula es condición necesaria, pero no suficiente, para la apreciación de la abusividad.

1.La citada sentencia de pleno 1590/2025, de 11 de noviembre, analiza con profusión el alcance de este control de transparencia de las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia de los préstamos hipotecarios a la luz de las SSTJUE de 13 de julio de 2023 (C-265/22) y 12 de diciembre de 2024 (C-300/23), que fueron precedidas de las sentencias de STJUE de 3 de marzo de 2020 (C-125/18) y de los autos de 17 de noviembre de 2021 (asuntos C-655/20 y C-79/21) y concluye que para llevar a cabo el juicio jurídico sobre el control de transparencia de este tipo de cláusulas se debe partir de los hechos que resulten probados y que singularizan cada litigio y, en función de ellos, aplicar los siguientes parámetros.

«i) La primera comprobación será la correspondiente al régimen jurídico del préstamo, esto es, la aplicación del bloque normativo de la Orden de 1994 y de la Circular 5/1994, del propio de la Orden EHA/2899/2011 y la Circular 5/2012, o, por último, exclusivamente la normativa general sobre condiciones generales de la contratación y consumo. Esto último sucederá en los préstamos que, por su fecha o cuantía, quedaron fuera del ámbito de aplicación de la Orden de 5 de mayo de 1994, esto es, todos los anteriores al 9 de diciembre de 2007 en los que el capital prestado excediera de 25 millones de pesetas (150.253,03 €).

»ii) Solo en los préstamos sometidos a la Orden de 1994 será necesario comprobar las circunstancias relativas a la entrega del folleto previsto en su Anexo I-3 y al diferencial negativo mencionado en la Circular 5/1994.

»iii) Como regla general, el acceso al conocimiento de la composición, de las peculiaridades, de los valores y de la evolución del tipo oficial estará garantizado a través de la publicación en el BOE de las Circulares 5/1994 y 5/2012 y de los sucesivos valores de los índices IRPH (trasladados luego a la sede electrónica del Banco de España), lo que permitirá entender superado este elemento del control de transparencia.

»iv) La Directiva 93/13 no impone que la información sobre la evolución pasada y el último valor del índice, ni siquiera en los préstamos sometidos a la Orden de 1994, tuvieran que ser necesariamente facilitados por la entidad prestamista. La información necesaria puede provenir de elementos no facilitados directamente por el prestamista profesional, siempre que esos elementos estén públicamente disponibles y pueda accederse a ellos, en su caso, a través de ciertas indicaciones dadas en tal sentido por ese profesional, para lo que bastará que en la información facilitada conste la mención a la Circular 5/1994.

»v) No será suficiente, a estos efectos, la sola mención de la Circular 8/1990.

»vi) Si en los préstamos sometidos a la Orden de 1994 la entidad prestamista ha incumplido el deber de entrega del folleto mencionado en el Anexo I, apartado 3, habrá que tener en cuenta si en el concreto procedimiento se acredita que esa omisión pudo ser suplida por la información facilitada por otros medios, incluidas las indicaciones sobre la fuente y publicación de los datos pertinentes sobre el índice.

»vii) La omisión de una referencia concreta al diferencial negativo mencionado en el preámbulo de la Circular resultará irrelevante si la información incluía la referencia a la Circular 5/1994 y, en caso de existir una primera franja temporal a tipo fijo, se indicaba la TAE aplicable a ese primer periodo o, se incluía cualquier otra referencia al concepto TAE. No será suficiente, a estos efectos, la sola mención de la Circular 8/1990.

»viii) La utilización del IRPH en sí no merma la posibilidad del consumidor de comparar una propuesta de préstamo que utilice este índice de referencia con otras propuestas que utilicen otros índices oficiales que no consisten estructuralmente en una TAE».

2.La sentencia de pleno 1591/2025, de 11 de noviembre, recuerda en su fundamento de derecho séptimo, al que ahora nos remitimos, que, con anterioridad a que el TJUE dictase los autos de 17 de noviembre de 2021 (C-655/2020 y C-79/21), y por ende, sus sentencias de 13 de julio de 2023 (C-265/22) y de 12 de diciembre de 2024 (C-300/23), sobre las cláusulas IRPH, esta sala ya había declarado de forma reiterada que la falta de transparencia de la cláusula que referencia el interés variable al índice IRPH no implica necesariamente su nulidad, pues «el efecto de la falta de transparencia de las cláusulas que, como la IRPH, definen el objeto principal del contrato, no es su nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, permite valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato».

El TJUE ha razonado en igual sentido en dichos autos y sentencias. La sentencia 13 de julio de 2023 (C-265/22) recuerda que la transparencia de una cláusula contractual (exigida en el art. 5 de la Directiva 93/13/CEE) , es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva ( sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank,C-621/17 ), pero aclara que del art. 4, apartado 2, de dicha Directiva se deduce que la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, un carácter abusivo ( auto de 17 de noviembre de 2021, Gómez del Moral Guasch,C-655/20 ) [apartado 66]. Y ello lo reitera el apartado 110 de la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024 (C-300/23).

Con arreglo a esta jurisprudencia, esta sala, en las sentencias 18/2026, de 14 de enero, 437/2026, de 19 de marzo, y 486/2026, de 30 de marzo, ha insistido en que la falta de transparencia es condición necesaria para apreciar la abusividad de la cláusula IRPH, pero no es suficiente. En concreto, las sentencias 18/2026 y 437/2026 rechazaron declarar la abusividad de la cláusula IRPH al ser conforme con dicha jurisprudencia la decisión de las sentencias recurridas de no vincular automáticamente la falta de transparencia con la abusividad, y la sentencia 486/2026 declaró que para que pudiera analizarse la abusividad de la cláusula, la recurrente debió impugnar el pronunciamiento de la sentencia recurrida que entiende que, al no ser abusiva, no procedía analizar la falta de transparencia.

CUARTO. Decisión de la sala. Desestimación del motivo primero. La falta de transparencia no equivale a la abusividad, sobre la que nada se ha dicho en el recurso.

1.Partiendo del obligado respeto a los hechos probados, el control de transparencia realizado por la sentencia recurrida no se ajusta a los referidos parámetros jurisprudenciales por las siguientes razones:

a) Por la fecha de contratación del préstamo hipotecario (30 de abril de 2003) y su cuantía (75.000 euros, es decir, inferior a 150.253,03 euros), el contrato queda comprendido en el ámbito de aplicación de la OM/1994, por mandato de su art. 1.1. En consecuencia, conforme al art. 3 de la citada norma, la entidad prestamista estaba obligada a entregar al prestatario el folleto informativo mencionado en el Anexo I, apdo. 3 de la citada OM/1994 (a cuyos elementos mínimos a su vez se refiere el Anexo VII de la Circular 5/1994) y conforme al art. 5 OM/1994, también la oferta vinculante, teniendo derecho el prestatario a examinarla en el despacho del notario autorizante con la antelación de, al menos, los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento.

En este caso, no se ha declarado probado que el banco hiciera entrega de tales documentos informativos a la parte prestataria. De hecho, en ningún momento el banco ha invocado su existencia.

b) Esa omisión no ha sido convenientemente suplida por otros medios. La citada sentencia 1590/2025 recuerda que, incluso en préstamos hipotecarios como el que es objeto del presente litigio, sometidos a la OM/1994, la información necesaria para superar el control de transparencia «puede provenir de elementos no facilitados directamente por el prestamista profesional, siempre que esos elementos estén públicamente disponibles y pueda accederse a ellos, en su caso, a través de ciertas indicaciones dadas en tal sentido por ese profesional», es decir, que es admisible acudir a otros medios para ofrecer la preceptiva información, «incluyendo las indicaciones sobre la fuente y publicación de los datos pertinentes sobre el índice», habida cuenta que esta publicación accesible «era un medio suficiente para que los tipos de interés variable pudieran ser comprobados en cada momento por la parte prestataria». Por tanto, desde la perspectiva de la disponibilidad y la accesibilidad de la información a los efectos de que la parte prestataria pudiera comprender la carga económica y jurídica del índice, era suficiente con que el índice de referencia oficial, tanto el principal como el sustitutivo, se hiciera constar en la escritura con remisión a la Circular 5/1994 del BdE de 22 de julio de 1994, y a su publicación en el BOE el 3 de agosto siguiente, ya que, a la hora de garantizar la accesibilidad a la información, las indicaciones del profesional «no son la única fuente posible, ni siquiera prioritaria», y la publicación del índice en el BOE «permite a un consumidor razonablemente atento y perspicaz comprender que el referido índice se calculaba según el tipo medio de los préstamo hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por las diferentes entidades, al que habría que añadir el diferencial pactado en el caso concreto».

Basta la lectura de la cláusula inserta en la escritura para constatar que el índice de referencia principal IRPH-Entidades se indicó con remisión a la Circular 5/1994, pero sin alusión a su fecha de publicación en el BOE, lo que no se ajusta a los parámetros de transparencia expuestos, al impedir que el prestatario pudiera advertir desde un principio y sin esfuerzo, cuál iba a ser el interés variable que se le aplicaría a partir del primer año del préstamo.

c) En estas circunstancias, de todo lo aducido por la parte recurrente en casación debe considerarse relevante para determinar la falta de transparencia de la cláusula IRPH la ausencia de la necesaria información sobre la evolución del índice, valor actual e histórico, no facilitada directamente por la entidad prestamista ni a través de elementos públicamente disponibles y accesibles mediante las indicaciones dadas por el profesional, pues ello impidió a la parte prestataria comparar su préstamo con otro que utilizara un índice oficial que no consiste estructuralmente en una TAE como el Euríbor.

2.No obstante, la parte recurrente, en contra de la jurisprudencia expuesta, insiste en casación en misma idea que ya expuso en la demanda y reiteró en apelación, de vincular o asociar la falta de transparencia con la abusividad de la cláusula. Así, desde un principio, el principal reproche ha consistido en que la falta de información sobre el índice -que decía susceptible de manipulación-, forma de cálculo, funcionamiento, y evolución comparativa con el Euríbor, le ha impedido tener un conocimiento real sobre la carga económica y jurídica del contrato, y los prestatarios han considerado, con apoyo en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, sobre la cláusula suelo, que son aplicables sus mismos criterios y que, por tanto, la falta de transparencia ha de conllevar la nulidad de la cláusula por abusiva. En esta línea, en casación se sostiene expresamente que la simple falta de transparencia material es determinante de abusividad por desequilibrio («la falta de compresibilidad real sitúa a la consumidora en una situación de perjuicio comparativo y desequilbrio») y que al ser una cláusula no negociada, la falta de información es bastante para declarar su nulidad (al ser una cláusula predispuesta «resuelta esta cuestión, no serían necesarios más argumentos jurídicos para determinar su nulidad»).

Estos argumentos carecen de respaldo jurisprudencial, toda vez que esta sala ha precisado que cuando se trata de cláusulas que definen el objeto principal del contrato, cual es el caso de las cláusulas IRPH, aunque están sujetas al doble control de transparencia, el efecto de la falta de transparencia no es su nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En este sentido, la citada sentencia de pleno 1591/2025, con cita de las SSTJUE de 30 de abril de 2014 (C-26/13, Kásler),26 febrero de 2015 (C-143/13 , Matei),20 de septiembre de 2017 ( C-186/16, Andriciuc),14 de marzo de 2019 ( C-118/17, Dunai),y de 5 de junio de 2019 ( C-38/17, GT).

En consecuencia, es aplicable al caso la doctrina de la equivalencia de resultados y carencia de efecto útil del recurso, según la cual, tal y como recuerda la sentencia 547/2026, de 10 de abril, con cita de la 440/2012, de 28 de junio, «no puede surtir efecto en casación un motivo que no determine una alteración del fallo recurrido. De acuerdo con esta doctrina, no procede el recurso cuando la eventual aceptación de la tesis jurídica del recurrente conduce a la misma solución contenida en la sentencia recurrida [...], incluso cuando no es correcta la doctrina seguida por sentencia impugnada si la estimación del recurso no produce una modificación del fallo [...] Conforme a este criterio no procede acoger el recurso cuando, pese al fundamento de alguno de los motivos que lo sustentan, el fallo deba ser mantenido con otros argumentos...». Es decir, al no propugnarse en casación que la cláusula es abusiva, la sentencia recurrida ha de ser confirmada en su decisión de no declarar la nulidad de la cláusula, aunque no sean acertados sus razonamientos para considerarla transparente.

QUINTO.- Recurso de casación. Motivo segundo, sobre la anulabilidad de la cláusula del índice de referencia IRPH por vicios del consentimiento. Planteamiento y oposición de la parte recurrida.

1.La parte recurrente cita como infringidos los arts. 1261, 1262, 1265, 1266, 1269 y 1270 CC, pero sin ningún desarrollo argumental, al limitarse a decir que la sentencia recurrida ha guardado silencio al respecto de lo dicho en la demanda sobre la existencia de error vicio del consentimiento.

2.La parte recurrida se ha opuesto al motivo, alegando su inadmisilidad, precisamente porque entiende que no se cumplen los requisitos de encabezamiento y desarrollo de los motivos al acumular en su enunciado preceptos heterogéneos y no desarrollar mínimamente en qué consiste su pretendida vulneración.

SEXTO.- Decisión de la sala. Desestimación del motivo segundo.

1.Más allá del defecto formal que supone la falta de claridad y precisión a la hora de concretar el problema jurídico, por acumular en el mismo motivo preceptos heterogéneos (en este sentido, las sentencias 1190/2025, de 21 de julio, 1699/2024, de 12 de diciembre, 1569/2024, de 20 de noviembre, y 226/2023, de 14 de febrero), referidos tanto a la inexistencia o nulidad absoluta del contrato por falta de consentimiento, como a su anulabilidad, por error en el consentimiento, y de invocarlos además sin el mínimo desarrollo argumental e incluso obviando que su pretendida vulneración es cuestión nueva en casación, al no haberse invocado su infracción en apelación (de forma que, como recuerda la sentencia 252/2026, de 17 de febrero, con cita de otras, «si ya era cuestión nueva en apelación más aún lo será en casación»), para desestimar el motivo es suficiente recordar que es doctrina reiterada, contenida, entre otras, en las sentencias 172/2026, de 4 de febrero, y 1670/2025, de 18 de noviembre, y las que en ellas se citan (80/2021, de 15 de febrero, 341/2021, de 18 de mayo, y 323/2022 de 10 de mayo) que «la existencia de vicio en el consentimiento no puede dar lugar a la nulidad parcial del contrato de préstamo, sin que por tanto pueda prosperar el motivo basado en tal posibilidad y en la existencia de error o dolo omisivo».

2.Esta doctrina es aplicable al caso porque en todo momento se ha defendido la subsistencia del contrato, con expulsión de la cláusula tercera bis, pero no la anulación del contrato en su totalidad.

SÉPTIMO.- Costas y depósito.

1.Conforme al art. 398, en relación con el art. 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC), las costas del recurso de casación se imponen a la parte recurrente.

Ha transcurrido ya un tiempo razonable desde el dictado de las sentencias 1590/2026 y 1591/2026, de 11 de noviembre y, tras la indicación del auto de admisión del recurso, la parte recurrente ha tenido la oportunidad de valorar si las circunstancias del caso coincidían con las pautas establecidas en dichas sentencias, como finalmente se ha comprobado -comprobación que esta sala no podía realizar con total seguridad en la fase de admisión-, y desistir de dicho recurso. En consecuencia, no puede ya apreciarse la concurrencia de las dudas de hecho o de derecho como excepción a la regla general del vencimiento que establece el art. 398 LEC, en relación con el art. 394.1 LEC, para el caso de desestimación de los recursos de casación. A la misma solución se llegó en las sentencias 437/2026, de 19 de marzo, y 486/2026, de 30 de marzo.

2.Y conforme a la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( LOPJ), procede acordar la pérdida del depósito constituido.