Sentencia Civil 609/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8512/2022 de 20 de abril del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1. Víctor y Salvadora, presentaron una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en la que solicitaban la nulidad de la cláusula de gastos (y de otra) inserta en el contrato de compraventa y préstamo hipotecario suscrito con la entidad demandada, y la condena a la demandada a devolver las cantidades abonadas por aplicación de la cláusula de gastos, por los gastos realizados por los siguientes conceptos: notaría, registro, gestoría y tasación, con el interés legal, y al pago de las costas, con un importe total de 907,39 euros. La demandada se allanó a la demanda «en lo relativo a la acción de nulidad de la cláusula de gastos» antes de que venciera el plazo de veinte días para contestar.

2. Víctor y Salvadora habían formulado previamente una reclamación extrajudicial al banco, en la que interesaban el reconocimiento de la nulidad de la cláusula de gastos y el reintegro de los gastos de registro, notaría, gestoría, y tasación, que cuantificaban en 907,39 euros. La entidad respondió a la reclamación admitiendo la nulidad de la cláusula de gastos y ofreciendo el abono inmediato de 825 euros, por los gastos realizados por los conceptos reclamando. En el escrito advertía de que la cantidad ofrecida podía no corresponder exactamente con los importes reclamados, por insuficiencia de detalle sobre los gastos en los documentos aportados a la entidad, que comprendían los gastos de la compraventa y del préstamo hipotecario.

3.La sentencia de primera instancia estimó la pretensión de nulidad de la cláusula de gastos por abusiva; y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos, por un importe total de 907,37 euros, con el interés legal y al pago de las costas.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con el único objeto de que se modificara el pronunciamiento en materia de costas, pretensión que apoyaba en el allanamiento a la demanda, y la inexistencia de mala fe, que justificaba en la respuesta a la reclamación extrajudicial que formularon los demandantes. La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación y revoca el pronunciamiento de la sentencia apelada de condena en costas, que deja sin efecto. No hace imposición de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia fundamenta la no imposición de costas en los siguientes razonamientos:

«La reclamación previa debería tener como finalidad la de evitar el proceso y en este caso contó con una respuesta concreta de la entidad financiera frente a todas las pretensiones. No existe al respecto modificación relevante en los términos de la contestación al requerimiento y el posterior allanamiento. No resulta una actitud obstativa de la entidad financiera que haya forzado la presentación de la demanda.

»En consecuencia, no procede la aplicación del artículo 395.1. párrafo segundo LEC, pues no puede entenderse que hay mala fe procesal de la entidad demandada que se allana pues ya con carácter previo había dado oportuna contestación al requerimiento previo en términos muy similares a los que integraban la reclamación. Con ligeros matices se cumple la finalidad del procedimiento extrajudicial y la petición de intereses no se rechazó, sino que pudo concretarse posteriormente, sin necesidad de acudir al procedimiento judicial. La oportunidad que se ha dado a la entidad bancaria demandada de solucionar el asunto extrajudicialmente fue aceptada y aprovechada en su momento por lo que no se aprecia mala fe en el allanamiento posterior a la demanda. El recurso ha de ser estimado y en consecuencia no procede imponer las costas de Primera Instancia».

5.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante, con base en los tres motivos antes relacionados. La demandada ha insistido en la concurrencia de causas de inadmisión del recurso y, con carácter subsidiario, para el caso de rechazo de las objeciones a la admisión, se ha allanado al recurso.

SEGUNDO. Motivos primero y segundo.

El recurso de casación se articula en tres motivos. En los dos primeros concurre causa de inadmisión

1. Formulación de los motivos. El motivo primero del recurso se funda en la infracción «[...] del art. 4.1 del Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección a consumidores en materia de cláusulas suelo».

El motivo segundo se funda en la infracción «[...] del art. 394 LEC, que regula la imposición de costas en casos de vencimiento y de los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE».

2. Resolución de la Sala. Los dos motivos deben desestimarse por la concurrencia de causa de inadmisión.

Como hemos señalado, entre otras, en la sentencia 108/2023 de 16 de enero, "en los recursos extraordinarios de infracción procesal y casación no pueden plantearse cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida", y constituye causa de inadmisión, por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) "[ p]lantear cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia (rebatir argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia recurrida)".

En sentencias anteriores, como la sentencia 220/2017 de 4 de abril, declaramos que:

«La cita como infringidas de las «normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso» ( art. 477.1 LEC) , no de cualquier otra, es el requisito básico de todo recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, como de nuevo ha puntualizado el Acuerdo de esta sala de 8 de febrero de 2017 sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.»

La sentencia de la Audiencia revoca el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia y no efectúa expresa imposición de las costas a ninguna de las partes, al no apreciar mala fe en el demandado allanado, lo que fundamenta en el artículo 395.1 LEC, que, en la redacción vigente en la fecha en la que se dictó la sentencia (Ley 15/2015, de 2 de julio), establecía el principio general de la no imposición de costas al demandado allanado y, como excepción, la imposición de costas en el caso de apreciación de mala fe, que presumía en tres supuestos (requerimiento fehaciente y justificado de pago, iniciación procedimiento de mediación y solicitud de conciliación).

Las normas que se citan como infringidas en los motivos primero ( art. 4.1 del Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección a consumidores en materia de cláusulas suelo) y segundo ( art. 394 LEC, que regula la imposición de costas en casos de vencimiento, bien que se vincule con los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE), son ajenas a la razón decisoria de la sentencia.

TERCERO. Motivo tercero. Allanamiento.

1. Formulación del motivo. El motivo tercero denuncia la infracción del art. 395 LEC, que regula la imposición de costas en casos de allanamiento, que es el precepto aplicado, y de los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE.

En el encabezamiento del motivo se citan como infringidos un precepto de carácter procesal ( art. 395 LEC) y dos preceptos de carácter sustantivo ( artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE), se argumenta como se habría producido la infracción y expresa una discrepancia fundamentalmente jurídica, sin alterar la base fáctica de la sentencia, por lo que no hay óbice a la admisión del motivo.

La admisibilidad del tercer motivo del recurso impone resolver sobre la pretensión subsidiaria de allanamiento formulada por la parte demandada, sin entrar en el examen del motivo.

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023 de 4 de julio , que se remite a la 397/2018 de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017 de 8 de febrero, 475/2017 de 20 de julio, y 294/2018 de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012 de 19 de enero, 571/2018 de 15 de octubre, y 173/2020 de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.

CUARTO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, razón por la cual procede imponer las costas causadas por dicho recurso a la apelante ( art. 398.1 LEC) .

3.Aunque la demanda ha sido estimada parcialmente, se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia, que condena al banco demandado a las generadas en aquella instancia, de acuerdo con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y la pérdida del que lo fue para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9 LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1. Víctor y Salvadora, presentaron una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en la que solicitaban la nulidad de la cláusula de gastos (y de otra) inserta en el contrato de compraventa y préstamo hipotecario suscrito con la entidad demandada, y la condena a la demandada a devolver las cantidades abonadas por aplicación de la cláusula de gastos, por los gastos realizados por los siguientes conceptos: notaría, registro, gestoría y tasación, con el interés legal, y al pago de las costas, con un importe total de 907,39 euros. La demandada se allanó a la demanda «en lo relativo a la acción de nulidad de la cláusula de gastos» antes de que venciera el plazo de veinte días para contestar.

2. Víctor y Salvadora habían formulado previamente una reclamación extrajudicial al banco, en la que interesaban el reconocimiento de la nulidad de la cláusula de gastos y el reintegro de los gastos de registro, notaría, gestoría, y tasación, que cuantificaban en 907,39 euros. La entidad respondió a la reclamación admitiendo la nulidad de la cláusula de gastos y ofreciendo el abono inmediato de 825 euros, por los gastos realizados por los conceptos reclamando. En el escrito advertía de que la cantidad ofrecida podía no corresponder exactamente con los importes reclamados, por insuficiencia de detalle sobre los gastos en los documentos aportados a la entidad, que comprendían los gastos de la compraventa y del préstamo hipotecario.

3.La sentencia de primera instancia estimó la pretensión de nulidad de la cláusula de gastos por abusiva; y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos, por un importe total de 907,37 euros, con el interés legal y al pago de las costas.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con el único objeto de que se modificara el pronunciamiento en materia de costas, pretensión que apoyaba en el allanamiento a la demanda, y la inexistencia de mala fe, que justificaba en la respuesta a la reclamación extrajudicial que formularon los demandantes. La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación y revoca el pronunciamiento de la sentencia apelada de condena en costas, que deja sin efecto. No hace imposición de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia fundamenta la no imposición de costas en los siguientes razonamientos:

«La reclamación previa debería tener como finalidad la de evitar el proceso y en este caso contó con una respuesta concreta de la entidad financiera frente a todas las pretensiones. No existe al respecto modificación relevante en los términos de la contestación al requerimiento y el posterior allanamiento. No resulta una actitud obstativa de la entidad financiera que haya forzado la presentación de la demanda.

»En consecuencia, no procede la aplicación del artículo 395.1. párrafo segundo LEC, pues no puede entenderse que hay mala fe procesal de la entidad demandada que se allana pues ya con carácter previo había dado oportuna contestación al requerimiento previo en términos muy similares a los que integraban la reclamación. Con ligeros matices se cumple la finalidad del procedimiento extrajudicial y la petición de intereses no se rechazó, sino que pudo concretarse posteriormente, sin necesidad de acudir al procedimiento judicial. La oportunidad que se ha dado a la entidad bancaria demandada de solucionar el asunto extrajudicialmente fue aceptada y aprovechada en su momento por lo que no se aprecia mala fe en el allanamiento posterior a la demanda. El recurso ha de ser estimado y en consecuencia no procede imponer las costas de Primera Instancia».

5.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante, con base en los tres motivos antes relacionados. La demandada ha insistido en la concurrencia de causas de inadmisión del recurso y, con carácter subsidiario, para el caso de rechazo de las objeciones a la admisión, se ha allanado al recurso.

SEGUNDO. Motivos primero y segundo.

El recurso de casación se articula en tres motivos. En los dos primeros concurre causa de inadmisión

1. Formulación de los motivos. El motivo primero del recurso se funda en la infracción «[...] del art. 4.1 del Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección a consumidores en materia de cláusulas suelo».

El motivo segundo se funda en la infracción «[...] del art. 394 LEC, que regula la imposición de costas en casos de vencimiento y de los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE».

2. Resolución de la Sala. Los dos motivos deben desestimarse por la concurrencia de causa de inadmisión.

Como hemos señalado, entre otras, en la sentencia 108/2023 de 16 de enero, "en los recursos extraordinarios de infracción procesal y casación no pueden plantearse cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida", y constituye causa de inadmisión, por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) "[ p]lantear cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia (rebatir argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia recurrida)".

En sentencias anteriores, como la sentencia 220/2017 de 4 de abril, declaramos que:

«La cita como infringidas de las «normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso» ( art. 477.1 LEC) , no de cualquier otra, es el requisito básico de todo recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, como de nuevo ha puntualizado el Acuerdo de esta sala de 8 de febrero de 2017 sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.»

La sentencia de la Audiencia revoca el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia y no efectúa expresa imposición de las costas a ninguna de las partes, al no apreciar mala fe en el demandado allanado, lo que fundamenta en el artículo 395.1 LEC, que, en la redacción vigente en la fecha en la que se dictó la sentencia (Ley 15/2015, de 2 de julio), establecía el principio general de la no imposición de costas al demandado allanado y, como excepción, la imposición de costas en el caso de apreciación de mala fe, que presumía en tres supuestos (requerimiento fehaciente y justificado de pago, iniciación procedimiento de mediación y solicitud de conciliación).

Las normas que se citan como infringidas en los motivos primero ( art. 4.1 del Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección a consumidores en materia de cláusulas suelo) y segundo ( art. 394 LEC, que regula la imposición de costas en casos de vencimiento, bien que se vincule con los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE), son ajenas a la razón decisoria de la sentencia.

TERCERO. Motivo tercero. Allanamiento.

1. Formulación del motivo. El motivo tercero denuncia la infracción del art. 395 LEC, que regula la imposición de costas en casos de allanamiento, que es el precepto aplicado, y de los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE.

En el encabezamiento del motivo se citan como infringidos un precepto de carácter procesal ( art. 395 LEC) y dos preceptos de carácter sustantivo ( artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE), se argumenta como se habría producido la infracción y expresa una discrepancia fundamentalmente jurídica, sin alterar la base fáctica de la sentencia, por lo que no hay óbice a la admisión del motivo.

La admisibilidad del tercer motivo del recurso impone resolver sobre la pretensión subsidiaria de allanamiento formulada por la parte demandada, sin entrar en el examen del motivo.

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023 de 4 de julio , que se remite a la 397/2018 de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017 de 8 de febrero, 475/2017 de 20 de julio, y 294/2018 de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012 de 19 de enero, 571/2018 de 15 de octubre, y 173/2020 de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.

CUARTO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, razón por la cual procede imponer las costas causadas por dicho recurso a la apelante ( art. 398.1 LEC) .

3.Aunque la demanda ha sido estimada parcialmente, se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia, que condena al banco demandado a las generadas en aquella instancia, de acuerdo con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y la pérdida del que lo fue para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9 LOPJ.

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

1. Víctor y Salvadora, presentaron una demanda contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en la que solicitaban la nulidad de la cláusula de gastos (y de otra) inserta en el contrato de compraventa y préstamo hipotecario suscrito con la entidad demandada, y la condena a la demandada a devolver las cantidades abonadas por aplicación de la cláusula de gastos, por los gastos realizados por los siguientes conceptos: notaría, registro, gestoría y tasación, con el interés legal, y al pago de las costas, con un importe total de 907,39 euros. La demandada se allanó a la demanda «en lo relativo a la acción de nulidad de la cláusula de gastos» antes de que venciera el plazo de veinte días para contestar.

2. Víctor y Salvadora habían formulado previamente una reclamación extrajudicial al banco, en la que interesaban el reconocimiento de la nulidad de la cláusula de gastos y el reintegro de los gastos de registro, notaría, gestoría, y tasación, que cuantificaban en 907,39 euros. La entidad respondió a la reclamación admitiendo la nulidad de la cláusula de gastos y ofreciendo el abono inmediato de 825 euros, por los gastos realizados por los conceptos reclamando. En el escrito advertía de que la cantidad ofrecida podía no corresponder exactamente con los importes reclamados, por insuficiencia de detalle sobre los gastos en los documentos aportados a la entidad, que comprendían los gastos de la compraventa y del préstamo hipotecario.

3.La sentencia de primera instancia estimó la pretensión de nulidad de la cláusula de gastos por abusiva; y condenó a la demandada a la restitución de determinados gastos, por un importe total de 907,37 euros, con el interés legal y al pago de las costas.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con el único objeto de que se modificara el pronunciamiento en materia de costas, pretensión que apoyaba en el allanamiento a la demanda, y la inexistencia de mala fe, que justificaba en la respuesta a la reclamación extrajudicial que formularon los demandantes. La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación y revoca el pronunciamiento de la sentencia apelada de condena en costas, que deja sin efecto. No hace imposición de las costas del recurso.

La sentencia de la Audiencia fundamenta la no imposición de costas en los siguientes razonamientos:

«La reclamación previa debería tener como finalidad la de evitar el proceso y en este caso contó con una respuesta concreta de la entidad financiera frente a todas las pretensiones. No existe al respecto modificación relevante en los términos de la contestación al requerimiento y el posterior allanamiento. No resulta una actitud obstativa de la entidad financiera que haya forzado la presentación de la demanda.

»En consecuencia, no procede la aplicación del artículo 395.1. párrafo segundo LEC, pues no puede entenderse que hay mala fe procesal de la entidad demandada que se allana pues ya con carácter previo había dado oportuna contestación al requerimiento previo en términos muy similares a los que integraban la reclamación. Con ligeros matices se cumple la finalidad del procedimiento extrajudicial y la petición de intereses no se rechazó, sino que pudo concretarse posteriormente, sin necesidad de acudir al procedimiento judicial. La oportunidad que se ha dado a la entidad bancaria demandada de solucionar el asunto extrajudicialmente fue aceptada y aprovechada en su momento por lo que no se aprecia mala fe en el allanamiento posterior a la demanda. El recurso ha de ser estimado y en consecuencia no procede imponer las costas de Primera Instancia».

5.La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la demandante, con base en los tres motivos antes relacionados. La demandada ha insistido en la concurrencia de causas de inadmisión del recurso y, con carácter subsidiario, para el caso de rechazo de las objeciones a la admisión, se ha allanado al recurso.

SEGUNDO. Motivos primero y segundo.

El recurso de casación se articula en tres motivos. En los dos primeros concurre causa de inadmisión

1. Formulación de los motivos. El motivo primero del recurso se funda en la infracción «[...] del art. 4.1 del Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección a consumidores en materia de cláusulas suelo».

El motivo segundo se funda en la infracción «[...] del art. 394 LEC, que regula la imposición de costas en casos de vencimiento y de los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE».

2. Resolución de la Sala. Los dos motivos deben desestimarse por la concurrencia de causa de inadmisión.

Como hemos señalado, entre otras, en la sentencia 108/2023 de 16 de enero, "en los recursos extraordinarios de infracción procesal y casación no pueden plantearse cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida", y constituye causa de inadmisión, por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) "[ p]lantear cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia (rebatir argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia recurrida)".

En sentencias anteriores, como la sentencia 220/2017 de 4 de abril, declaramos que:

«La cita como infringidas de las «normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso» ( art. 477.1 LEC) , no de cualquier otra, es el requisito básico de todo recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, como de nuevo ha puntualizado el Acuerdo de esta sala de 8 de febrero de 2017 sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.»

La sentencia de la Audiencia revoca el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia y no efectúa expresa imposición de las costas a ninguna de las partes, al no apreciar mala fe en el demandado allanado, lo que fundamenta en el artículo 395.1 LEC, que, en la redacción vigente en la fecha en la que se dictó la sentencia (Ley 15/2015, de 2 de julio), establecía el principio general de la no imposición de costas al demandado allanado y, como excepción, la imposición de costas en el caso de apreciación de mala fe, que presumía en tres supuestos (requerimiento fehaciente y justificado de pago, iniciación procedimiento de mediación y solicitud de conciliación).

Las normas que se citan como infringidas en los motivos primero ( art. 4.1 del Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección a consumidores en materia de cláusulas suelo) y segundo ( art. 394 LEC, que regula la imposición de costas en casos de vencimiento, bien que se vincule con los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE), son ajenas a la razón decisoria de la sentencia.

TERCERO. Motivo tercero. Allanamiento.

1. Formulación del motivo. El motivo tercero denuncia la infracción del art. 395 LEC, que regula la imposición de costas en casos de allanamiento, que es el precepto aplicado, y de los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE.

En el encabezamiento del motivo se citan como infringidos un precepto de carácter procesal ( art. 395 LEC) y dos preceptos de carácter sustantivo ( artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 CEE), se argumenta como se habría producido la infracción y expresa una discrepancia fundamentalmente jurídica, sin alterar la base fáctica de la sentencia, por lo que no hay óbice a la admisión del motivo.

La admisibilidad del tercer motivo del recurso impone resolver sobre la pretensión subsidiaria de allanamiento formulada por la parte demandada, sin entrar en el examen del motivo.

2.Resolución de la Sala.La sentencia 1090/2023 de 4 de julio , que se remite a la 397/2018 de 26 de junio, que cita otras anteriores (sentencias 74/2017 de 8 de febrero, 475/2017 de 20 de julio, y 294/2018 de 23 de mayo, de Pleno), recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC) .

El art. 21.1 LEC establece que «cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste». Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012 de 19 de enero, 571/2018 de 15 de octubre, y 173/2020 de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

4.En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y, al asumir la instancia, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.

CUARTO. Costas y depósitos.

1.La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas por él generadas, conforme previene el art. 398.2 LEC.

2.Dicha estimación del recurso de casación supone la desestimación del recurso de apelación, razón por la cual procede imponer las costas causadas por dicho recurso a la apelante ( art. 398.1 LEC) .

3.Aunque la demanda ha sido estimada parcialmente, se mantiene el pronunciamiento en materia de costas de la sentencia de primera instancia, que condena al banco demandado a las generadas en aquella instancia, de acuerdo con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

4.Procede acordar también la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y la pérdida del que lo fue para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9 LOPJ.