Sentencia Civil 53/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3938/2021 de 21 de enero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 10 de octubre de 2012, D. Luis y D.ª Purificacion, concertaron un préstamo hipotecario con Caja Rural de Navarra, S.C.C, entre cuyas cláusulas se incluía una de limitación a la variabilidad del tipo de interés (cláusula suelo).

2.-El 10 de octubre de 2015, tras oferta de la entidad bancaria, las partes suscriben un documento en cuya virtud, en lo que aquí interesa, suprimen la cláusula suelo al 1,5%, pactando un interés fijo del 2,4% que se aplicaría durante 20 años o hasta el vencimiento del préstamo a su vez establecen que:

«Con la firma del acuerdo, los comparecientes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo. Por tanto, renuncian a reclamar cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivadas de cualquier acción de carácter general o difuso.»

3.-El 30 de noviembre de 2016, las partes suscribieron un documento que, en lo que aquí interesa, remitiéndose al anterior donde se había suprimido la cláusula suelo, reduciendo el interés fijo entonces pactado al 2,25%, incluyendo una cláusula que establecía lo siguiente:

«Como ya se pactó en el acuerdo privado anteriormente formalizado, con la firma de este nuevo acuerdo ambas partes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo.

Asimismo, con la firma del presente documento la parte prestataria renuncia a reclamar a la Caja cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivadas de cualquier acción de carácter general o difuso.»

4.-La parte prestataria, en lo que ahora interesa, presentó una demanda contra Caja Rural de Navarra, S.C.C, en la que solicitaba la declaración de nulidad de la cláusula suelo de la escritura de préstamo, y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016.

4.-La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda; declarando la nulidad de las cláusulas de gastos e intereses moratorios, desestimando la nulidad de la cláusula suelo y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016.

5.-El recurso de apelación interpuesto por los prestatarios fue estimado por la Audiencia Provincial, declarando la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, imponiendo las costas de primera instancia a la demandada.

6.-La demandada ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra dicha sentencia.

SEGUNDO.- Recurso de casación

Planteamiento:«Infracción de los arts. 1809, 1816 y 6.2 del Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los efectos de la transacción y la renuncia de acciones. Existen dos acuerdos transaccionales que cumplen con los requisitos de transparencia establecidos por el Alto Tribunal e impide analizar la validez de la cláusula suelo al tribunal, por lo que se presenta recurso de casación por interés casacional ya que la Sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sentencias de la Sala Primera (Pleno) del Tribunal Supremo 580/2020, de 11 de noviembre y 205/2018, de 11 de abril, entre otras.»

Decisión de la Sala. Estimación del recurso de casación.

1.-Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, que siguen la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el auto del TJUE de 3 de marzo de 2021. Y en este sentido ha seguido pronunciándose esta Sala en diversas sentencias en las que se resuelven las cuestiones objeto de este recurso, entre las que pueden citarse las sentencias 208/2021, de 19 de abril, 309/2021, de 12 de mayo, la 530/2021, de 8 de julio y, más recientemente la 143/2023 de 31 de enero, 1106/2023 de 6 de julio y 1185/2023 de 18 de julio. No existen motivos para modificar esta línea jurisprudencial, por lo que resolveremos este recurso aplicando los criterios utilizados en esas sentencias.

2.-Los motivos del recurso de casación, plantean la validez de las novaciones instrumentadas mediante los documentos privados de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, y de la cláusula de renuncia de acciones que igualmente comprende.

3.-En los reseñados contratos privados, se incluyen dos estipulaciones relevantes en lo que afecta al recurso que han sido predispuestas, por tanto, no negociadas. En el primer contrato, de 10 de octubre de 2015, se pacta la eliminación del suelo y el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio fijo del 2,40% que se aplicara durante 20 años o hasta el vencimiento del préstamo, con renuncia al ejercicio de acciones por la existencia o efectos de la cláusula de tipo de interés ordinario mínimo, mientras que en el segundo se reduce el fijo antes pactado al 2,25%, reiterando la renuncia anterior.

4.-Como hemos declarado en las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, es relevante el contexto en el que se lleva a cabo la novación, después de que la sentencia del pleno de esta sala 241/2013, de 9 de mayo, provocara un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de estas cláusulas suelo si no cumplían con el control de transparencia. Consideramos que estas circunstancias son suficientes para que la estipulación en la que se suprime el interés variable y en consecuencia cualquier límite a su modificación y establece un nuevo tipo de interés fijo supera el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esa novación.

La regulación contractual sobre los intereses ordinarios es de gran sencillez, tipo fijo nominal anual del 2,40 y luego del 2,25, y no se aprecia, como dijimos en la sentencia 560/2020 de 26 de octubre «alteración subrepticia de condiciones, ni enmascaramiento, ocultación u oscurecimiento de los datos relevantes sobre los elementos esenciales del contrato; ni existencia de cláusulas sorpresivas que alteren la apariencia del precio del contrato o de sus consecuencias económicas, tal y como pudo representárselo mentalmente un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (vid. STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, apartado 51).»

5.-En cuanto a las cláusulas de renuncia al ejercicio de acciones contenida en ambos contratos, serían nulas conforme a la jurisprudencia de aplicación. El hecho que las cláusulas de renuncia se ciñan a las reclamaciones que tengan por objeto la cláusula suelo no excluye que haya de examinarse su transparencia y, en su caso, abusividad, a la luz de los parámetros fijados por la reseñada sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Y en el caso objeto de este recurso, las cláusulas de renuncia de acciones adolecen de falta de transparencia, porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, que resultaban precisos para considerar que la misma fue fruto de un consentimiento libre e informado.

Como hemos declarado reiteradamente (por todas, sentencia 63/2021, de 9 de febrero), «la consecuencia derivada de la falta de transparencia de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, al no haber podido conocer el consumidor sus consecuencias jurídicas y económicas, consecuencias que no se advierten beneficiosas para el consumidor, es su consideración como abusiva, lo que lleva, por tanto, a que declaremos su nulidad de pleno derecho (83 TRLGDCU, 8.2 LCGC y 6.1 de la Directiva 93/13)».

6.-En la sentencia 208/2021 de 19 de abril, desestimamos la contradicción alegada con los actos propios, ya que, en definitiva, no es correcto que el predisponente de una cláusula de renuncia de acciones que ha sido declarada abusiva, por no haberse informado al consumidor adherente de las consecuencias jurídicas y económicas de tal cláusula, considere una exigencia derivada de la buena fe que el consumidor quede vinculado por tal cláusula abusiva, por el hecho de haber prestado su consentimiento mediante la adhesión al contrato predispuesto. La abusividad de la cláusula de renuncia viene determinada justamente porque la falta de información sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha renuncia, causa, en contra de la buena fe, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

7.-En consecuencia, hay que estimar el recurso, en lo relativo a las novaciones de los intereses remuneratorios del préstamo hipotecario acordadas el 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, al apreciar su validez, sin perjuicio de que se mantenga la declaración de nulidad de la cláusula suelo incorporada a la escritura de préstamo hipotecario y se deba restituir únicamente lo indebidamente cobrado por la entidad financiera en su aplicación hasta la firma del primer acuerdo de novación.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con el artículo 398.2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.-Debe mantenerse la condena en costas de la primera instancia a la parte demandada, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 ( sentencias de esta Sala Primera del Tribunal Supremo 34/2021, de 26 de enero, y 48 y 49/2021, de 4 de febrero).

3.-Asimismo, procede la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 10 de octubre de 2012, D. Luis y D.ª Purificacion, concertaron un préstamo hipotecario con Caja Rural de Navarra, S.C.C, entre cuyas cláusulas se incluía una de limitación a la variabilidad del tipo de interés (cláusula suelo).

2.-El 10 de octubre de 2015, tras oferta de la entidad bancaria, las partes suscriben un documento en cuya virtud, en lo que aquí interesa, suprimen la cláusula suelo al 1,5%, pactando un interés fijo del 2,4% que se aplicaría durante 20 años o hasta el vencimiento del préstamo a su vez establecen que:

«Con la firma del acuerdo, los comparecientes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo. Por tanto, renuncian a reclamar cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivadas de cualquier acción de carácter general o difuso.»

3.-El 30 de noviembre de 2016, las partes suscribieron un documento que, en lo que aquí interesa, remitiéndose al anterior donde se había suprimido la cláusula suelo, reduciendo el interés fijo entonces pactado al 2,25%, incluyendo una cláusula que establecía lo siguiente:

«Como ya se pactó en el acuerdo privado anteriormente formalizado, con la firma de este nuevo acuerdo ambas partes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo.

Asimismo, con la firma del presente documento la parte prestataria renuncia a reclamar a la Caja cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivadas de cualquier acción de carácter general o difuso.»

4.-La parte prestataria, en lo que ahora interesa, presentó una demanda contra Caja Rural de Navarra, S.C.C, en la que solicitaba la declaración de nulidad de la cláusula suelo de la escritura de préstamo, y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016.

4.-La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda; declarando la nulidad de las cláusulas de gastos e intereses moratorios, desestimando la nulidad de la cláusula suelo y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016.

5.-El recurso de apelación interpuesto por los prestatarios fue estimado por la Audiencia Provincial, declarando la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, imponiendo las costas de primera instancia a la demandada.

6.-La demandada ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra dicha sentencia.

SEGUNDO.- Recurso de casación

Planteamiento:«Infracción de los arts. 1809, 1816 y 6.2 del Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los efectos de la transacción y la renuncia de acciones. Existen dos acuerdos transaccionales que cumplen con los requisitos de transparencia establecidos por el Alto Tribunal e impide analizar la validez de la cláusula suelo al tribunal, por lo que se presenta recurso de casación por interés casacional ya que la Sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sentencias de la Sala Primera (Pleno) del Tribunal Supremo 580/2020, de 11 de noviembre y 205/2018, de 11 de abril, entre otras.»

Decisión de la Sala. Estimación del recurso de casación.

1.-Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, que siguen la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el auto del TJUE de 3 de marzo de 2021. Y en este sentido ha seguido pronunciándose esta Sala en diversas sentencias en las que se resuelven las cuestiones objeto de este recurso, entre las que pueden citarse las sentencias 208/2021, de 19 de abril, 309/2021, de 12 de mayo, la 530/2021, de 8 de julio y, más recientemente la 143/2023 de 31 de enero, 1106/2023 de 6 de julio y 1185/2023 de 18 de julio. No existen motivos para modificar esta línea jurisprudencial, por lo que resolveremos este recurso aplicando los criterios utilizados en esas sentencias.

2.-Los motivos del recurso de casación, plantean la validez de las novaciones instrumentadas mediante los documentos privados de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, y de la cláusula de renuncia de acciones que igualmente comprende.

3.-En los reseñados contratos privados, se incluyen dos estipulaciones relevantes en lo que afecta al recurso que han sido predispuestas, por tanto, no negociadas. En el primer contrato, de 10 de octubre de 2015, se pacta la eliminación del suelo y el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio fijo del 2,40% que se aplicara durante 20 años o hasta el vencimiento del préstamo, con renuncia al ejercicio de acciones por la existencia o efectos de la cláusula de tipo de interés ordinario mínimo, mientras que en el segundo se reduce el fijo antes pactado al 2,25%, reiterando la renuncia anterior.

4.-Como hemos declarado en las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, es relevante el contexto en el que se lleva a cabo la novación, después de que la sentencia del pleno de esta sala 241/2013, de 9 de mayo, provocara un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de estas cláusulas suelo si no cumplían con el control de transparencia. Consideramos que estas circunstancias son suficientes para que la estipulación en la que se suprime el interés variable y en consecuencia cualquier límite a su modificación y establece un nuevo tipo de interés fijo supera el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esa novación.

La regulación contractual sobre los intereses ordinarios es de gran sencillez, tipo fijo nominal anual del 2,40 y luego del 2,25, y no se aprecia, como dijimos en la sentencia 560/2020 de 26 de octubre «alteración subrepticia de condiciones, ni enmascaramiento, ocultación u oscurecimiento de los datos relevantes sobre los elementos esenciales del contrato; ni existencia de cláusulas sorpresivas que alteren la apariencia del precio del contrato o de sus consecuencias económicas, tal y como pudo representárselo mentalmente un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (vid. STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, apartado 51).»

5.-En cuanto a las cláusulas de renuncia al ejercicio de acciones contenida en ambos contratos, serían nulas conforme a la jurisprudencia de aplicación. El hecho que las cláusulas de renuncia se ciñan a las reclamaciones que tengan por objeto la cláusula suelo no excluye que haya de examinarse su transparencia y, en su caso, abusividad, a la luz de los parámetros fijados por la reseñada sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Y en el caso objeto de este recurso, las cláusulas de renuncia de acciones adolecen de falta de transparencia, porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, que resultaban precisos para considerar que la misma fue fruto de un consentimiento libre e informado.

Como hemos declarado reiteradamente (por todas, sentencia 63/2021, de 9 de febrero), «la consecuencia derivada de la falta de transparencia de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, al no haber podido conocer el consumidor sus consecuencias jurídicas y económicas, consecuencias que no se advierten beneficiosas para el consumidor, es su consideración como abusiva, lo que lleva, por tanto, a que declaremos su nulidad de pleno derecho (83 TRLGDCU, 8.2 LCGC y 6.1 de la Directiva 93/13)».

6.-En la sentencia 208/2021 de 19 de abril, desestimamos la contradicción alegada con los actos propios, ya que, en definitiva, no es correcto que el predisponente de una cláusula de renuncia de acciones que ha sido declarada abusiva, por no haberse informado al consumidor adherente de las consecuencias jurídicas y económicas de tal cláusula, considere una exigencia derivada de la buena fe que el consumidor quede vinculado por tal cláusula abusiva, por el hecho de haber prestado su consentimiento mediante la adhesión al contrato predispuesto. La abusividad de la cláusula de renuncia viene determinada justamente porque la falta de información sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha renuncia, causa, en contra de la buena fe, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

7.-En consecuencia, hay que estimar el recurso, en lo relativo a las novaciones de los intereses remuneratorios del préstamo hipotecario acordadas el 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, al apreciar su validez, sin perjuicio de que se mantenga la declaración de nulidad de la cláusula suelo incorporada a la escritura de préstamo hipotecario y se deba restituir únicamente lo indebidamente cobrado por la entidad financiera en su aplicación hasta la firma del primer acuerdo de novación.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con el artículo 398.2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.-Debe mantenerse la condena en costas de la primera instancia a la parte demandada, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 ( sentencias de esta Sala Primera del Tribunal Supremo 34/2021, de 26 de enero, y 48 y 49/2021, de 4 de febrero).

3.-Asimismo, procede la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 10 de octubre de 2012, D. Luis y D.ª Purificacion, concertaron un préstamo hipotecario con Caja Rural de Navarra, S .C.C, entre cuyas cláusulas se incluía una de limitación a la variabilidad del tipo de interés (cláusula suelo).

2.-El 10 de octubre de 2015, tras oferta de la entidad bancaria, las partes suscriben un documento en cuya virtud, en lo que aquí interesa, suprimen la cláusula suelo al 1,5%, pactando un interés fijo del 2,4% que se aplicaría durante 20 años o hasta el vencimiento del préstamo a su vez establecen que:

«Con la firma del acuerdo, los comparecientes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo. Por tanto, renuncian a reclamar cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivadas de cualquier acción de carácter general o difuso.»

3.-El 30 de noviembre de 2016, las partes suscribieron un documento que, en lo que aquí interesa, remitiéndose al anterior donde se había suprimido la cláusula suelo, reduciendo el interés fijo entonces pactado al 2,25%, incluyendo una cláusula que establecía lo siguiente:

«Como ya se pactó en el acuerdo privado anteriormente formalizado, con la firma de este nuevo acuerdo ambas partes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo.

Asimismo, con la firma del presente documento la parte prestataria renuncia a reclamar a la Caja cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivadas de cualquier acción de carácter general o difuso.»

4.-La parte prestataria, en lo que ahora interesa, presentó una demanda contra Caja Rural de Navarra, S .C.C, en la que solicitaba la declaración de nulidad de la cláusula suelo de la escritura de préstamo, y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016.

4.-La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda; declarando la nulidad de las cláusulas de gastos e intereses moratorios, desestimando la nulidad de la cláusula suelo y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016.

5.-El recurso de apelación interpuesto por los prestatarios fue estimado por la Audiencia Provincial, declarando la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo y de los acuerdos de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, imponiendo las costas de primera instancia a la demandada.

6.-La demandada ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra dicha sentencia.

SEGUNDO.- Recurso de casación

Planteamiento:«Infracción de los arts. 1809, 1816 y 6.2 del Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los efectos de la transacción y la renuncia de acciones. Existen dos acuerdos transaccionales que cumplen con los requisitos de transparencia establecidos por el Alto Tribunal e impide analizar la validez de la cláusula suelo al tribunal, por lo que se presenta recurso de casación por interés casacional ya que la Sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sentencias de la Sala Primera (Pleno) del Tribunal Supremo 580/2020, de 11 de noviembre y 205/2018, de 11 de abril, entre otras.»

Decisión de la Sala. Estimación del recurso de casación.

1.-Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, que siguen la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el auto del TJUE de 3 de marzo de 2021. Y en este sentido ha seguido pronunciándose esta Sala en diversas sentencias en las que se resuelven las cuestiones objeto de este recurso, entre las que pueden citarse las sentencias 208/2021, de 19 de abril, 309/2021, de 12 de mayo, la 530/2021, de 8 de julio y, más recientemente la 143/2023 de 31 de enero, 1106/2023 de 6 de julio y 1185/2023 de 18 de julio. No existen motivos para modificar esta línea jurisprudencial, por lo que resolveremos este recurso aplicando los criterios utilizados en esas sentencias.

2.-Los motivos del recurso de casación, plantean la validez de las novaciones instrumentadas mediante los documentos privados de 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, y de la cláusula de renuncia de acciones que igualmente comprende.

3.-En los reseñados contratos privados, se incluyen dos estipulaciones relevantes en lo que afecta al recurso que han sido predispuestas, por tanto, no negociadas. En el primer contrato, de 10 de octubre de 2015, se pacta la eliminación del suelo y el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio fijo del 2,40% que se aplicara durante 20 años o hasta el vencimiento del préstamo, con renuncia al ejercicio de acciones por la existencia o efectos de la cláusula de tipo de interés ordinario mínimo, mientras que en el segundo se reduce el fijo antes pactado al 2,25%, reiterando la renuncia anterior.

4.-Como hemos declarado en las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, es relevante el contexto en el que se lleva a cabo la novación, después de que la sentencia del pleno de esta sala 241/2013, de 9 de mayo, provocara un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de estas cláusulas suelo si no cumplían con el control de transparencia. Consideramos que estas circunstancias son suficientes para que la estipulación en la que se suprime el interés variable y en consecuencia cualquier límite a su modificación y establece un nuevo tipo de interés fijo supera el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esa novación.

La regulación contractual sobre los intereses ordinarios es de gran sencillez, tipo fijo nominal anual del 2,40 y luego del 2,25, y no se aprecia, como dijimos en la sentencia 560/2020 de 26 de octubre «alteración subrepticia de condiciones, ni enmascaramiento, ocultación u oscurecimiento de los datos relevantes sobre los elementos esenciales del contrato; ni existencia de cláusulas sorpresivas que alteren la apariencia del precio del contrato o de sus consecuencias económicas, tal y como pudo representárselo mentalmente un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (vid. STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, apartado 51).»

5.-En cuanto a las cláusulas de renuncia al ejercicio de acciones contenida en ambos contratos, serían nulas conforme a la jurisprudencia de aplicación. El hecho que las cláusulas de renuncia se ciñan a las reclamaciones que tengan por objeto la cláusula suelo no excluye que haya de examinarse su transparencia y, en su caso, abusividad, a la luz de los parámetros fijados por la reseñada sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Y en el caso objeto de este recurso, las cláusulas de renuncia de acciones adolecen de falta de transparencia, porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, que resultaban precisos para considerar que la misma fue fruto de un consentimiento libre e informado.

Como hemos declarado reiteradamente (por todas, sentencia 63/2021, de 9 de febrero), «la consecuencia derivada de la falta de transparencia de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, al no haber podido conocer el consumidor sus consecuencias jurídicas y económicas, consecuencias que no se advierten beneficiosas para el consumidor, es su consideración como abusiva, lo que lleva, por tanto, a que declaremos su nulidad de pleno derecho (83 TRLGDCU, 8.2 LCGC y 6.1 de la Directiva 93/13)».

6.-En la sentencia 208/2021 de 19 de abril, desestimamos la contradicción alegada con los actos propios, ya que, en definitiva, no es correcto que el predisponente de una cláusula de renuncia de acciones que ha sido declarada abusiva, por no haberse informado al consumidor adherente de las consecuencias jurídicas y económicas de tal cláusula, considere una exigencia derivada de la buena fe que el consumidor quede vinculado por tal cláusula abusiva, por el hecho de haber prestado su consentimiento mediante la adhesión al contrato predispuesto. La abusividad de la cláusula de renuncia viene determinada justamente porque la falta de información sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha renuncia, causa, en contra de la buena fe, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

7.-En consecuencia, hay que estimar el recurso, en lo relativo a las novaciones de los intereses remuneratorios del préstamo hipotecario acordadas el 10 de octubre de 2015 y 30 de noviembre de 2016, al apreciar su validez, sin perjuicio de que se mantenga la declaración de nulidad de la cláusula suelo incorporada a la escritura de préstamo hipotecario y se deba restituir únicamente lo indebidamente cobrado por la entidad financiera en su aplicación hasta la firma del primer acuerdo de novación.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con el artículo 398.2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.-Debe mantenerse la condena en costas de la primera instancia a la parte demandada, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19 ( sentencias de esta Sala Primera del Tribunal Supremo 34/2021, de 26 de enero, y 48 y 49/2021, de 4 de febrero).

3.-Asimismo, procede la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.