Sentencia Civil 113/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2654/2019 de 22 de enero del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

El 7 de mayo de 2010, Candelaria adquirió unas participaciones preferentes emitidas por BPE Preference International Limited, filial del Banco Popular (actualmente, Banco Santander), por un valor de 25.000 euros. Estas participaciones preferentes generaban unos rendimientos del 6,75% anual.

Las participaciones preferentes fueron canjeadas por bonos subordinados obligatoriamente convertibles el 16 de marzo de 2012, que el 27 de febrero de 2014 se canjearon por acciones de Banco Popular Español, S.A. En ese momento el valor en la cotización oficial de esas acciones era de 27.931,29 euros. Y los rendimientos previamente obtenidos por las preferentes fueron de 2.831,28 euros.

Candelaria también adquirió, más tarde (el 20 de junio de 2016), acciones de Banco Popular, con motivo de la oferta de venta de acciones en la ampliación de capital aprobada por el banco el 26 de mayo de 2016.

El mismo día 7 de junio de 2017, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprobaba el régimen de resolución del Banco Popular Español S.A. (DO 2017, L 178, p. 15); la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08 que activó el dispositivo de resolución de Banco Popular; y el FROB adoptó las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de resolución (BOE de 30 de junio de 2017).

El instrumento de resolución adoptado consistió en la venta del negocio, mediante la transmisión de las acciones a un comprador, el Banco Santander, que las adquirió por el valor de un euro. Para ello el art. 6 de la decisión de la JUR acordó lo siguiente: a) amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular, con la consiguiente cancelación del 100 % de las acciones de Banco Popular (las acciones existentes); b) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución, en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones I»; c) amortizar a cero el valor nominal de las «nuevas acciones I», con la consiguiente cancelación del 100 % de esas «nuevas acciones I»; y d) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones II».

Como consecuencia de esta resolución del Banco Popular, las acciones de la demandante, que tenía por los dos productos, perdieron todo su valor.

2.En la demanda que inició al presente procedimiento, Candelaria ejercitó una acción en la que pedía la nulidad de la adquisición de ambos productos reseñados (las participaciones preferentes que luego fueron canjeadas por bonos subordinados obligatoriamente convertibles y las acciones adquiridas en la OPS), por haber estado viciado el consentimiento de la adquirente por error vicio, derivado de una información defectuosa y falsa. En concreto, la demandante alegaba que el banco no le informó debidamente sobre la naturaleza, características y riesgos de las preferentes, incumpliendo con ello los deberes impuestos por la normativa MiFID, traspuesta a la Ley del Mercado de Valores; y, respecto de las acciones adquiridas con motivo de la ampliación de capital realizada en mayo de 2016 por el banco demandado, la demanda razonaba que el banco no informó debidamente en el folleto informativo de la verdadera situación financiera de la entidad. El efecto consiguiente a la nulidad solicitada era la restitución recíproca de prestaciones.

Subsidiariamente, Candelaria ejercitaba una acción de indemnización de daños y perjuicios, basada también en el incumplimientos de las obligaciones de información que pesaban sobre el banco demandado, respecto de la comercialización de los dos productos financieros.

3.El banco demandado excepcionó la caducidad de la acción de nulidad y, en cuanto al fondo, alegó que la demandante se encontraba plenamente capacitada para entender la naturaleza y riesgos del producto adquirido, y que el banco había cumplido con los deberes de información.

4.La sentencia de primera instancia, tras rechazar la caducidad de la acción, estimó íntegramente la demanda. Primero apreció la nulidad por error en el consentimiento de la orden de suscripción de participaciones preferentes, así como de la orden de suscripción por canje de las participaciones preferentes en bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones, y el canje o conversión en acciones del Banco Popular Español, S.A. Consiguientemente, condenó a la parte demandada a la devolución del principal invertido y los frutos que el capital había generado, y la demandante debía reintegrar la totalidad de los intereses percibidos durante el periodo de vigencia de las participaciones preferentes y bonos, así como la titularidad de las acciones y los dividendos percibidos por las mismas, más los intereses legales desde cada percepción, lo que debía liquidarse en fase de ejecución de sentencia. También declaró la nulidad de la compra de acciones de Banco Popular realizada por la actora, con los efectos legales inherentes.

5.La sentencia de primera instancia fue recurrida por el banco demandado. La Audiencia estima en parte el recurso.

En primer lugar confirma la nulidad por error vicio de la compra de acciones del banco en la OPS, porque el folleto informativo no reflejaba la imagen fiel de la entidad emisora, ni los riesgos que suponía la emisión de acciones para la ampliación de capital, sin que constase que la demandante fuera consciente del riesgo.

En segundo lugar, la sentencia de apelación revoca los pronunciamientos del fallo referidos a las participaciones preferentes, canjeadas por obligaciones subordinadas que a su vez fueron canjeadas por acciones cotizadas del banco demandado, que se dejan sin efecto, y, en su lugar, desestima las pretensión de nulidad por error y resarcimiento de daños y perjuicios referentes a las participaciones preferentes. Al respecto, y en lo que ahora interesa, la Audiencia razona lo siguiente:

«[...] Ahora bien, en el presente caso concurre una peculiaridad especifica que lo hace diferente de la gran mayoría, por no decir la práctica totalidad, de los litigios que sobre participaciones preferentes u obligaciones subordinadas conocen de ordinario los tribunales. Tal peculiaridad no ha sido contemplada en la sentencia de instancia, pero si fue puesta de manifestó, si bien no como argumento central, por la parte demandada tanto en su escrito de contestación como en su escrito de recurso [...].

»Pues bien, la peculiaridad que presente el caso objeto de nuestro enjuiciamiento, no es otra que los riesgos propios del producto financiero que examinamos (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) no se han materializado o producido durante la vida o vigencia del contrato (del 07-05-2010 en que se adquieren las participaciones preferentes, canjeadas el 1603-2012 por obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones, hasta que en fecha 27-02-204 se produce el canje de las citadas obligaciones subordinadas por acciones del "Banco Popular Español, SA", y con ello se produce el vencimiento de los títulos y la consumación del contrato). Y en efecto, ninguno de los tres riesgos principales señalados se ha originado en la vida del contrato o durante la vigencia del producto. Así en primer lugar, los intereses pactados que eran del 6,75% anual (interés que dicho sea de paso es notablemente superior al de un depósito bancario ordinario y de la mayoría de los títulos o bonos de deuda corporativa ordinaria) que se devengaba trimestralmente, se pagaron en todos los trimestres, devengándose un total de 2.831,28 euros a lo largo de toda la vigencia del contrato. En segundo lugar, no consta que se produjese una falta de liquidez de los títulos que impidiese su venta en el mercado secundario de renta fija por un precio razonable que no implicase pérdida de la inversión, ni consta tampoco que la actora haya intentado vender los títulos de los que era tenedora. Y, en tercer lugar, y esto es lo más importante, no hubo pérdida del principal de la inversión, pues al vencimiento o consumación del contrato en fecha 27-04-2014 se produce el canje de las obligaciones subordinadas por acciones cotizadas del "Banco Popular Español, SA" que la citada fecha y según cotización oficial en la citada fecha tenían un valor de 27.931,29 euros, superior a los 25.000 euros invertidos en la compra de las participaciones preferentes, y el valor de las acciones podía haberse hecho efectivo mediante una simple orden de venta dado que estamos ante acciones que cotizan en bolsa y que pueden venderse de forma sencilla en cualquier momento de los días en que las acciones cotizan. Si al valor de las acciones cotizadas (27.931,29 euros) por las que se canjearon las obligaciones subordinadas añadimos los intereses percibidos (2.831,28 euros) como remuneración durante la vigencia del contrato, cabe concluir que la actora percibió un total de 30.762,28 euros, es decir 5.762,28 euros más que de los 25.0000 euros invertidos en compra de las participaciones preferentes. En definitiva, tomando como referencia la fecha del vencimiento o consumación del contrato (27-02-2014) la actora no sólo no sufrió perdida o perjuicio económico, sino un beneficio considerable de 5.762,28 euros, el 23,04% de la inversión inicial, beneficio que, reiteramos, podía haberse hecho efectivo de haberse ordenado la venta de las acciones que cotizaban en la bolsa oficial.

»Se nos dirá que el actor no vendió las acciones y que después de bajar éstas de cotización en los meses siguientes perdió todo el valor de las mismas cuando el 07-06-2017 se produjo la resolución el banco demandado y el valor de todas las acciones del capital social se redujo a cero. Pero el caso es que lo anterior sucedido dos años y medio después de producirse el canje de las obligaciones subordinadas por las acciones cotizadas, y como es obvio se produjo por el sencillo hecho que el actor decidió conservar las acciones adquiridas por el canje de las obligaciones subordinadas en vez de optar por su venta, cosa que podía haber hecho en cualquier momento previo al 07-02-2017. Existe pues, una ruptura del nexo causal entre el producto financiero litigioso y el perjuicio que se reclama, que debe considerase producido por un hecho posterior ajeno a tal producto. Obviamente para resolver si un producto financiero ha originado beneficios o pérdidas, se debe considerar la fecha de vencimiento del producto o consumación del mismo, y tal vencimiento o consumación como hemos dicho reiteradamente se produce el 27-02-2014 cuando tiene lugar el canje de las obligaciones subordinadas por las acciones cotizadas. Así por ejemplo, en todo producto financiero cuya naturaleza consiste en la tenencia de títulos de renta fija durante un plazo a cuyo vencimiento se canjean por acciones cotizadas, se debe considerar el valor que tienen dichas acciones según su cotización en la fecha del vencimiento o canje y no el de una fecha posterior, pues como es sabido el valor de las acciones cotizadas es volátil y experimenta alzas y bajas, no pudiendo por ello considerase que si las acciones objeto del canje sufren una baja de cotización en las fechas posteriores al canje no puede considerase la pérdida de valor de las acciones por descenso de su cotización para considerar que ha habido pérdida. Del mismo modo, a la inversa, si la cotización de las acciones experimenta un alza en las fechas posteriores al canje, este hecho no puede llevarnos a considerar que se ha producido un beneficio. Establecer lo contrario a la anterior conclusión sería ir contra el principio de seguridad jurídica en la contratación.

»Sentado que el producto financiero que nos ocupa no originó pérdidas sino por el contrario un considerable beneficio cuando se produjo su vencimiento y consumación procede determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de tal circunstancia en orden a las acciones ejercitadas.

»Indudablemente la acción de resarcimiento de daños y perjuicios derivados del incumplimiento del deber legal de informar sobre la naturaleza, características y riesgos del producto financiero ofertado y luego vendido, que se ejercita como subsidiaria, tiene como presupuesto previo la existencia de un perjuicio real, efectivo y evaluable económicamente, por lo cual si el perjuicio no existe la acción desaparece, como por otra parte es obvio sin que la conclusión merezca mayor argumentación. Tal acción debe ser indudablemente desestimada si el producto financiero no originó perdida que pueda considerase perjuicio que resarcir.

»Mayor dificultad presenta la acción de anulación por error, pues esta no es una acción resarcitoria que tenga como presupuesto la existencia de un perjuicio económico, sino que es una acción que impugna la validez de un contrato por causa originarias del mismo, ora sea por falta de requisitos esenciales ora sea por vicio que invalida el consentimiento prestado cuando se perfecciona el contrato, y para enjuiciar y resolver tal acción se debe considerar como se formó la voluntad contractual con abstracción de si el resultado económico del contrato es favorable o adverso para el contratante que ejercita la acción de nulidad.

»Ahora bien, no parece lógico ejercitar una acción de anulación por error que vicia el consentimiento prestado respecto a un contrato sobre la adquisición de un producto financiero cuando el mismo no ha originado pérdidas a su vencimiento o consumación, máxime cuando se invoca como causa del error la falta de información sobre los riesgos del producto y tales riesgos no han llegado a materializarse o producirse durante la vigencia del contrato. Incluso si consideramos la aplicación del art. 1.303 del CC se puede señalar que el contratante que alega sufrir el error está obligado a restituir las prestaciones percibidas por razón del contrato, es decir no sólo la remuneración percibida en concepto de intereses sino las acciones por las cuales se canjearon las obligaciones subordinadas, y cabe entender que tal restitución debe efectuarse conforme al valor o cotización que tales acciones tienen el momento del canje que es el de la consumación o vencimiento del producto. Pero incluso si no aceptamos la anterior conclusión cabe decir que ejercitar una acción de anulación por error de un contrato financiero para obtener el resarcimiento de un perjuicio no originado por el propio contrato sino por causa independiente al mismo, supone el ejercicio de la misma con un fin espurio, lo cual supone el ejercicio del derecho es decir de la acción de forma contraria a las exigencias de la buena fe con la que deben ejercitarse todos los derechos y acciones, y es un claro supuesto de ejercicio antisocial del derecho proscrito por el art. 7-2 del CC, pues sobrepasa manifiestamente sus límites [...]».

6.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por la demandante, sobre la base de tres motivos.

SEGUNDO. Formulación de los tres motivos del recurso de casación.

1.Formulación del motivo primero. El motivodenuncia la infracción «del artículo 1.300 del Código Civil, puesto en relación con los artículos 1.265 y 1.266 ambos del Código Civil, y de la doctrina jurisprudencial dictada en aplicación de los mismos». Razona que «la Sentencia (...) recurrida hace una interpretación contra legemde los presupuestos o requisitos necesarios para el éxito de la acción de nulidad relativa o anulabilidad, al exigir más requisitos que los que se deducen del tenor literal del artículo 1.300 del Código Civil, puesto en relación con los artículos 1.265 y 1.266 de la misma Ley (...); y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada al respecto. [...]».

En el desarrollo del motivo se alega que el único requisito al que se supedita la estimación de la acción de nulidad relativa o anulabilidad, es que se trate de contratos en que concurran los requisitos que menciona el art. 1.261 CC y que estos adolezcan de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley. Por lo tanto, el precepto legal no exige ni la concurrencia de lesión ni tampoco pérdida económica en el resultado del producto financiero adquirido por el cliente minorista, como sí hace en cambio la sentencia recurrida.

2.Formulación del motivo segundo. El motivo denuncia la infracción del « artículo 1208 del Código Civil, y de la doctrina jurisprudencial dictada en aplicación del mismo». Para explicarlo, razona que «a la hora de enjuiciar y resolver la acción de nulidad relativa o anulabilidad, el tribunal ad quemno tuvo en cuenta ni lo más mínimo cómo se formó la voluntad negocial, o cómo se comercializaron las participaciones preferentes, que luego fueron canjeadas por obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones. [...] Y advierte que «la Sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que versa sobre la ineficacia propagada o en cadena de los contratos y cuyo máximo exponente viene dado por las Sentencias nº 375/2010, de 17 de junio y nº 33/2010, de 19 de Febrero».

3.Formulación del motivo tercero. El motivo denuncia la infracción «del artículo 1.303 del Código Civil, y de la doctrina jurisprudencial dictada en aplicación del mismo. [...] Y añade que «la Sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que versa sobre los efectos de la nulidad y cuyo máximo exponente viene dado por las Sentencias n º 373/2018, de 20 de junio; 716/2016, de 30 de noviembre, 734/2016, de 20 de diciembre; y 270/2017, de 4 de mayo, por citar solo algunas».

En el desarrollo del motivo razona que el planteamiento que hace la sentencia recurrida es errático, pues analiza los efectos de una eventual nulidad sin haber determinado previamente cuál o cuáles de los diferentes contratos concatenados que suscribió la actora son nulos; pues según se parta de la nulidad de unos u otros, las consecuencias jurídicas serán distintas. El tribunal no puede propugnar que la actora haya de restituir las acciones por las cuales se canjearon las obligaciones subordinadas, si dicho canje es nulo, y menos aún pretender que haya de restituirlas por un valor contable, que nunca llegó a percibir.

TERCERO. Incidencia de la doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024 en la resolución del recurso de casación.

1.Con posterioridad a la formulación del recurso de casación, el Tribunal de Justicia de la UE dictó la sentencia de 5 de mayo de 2022 (C-410/20), que interpreta la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, al amparo de la cual se llevó a cabo la resolución de Banco Popular.

El día 7 de junio de 2017, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprobó el régimen de resolución del Banco Popular Español S.A. (DO 2017, L 178, p. 15); la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08 que activó el dispositivo de resolución de Banco Popular; y el FROB adoptó las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de resolución (BOE de 30 de junio de 2017).

El instrumento de resolución adoptado consistió en la venta del negocio, mediante la transmisión de las acciones a un comprador, el Banco Santander, que las adquirió por el valor de un euro. Para ello el art. 6 de la decisión de la JUR acordó lo siguiente: a) amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular, con la consiguiente cancelación del 100 % de las acciones de Banco Popular (las acciones existentes); b) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución, en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones I»; c) amortizar a cero el valor nominal de las «nuevas acciones I», con la consiguiente cancelación del 100 % de esas «nuevas acciones I»; y d) convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la Decisión de resolución en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «nuevas acciones II».

2.El artículo 34, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2014/59 establece lo siguiente:

«1. Los Estados miembros se asegurarán de que, al aplicar los instrumentos y ejercer las competencias de resolución, las autoridades de resolución tomen todas las medidas oportunas para garantizar que la medida de resolución se ajuste a los principios siguientes:

»a) que los accionistas de la entidad objeto de resolución asuman las primeras pérdidas;

»b) que los acreedores de la entidad objeto de resolución asuman pérdidas después de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios, salvo que la presente Directiva establezca expresamente otra cosa [...]».

El artículo 53, apartados 1 y 3, de la Directiva 2014/59, establece lo siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una autoridad de resolución ejerza una competencia contemplada en el artículo 59, apartado 2, letras e) a i), y en el artículo 63, apartado 1, la reducción del importe principal o pendiente adeudado, la conversión o la cancelación, surta efecto y sea vinculante de forma inmediata para la entidad objeto de resolución y para los acreedores y accionistas afectados.

[...]

»3. Cuando una autoridad de resolución reduzca a cero, en virtud de las competencias mencionadas en el artículo 63, apartado 1, letra e), el importe principal o el importe pendiente de un pasivo, este o cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento en que se ejercen dichas competencias se considerarán liberados a todos los efectos, y no podrán computarse en posibles procedimientos ulteriores de la entidad objeto de resolución o de otra sociedad que la suceda en una eventual liquidación posterior».

El artículo 60, apartado 2, letras a), b) y c), de la Directiva 2014/59, establece lo siguiente:

«2. En caso de que el importe principal de un instrumento de capital pertinente se amortice:

»a) la reducción del importe principal será permanente, sujeta a toda reevaluación de conformidad con el mecanismo de reembolso del artículo 46, apartado 3;

»b) por lo que se refiere al titular del instrumento de capital pertinente, no subsistirá responsabilidad alguna en relación con el importe del instrumento que haya sido amortizado, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso presentado contra la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización;

»c) que no se pague indemnización alguna al titular de los instrumentos de capital pertinentes, excepto si se ajusta a lo dispuesto en el apartado 3».

Y el artículo 64, apartado 4, letra b), de la Directiva 2014/59, establece lo siguiente:

«4. Las competencias recogidas en el apartado 1, letra d), y en el apartado 3, letra b), no afectarán:

[...]

»b) de conformidad con los artículos 69, 70 y 71, a la facultad de la parte de un contrato de ejercitar sus derechos con arreglo al mismo, incluido el derecho a rescisión, cuando las condiciones del contrato lo permitan a causa de un acto u omisión imputables a la entidad objeto de resolución con anterioridad a la transmisión en cuestión, o al adquirente después de la misma».

3.La sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20), al responder a una cuestión prejudicial que guardaba relación con los efectos de la decisión de resolución del banco respecto de las acciones previamente adquiridas en el marco de una OPS, declaró que la Directiva 2014/59 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios.

Según esta doctrina, el artículo 34, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2014/59 establece el principio de que son los accionistas de la entidad objeto del procedimiento de resolución quienes deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento; y el artículo 53, apartado 3, por su parte, establece que cuando una autoridad de resolución reduzca a cero el principal o el importe pendiente de un pasivo, cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento de la resolución se considerarán liberadas a todos los efectos y no podrán oponerse a la entidad de crédito objeto de la medida de resolución o a otra sociedad que la suceda, en una eventual liquidación posterior. Por lo que se refiere a los titulares de los instrumentos de capital amortizados en virtud de la decisión de resolución, el artículo 60 apartado 2, párrafo primero, letra b), dispone que no subsistirá responsabilidad alguna, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso en el que se impugne la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización.

En definitiva, el TJUE concluye que la Directiva 2014/59 excluye el ejercicio de las acciones de responsabilidad o de nulidad e impide que «quienes hayan adquirido acciones [...] ejerciten contra esa entidad [...] o contra la entidad de que suceda, una acción de responsabilidad [...] o una acción de nulidad».

4.Esta Sala Primera del Tribunal Supremo tenía alguna duda sobre la incidencia de la doctrina contenida en esa sentencia del TJUE al presente caso, en que las participaciones preferentes adquiridas por la Sra. Candelaria el 7 de mayo de 2010 eran instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por una filial de Banco Popular (BPE Preference International Limited), que antes de la decisión de resolución del banco se habían canjeado, primero, por bonos subordinados obligatoriamente convertibles (marzo de 2012) y más tarde, por acciones de Banco Popular (2014).

Las dudas guardaban relación con la interpretación de los artículos 53.3 y 60.2.b) de la Directiva 2014/59, y en concreto con qué debía entenderse por «pasivo no devengado», con vistas a descartar que aquellas participaciones preferentes convertidas en subordinadas y luego en acciones, antes de la decisión de resolución de Banco Popular, no tienen esa condición de «pasivo no devengado». Esto es: si el crédito o derecho que surgiría de la condena a restituir como consecuencia de la nulidad de la adquisición de un instrumento de capital (participaciones preferentes) que acabó convirtiéndose en acciones antes de que se hubieran adoptado las medidas de resolución al Banco Popular (7 de junio de 2017), sería un pasivo afectado por la previsión de los arts. 53.3 y 60.2.b) de la Directiva 2014/59.

Eso motivó la formulación de la cuestión prejudicial al TJUE, que ha sido resuelta por sentencia de 5 de septiembre de 2024 (asuntos acumulados C-775/22, C-779/22 y C-794/22). Esta última sentencia aclara que los mencionados artículos ( arts. 34.1.a) y b); 53.1 y 3; y 60.2.b) de la Directiva 2014/59) «no se oponen a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital social de una entidad de crédito objeto de un procedimiento de resolución, quienes hayan adquirido instrumentos de capital convertidos en acciones de esa entidad antes de que se adoptaran medidas de resolución respecto de la misma ejerciten, contra esa entidad o contra la entidad que la suceda, una acción de responsabilidad por la información defectuosa y falsa contenida en el folleto, como la prevista en el artículo 6 de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esos instrumentos de capital con arreglo al Derecho nacional que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, daría lugar a la restitución del contravalor de tales instrumentos de capital adquiridos inicialmente, y convertidos después en acciones, más los intereses devengados desde la fecha de celebración de dicho contrato».

Con ello el Tribunal de Justicia deja claro que los pasivos que pudieran derivar de la eventual nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones, antes de la decisión de resolución de Banco Popular) en ningún caso formarían parte de esos «pasivos ya devengados» a los que se refiere la exclusión de los efectos liberatorios de la amortización contenida en el artículo 60.2.b) Directiva 2014/59, ni de las obligaciones o reclamaciones ya vencidas en el momento de la Decisión de resolución a que se refiere el artículo 53.3 Directiva 2014/59. Razón por la cual en nuestro caso la Sra. Candelaria carece de legitimación para la acción que ejercita frente a Banco Santander. Si, como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito que comercializó las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones), o contra la entidad que la suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda.

Estas circunstancias han privado a las pretensiones de la demandante -ahora recurrente en casación- del fundamento que pudieran tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que esta sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. En efecto, «la interpretación que el Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, realiza de una norma del Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor», de donde resulta «que la norma que ha sido interpretada puede y debe ser aplicada por el juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma» ( SSTJUE de 14 de mayo de 2020, C-749/18 y de 12 de mayo de 2022, (C- 556/20).

Por todo ello, procede desestimar el recurso de casación.

CUARTO. Costas

No procede la imposición de las costas procesales que corresponderían a la casación, porque la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto. Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.