Sentencia Civil 968/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8502/2021 de 22 de junio del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación interpuesto por los demandados, D.ª Caridad, D.ª Erica y Trigo y Rodríguez, SL, contra la dictada en primera instancia, la revocó y, en consecuencia, desestimó la «demanda de reclamación por vicios ocultos» formulada por D. Abelardo frente a aquellos.

La razón de la decisión fue la caducidad de la acción. La Audiencia Provincial consideró que la acción de saneamiento por defectos ocultos ejercitada en la demanda respecto del inmueble sito en la DIRECCION000, de Palma de Mallorca, transmitido el 8 de febrero de 2019 por los demandados al demandante y a D.ª Adela, estaba sometida al plazo de caducidad de seis meses previsto en el art. 1490 CC. Partiendo de que dicho plazo, conforme al art. 5.2 CC, es un plazo civil computable de fecha a fecha y sin exclusión de los días inhábiles, y de que su cómputo se iniciaba el mismo día de la transmisión, esto es, el 8 de febrero de 2019, concluyó que finalizaba el 8 de agosto de 2019. Por ello, al haberse presentado la demanda el 2 de septiembre de 2019, declaró caducada la acción.

2.El demandante interpuso sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que han sido admitidos.

SEGUNDO.Planteamiento de los recursos. Alegaciones de los recurridos. Examen conjunto. Decisión de la Sala: estimación de los recursos; anulación de la sentencia recurrida

1. Planteamiento de los recursos. El recurso por infracción procesal se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 135 LEC en concordancia con los arts. 183 y 185.2 LOPJ.

El recurso de casación, por interés casacional al oponerse la resolución recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (se citan las sentencias 538/2011, de 11 de julio, 497/2010, de 30 de abril, 287/2009, de 29 de abril ) se funda en dos motivos en los que se denuncian el art. 183 LOPJ en relación con los arts. 5.2 y 1490 CC y 135 LEC, y el art. 185.2 LOPJ en relación con los arts. 5.2 CC y 135 LEC, respectivamente.

2. Alegaciones de los recurridos. Los recurridos se oponen. Alegan que el plazo de seis meses del art. 1490 CC no es un plazo procesal, sino sustantivo que, al estar señalado por meses, se computa de fecha a fecha y sin excluir los días inhábiles. Añaden que en el caso no cabe aplicar la normativa y jurisprudencia invocadas por el recurrente, por ser anteriores a la modificación operada en el art. 135 LEC por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. A su juicio, tras dicha reforma, cuando la demanda deba ser presentada por sujetos obligados al uso de medios telemáticos, el plazo de prescripción o caducidad vence el mismo día en que finaliza el plazo sustantivo, aunque sea inhábil procesalmente, sin posibilidad de presentación el día hábil siguiente; posibilidad que únicamente subsiste en aquellos procedimientos en los que no resulte preceptivo el empleo de sistemas telemáticos o electrónicos.

3.Examen conjunto. Procede examinar conjuntamente el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, pues ambos suscitan, desde perspectivas normativas distintas, una misma cuestión jurídica. En efecto, no existe controversia acerca de que el plazo de seis meses previsto en el art. 1490 CC comenzó a correr el 8 de febrero de 2019 y expiró el 8 de agosto siguiente, computado de fecha a fecha conforme al art. 5.2 CC. La discrepancia se centra exclusivamente en determinar si, pese a haber vencido en esa fecha el plazo de caducidad de la acción, la demanda podía presentarse válidamente el primer día hábil siguiente en aplicación de los arts. 135 LEC y 183 y 185.2 LOPJ. Precisamente esa es la cuestión que constituye el fundamento del recurso extraordinario por infracción procesal, al denunciar la incorrecta aplicación de dichos preceptos, y es también la premisa de la que depende la estimación de los motivos de casación, pues de la respuesta que se dé a aquella cuestión resulta, de forma inmediata, la corrección o incorrección de la declaración de caducidad de la acción efectuada por la sentencia recurrida. Por ello, razones de conexión lógica y de unidad de decisión aconsejan un examen conjunto de ambos recursos.

4.Decisión de la Sala: estimación de los recursos; anulación de la sentencia recurrida. Los recursos deben estimarse por lo que se expone a continuación.

Como se ha indicado, no existe controversia acerca de que el plazo de seis meses previsto en el art. 1490 CC comenzó a correr el 8 de febrero de 2019, fecha de entrega del inmueble, ni tampoco acerca de que dicho plazo expiraba, computado de fecha a fecha conforme al art. 5.2 CC, el 8 de agosto de 2019. La cuestión litigiosa se contrae exclusivamente a determinar si la demanda presentada el 2 de septiembre de 2019 -a las 13:42 h- podía reputarse tempestiva en aplicación de los arts. 135 LEC y 183 y 185.2 LOPJ, o si, por el contrario, la acción debía considerarse caducada, como sostuvo la sentencia recurrida.

La respuesta a esta cuestión viene dada por la doctrina jurisprudencial de esta sala, que ha reconocido reiteradamente la aplicabilidad de la regla del art. 135 LEC -que permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo- a las demandas mediante las que se ejercitan acciones sometidas a plazos sustantivos de prescripción o caducidad. Tal doctrina parte de la distinción entre el plazo sustantivo que delimita la existencia y ejercicio del derecho y el acto de presentación de la demanda, que constituye una actuación de naturaleza procesal sometida a las normas reguladoras del proceso. Desde esta perspectiva, la aplicación del denominado «día de gracia» no supone una ampliación del plazo sustantivo ni altera sus reglas de cómputo, sino que permite al titular del derecho agotar íntegramente el tiempo del que dispone para ejercitarlo mediante el acto procesal indispensable para su efectividad.

Así lo declaró la sentencia 287/2009, de 29 de abril, al afirmar que la presentación de la demanda constituye un acto procesal sujeto a las reglas del art. 135 LEC, criterio posteriormente reiterado por las sentencias 497/2010, de 28 de julio, 538/2011, de 11 de julio, y 150/2015, de 25 de marzo, que admitieron expresamente la aplicación de dicha regla respecto de plazos civiles de prescripción y caducidad. Más recientemente, la sentencia 126/2026, de 2 de febrero, ha precisado que esta doctrina no quedó desvirtuada por la reforma introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, ni por la generalización de la presentación telemática de escritos, rechazando expresamente la tesis según la cual la obligatoriedad de los medios electrónicos habría eliminado la posibilidad de presentar la demanda hasta las quince horas del primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo sustantivo.

La razón es que, como explica la propia sentencia, la reforma operada por la Ley 42/2015 no alteró la doctrina jurisprudencial precedente ni introdujo una excepción para los supuestos en que la demanda hubiera de presentarse por medios telemáticos. El art. 135.5 LEC, en la redacción entonces vigente, disponía que «[l]a presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo», sin distinguir entre plazos procesales y sustantivos ni entre presentación electrónica y presencial. Por ello, tratándose de una demanda que debía presentarse ante un tribunal civil, la regla del denominado «día de gracia» resultaba aplicable con independencia de la naturaleza del plazo que condicionara el ejercicio del derecho y de la forma de presentación del escrito. A ello se añadía que la propia reforma de 2015 estableció que las presentaciones realizadas en día u hora inhábiles se entenderían efectuadas el primer día y hora hábil siguientes, previsión que se completaba con las restantes reglas del art. 135 LEC relativas a la presentación telemática de escritos. De este modo, los efectos jurídicos de una presentación efectuada en día inhábil pasaban a ser los mismos que los de una presentación realizada el siguiente día hábil. Como razona la citada sentencia, resultaría incoherente admitir, al amparo de esas normas, que una demanda mediante la que se ejercita un derecho sometido a un plazo sustantivo pudiera presentarse electrónicamente en día inhábil y producir efectos el siguiente día hábil, pero negar simultáneamente la aplicación de la regla del art. 135 LEC que permite presentar el escrito hasta las quince horas de ese mismo día hábil siguiente, con el argumento de que el plazo ejercitado es de naturaleza sustantiva.

No pueden prosperar, por ello, las alegaciones formuladas por los recurridos. Es cierto que la jurisprudencia invocada por la parte recurrente fue dictada con anterioridad a la reforma de 2015, pero la citada sentencia 126/2026 ha aclarado expresamente que dicha reforma no alteró la vigencia de esa doctrina ni introdujo una diferenciación entre quienes estaban obligados a utilizar medios electrónicos y quienes no lo estaban. La interpretación sostenida por los recurridos conduce así a una diferenciación que ni se desprende del tenor literal del precepto ni resulta compatible con la sistemática introducida por la Ley 42/2015, razón por la que ha sido expresamente descartada por la jurisprudencia de esta sala.

En consecuencia, si la demanda fue presentada dentro del margen temporal que resultaba de la aplicación de la regla contenida en el art. 135.5 LEC, no podía apreciarse la caducidad de la acción ejercitada.

Procede por tanto estimar los recursos, casar la sentencia recurrida, y, dado que la Audiencia Provincial, tras estimar la excepción de caducidad, no entró a resolver el resto de los motivos de apelación -pronunciamientos impugnados 2, 3, 4, 5 y 6-, reponer los autos al momento anterior a dictarse la sentencia de la Audiencia Provincial, para que dichos motivos se examinen y resuelvan, una vez desestimada la excepción de caducidad, que es rechazada con pronunciamiento firme.

CUARTO. Costas y depósitos

Al estimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación no se condena en las costas de dichos recursos a ninguno de los litigantes y se dispone la devolución de los depósitos para recurrir ( art. 398.2 LEC y disposición adicional decimoquinta, apartado 8, LOPJ, respectivamente).

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación interpuesto por los demandados, D.ª Caridad, D.ª Erica y Trigo y Rodríguez, SL, contra la dictada en primera instancia, la revocó y, en consecuencia, desestimó la «demanda de reclamación por vicios ocultos» formulada por D. Abelardo frente a aquellos.

La razón de la decisión fue la caducidad de la acción. La Audiencia Provincial consideró que la acción de saneamiento por defectos ocultos ejercitada en la demanda respecto del inmueble sito en la DIRECCION000, de Palma de Mallorca, transmitido el 8 de febrero de 2019 por los demandados al demandante y a D.ª Adela, estaba sometida al plazo de caducidad de seis meses previsto en el art. 1490 CC. Partiendo de que dicho plazo, conforme al art. 5.2 CC, es un plazo civil computable de fecha a fecha y sin exclusión de los días inhábiles, y de que su cómputo se iniciaba el mismo día de la transmisión, esto es, el 8 de febrero de 2019, concluyó que finalizaba el 8 de agosto de 2019. Por ello, al haberse presentado la demanda el 2 de septiembre de 2019, declaró caducada la acción.

2.El demandante interpuso sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que han sido admitidos.

SEGUNDO.Planteamiento de los recursos. Alegaciones de los recurridos. Examen conjunto. Decisión de la Sala: estimación de los recursos; anulación de la sentencia recurrida

1. Planteamiento de los recursos. El recurso por infracción procesal se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 135 LEC en concordancia con los arts. 183 y 185.2 LOPJ.

El recurso de casación, por interés casacional al oponerse la resolución recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (se citan las sentencias 538/2011, de 11 de julio, 497/2010, de 30 de abril, 287/2009, de 29 de abril ) se funda en dos motivos en los que se denuncian el art. 183 LOPJ en relación con los arts. 5.2 y 1490 CC y 135 LEC, y el art. 185.2 LOPJ en relación con los arts. 5.2 CC y 135 LEC, respectivamente.

2. Alegaciones de los recurridos. Los recurridos se oponen. Alegan que el plazo de seis meses del art. 1490 CC no es un plazo procesal, sino sustantivo que, al estar señalado por meses, se computa de fecha a fecha y sin excluir los días inhábiles. Añaden que en el caso no cabe aplicar la normativa y jurisprudencia invocadas por el recurrente, por ser anteriores a la modificación operada en el art. 135 LEC por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. A su juicio, tras dicha reforma, cuando la demanda deba ser presentada por sujetos obligados al uso de medios telemáticos, el plazo de prescripción o caducidad vence el mismo día en que finaliza el plazo sustantivo, aunque sea inhábil procesalmente, sin posibilidad de presentación el día hábil siguiente; posibilidad que únicamente subsiste en aquellos procedimientos en los que no resulte preceptivo el empleo de sistemas telemáticos o electrónicos.

3.Examen conjunto. Procede examinar conjuntamente el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, pues ambos suscitan, desde perspectivas normativas distintas, una misma cuestión jurídica. En efecto, no existe controversia acerca de que el plazo de seis meses previsto en el art. 1490 CC comenzó a correr el 8 de febrero de 2019 y expiró el 8 de agosto siguiente, computado de fecha a fecha conforme al art. 5.2 CC. La discrepancia se centra exclusivamente en determinar si, pese a haber vencido en esa fecha el plazo de caducidad de la acción, la demanda podía presentarse válidamente el primer día hábil siguiente en aplicación de los arts. 135 LEC y 183 y 185.2 LOPJ. Precisamente esa es la cuestión que constituye el fundamento del recurso extraordinario por infracción procesal, al denunciar la incorrecta aplicación de dichos preceptos, y es también la premisa de la que depende la estimación de los motivos de casación, pues de la respuesta que se dé a aquella cuestión resulta, de forma inmediata, la corrección o incorrección de la declaración de caducidad de la acción efectuada por la sentencia recurrida. Por ello, razones de conexión lógica y de unidad de decisión aconsejan un examen conjunto de ambos recursos.

4.Decisión de la Sala: estimación de los recursos; anulación de la sentencia recurrida. Los recursos deben estimarse por lo que se expone a continuación.

Como se ha indicado, no existe controversia acerca de que el plazo de seis meses previsto en el art. 1490 CC comenzó a correr el 8 de febrero de 2019, fecha de entrega del inmueble, ni tampoco acerca de que dicho plazo expiraba, computado de fecha a fecha conforme al art. 5.2 CC, el 8 de agosto de 2019. La cuestión litigiosa se contrae exclusivamente a determinar si la demanda presentada el 2 de septiembre de 2019 -a las 13:42 h- podía reputarse tempestiva en aplicación de los arts. 135 LEC y 183 y 185.2 LOPJ, o si, por el contrario, la acción debía considerarse caducada, como sostuvo la sentencia recurrida.

La respuesta a esta cuestión viene dada por la doctrina jurisprudencial de esta sala, que ha reconocido reiteradamente la aplicabilidad de la regla del art. 135 LEC -que permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo- a las demandas mediante las que se ejercitan acciones sometidas a plazos sustantivos de prescripción o caducidad. Tal doctrina parte de la distinción entre el plazo sustantivo que delimita la existencia y ejercicio del derecho y el acto de presentación de la demanda, que constituye una actuación de naturaleza procesal sometida a las normas reguladoras del proceso. Desde esta perspectiva, la aplicación del denominado «día de gracia» no supone una ampliación del plazo sustantivo ni altera sus reglas de cómputo, sino que permite al titular del derecho agotar íntegramente el tiempo del que dispone para ejercitarlo mediante el acto procesal indispensable para su efectividad.

Así lo declaró la sentencia 287/2009, de 29 de abril, al afirmar que la presentación de la demanda constituye un acto procesal sujeto a las reglas del art. 135 LEC, criterio posteriormente reiterado por las sentencias 497/2010, de 28 de julio, 538/2011, de 11 de julio, y 150/2015, de 25 de marzo, que admitieron expresamente la aplicación de dicha regla respecto de plazos civiles de prescripción y caducidad. Más recientemente, la sentencia 126/2026, de 2 de febrero, ha precisado que esta doctrina no quedó desvirtuada por la reforma introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, ni por la generalización de la presentación telemática de escritos, rechazando expresamente la tesis según la cual la obligatoriedad de los medios electrónicos habría eliminado la posibilidad de presentar la demanda hasta las quince horas del primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo sustantivo.

La razón es que, como explica la propia sentencia, la reforma operada por la Ley 42/2015 no alteró la doctrina jurisprudencial precedente ni introdujo una excepción para los supuestos en que la demanda hubiera de presentarse por medios telemáticos. El art. 135.5 LEC, en la redacción entonces vigente, disponía que «[l]a presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo», sin distinguir entre plazos procesales y sustantivos ni entre presentación electrónica y presencial. Por ello, tratándose de una demanda que debía presentarse ante un tribunal civil, la regla del denominado «día de gracia» resultaba aplicable con independencia de la naturaleza del plazo que condicionara el ejercicio del derecho y de la forma de presentación del escrito. A ello se añadía que la propia reforma de 2015 estableció que las presentaciones realizadas en día u hora inhábiles se entenderían efectuadas el primer día y hora hábil siguientes, previsión que se completaba con las restantes reglas del art. 135 LEC relativas a la presentación telemática de escritos. De este modo, los efectos jurídicos de una presentación efectuada en día inhábil pasaban a ser los mismos que los de una presentación realizada el siguiente día hábil. Como razona la citada sentencia, resultaría incoherente admitir, al amparo de esas normas, que una demanda mediante la que se ejercita un derecho sometido a un plazo sustantivo pudiera presentarse electrónicamente en día inhábil y producir efectos el siguiente día hábil, pero negar simultáneamente la aplicación de la regla del art. 135 LEC que permite presentar el escrito hasta las quince horas de ese mismo día hábil siguiente, con el argumento de que el plazo ejercitado es de naturaleza sustantiva.

No pueden prosperar, por ello, las alegaciones formuladas por los recurridos. Es cierto que la jurisprudencia invocada por la parte recurrente fue dictada con anterioridad a la reforma de 2015, pero la citada sentencia 126/2026 ha aclarado expresamente que dicha reforma no alteró la vigencia de esa doctrina ni introdujo una diferenciación entre quienes estaban obligados a utilizar medios electrónicos y quienes no lo estaban. La interpretación sostenida por los recurridos conduce así a una diferenciación que ni se desprende del tenor literal del precepto ni resulta compatible con la sistemática introducida por la Ley 42/2015, razón por la que ha sido expresamente descartada por la jurisprudencia de esta sala.

En consecuencia, si la demanda fue presentada dentro del margen temporal que resultaba de la aplicación de la regla contenida en el art. 135.5 LEC, no podía apreciarse la caducidad de la acción ejercitada.

Procede por tanto estimar los recursos, casar la sentencia recurrida, y, dado que la Audiencia Provincial, tras estimar la excepción de caducidad, no entró a resolver el resto de los motivos de apelación -pronunciamientos impugnados 2, 3, 4, 5 y 6-, reponer los autos al momento anterior a dictarse la sentencia de la Audiencia Provincial, para que dichos motivos se examinen y resuelvan, una vez desestimada la excepción de caducidad, que es rechazada con pronunciamiento firme.

CUARTO. Costas y depósitos

Al estimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación no se condena en las costas de dichos recursos a ninguno de los litigantes y se dispone la devolución de los depósitos para recurrir ( art. 398.2 LEC y disposición adicional decimoquinta, apartado 8, LOPJ, respectivamente).

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación interpuesto por los demandados, D.ª Caridad, D.ª Erica y Trigo y Rodríguez, SL, contra la dictada en primera instancia, la revocó y, en consecuencia, desestimó la «demanda de reclamación por vicios ocultos» formulada por D. Abelardo frente a aquellos.

La razón de la decisión fue la caducidad de la acción. La Audiencia Provincial consideró que la acción de saneamiento por defectos ocultos ejercitada en la demanda respecto del inmueble sito en la DIRECCION000, de Palma de Mallorca, transmitido el 8 de febrero de 2019 por los demandados al demandante y a D.ª Adela, estaba sometida al plazo de caducidad de seis meses previsto en el art. 1490 CC. Partiendo de que dicho plazo, conforme al art. 5.2 CC, es un plazo civil computable de fecha a fecha y sin exclusión de los días inhábiles, y de que su cómputo se iniciaba el mismo día de la transmisión, esto es, el 8 de febrero de 2019, concluyó que finalizaba el 8 de agosto de 2019. Por ello, al haberse presentado la demanda el 2 de septiembre de 2019, declaró caducada la acción.

2.El demandante interpuso sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que han sido admitidos.

SEGUNDO.Planteamiento de los recursos. Alegaciones de los recurridos. Examen conjunto. Decisión de la Sala: estimación de los recursos; anulación de la sentencia recurrida

1. Planteamiento de los recursos. El recurso por infracción procesal se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 135 LEC en concordancia con los arts. 183 y 185.2 LOPJ.

El recurso de casación, por interés casacional al oponerse la resolución recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (se citan las sentencias 538/2011, de 11 de julio, 497/2010, de 30 de abril, 287/2009, de 29 de abril ) se funda en dos motivos en los que se denuncian el art. 183 LOPJ en relación con los arts. 5.2 y 1490 CC y 135 LEC, y el art. 185.2 LOPJ en relación con los arts. 5.2 CC y 135 LEC, respectivamente.

2. Alegaciones de los recurridos. Los recurridos se oponen. Alegan que el plazo de seis meses del art. 1490 CC no es un plazo procesal, sino sustantivo que, al estar señalado por meses, se computa de fecha a fecha y sin excluir los días inhábiles. Añaden que en el caso no cabe aplicar la normativa y jurisprudencia invocadas por el recurrente, por ser anteriores a la modificación operada en el art. 135 LEC por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. A su juicio, tras dicha reforma, cuando la demanda deba ser presentada por sujetos obligados al uso de medios telemáticos, el plazo de prescripción o caducidad vence el mismo día en que finaliza el plazo sustantivo, aunque sea inhábil procesalmente, sin posibilidad de presentación el día hábil siguiente; posibilidad que únicamente subsiste en aquellos procedimientos en los que no resulte preceptivo el empleo de sistemas telemáticos o electrónicos.

3.Examen conjunto. Procede examinar conjuntamente el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, pues ambos suscitan, desde perspectivas normativas distintas, una misma cuestión jurídica. En efecto, no existe controversia acerca de que el plazo de seis meses previsto en el art. 1490 CC comenzó a correr el 8 de febrero de 2019 y expiró el 8 de agosto siguiente, computado de fecha a fecha conforme al art. 5.2 CC. La discrepancia se centra exclusivamente en determinar si, pese a haber vencido en esa fecha el plazo de caducidad de la acción, la demanda podía presentarse válidamente el primer día hábil siguiente en aplicación de los arts. 135 LEC y 183 y 185.2 LOPJ. Precisamente esa es la cuestión que constituye el fundamento del recurso extraordinario por infracción procesal, al denunciar la incorrecta aplicación de dichos preceptos, y es también la premisa de la que depende la estimación de los motivos de casación, pues de la respuesta que se dé a aquella cuestión resulta, de forma inmediata, la corrección o incorrección de la declaración de caducidad de la acción efectuada por la sentencia recurrida. Por ello, razones de conexión lógica y de unidad de decisión aconsejan un examen conjunto de ambos recursos.

4.Decisión de la Sala: estimación de los recursos; anulación de la sentencia recurrida. Los recursos deben estimarse por lo que se expone a continuación.

Como se ha indicado, no existe controversia acerca de que el plazo de seis meses previsto en el art. 1490 CC comenzó a correr el 8 de febrero de 2019, fecha de entrega del inmueble, ni tampoco acerca de que dicho plazo expiraba, computado de fecha a fecha conforme al art. 5.2 CC, el 8 de agosto de 2019. La cuestión litigiosa se contrae exclusivamente a determinar si la demanda presentada el 2 de septiembre de 2019 -a las 13:42 h- podía reputarse tempestiva en aplicación de los arts. 135 LEC y 183 y 185.2 LOPJ, o si, por el contrario, la acción debía considerarse caducada, como sostuvo la sentencia recurrida.

La respuesta a esta cuestión viene dada por la doctrina jurisprudencial de esta sala, que ha reconocido reiteradamente la aplicabilidad de la regla del art. 135 LEC -que permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo- a las demandas mediante las que se ejercitan acciones sometidas a plazos sustantivos de prescripción o caducidad. Tal doctrina parte de la distinción entre el plazo sustantivo que delimita la existencia y ejercicio del derecho y el acto de presentación de la demanda, que constituye una actuación de naturaleza procesal sometida a las normas reguladoras del proceso. Desde esta perspectiva, la aplicación del denominado «día de gracia» no supone una ampliación del plazo sustantivo ni altera sus reglas de cómputo, sino que permite al titular del derecho agotar íntegramente el tiempo del que dispone para ejercitarlo mediante el acto procesal indispensable para su efectividad.

Así lo declaró la sentencia 287/2009, de 29 de abril, al afirmar que la presentación de la demanda constituye un acto procesal sujeto a las reglas del art. 135 LEC, criterio posteriormente reiterado por las sentencias 497/2010, de 28 de julio, 538/2011, de 11 de julio, y 150/2015, de 25 de marzo, que admitieron expresamente la aplicación de dicha regla respecto de plazos civiles de prescripción y caducidad. Más recientemente, la sentencia 126/2026, de 2 de febrero, ha precisado que esta doctrina no quedó desvirtuada por la reforma introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, ni por la generalización de la presentación telemática de escritos, rechazando expresamente la tesis según la cual la obligatoriedad de los medios electrónicos habría eliminado la posibilidad de presentar la demanda hasta las quince horas del primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo sustantivo.

La razón es que, como explica la propia sentencia, la reforma operada por la Ley 42/2015 no alteró la doctrina jurisprudencial precedente ni introdujo una excepción para los supuestos en que la demanda hubiera de presentarse por medios telemáticos. El art. 135.5 LEC, en la redacción entonces vigente, disponía que «[l]a presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo», sin distinguir entre plazos procesales y sustantivos ni entre presentación electrónica y presencial. Por ello, tratándose de una demanda que debía presentarse ante un tribunal civil, la regla del denominado «día de gracia» resultaba aplicable con independencia de la naturaleza del plazo que condicionara el ejercicio del derecho y de la forma de presentación del escrito. A ello se añadía que la propia reforma de 2015 estableció que las presentaciones realizadas en día u hora inhábiles se entenderían efectuadas el primer día y hora hábil siguientes, previsión que se completaba con las restantes reglas del art. 135 LEC relativas a la presentación telemática de escritos. De este modo, los efectos jurídicos de una presentación efectuada en día inhábil pasaban a ser los mismos que los de una presentación realizada el siguiente día hábil. Como razona la citada sentencia, resultaría incoherente admitir, al amparo de esas normas, que una demanda mediante la que se ejercita un derecho sometido a un plazo sustantivo pudiera presentarse electrónicamente en día inhábil y producir efectos el siguiente día hábil, pero negar simultáneamente la aplicación de la regla del art. 135 LEC que permite presentar el escrito hasta las quince horas de ese mismo día hábil siguiente, con el argumento de que el plazo ejercitado es de naturaleza sustantiva.

No pueden prosperar, por ello, las alegaciones formuladas por los recurridos. Es cierto que la jurisprudencia invocada por la parte recurrente fue dictada con anterioridad a la reforma de 2015, pero la citada sentencia 126/2026 ha aclarado expresamente que dicha reforma no alteró la vigencia de esa doctrina ni introdujo una diferenciación entre quienes estaban obligados a utilizar medios electrónicos y quienes no lo estaban. La interpretación sostenida por los recurridos conduce así a una diferenciación que ni se desprende del tenor literal del precepto ni resulta compatible con la sistemática introducida por la Ley 42/2015, razón por la que ha sido expresamente descartada por la jurisprudencia de esta sala.

En consecuencia, si la demanda fue presentada dentro del margen temporal que resultaba de la aplicación de la regla contenida en el art. 135.5 LEC, no podía apreciarse la caducidad de la acción ejercitada.

Procede por tanto estimar los recursos, casar la sentencia recurrida, y, dado que la Audiencia Provincial, tras estimar la excepción de caducidad, no entró a resolver el resto de los motivos de apelación -pronunciamientos impugnados 2, 3, 4, 5 y 6-, reponer los autos al momento anterior a dictarse la sentencia de la Audiencia Provincial, para que dichos motivos se examinen y resuelvan, una vez desestimada la excepción de caducidad, que es rechazada con pronunciamiento firme.

CUARTO. Costas y depósitos

Al estimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación no se condena en las costas de dichos recursos a ninguno de los litigantes y se dispone la devolución de los depósitos para recurrir ( art. 398.2 LEC y disposición adicional decimoquinta, apartado 8, LOPJ, respectivamente).