Sentencia Civil 1384/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3610/2020 de 23 de octubre del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia y que guardan relación con lo que es objeto de recurso.

En el concurso de acreedores de Compostelana de Alojamientos y Servicios, S.A., el juzgado dictó un auto el 4 de mayo de 2016 que autorizaba la venta de la unidad productiva, el Gran Hotel Santiago, principal activo de la sociedad, por un importe 9.500.000 euros. El inmueble estaba gravado por una hipoteca que garantizaba un préstamo hipotecario concedido por Caja España. En concreto, la garantía hipotecaria gravaba el bien por un importe de 10.424.700 euros de principal, más 1.250.964 euros de intereses remuneratorios de un año, al tipo máximo del 12%, más 3.536.532 euros de intereses moratorios de dos años y 1.042.470 euros de gastos extrajudiciales anticipados por Caja España. El valor de tasación, al tiempo de constituirse el préstamo hipotecario, era de 17.297.136 euros.

Esta autorización de venta de activos se hizo en la fase común del concurso, teniendo la concursada suspendidas sus facultades patrimoniales, por tratarse de un concurso necesario.

Consta que prestó su consentimiento la acreedora hipotecaria, pero no que fuera consentida por la deudora concursada.

2.- La concursada Compostelana de Alojamientos y Servicios, S.A. presentó la demanda de incidente concursal, que inició el presente procedimiento, en la que solicitaba la nulidad de la enajenación de la unidad productiva Gran Hotel Santiago, y en concreto la autorización de venta. La nulidad se fundaba en que el precio de venta era inferior al valor de tasación del inmueble, sin que la deudora concursada hubiera prestado su consentimiento, y sin que ese consentimiento pudiera ser otorgado por la administración concursal.

3.- El auto que resolvió el incidente concursal en primera instancia desestimó la demanda. Entendió que se habían cumplido todas las condiciones fijadas en el art. 188 LC para las autorizaciones judiciales, en el art. 146 bis LC para la venta de unidades productivas y en el art. 155.4 LC para la realización en cualquier estado del concurso de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial.

Además, advierte que el auto de 4 de mayo de 2016 había entendido justificada la venta en fase común por las ventajas que planteaba, como la disminución de la depreciación del negocio, la aceleración de plazos al no tener que esperar a la apertura de la fase de liquidación, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la generación de liquidez inmediata, que no se producía en ese momento en el desarrollo de la actividad productiva.

4.- El auto de primera instancia fue recurrido en apelación y la Audiencia estima el recurso. La sentencia de apelación entiende que la autorización de venta de unidad productiva, que conllevaba la enajenación de un inmueble gravado con una hipoteca por un precio inferior al mínimo pactado, debía haber recabado no sólo el consentimiento del acreedor hipotecario, sino también el del deudor, quien no lo prestó. El razonamiento seguido por la Audiencia es el siguiente:

"(...) el artículo 155.4 en su segundo párrafo prevé que si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles. En el mismo sentido de exigir consentimiento del concursado y el acreedor con privilegio especial se pronuncia el nuevo artículo 210.3 TRLC.

"La Ley Concursal exige, por tanto, en caso de que se pretenda enajenar por un precio menor al pactado, que tal venta se efectúe a valor de mercado según tasación oficial homologada para el caso de bienes inmuebles, con expresa aceptación de tal precio inferior por parte del concursado y del acreedor con privilegio especial, con las matizaciones respecto de este último contenidas en el artículo 149.2, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017. Es decir, (...) no puede prescindirse del consentimiento del deudor cuando se venda por un precio inferior al pactado (...).

"El artículo 149.2 presupone la aplicación del artículo 155.4 y, por ello, es necesario el consentimiento tanto del deudor como de los acreedores con privilegio especial, pero establece una especialidad para el supuesto de venta de la unidad productiva que afecte a varios acreedores con privilegio especial. Fuera de este supuesto, como sucede en el caso de autos, en el que la unidad productiva solo tiene un inmueble gravado a favor de un solo acreedor hipotecario, no podrá efectuarse la venta por un precio inferior al que se hubiese pactado sin el consentimiento del deudor y el acreedor hipotecario.

[...]

"Por otro lado, en ningún caso el consentimiento de la concursada, cuyos órganos sociales se mantienen durante el concurso conforme a lo dispuesto en el artículo 48 LC, podría ser prestado por el administrador concursal. Claramente supondría un conflicto de intereses que el administrador propusiese la transmisión de la unidad productiva en fase común a través de la venta directa por un precio inferior al pactado; y que, al mismo tiempo, otorgase el consentimiento que corresponde a la concursada en dicho supuesto.

"En conclusión, en el caso enjuiciado no se aportó la acreditación de que la realización del inmueble gravado se efectúe a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada, ni se prestó el preceptivo consentimiento de la concursada, sin que sea válida la sustitución por la administración concursal aun cuando tenga suspendidas sus facultades de administración y disposición, por lo que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 155.4 al que se remite el artículo 149.2, por el que se regula la venta de unidad productiva en fase común conforme al artículo 43.4 LC .

"Y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 CC en el que se establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, procede declarar la nulidad de la compraventa de la unidad productiva de la concursada a la entidad Briza Hotels, con restitución de las prestaciones en la forma indicada por el artículo 1303 C.C. y cancelación de los asientos registrales que de ella deriven, e imponiendo las costas procesales de la primera instancia a las partes demandadas".

5.- La sentencia de apelación ha sido recurrida por Briza Hotels, S.LU., adquirente de la unidad productiva, y por el administrador concursal de Compostelana de Alojamientos y Servicios, S.A.

Briza Hotels, S.LU. ha formulado un recurso extraordinario por infracción procesal basado en dos motivos y un recurso de casación articulado en dos motivos.

La administración concursal ha formulado un recurso extraordinario por infracción procesal basado en dos motivos y un recurso de casación articulado en un único motivo.

Analizaremos primero y de forma conjunta ambos recursos extraordinarios por infracción procesal pues sustancialmente se basan en los mismos motivos.

SEGUNDO.- Motivo primero de los recursos extraordinario por infracción procesal de Briza Hotels, S.LU. y de la administración concursal

1.- Formulación del motivo. En ambos casos, el motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción del art. 207.4 LEC, en la medida en que la sentencia recurrida obvia la autoridad de cosa juzgada del auto que autorizó la venta de la unidad productiva.

2.- Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Cuando se instó la autorización de la venta de la unidad productiva regía la Ley Concursal de 2003 (Ley 22/2003, de 9 de julio), en la versión vigente tras la reforma introducida por la ley 9/2015, de 25 de mayo.

El juzgado que conocía del concurso de acreedores autorizó la venta de la unidad productiva constituida por el denominado Gran Hotel de Santiago en la fase común del concurso.

El art. 43.2 LC disponía que durante la fase común, hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podían enajenar o gravar los bienes o derechos de la masa activa sin la autorización judicial. Y para un caso como este en que se trataba de la venta de una unidad productiva, el art. 43.4 LC preveía que debía estarse a lo dispuesto en los arts. 146 bis y 149 LC. El art. 146 bis LC regulaba la venta de unidades productivas en fase de liquidación y el art. 149 LC contenía algunas reglas legales de liquidación que también afectaban a la venta de unidades productivas.

Por su parte, el art. 188 LC establecía el cauce para conceder estas autorizaciones judiciales. El sistema ideado por la ley era ágil, en cuanto que se concedía audiencia a las partes para que formularan sus alegaciones y luego el juez resolvía por auto motivado. Este precepto, tal y como quedó redactado tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, preveía en su apartado 3 el siguiente sistema de impugnación:

"3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición"

Esta redacción, que es la vigente y aplicable al caso, difiere de la originaria, según la cual:

"3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión a través del incidente concursal".

Esto es, la reforma introducida por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, expresamente suprimió el último inciso del apartado 3, el "sin perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión a través del incidente concursal".

De tal forma que bajo la vigencia de la redacción originaria de la Ley Concursal de 2003, expresamente se dejaba a las partes la facultad de impugnar la concesión o la denegación de la autorización judicial mediante un incidente concursal, sin que el ejercicio del recurso de reposición constituyera un presupuesto necesario para poder luego interponer la demanda de incidente concursal.

Hay que entender que la reforma de 2009, al suprimir este último inciso, expresamente rechaza este derecho a impugnar por incidente concursal la resolución judicial que concede o deniega una autorización y ciñe el régimen de impugnación al recurso de reposición ante el propio juez del concurso.

3.- En nuestro caso, el auto que autorizaba la venta de la unidad productiva no fue recurrido en reposición. Pasó a tener eficacia de cosa juzgada formal.

Como hemos declarado en otras ocasiones, la eficacia de cosa juzgada formal regulada en el art. 207 LEC "afecta al propio tribunal que ha dictado la resolución, ya sea en su efecto negativo, que impide que pueda ser recurrida (inimpugnabilidad), ya sea en su efecto positivo, pues dentro del mismo proceso no podrá dictarse en contra otra resolución que la contradiga y, además, todas las resoluciones posteriores deberán partir del presupuesto lógico de lo decidido en aquella" ( sentencias 215/2013, de 8 de abril, y 209/2022, de 15 de marzo, y 1536/2023, de 8 de noviembre).

Al auto que autorizaba la venta de la unidad productiva es susceptible de tener esta eficacia de cosa juzgada formal, conforme a la doctrina de esta sala, contenida en la sentencia 1455/2023, de 20 de octubre:

"Así como la eficacia de cosa juzgada material solo puede predicarse de las sentencias firmes que se pronuncien sobre el fondo del asunto u otras resoluciones equivalentes, como el laudo arbitral, la eficacia de cosa juzgada formal puede predicarse de otras resoluciones firmes, respecto de lo que sea objeto de resolución y con el alcance que la ley confiera a esa resolución.

"La firmeza de una resolución y con ella la eficacia de cosa juzgada formal se adquiere en este caso porque, pudiendo serlo, no fue recurrida. Y, por ello, deviene inalterable".

En la medida en que la demanda de incidente concursal pretendía, tal y como expresamente se afirmaba en el suplico, la nulidad de la autorización de venta de la unidad productiva Gran Hotel de Santiago, opera la eficacia de cosa juzgada formal del auto que autorizaba dicha venta, que devino firme al no ser recurrido en reposición.

4.- En consecuencia, procede estimar ambos recursos extraordinarios por infracción procesal, sin que sea necesario entrar a resolver el motivo segundo de ambos recursos, ni tampoco los recursos de casación. El efecto consiguiente a la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal es dejar sin efecto la sentencia recurrida y, por las mismas razones expuestas en los apartados anteriores, desestimar el recurso de apelación y confirmar el auto dictado en primera instancia que desestimaba la demanda.

TERCERO.- Costas

1.- Estimado los dos recursos extraordinarios por infracción procesal, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC. Con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.- Tampoco procede hacer expresa condena en costas respecto de los recursos de casación, pues no fue necesario entrar a resolverlos como consecuencia de la estimación de los recursos de infracción procesal. Con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.- Desestimado el recurso de apelación formulado por Compostelana de Alojamientos y Servicios, S.A., procede condenar a la apelante a las costas generadas por su recurso, de conformidad con el art. 398.1 LEC.